Joshua David Rosado Schrader

Expediente 300/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
300/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
28/05/2018

Partes del expediente

  • Joshua David Rosado Schrader

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    III. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el cuatro de mayo de dos mil dieciocho; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    III. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de lo que se desprende de que la parte quejosa no cumplió con la prevención que se le hizo en acuerdo de dos de abril del año en curso, en el sentido de que manifestara si ampliaba su demanda de amparo en cuanto a una nueva autoridad esto es, al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, esto es, continúese el presente procedimiento únicamente en cuanto a la autoridad responsable señalada en su escrito inicial de demanda, para los efectos legales pertinentes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, y del informe justificado rendido por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y anexo que acompañó al mismo, se advierte que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: "... a) La denegación de justicia de la que está haciendo objeto por parte de la autoridad responsable, al no querer dictar el acuerdo correspondiente al memorial presentado ante esa propia autoridad en fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, relativo a las Diligencias de Jurisdicción voluntaria que promoví a favor de su hijo menor edad Joshua Alexander Rosado Trejo; y b) la omisión de dicha autoridad responsable de tomar las medidas necesarias para evitar la paralización de las diligencias de jurisdicción voluntarias que promovió a favor de su hijo menor de edad Joshua Alexander Rosado Trejo, al no enviar los autos del expediente 24/2018 al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán..." Respecto del indicado acto, debe decirse que este Juzgador Federal considera que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto materia del mismo;" En lo que interesa, la fracción de la norma transcrita prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surta efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De la lectura de dicho precepto legal se deduce que las condiciones para que opere la citada causa de improcedencia son: 1. Que el acto u omisión reclamada subsista. 2. Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. 3. Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De acuerdo con el primero de los elementos enunciados, para que se actualice el mencionado motivo de improcedencia es necesario que el acto u omisión reclamada sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo, esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan expedido el acto cuya inconstitucionalidad se propuso o hayan omitido realizar alguno. Por lo que respecta al segundo de los componentes, cabe señalar que se refiere a la irrealizabilidad de los efectos legales o materiales del acto u omisión reclamado a pesar de su subsistencia, es decir, el acto u omisión atacado por inconstitucional resulta inocuo en la esfera jurídica del gobernado, porque sus consecuencias materiales o jurídicas jamás podrán concretarse en perjuicio del quejoso. Aquí encontramos un matiz de otra causa de improcedencia, debido a que ante la situación de que el acto u omisión no puede surtir efecto legal o material alguno, se traduce en una falta de afectación al interés jurídico del gobernado. El tercero de los elementos referidos es el más importante de la causa de improcedencia que nos ocupa, en virtud de que constituye su parte esencial. Es importante destacar que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto u omisión reclamado y no en el juicio en sí, además de que surge con posterioridad a la emisión del acto o de la omisión, y por razones naturales o reflejos de otros actos jurídicos es imposible que surta efectos legales o materiales. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene, en cuanto a la fracción en estudio, lo siguiente: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En ese sentido, también se estima conveniente precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y convencional cuyo objeto constituye reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin último de restituirlo en el pleno goce de tales derechos que le han sido violentados, pues el legislador ordinario ha establecido como principio que rige a su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a pronunciarse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya instado. La causa de improcedencia antes señalada, se encuentra orientada por la imposibilidad de realizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, a fin de que se le restituya al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, conforme a lo dispuesto en la señalada fracción XXII del invocado numeral 61, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo, si no se puede alcanzar su objetivo protector, cuando como en el caso la omisión reclamada por la parte quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno en su esfera jurídica, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En efecto, se arriba a la convicción de que la invocada causa de improcedencia del juicio de amparo, consiste en que subsistiendo el acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecisiete, no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, la cual se actualiza cuando el órgano jurisdiccional advierta que los efectos del acto u omisión de autoridad impugnada no se han concretado en la esfera jurídica de la parte amparista, ni podrán concretarse, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que fue emitido. Lo anterior es así, porque de concluirse que el acto u omisión reclamada es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo, pues aun cuando subsista la omisión reclamada, si se modifica la situación jurídica que surgió con motivo de él, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado susceptible de ser reparada, ello impide que el acto u omisión reclamada y sus efectos trasciendan a ésta última y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad específica. Una vez precisado cómo opera la señalada causal de improcedencia en el juicio, a fin de demostrar su actualización en la especie, conviene señalar que en el presente juicio se reclama la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, al no dictar el acuerdo correspondiente al memorial presentado ante esa propia autoridad en fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, relativo a las Diligencias de Jurisdicción voluntaria que promovió a favor de su hijo menor edad Joshua Alexander Rosado Trejo, y la omisión de dicha autoridad responsable, de enviar los autos del expediente 24/2018 al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán. Ahora bien, durante la tramitación de este juicio de amparo, la citada Juez Tercero de Oralidad responsable, al rendir su informe con justificación, informó que se declaró incompetente para conocer de ese asunto, por lo que ordenó remitir los autos originales, junto con los documentos, certificados del Registro Civil y copias simples exhibidas, a la ciudadana Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, para su conocimiento. En ese tenor, es inconcuso que en el caso, los efectos que producía la denegación de justicia, dejaron de concretarse, en virtud de que la citada Juez responsable, por auto de seis de febrero del año en curso, se declaró incompetente para conocer del asunto relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovida por Joshua David Rosado Schrader, en el expediente 24/2018. Por lo que, en caso de concluirse que la resolución reclamada es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estimare violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, precisamente porque el objeto del auto reclamado, era lograr la denegación de justicia y la omisión de enviar el expediente 24/2018 al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán. En tales condiciones, tomando en consideración que la resolución reclamada resulta contrario a los intereses de la parte agraviada, aquí quejoso, debe estimarse que en la especie su objeto o materia dejó de existir, aun cuando subsista la determinación en sí, puesto que el quejoso cumplió con lo ordenado por la autoridad responsable, y por ende, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando jurídicamente subsista la resolución de mérito, ya que, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de amparo y se concediera la protección constitucional a su favor, ello resultaría estéril, en virtud de que la denegación de justicia y la omisión de enviar el expediente 24/2018 al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, ya fue acatado por la responsable. Por tanto, debe concluirse que en la especie sobrevino la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento legal, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día trece de junio de dos mil dieciocho, a las diez horas con siete minutos. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, Sin que obste el hecho de que no se haya emplazado a la tercero interesada Ángela Valentina Trejo Rodríguez, en representación del menor de edad Joshua Alexander Rosado Trejo, habida cuenta que el presente acuerdo en el que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo no le causa afectación alguna.

