Joseph Liberman Sourasky

Expediente 889/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
889/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Joseph Liberman Sourasky

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que inserta el proveído de siete de los actuales, informando que acusa recibo del oficio relativo a la remisión del medio de impugnación e informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Jesús Camilo González Mejía, autorizado en términos amplios por la parte quejosa Joseph Liberm********************, contra el auto dictado el dieciocho de julio de la anualidad, el cual quedó registrado con el número de queja ********************; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito con evidencia criptográfica de Jesús Camilo González Mejía, autorizado en términos amplios por la parte quejosa Joseph Liberman..., mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto dictado el dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, rindo informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda. En ese tenor, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión; por tanto, una vez que se cuente con dicha papeleta de turno relativa al medio de impugnación, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 3 y 26 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", adicionado por el diverso "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado Federal, así como a la sección de actuaría para que así se pueda visualizar la totalidad de las constancias que lo integran, garantizando tanto la vinculación del expediente electrónico, como la actualización de los datos de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en observancia al referido Acuerdo General. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1238. Notifíquese.

  3. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada por...por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 889/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTOS RECLAMADOS De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como actos reclamados: "I) La omisión de adoptar medidas en aras de preservar las condiciones económicas necesarias para el crecimiento adecuado del número de asegurados en pólizas de cobertura de Gastos Médicos en México; II) La omisión de velar, en violación al artículo 28 constitucional, por la defensa y protección de los derechos de los consumidores del sector financiero, particularmente aquellos que utilizamos el contrato de seguro con cobertura de gastos médicos mayores, al generar políticas públicas tendientes a dificultar y/o impedir su acceso; III) El incumplimiento de las Autoridades Responsables a las Directrices de la Organización de las Naciones Unidas, para la protección del consumidor, del 9 de abril de 1985, contenidas en la resolución 39/248, al no establecer ni fomentar las políticas para la regulación y la aplicación efectiva de las normas en el ámbito de la protección del consumidor de servicios financieros; IV) La omisión de velar, en violación al artículo 1° constitucional, por el desarrollo progresivo de los derechos fundamentales del Quejoso al no establecer las acciones necesarias para, y por el contrario llevar actos perjudiciales que impiden u obstaculizan, garantizar el acceso al Quejoso al sistema financiero, particularmente a la contratación permanente de un contrato de seguro con una cobertura de gastos médicos mayores, vulnerando mis derechos como consumidor; V) La omisión de las Autoridades Responsables, de garantizar Al quejoso la protección del derecho a la salud previsto en el artículo 4° constitucional; VI) La omisión de las Autoridades Responsables de cumplir con su obligación de velar por la estabilidad del sistema financiero para generar condiciones favorables para el crecimiento económico del Quejoso de conformidad en atención al mandato expreso formulado por el Constituyente en el artículo 25 de la Constitución General de la República; VII) El incumplimiento de las Autoridades Responsables al mandato del Constituyente consistente en velar por el desarrollo económico nacional, al menoscabar el sector financiero y perjudicar con sus actos y omisiones al Quejoso; VIII) La omisión de las Autoridades Responsables de garantizar al Quejoso la protección del derecho a la familia previsto en el artículo 4° constitucional en su carácter de responsables de la protección de los derechos de los consumidores, procurando la excesiva e ilegal recaudación de impuestos a nivel federal, con base en los criterios notoriamente injustificados para reencausarlos a proyectos de fortalecimiento del ejército y otros; IX) Las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas de todos los actos reclamados a cada una de las Autoridades Responsables. