Joseph Maciel García

Expediente 283/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
283/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2017

Partes del expediente

  • Joseph Maciel García

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. QUEDA FIRME AUTOVista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de quince de mayo de dos mil diecisiete, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la demanda de amparo que formula JOSEPH MACIEL GARCÍA, y cuatro copias que de la misma acompaña, regístrese bajo el número 283/2017-2A, háganse las anotaciones en el libro de juzgado correspondiente. DESECHAMIENTO Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la misma debe desecharse de plano, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: "IV. ACTO RECLAMADO: La omisión de cumplir con las etapas procesales dentro de los términos y plazos que señala la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, lo cual violenta salvaguardar la seguridad jurídica y prontitud en la impartición de justicia de toda autoridad jurisdiccional, ya que la autoridad responsable hasta el momento ha dejado de cumplir con los términos que señala la Ley Laboral. La autoridad responsable ha dejado de observar los plazos y términos establecidos en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, en cuanto a la impartición de justicia se refiere." Así también, del capítulo de los antecedentes del acto reclamado, señaló los siguientes: "VII. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS HECHOS QUE ENSEGUIDA SE NARRAN Y CONSTITUYEN ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SON CIERTOS. Con fecha 15 de Noviembre del 2016, presenté formal demanda en contra del Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California, (SETEBC), ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California (obrante a fojas de la 1 a la 14 de autos). Con fecha 29 de Noviembre del 2016, (10 días después) se dictó Auto de Radicación otorgándole el Número de Expediente 394/2016-V, requiriendo al actor, y dándole un plazo de tres días para dar cumplimiento (obrante a fojas 26 de autos). El 02 de Diciembre de 2016, se notificó a la parte actora dicho requerimiento, el cual se cumplió el día 06 de Diciembre del 2016; dictando la Autoridad responsable (33 días después) el 09 de Enero del 2017 (obrante a fojas 29 de autos), el acuerdo mediante el cual tenía a la parte actora dando cumplimiento al requerimiento hecho desde el 29 de Noviembre del 2016, y señalando fecha (51 Días después) para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, esto es, hasta las Doce Horas con Treinta Minutos del día Uno de Marzo del Dos Mil Diecisiete. El día 17 de Enero del 2017, la autoridad responsable dictó proveído mediante el cual requiere al actor para que señale el domicilio exacto del tercero llamado a juicio de nombre Nohely Gema María Murillo López, otorgándole un término de tres días para dar cumplimiento (obrante en autos a fojas 40). Con fecha 20 de Febrero del 2017, el actor dio cumplimiento al requerimiento hecho por la autoridad responsable (obrante a fojas 42 de autos). El día y hora señalado para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, se tuvo al actor dando cumplimiento al requerimiento hecho, donde señaló el nuevo domicilio para notificar a la tercera llamada a juicio, y la autoridad responsable señaló de nueva cuenta fecha para las Doce Horas del día Veintiséis de Abril del Dos Mil Diecisiete (obrante en autos a fojas 43). El día 26 de Abril del 2017, se llevó a cabo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, donde el actor ratificó su escrito inicial de demanda, la demandada Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, dio contestación a la demanda (escrito obrante a fojas de la 77 a la 96 de autos); el demandado Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California, (SETEBC), dio contestación a la demanda (escrito obrante en autos a fojas de la 97 a la 106); el tercero llamado a juicio Nohely Gema María Murillo López, dio contestación a la demanda (escrito obrante en autos a fojas de la 107 a la 116), haciendo diversas manifestaciones verbalmente, dentro de las cuales procedió a llamar a juicio al Emilio Ruiz Espinoza, señalándose de nueva cuenta fecha para las Once Horas con Treinta Minutos del día Veinte de Junio de Dos Mil Diecisiete (acuerdo obrante en auto a fojas de la 117 a la 120)." Al respecto, y en cuanto al acto combatido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de imposible reparación, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Lo que en el caso no acontece, pues de la narrativa de los actos reclamados no se aprecia una dilación abierta, menos aún la total paralización total del juicio de origen, pues basta señalar como dato relevante que según refiere el quejoso bajo protesta de decir verdad el quince de noviembre de dos mil dieciséis, presentó su demanda laboral ante el Tribunal responsable; lo que motivó diversas actuaciones por parte de ésta, siendo la última actuación el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en la que se llevó a cabo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, procediéndose a llamar a juicio a diverso tercero, para lo cual, según manifiesta el impetrante la autoridad responsable señaló de nueva cuenta las once horas con treinta minutos del veinte de junio de dos mil diecisiete, para celebrar dicha diligencia. Los razonamientos anteriores se contienen en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." [Énfasis propio]. Ahora bien, la parte promovente se duele que la autoridad responsable no ha observado los plazos y términos establecidos en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, en cuanto a la impartición de justicia se refiere; sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse, si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Sobre este particular, existe criterio en el sentido de que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado o bien una demora prolongada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia por reiteración III.3o.T. J/3(10a), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse." De esta manera, si el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, donde la parte actora ratificó su escrito inicial de demanda, las partes demandadas en el juicio de origen, dieron contestación a la demanda, entre las cuales una de ellas realizó manifestaciones verbales y procedió a llamar a juicio a Emilio Ruiz Espinoza, por lo que la autoridad señalada como responsable procedió a señalar de nueva cuenta las once horas con treinta minutos del veinte de junio de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en el expediente 394/2016-V, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California; lo que a consideración de este Juzgador, no se trata de una abierta dilación al procedimiento laboral, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo, dado lo expuesto anteriormente. En tales condiciones con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu; y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que ahí refiere. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo."

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