Joshua Allain Toledo Martínez
Expediente 388/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Joshua Allain Toledo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintitrés. Téngase al Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, acusando recibo del oficio 2831/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se le devolvieron las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Téngase a la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, acusando recibo del oficio por el que se le notificó la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 388/2022-III, promovido por ***********, por conducto de su apoderado L************, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martín Peñaloza Contreras, secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente; asimismo, certifica que: el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído del dieciséis de diciembre del año en curso, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo con relación a la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia de la Primera Sala Regional Norte-Este en el Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, transcurrió del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, al doce de enero del año en curso; sin contar en dicho plazo los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, así como el uno de enero en curso, por haber sido inhábiles, sin que lo hubiera hecho. Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar; y, con relación a la certificación que antecede, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós y se tiene por precluido su derecho, por lo que el presente juicio de amparo se continuará en los términos en los que fue planteado inicialmente en su escrito de demanda y ampliación de demanda formulada previamente durante la secuela procesal. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas de la parte quejosa y autoridad responsable Presidente de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como de la parte quejosa, la instrumental de actuaciones y la presuncional de actuaciones, las que se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 388/2022-III; y, R E S U L T A N D O: I Mediante escrito presentado en línea el veinticinco de marzo de dos mil veintidós y registrado en la misma fecha ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, ***********, por conducto de su apoderado **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. II. El Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, registró la demanda con el número de expediente 351/2022 de su índice y, en proveído del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, ordenó remitir la demanda que nos ocupa a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por conocimiento previo. III. Mediante acuerdo del uno de abril de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, registró la demanda con el número 388/2022 y admitió a trámite la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; por auto del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la ampliación de demanda contra el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; auto del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por el que se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia de la Primera Sala Regional Norte-Este en el Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin que al efecto haya señalado a tal autoridad como responsable; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, en la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado al efecto y se ordenó continuar la secuela procesal en los términos planteados inicialmente en la demanda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que uno de los actos reclamados se atribuye a una autoridad con residencia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, ha de precisarse que la parte quejosa combate en esencia: - Del Presidente de la República, Cámaras de Senadores y Diputados, del Congreso de la Unión y Director del Diario Oficial de la Federación, la promulgación, discusión, aprobación, votación y publicación del artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. - De la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 684/22-11-01-5, en el que acepta la competencia que le fue remitida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, ordena remitir el asunto a la Magistrada Instructora para que provea lo conducente. - Asimismo, reclama el acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 684/22-11-01-5, en el que se admite a trámite la demanda en la vía ordinaria. TERCERO. Las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y el Presidente de la República, al rendir su correspondiente informe justificado, aceptan los actos que se les atribuye respectivamente en el ámbito de su competencia, relativos a la discusión, votación, aprobación y promulgación del artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; por tanto, se tienen por ciertos; máxime que la certeza de los actos reclamados, tratándose de amparo contra leyes, decretos o reglamentos de carácter general, no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El Presidente de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su correspondiente informe justificado, aceptó el acto que de ella se reclama, por lo que se tiene como cierto. Por su parte, el Director del Diario Oficial de la Federación, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido debidamente notificado para ello; por tanto, se tiene por presuntivamente cierto el acto que se le reclama. Resulta aplicable la tesis de la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, septiembre de 2003, página 1343, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA". CUARTO. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio se advierte que, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 684/22-11-01-5, en el que se admite a trámite la demanda en la vía ordinaria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 5º, fracción II y 108 fracción III, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." El primero de los preceptos indicados establece que procede el sobreseimiento del juicio de amparo, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la misma ley; en tanto que el segundo establece como carga del quejoso, señalar la autoridad o autoridades responsables de los actos reclamados, sean ordenadoras o ejecutoras. La interpretación de lo establecido en los preceptos transcritos, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente, cuando el quejoso deje de cumplir en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo a indicar las autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en la medida en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si la parte quejosa decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se abocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional. En este orden, debe tomarse en consideración la interpretación de la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que, para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad de los actos reclamados si no fueron parte de este las autoridades responsables que en ellos intervinieron. En el caso, el quejoso reclama el acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 684/22-11-01-5, en el que se admite a trámite la demanda en la vía ordinaria. Sin embargo, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, y en específico de las relativas al juicio de origen, se advierte que correspondió la emisión del auto reclamado a la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia de la Primera Sala Regional Norte-Este en el Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; circunstancia que fue advertida de las constancias que se hicieron llegar en el informe justificado rendido por el Presidente de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actuaciones que se hicieron del conocimiento del quejoso; y, en autos se otorgó vista para que manifestara lo que a su derecho conviniera, asimismo, mediante proveído del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista al quejoso a fin de que manifestara en el plazo de quince días si era su deseo ampliar la demanda de amparo por cuanto hace a la autoridad que emitió el auto reclamado y, se le apercibió que en caso de no hacerlo se continuaría la secuela procesal como fue planteada en su escrito inicial de demanda; sin embargo, el quejoso no formuló manifestación en el sentido de señalar como autoridad responsable a la autoridad antes mencionada, no obstante de advertirse su participación de las constancias allegadas en autos. En consecuencia, al no haber sido designada como autoridad responsable la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia, de la Primera Sala Regional Norte-Este en el Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es evidente que no se está en aptitud de analizar la legalidad de su acto, pues precisamente consisten en el auto que admite a trámite la demanda en la vía ordinaria, cuya actuación aquí se combate. Máxime que como se precisó, el quejoso tuvo conocimiento de la participación de dicha autoridad, así como del acto llevado a cabo por ésta, puesto que este órgano federal otorgó vista con su participación; sin embargo, debió señalarla en su carácter de autoridad responsable a través de la ampliación de demanda correspondiente, sin que lo haya realizado así. En tales circunstancias, no obstante la oportunidad que tuvo el quejoso para ampliar su demanda de amparo y, señalar como responsable a la citada autoridad, no realizó manifestación alguna, pues tal como se tiene del acta de audiencia constitucional, se certificó que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa formulara su ampliación de demanda, sin que lo haya realizado. En ese contexto, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de los que se inconforma la parte quejosa y sus consecuencias jurídicas, habida cuenta que la directa responsable que llevó a cabo el acto del que se duele el quejoso no fue llamada a juicio, siendo necesariamente ésta quien pudiese sustentar y defender la legalidad de sus actos. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia VI.2o. J/205, con registro digital 208065, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 468, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Lo anterior, sin que haya obligación de aplicar la suplencia en la queja deficiente a favor del quejoso, ya que de ninguna manera permite al juzgado federal sustituirse por la parte solicitante de amparo en el señalamiento de las autoridades responsables. Tiene aplicación al respecto el criterio que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LV/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, junio de mil novecientos noventa y cinco, página doscientos treinta y seis, cuyo rubro y texto son: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACION DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables." Por tanto, al no haber señalado la parte quejosa como autoridad responsable a la autoridad que llevó a cabo el acto reclamado, no obstante, el requerimiento que se le formuló como se ha hecho referencia, el suscrito se encuentra imposibilitado para efectuar el estudio de fondo del acto de autoridad reclamado. Es aplicable al presente caso, la tesis 2a. CLXIV/98 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página ciento trece, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, enero de 