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, se reclaman, lo siguientes actos y omisiones: (i) La omisión de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, particularmente del SAT, de conformidad con lo previsto en la fracción VII, del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (la "LOAPF") en contravención con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución General de la República; (ii) La omisión de cumplir con su obligación de formular, conducir y evaluar la policía general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza prevista en la fracción II del artículo 32 de la LOAPF violando con ello lo dispuesto por el artículo 90 constitucional; (iii) La omisión de adecuar los programas de desarrollo económico a las necesidades de la población, particularmente para promover la utilización y el acceso continúo a un contrato de seguro con cobertura de gastos médicos mayores de manera asequible como el que proporciona BUPA, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley General de Población; Del C. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, se reclaman los siguientes actos y omisiones: (i) La omisión de velar, en violación al artículo 28 constitucional, por la defensa y protección de los derechos de los consumidores del sector financiero, particularmente de aquellos que utilizan el contrato de seguro con cobertura de gastos médicos mayores, al permitir al SAT, el financiamiento arbitrario de créditos fiscales a BUPA, lo cual resiente el Quejoso en su patrimonio; (ii) El cumplimiento de la obligación prevista en la fracción XI del artículo 31 de la LOAPF, consistente en asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en violación a lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Federal; (iii) La omisión de cumplir con el mandato estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el que la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, se obligó a no realizar incrementos de impuestos en términos reales, lo que constituye una violación a lo dispuesto por el artículo 26, Apartado A, constitucional. (iv) La omisión de garantizar al Quejoso la protección del derecho a la salud previsto en el artículo 4° constitucional, en su carácter de responsable de la recaudación de impuestos a nivel federal, particularmente del impuesto al Valor Agregado, cuyo acreditamiento pretende impedir a las empresas del sector financiero del área de seguros, como BUPA. (v) La omisión de cumplir con el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad 2020-2024, al dificultar la inclusión financiera, en tanto que no promueve el acceso y el uso de los servicios financieros, particularmente del contrato de seguro y no garantiza esquemas de protección al consumidor, en violación a lo establecido por los artículos 25 y 26, Apartado A, constitucionales; (vi) La omisión de cumplir con el deber de implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad en violación de lo dispuesto por los artículos 25 y 26, Apartado A, de la Constitución Federal; (vii) La omisión de cumplir con el deber de impulsar la generación de un ambiente de negocios propicio para la creación, operación y crecimiento de un sector privado productivo y competitivo en el ámbito empresarial, en violación de lo previsto por los artículos 25 y 26, Apartado A, de la Constitución Federal; (viii) La omisión de cumplir con las obligaciones de ejercer las atribuciones que le señalan las leyes en materia de seguros prevista en la fracción VIII de la LOAPF en relación con el deber de procurar un desarrollo equilibrado del sistema asegurador, así como una competencia sana entre las instituciones que lo integran prevista en el artículo 3 de la Ley de Institución de Seguros y de Fianzas, lo cual constituye una violación de lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución General de la República; De la C. SECRETARIA DE ECONOMÍA, se reclama los siguientes actos y omisiones. La omisión de cumplir con la obligación de regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor establecidas a su cargo en la fracción VIII del artículo 34 de la LOAPF en violación de lo establecido por el artículo 90 de la Constitución Federal; Del C. SECRETARIO DEL BIENESTAR, se reclaman los siguientes actos y omisiones: (i) La omisión de cumplir con su deber de fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas de: a) Combate efectivo a la pobreza; b) Atención específica a las necesidad desde los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como los colonos marginados de las áreas urbanas; y c) Atención Preponderante a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad previstas en la fracción I del artículo 32 de la LOPAF, en violación de lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Federal; (ii) La omisión de cumplir con su obligación de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza prevista en la fracción II del artículo 32 de la LOAPF, en violación de lo establecido por el artículo 90 constitucional; (iii) El incumplimiento