  3. Principal

    III. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de lo que se desprende de que la parte quejosa no cumplió con la prevención que se le hizo en acuerdo de dos de abril del año en curso, en el sentido de que manifestara si ampliaba su demanda de amparo en cuanto a una nueva autoridad esto es, al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, esto es, continúese el presente procedimiento únicamente en cuanto a la autoridad responsable señalada en su escrito inicial de demanda, para los efectos legales pertinentes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, y del informe justificado rendido por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y anexo que acompañó al mismo, se advierte que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: "... a) La denegación de justicia de la que está haciendo objeto por parte de la autoridad responsable, al no querer dictar el acuerdo correspondiente al memorial presentado ante esa propia autoridad en fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, relativo a las Diligencias de Jurisdicción voluntaria que promoví a favor de su hijo menor edad Joshua Alexander Rosado Trejo; y b) la omisión de dicha autoridad responsable de tomar las medidas necesarias para evitar la paralización de las diligencias de jurisdicción voluntarias que promovió a favor de su hijo menor de edad Joshua Alexander Rosado Trejo, al no enviar los autos del expediente 24/2018 al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán..." Respecto del indicado acto, debe decirse que este Juzgador Federal considera que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto materia del mismo;" En lo que interesa, la fracción de la norma transcrita prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surta efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De la lectura de dicho precepto legal se deduce que las condiciones para que opere la citada causa de improcedencia son: 1. Que el acto u omisión reclamada subsista. 2. Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. 3. Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De acuerdo con el primero de los elementos enunciados, para que se actualice el mencionado motivo de improcedencia es necesario que el acto u omisión reclamada sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo, esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan expedido el acto cuya inconstitucionalidad se propuso o hayan omitido realizar alguno. Por lo que respecta al segundo de los componentes, cabe señalar que se refiere a la irrealizabilidad de los efectos legales o materiales del acto u omisión reclamado a pesar de su subsistencia, es decir, el acto u omisión atacado por inconstitucional resulta inocuo en la esfera jurídica del gobernado, porque sus consecuencias materiales o jurídicas jamás podrán concretarse en perjuicio del quejoso. Aquí encontramos un matiz de otra causa de improcedencia, debido a que ante la situación de que el acto u omisión no puede surtir efecto legal o material alguno, se traduce en una falta de afectación al interés jurídico del gobernado. El tercero de los elementos referidos es el más importante de la causa de improcedencia que nos ocupa, en virtud de que constituye su parte esencial. Es importante destacar que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto u omisión reclamado y no en el juicio en sí, además de que surge con posterioridad a la emisión del acto o de la omisión, y por razones naturales o reflejos de otros actos jurídicos es imposible que surta efectos legales o materiales. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene, en cuanto a la fracción en estudio, lo siguiente: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En ese sentido, también se estima conveniente precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y convencional cuyo objeto constituye reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin último de restituirlo en el pleno goce de tales derechos que le han sido violentados, pues el legislador ordinario ha establecido como principio que rige a su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a pronunciarse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya instado. La causa de improcedencia antes señalada, se encuentra orientada por la imposibilidad de realizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, a fin de que se le restituya al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, conforme a lo dispuesto en la señalada fracción XXII del invocado numeral 61, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo, si no se puede alcanzar su objetivo protector, cuando como en el caso la omisión reclamada por la parte quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno en su esfera jurídica, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En