1999, Novena Época, registro 194684, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII con relación al diverso 5º, fracción II, y el 108 fracción III, de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con relación al acto reclamado consistente en el acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 684/22-11-01-5, en el que se admite a trámite la demanda en la vía ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otra parte, este juzgado federal advierte de oficio que, respecto de la autoridad responsable Director del Diario Oficial de la Federación y acto que se le reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la Ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". De los anteriores preceptos se obtiene que únicamente podrán llamarse a juicio, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren tenido participación en el refrendo y publicación del decreto que promulga la ley, o en su publicación, siempre y cuando se impugnen por vicios propios los actos que les correspondieron. En ese contexto, aunque el promovente reclamó en este sumario el numeral que tilda de inconstitucional, de la demanda de amparo se advierte que no combate por vicios propios la publicación que contiene dicho artículo. Por tanto, respecto de los actos de publicación de la norma reclamada, que se atribuye al Director del Diario Oficial de la Federación, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto no se controvierte por vicios propios, sino como fases del procedimiento legislativo. Por otra parte, este Juzgado advierte que, respecto de la inconstitucionalidad reclamada del artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción X, del numeral 61, de la Ley de Amparo, dispositivo y fracción que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". La causal de improcedencia prevista en esta fracción es lo que comúnmente se denomina litispendencia. La citada causal de improcedencia se configura cuando un juicio de amparo se promueve en contra de un acto que fue materia de diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, siempre y cuando exista identidad de quejosos, autoridades y actos reclamados, aun cuando las violaciones constitucionales sean distintas, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. Lo anterior, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando la parte quejosa ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno diverso y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. De ahí que el juzgador debe asegurarse que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicio. En la especie, en este juicio constitucional el quejoso Joshua Allain Toledo Martínez, por conducto de su apoderado Luis Enrique Oliver López, solicitó el amparo contra el auto dictado por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 684/22-11-01-5, en el que tiene por recibida la sentencia interlocutoria emitida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el incidente de incompetencia territorial planteado en el expediente 806/20-29-01-4/927/21-S2-08-06; y, al efecto ordena remitir el asunto a la Magistrada Instructora para que provea lo conducente; asimismo, reclama de inconstitucional el artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que atribuye al Presidente de la República, Cámaras de Senadores y Diputados, del Congreso de la Unión. Precisado lo anterior, se tiene que también el hoy quejoso Joshua Allain Toledo Martínez, por conducto de su apoderado Luis Enrique Oliver López, promovió diverso juicio de amparo y del que tocó conocer a este Juzgado, ordenando su registro el once del mismo mes y año, con el número de expediente 281/2022-II, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la sentencia interlocutoria dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de incompetencia territorial formulado en el expediente 806/20-29-01-4/927/21-S2-08-06; y, mediante la cual la Segunda Sección de la Sala en cita, declaró procedente y fundado el incidente de incompetencia, interpuesto por la parte demandada en el juicio de nulidad promovido por el aquí quejoso en contra del Titular de la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social; resolución que señaló como acto de aplicación del artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y que tildó de inconstitucional, atribuyendo la creación de la norma al Presidente de la República, Cámaras de Senadores y Diputados, del Congreso de la Unión y Director del Diario Oficial de la Federación. Asimismo, de las constancias que integran el expediente electrónico de ese juicio, que este juzgador invoca como hecho notorio, se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que, conforme al considerando quinto, se negó el amparo y protección con relación a la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. De lo expuesto, se pone en evidencia la actualización de la causa de improcedencia, en tanto que el propia quejoso promovió un diverso juicio de amparo en el que señaló a las mismas autoridades responsables (Presidente de la República, Cámaras de Senadores y Diputados, del Congreso de la Unión), a las que se reclamó el mismo acto reclamado (artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo), en el que se dictó sentencia, misma que aún no se encuentra firme, toda vez que fue recurrida por la parte quejosa y se encuentra pendiente de resolución en el amparo en revisión 607/2022, ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Cabe precisar que del estudio integral de la demanda, origen del presente asunto, no se advierte que se reclame la norma reclamada (artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo), con motivo de ulterior acto de aplicación, sino en vía de consecuencia de la actualización de los efectos