a su deber del coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de vida previsto en la fracción III del artículo 32 de la LOAPF, en transgresión de lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (iv) La omisión de cumplir con su formular, conducir y evaluar la política de fomento y desarrollo del sector social de la economía prevista en la fracción XIV del artículo 32 de la LOAPF en violación de lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Federal; (v) La omisión del SECRETARIO DEL BIENESTAR de garantizar al Quejoso la protección del derecho a la familia previsto en el artículo 4° constitucional en su carácter de responsable de la recaudación del impuesto a nivel federal. Del C. SECRETARIO DE SALUD, se reclaman, lo siguientes actos y omisiones. (i) La omisión, en violación de lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Federal, de cumplir con su deber de elaborar y conducir políticas tendientes a garantizar acceso a los servicios de salud para las personas que no sean beneficiarias o derechohabientes de alguna institución del sector de salud, en nuestro carácter de consumidores del sector privado, prevista en la fracción XXIV del artículo 39 de la LOAPF y relacionada con el artículo 28 constitucional. (ii) La omisión de cumplir con su deber de promover acciones de coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para abordar conjuntamente los determinantes sociales de la salud prevista en la fracción XXVI del artículo 39 de la LOAPF en violación de lo previsto por el artículo 90 constitucional; Del (i) C. JEFE, del C. ADMINISTRADOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, (ii) del C. ADMINISTRADOR CENTRAL DE FISCALIZACIÓN AL SECTOR FINANCIERO, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, (iii) del C. ADMINISTRADOR GENERAL DE RECAUDACIÓN, y del (iv) ADMINISTRADOR DE FISCALIZACIÓN AL SECTOR FINANCIERO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES todos ellos del SAT, se les reclama; (i) La orden emisión, materialización y/o cualquier acto de implementación y/o imposición del crédito fiscal través del cual impiden a BUPA acreditar el Impuesto al Valor Agregado ("IVA") que dicha aseguradora paga a terceros que prestan servicios de salud y hospitalarios con motivo de los siniestros que sus asegurados de seguros de gastos médicos mayores sufren, contra el IVA que dicha compañía se seguros cobra a través de las primas de dichos seguros (en lo sucesivo, el "Criterio Fiscal") que afecta directamente al suscrito y consumidores de dicha clase de seguro. (ii) La imposición a BUPA del Criterio Fiscal; Del JEFE del C. ADMINISTRADOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES del C. ADMINISTRADOR CENTRAL DE FISCALIZACIÓN AL SECTOR FINANCIERO, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES y del C. ADMINISTRADOR GENERAL DE RECAUDACIÓN, todos ellos del SAT, se les reclama; De la COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, se reclama: (i) La omisión de procurar un desarrollo equilibrado de los sistemas asegurador y afianzador, tomando en consideración el principio de proporcionalidad en atención a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos que asuman las Instituciones y Sociedades Mutualistas. De la COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, se reclama: (i) La omisión de garantizar la tutela de los derechos del Quejoso, como consumidor y usuario de los servicios financieros, no obstante, de ser el órgano ad hoc creado por el Estado mexicano para tal efecto. De la PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, se reclama: (i) La omisión, en violación a lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, de proteger la vida, la salud y la seguridad del Quejoso consumidor, contra las prácticas y omisiones nocivas en el abastecimiento del servicio de seguro de gastos médicos mayores que se reclaman a todas las Autoridades Responsables, las cuales restringen, dificultan y obstaculizan el acceso a al quejoso a la protección que dicho servicio brinda. De BUPA, se reclama: (i) El que intente restringir, dificultar u obstaculizar por cualquier circunstancia, incluyendo sin limitar cualquiera que derive directa o indirectamente de los actos que se reclaman a las demás Autoridades Responsables, el acceso a al Quejoso a un contrato de seguro de gastos médicos mayores continuo y asequible, mediante el incremento de la prima del seguro o la valoración perjudicial injustificada de sus condiciones en cualquiera de la renovaciones de la póliza de la que actualmente goza el Quejoso." DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no; y para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso concreto, este Juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa..." De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha normatividad, como puede apreciarse, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo, y que