efecto, se arriba a la convicción de que la invocada causa de improcedencia del juicio de amparo, consiste en que subsistiendo el acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecisiete, no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, la cual se actualiza cuando el órgano jurisdiccional advierta que los efectos del acto u omisión de autoridad impugnada no se han concretado en la esfera jurídica de la parte amparista, ni podrán concretarse, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que fue emitido. Lo anterior es así, porque de concluirse que el acto u omisión reclamada es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo, pues aun cuando subsista la omisión reclamada, si se modifica la situación jurídica que surgió con motivo de él, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado susceptible de ser reparada, ello impide que el acto u omisión reclamada y sus efectos trasciendan a ésta última y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad específica. Una vez precisado cómo opera la señalada causal de improcedencia en el juicio, a fin de demostrar su actualización en la especie, conviene señalar que en el presente juicio se reclama la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, al no dictar el acuerdo correspondiente al memorial presentado ante esa propia autoridad en fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, relativo a las Diligencias de Jurisdicción voluntaria que promovió a favor de su hijo menor edad Joshua Alexander Rosado Trejo, y la omisión de dicha autoridad responsable, de enviar los autos del expediente 24/2018 al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán. Ahora bien, durante la tramitación de este juicio de amparo, la citada Juez Tercero de Oralidad responsable, al rendir su informe con justificación, informó que se declaró incompetente para conocer de ese asunto, por lo que ordenó remitir los autos originales, junto con los documentos, certificados del Registro Civil y copias simples exhibidas, a la ciudadana Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, para su conocimiento. En ese tenor, es inconcuso que en el caso, los efectos que producía la denegación de justicia, dejaron de concretarse, en virtud de que la citada Juez responsable, por auto de seis de febrero del año en curso, se declaró incompetente para conocer del asunto relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovida por Joshua David Rosado Schrader, en el expediente 24/2018. Por lo que, en caso de concluirse que la resolución reclamada es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estimare violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, precisamente porque el objeto del auto reclamado, era lograr la denegación de justicia y la omisión de enviar el expediente 24/2018 al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán. En tales condiciones, tomando en consideración que la resolución reclamada resulta contrario a los intereses de la parte agraviada, aquí quejoso, debe estimarse que en la especie su objeto o materia dejó de existir, aun cuando subsista la determinación en sí, puesto que el quejoso cumplió con lo ordenado por la autoridad responsable, y por ende, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando jurídicamente subsista la resolución de mérito, ya que, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de amparo y se concediera la protección constitucional a su favor, ello resultaría estéril, en virtud de que la denegación de justicia y la omisión de enviar el expediente 24/2018 al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, ya fue acatado por la responsable. Por tanto, debe concluirse que en la especie sobrevino la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento legal, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día trece de junio de dos mil dieciocho, a las diez horas con siete minutos. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, Sin que obste el hecho de que no se haya emplazado a la tercero interesada Ángela Valentina Trejo Rodríguez, en representación del menor de edad Joshua Alexander Rosado Trejo, habida cuenta que el presente acuerdo en el que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo no le causa afectación alguna

  4. Principal

    III. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación del Secretario, se advierte que en proveído de dos de abril del año en curso, se previno a la parte quejosa para que manifestara si desea ampliar su demanda en el presente juicio de amparo, dentro de los quince días siguientes al de notificación de dicho acuerdo, el cual se encuentra transcurriendo el citado plazo a la parte quejosa; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes.

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