en la sentencia interlocutoria dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el incidente de incompetencia territorial interpuesto en el expediente 806/20-29-01-4/927/21-S2-08-06, mediante la cual la Segunda Sección de la Sala en cita declaró procedente y fundado el incidente de incompetencia, formulado por la parte demandada en el juicio de nulidad promovido por el aquí quejoso y que constituye materia del diverso juicio de amparo 281/2022-II, en específico constituyó el acto de aplicación de la disposición en comento y, que se encuentra pendiente de resolución en el amparo en revisión citado en el párrafo precedente. Sin perjuicio de lo anterior, al no impugnarse la norma con motivo de acto concreto de aplicación en el presente asunto del que cobre vigencia lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, disposición que tiene la naturaleza de heteroaplicativa, sino en vía de consecuencia de los efectos en la sentencia interlocutoria dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el incidente de incompetencia territorial interpuesto en el expediente 806/20-29-01-4/927/21-S2-08-06, mediante la cual la Segunda Sección de la Sala en cita declaró procedente y fundado el incidente de incompetencia, se actualiza de igual forma la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 5º, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De los preceptos recién reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afecten los intereses jurídicos o legítimos de quien solicita la protección constitucional, y que la falta de acreditamiento de alguna de esas clases de interés acarrea la improcedencia del juicio. Además, la última parte del numeral inserto establece que el juicio también es improcedente en contra de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior a su vigencia, cuando éste no se haya verificado. El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad para que ese derecho le sea respetado. Por su parte, el interés legítimo, corresponde a las personas que resienten una afectación en su esfera jurídica, de manera directa, debido a su especial situación frente al orden jurídico. Orienta sobre el tema la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala del máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1736, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella". Siendo que, en la especie, no se advierte que cobre vigencia la disposición reclamada, misma que versa con relación a la instauración de incidente de incompetencia y, como se tiene del acto reclamado en el presente asunto, versa con relación al auto emitido por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene por recibida la sentencia interlocutoria emitida en un incidente de incompetencia por territorio; por lo que, lo recamado en el presente asunto, no constituye de modo alguno concretización de los efectos de la norma tildada de inconstitucional, misma que al tener el carácter de heteroaplicativa, para que resulte procedente el juicio de amparo, resulta necesario que cobre vigencia su contenido, lo que en la especie no acontece. Por tanto, resulta evidente que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 5º, fracción I, y 61, fracciones X y XII, de la propia Ley de Amparo. Finalmente, con relación al diverso acto reclamado consistente en el auto dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 684/22-11-01-5, por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que tiene por reciba la sentencia interlocutoria dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el incidente de incompetencia por razón de territorio, interpuesto por la parte demandada en el expediente 806/20-29-01-4/927/21-S2-08-06 y, en cuya resolución la Segunda Sección de la Sala Superior en comento, como superior jerárquico le finca competencia para conocer del juicio y esta a su vez en cumplimiento a tal resolución acepta la competencia ordenada y lo radica bajo el número precisado en primer término, así como, ordena remitir el asunto a la Magistrada Instructora para que provea lo conducente, este Juzgado advierte de oficio que se actualiza una causa de improcedencia. Dicha causa de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a la diversa fracción VIII, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, esta última disposición interpretada en conjunción con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y (.)". En la actualidad, el criterio de irreparabilidad está previsto en la fracción V, del segundo precepto antes mencionado, lo que de manera clara genera que las resoluciones respecto de la incompetencia (que inhiban o declinen la competencia) ya son ajenas a esa fracción, pues está prevista en una diversa, la VIII, de suerte que una primera conclusión, es la de que las determinaciones que inhiban o declinen la competencia, efectivamente, ya no son analizables a través de un criterio de irreparabilidad. En efecto, el legislador claramente prescribió el criterio de irreparabilidad de las determinaciones de incompetencia por declinatoria o inhibitoria. No obstante, ello no quiere decir que debe estarse a la interpretación literal de la fracción VIII del artículo 107, de la ley de la materia, para la procedencia del amparo indirecto, sino que para ello debe atenderse en todo caso, al sistema general normativo de procedencia del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, es pertinente destacar que es una constante en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que los actos materia de impugnación a través del juicio constitucional, en cualquiera de sus vías, deben ser definitivos. Así las cosas, el auto por el que se recibe la resolución que finca un superior jerárquico (Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa) a