éstos sean afectados a través del acto de autoridad reclamado. En efecto el interés jurídico, es uno de los presupuestos fundamentales y que doctrinariamente se ha identificado, por un lado, con el principio de instancia de parte agraviada, que significa que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por el titular de los derechos sobre los cuales se reclama una afectación, y, por otro lado, con el principio de agravio real y actual, que consiste en que la afectación ocasionada por el acto de autoridad y que se reclama mediante juicio de amparo, CONSTITUYE UN PERJUICIO INMEDIATO a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS."; así como la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de encabezado "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE". Por su parte, el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico, según se advierte de la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, en la que se exceptúa expresamente a los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella; ilustra lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado destacado el que atribuye a la aseguradora BUPA, consistente en el incremento que necesariamente sufrirá la prima del seguro, derivado del "criterio fiscal" que no permite a las aseguradoras hacer deducible el Impuesto al Valor Agregado de los servicios pagados por virtud de un siniestro, es decir, respecto al generado por el pago directo a proveedores de servicios médicos y/o hospitalarios; asimismo, atribuye diversas omisiones a distintas autoridades responsables, las cuales hace depender del citado "criterio fiscal" e incremento a la póliza de seguro, pues en su concepción -del quejoso- las autoridades responsables han incurrido en un deficiente mecanismo positivo y/o negativo que impide e, incluso, imposibilita a los gobernados a acceder a un seguro de gastos médicos privado, lo que impacta en la transgresión de diversos derechos fundamentales. En ese contexto, se estima que tales actos no le deparan un perjuicio actual y directo al quejoso, atento a que no se advierte: 1) que el "criterio fiscal" que cita, haya sido ejecutado a la aseguradora, 2) que con motivo de ello, se haya efectuado un incremento a la prima del seguro de gastos médicos mayores que proporciona la moral aseguradora y, 3) que esto genere que se eleve el costo de lo que previamente venía pagando por tal concepto el aquí quejoso en menoscabo de su patrimonio. Es decir, no se desprende algún elemento que permita advertir que los actos que reclama, hayan sido ejecutados en su perjuicio y, por ende, se estima que -al menos por el momento-, no existe afectación a algún derecho sustantivo de los que invoca -derecho a la salud, acceso a la seguridad social y al mínimo vital, así como a las políticas públicas que imposibilitan el adecuado crecimiento económico y estabilidad financiera de México, en detrimento de lo previsto en los numerales 26 y 28 Constitucionales-. Esto es, no se desprende que el criterio fiscal al que alude, tenga una consecuencia directa o indirecta que haya generado un incremento en los costos de las pólizas de seguro de gastos médicos mayores por parte de las aseguradoras; máxime que de ser el caso, en el supuesto de que se impida a la citada aseguradora deducir el Impuesto al Valor Agregado generado con motivo del pago por los servicios que presta, la parte quejosa también carece de interés legítimo, toda vez que la afectación en torno al criterio fiscal que emita la autoridad tributaria, sólo afecta la esfera jurídica de la moral aseguradora; de ahí que los costos que aduce se verán reflejados como contratante de un seguro de gastos médicos, en el incremento a la prima en mención, constituye, en todo caso, un aspecto hipotético que -por el momento- no incide en su esfera de derechos. Ello es así pues, se insiste, de la demanda de amparo y anexos, no se desprende ni si quiera de manera presuntiva, que los actos reclamados violenten la esfera de derechos de la parte quejosa que lo legitime para instar el juicio de amparo en defensa de sus derechos. Ahora, si bien el inconforme promueve la demanda de amparo por derecho propio, aduciendo que como ciudadano mexicano y usuario del sector financiero -al tener contratado un seguro de gastos médicos mayores-, estima que la conducción de las políticas públicas, o bien, determinas omisiones, vulneran el derecho de consumidores para el acceso a un producto "asequible" -seguro de gastos médicos mayores- y, por ende, su derecho de acceso a la salud; lo cierto es que tal reclamo CONSTITUYE ESENCIALMENTE, UNA IMPUGNACIÓN GENÉRICA a la conducción de las políticas públicas de la administración federal para favorecer un mayor acceso de la población a la contratación de seguros de gastos médicos mayores, que éstos sean más baratos y que las aseguradoras puedan tener beneficios fiscales que les permitan ofrecer dichos