Joseph Vandoni Zavala Trejo

Expediente 1120/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1120/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Joseph Vandoni Zavala Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, SECCIÓN DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 1120/2021-VI 26/11/23 16:02:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ea.f6 FRANCISCO GUADALUPE BRAVO GUTIÉRREZ transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda promovida a nombre de Joseph Vandoni Zavala Trejo, contra actos de los JUECES DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL ADSCRITOS AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL REGIONAL SALA SEDE SAN LUIS POTOSI y otras autoridades, conforme lo prevé el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que entró en vigor el cuatro de enero de dos mil dieciséis; y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En atención a su contenido y como lo prevén los artículos 11, 14, 45 y demás relativos del Acuerdo General señalado en último término, indíquese a las partes de la tramitación electrónica del presente juicio de amparo a través del sistema PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por lo anterior, se ordena la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 1120/2021-VI, y al Secretario respectivo vigile la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que en su caso integran el presente expediente. Ahora bien, visto el escrito de demanda, se advierte que en el caso, Humberto Saenz Villegas, quien firma electrónicamente la demanda, se encuentra señalado como abogado autorizado en términos amplios de la parte promovente en el presente juicio. Sentado ello, debe recordarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; en virtud de ello, se procede a determinar tal cuestión. En primer término, resulta conveniente reiterar que la demanda de que se trata, se promueve a nombre de Joseph Vandoni Zavala Trejo, sin embargo, se encuentra firmada electrónicamente por Humberto Saenz Villegas, quien únicamente es autorizado de la parte promovente. Ante ello, esta instancia constitucional considera que en el presente caso, se surte de un modo manifiesto la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6° del citado cuerpo normativo. De acuerdo a lo establecido en las disposiciones antes invocadas, se tiene que el juicio de amparo sólo podrá promoverlo la parte directamente agraviada, entendiéndose como tal, el gobernado que sufre una lesión directa a sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por alguna ley, cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad. Así, interés jurídico debe entenderse como el derecho que le asiste a un particular para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho tutelado constitucionalmente o por alguna disposición legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses legítimos provocado por un acto u omisión de autoridad. Ahora bien, a Humberto Saenz Villegas, únicamente se le señala como abogado autorizado en términos amplios de quien, en su caso, es la parte quejosa en el presente juicio. En tal virtud, la esfera jurídica de Humberto Saenz Villegas, quien es el que firma de forma electrónica la demanda respectiva, no se ha visto vulnerada por el acto reclamado, en la medida en que no es dicha persona a quien afecta la orden de aprehensión o detención, según se aduce, ha sido girada por parte de las autoridades señaladas como responsables. De ahí que sea posible concluir, que el autorizado y, quien firma electrónicamente la demanda Humberto Saenz Villegas, no es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, que pueda tutelarse en esta instancia constitucional, pues la determinación reclamada no produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ni de manera directa, ni en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, ya que, se insiste, no es a él a quien, en su caso, se le giró una orden privativa de libertad por parte de las autoridades responsables. Aunado a que no se está en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a efecto de que diversa persona a la directamente quejosa pueda promover la demanda. En esos extremos, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6° del propio ordenamiento, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE QUE SE TRATA, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Humberto Saenz Villegas y Adrián Blanco Cuevas, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del citado numeral a Arianna Guadalupe Rodríguez Chávez y Mónica Judith Piña González, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el sistema aludido. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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