un inferior (Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), como en el caso, no puede considerarse como el acto definitivo, puesto que tal calidad correspondió al pronunciamiento emitido por la autoridad que conforme al marco normativo corresponde dictar la resolución correspondiente. Es menester traer a colación lo dispuesto por los artículos 6 y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que disponen: "Artículo 6. El Tribunal se integra por los órganos colegiados siguientes: I. La Sala Superior; II. La Junta de Gobierno y Administración, y III. Las Salas Regionales." "De las atribuciones de la Primera y Segunda Sección de la Sala Superior Artículo 18. Son facultades de la Primera y Segunda Sección, las siguientes: . VIII. Resolver los conflictos de competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables; ." Del contenido de los preceptos en cita, se tiene el orden jerárquico de las Salas que integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de la facultad exclusiva de la Primera y Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la resolución de conflictos de competencia. Por lo que, si del contenido del auto que se reclama, se precisa por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, que se emite en cumplimiento a la sentencia interlocutoria dictada en el expediente 806/20-29-01-4/927/21-S2-08-06, en la que su superior jerárquico al resolver el incidente de incompetencia por razón de territorio, determinó fincar a dicha autoridad la legal competencia para conocer del juicio en cita, mismo que a su vez registrara bajo el diverso número 684/22-11-01-5, y por tanto, ordenó se turnaran los autos a la Magistrada Instructora adscrita a dicha Sala, para que proveyera lo conducente; tal auto constituye una de simple determinación de trámite, el que cabe señalar que no versa sobre una decisión o determinación que tienda al impulso y desarrollo del procedimiento y menos que en ella se emita acto definitivo con relación a la competencia, ya que ello, conforme al marco normativo corresponde a una de las secciones que integran la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tal como aconteció en el caso al emitir la sentencia interlocutoria que fincó competencia a la autoridad señalada como responsable. Por tanto, el auto por el que la autoridad responsable recibe la resolución que le finca competencia, como en el presente asunto, no es susceptible de impugnarse vía amparo indirecto, ya que en su caso, conforme al marco normativo que regula sobre la resolución de los conflictos de competencia de los órganos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el juicio de amparo únicamente resulta procedente contra la resolución definitiva que emite una de las secciones que integran la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; lo que en la especie, el que aquí resuelve advierte como hecho notorio que el quejoso ya impugnó en diverso sumario constitucional, como es, la resolución definitiva que finca la competencia en el juicio natural, puesto que tal como se expuso con anterioridad, el peticionario de amparo interpuso el diverso juicio de amparo 281/2022-II, del índice de este Juzgado, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, entre otros actos, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el incidente de incompetencia territorial interpuesto por la parte demandada en el expediente 806/20-29-01-4/927/21-S2-08-06, mediante la cual la Segunda Sección de la Sala en cita, declaró procedente y fundado el incidente de incompetencia en el juicio de nulidad y finca la competencia a la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Motivos por los que en el caso concreto el acto reclamado en cuestión no constituye el pronunciamiento definitivo en torno a la mencionada competencia y por tanto impugnable en el juicio de amparo conforme a la fracción VIII, del numeral 107, de la Ley de Amparo. Por lo que en términos de las fracciones X, XII, XXIII, del artículo 61, con relación al 5º, fracciones I, II, 107, fracción VIII, 108 fracción III y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto, no es posible examinar la constitucionalidad de los actos combatidos, al surtirse las causales de improcedencia mencionadas, ello atento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 509, página 335, Registro: 394465, aplicable por identidad jurídica, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento en el juicio." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ***********, por conducto de su apoderado ***********, por derecho propio, contra los actos reclamados en el presente juicio, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, por lista electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Martín Peñaloza Contreras, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe. En la misma fecha, Martin Peñaloza Contreras, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, hace constar que: la hora contenida en la evidencia criptográfica del acta y resolución que antecede, no coincide con la hora del cierre de audiencia y continuidad en el dictado de la resolución correspondiente, derivado que hasta este momento fue posible su autorización por el titular, con motivo de la carga de trabajo que existe en el órgano jurisdiccional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Conste.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el termino de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciséis de diciembre del año en curso; en consecuencia, a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo y no irrogar perjuicio alguno a las partes, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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