productos financieros de forma más asequible. Por ende, si en este momento no existe un agravio diferenciado que lo ubique en una situación especial frente al orden jurídico, sino que SE SUBSUME SOBRE CUESTIONES GENERALES O ABSTRACTAS en las que se ubica cualquier gobernado, ello se traduce en un interés simple, el cual, de ninguna manera lo legitima para acudir a esta instancia constitucional, conforme a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad esgrime el quejoso, lo que se corrobora con las documentales que para tal efecto anexó. Es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017, registro 2014433, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, página 1078, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". A mayor abundamiento, si bien la Suprema Corte le reconoce un interés a todo ciudadano en relación a las decisiones que el Estado tome sobre las políticas públicas, ello tampoco se subsume dentro del interés legítimo necesario para instar el juicio de amparo. En efecto, las decisiones del estado sobre la conducción de determinada política pública, o cumplimiento de sus obligaciones constitucionales o legales, deben de ejercerse, en principio, a través de la representación legislativa de los ciudadanos, así como la respectiva representatividad ejercida en el ámbito ejecutivo; ello acorde -por analogía- a la jurisprudencia P./J. 103/2010, registro 163479, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DEUDA PÚBLICA. LAS DECISIONES ACERCA DEL ENDEUDAMIENTO DEL ESTADO DEBEN SER REFLEJO DE UN EJERCICIO DEMOCRÁTICO DEL PODER Y UNA MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES." Luego, si bien el ordenamiento jurídico nacional otorga mecanismos de protección, participación y denuncia a los ciudadanos en los temas de interés público como lo puede ser las decisiones sobre el erario público, o bien, la conducción o implementación de determinada política pública, la existencia de dichos mecanismos no genera a todos los ciudadanos legitimación en cualquier vía o materia para ejercerlos, sino que ello atiende a la naturaleza de cada uno de dichos medios de participación o impugnación, debiendo cumplir con los requisitos legales respectivos para impugnarlos, como en el caso el deber de acreditar el interés jurídico o legítimo necesario para instar el juicio de amparo, lo cual no acontece. Sirve también de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. CLXXXIV/2015, registro 2009201, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL." Por ende, se concluye que los actos reclamados no transgreden de manera actual y directa derechos sustantivos del quejoso y, por ende no afectan su esfera jurídica, pues no son los que le deparan perjuicio, ya que no se desprende que con motivo de la aplicación del criterio fiscal reclamado, se haya generado el incremento a la prima relativa al seguro de gastos médicos que refiere. Máxime que no le resultan aplicables en su beneficio los criterios jurisprudenciales que invoca 2024694 (CARTA DE RECHAZO DE LA COBERTURA DE UN SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES EN FAVOR DEL HIJO O HIJA RECIÉN NACIDA DE LA PERSONA ASEGURADA. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA NI MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, PUES EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE TRATE DE UN ACTO EQUIPARABLE A UNO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, POR ESTAR INMERSO EL DERECHO A LA SALUD, EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN) y, 2025236 (PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. SU ALCANCE CUBRE A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SEGUROS Y GENERA OBLIGACIONES PARA LAS ASEGURADORAS PRIVADAS). Toda vez que, respecto al primer criterio, el motivo de reclamo del aquí quejoso no tiene origen en un rechazo de expedición de póliza (lo que estudió el Máximo Tribunal del País), sino del incremento que, en todo caso, se verificará en la póliza del seguro que tiene contratado y que, como quedó apuntado, está vigente; y, respecto a la segunda tesis en cita, se resolvió lo atinente al derecho que tiene -como consumidor- el asegurado por cuanto hace al sector asegurador, para que este último, brinde a sus clientes de forma fehaciente, información completa, clara, sencilla y transparente sobre todos los aspectos -términos, condiciones, coberturas y exclusiones-. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, por falta de agravio real y directo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones, porque así lo solicitó expresamente. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; de igual forma, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que indica. CONSULTA VÍA INTERNET Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "..."; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa..."

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