Joseph Irwing Olid Aranda

Expediente 398/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 33 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
398/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Joseph Irwing Olid Aranda
  • Joseph Irwing Olid Aranda y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe los Directores Contenciosos adscritos a la Dirección General Contencioso, en representación del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítanse las copias fotostáticas que indica.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, Con el contenido de este acuerdo dése cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. Finalmente, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el hecho que se omitió girar oficio a la autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la sentencia dictada en autos, sin embargo, como se dijo en párrafos que anteceden, el único legitimado para recurrir el fallo, es el quejoso, no así las autoridades responsables, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, no obstante lo anterior, se ordena remitirle copia de la sentencia para los efectos legales conducentes.

  3. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. tomando en consideración que en las constancias que integran el presente expediente, no obra ningún documento original ni billete de depósito, y dado que se negó la suspensión provisional y definitiva, se considera susceptible de destrucción tanto el duplicado como el original del incidente de suspensión en que se actúa.

  4. Principal

    En Zapopan, Jalisco, trece de septiembre de dos mil veintiuno. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 398/2021-V, promovido por Joseph Irwing Olid Aranda, contra actos del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otra autoridad, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en el artículo 1° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Joseph Irwing Olid Aranda, por su propio derecho, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, electrónicamente se presentó ante este Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, demanda de amparo indirecto contra actos del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otra autoridad, que se precisan en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 398/2021-V; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En tanto que en escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, el quejoso promovió ampliación de demanda respecto de las autoridades responsables Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("Santander"), a quien les atribuye los actos que se precisan en el considerando segundo, por lo que en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se dio trámite a la misma y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten: Del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("Santander"), se reclama: "a) La Inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos o disposiciones 2, fracción XVI, 4 ter, 16 bis, 24 y 25 bis de la RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo del 2019. Cabe destacar que, si bien su publicación se dio en esa fecha, en el artículo tercero transitorio, en la fracción V, se estableció que el cumplimiento de dichas disposiciones iniciaría su vigencia a partir de veinticuatro meses, con lo cual, nos trasladamos precisamente al 21 de marzo del 2021 que es cuando la autoridad responsable "b)" comenzó a aplicar dicha norma." Del a) Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, b) Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y c) Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("Santander"), se reclama: a) De la autoridad ordenadora "a)" se le reclama la previa opinión emitida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por virtud de la cual otorgó su anuencia para la emisión de la RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que a la postre fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo del 2019 y de manera concreta respecto de las adiciones y/o modificaciones de los artículos 2, fracción XVI, 4 ter, 16 bis, 24 y 25 bis. Lo anterior, en términos del artículo 115, párrafo IV de la Ley de Instituciones de Crédito. b) De la autoridad ordenadora "b)" se le reclama la aprobación de la RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que a la postre fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo del 2019 y de manera concreta respecto de las adiciones y/o modificaciones de los artículos 2, fracción XVI, 4 ter, 16 bis, 24 y 25 bis. c) Del particular como autoridad responsable encargado de ejecutar la norma "c)", se le reclama la aplicación de los artículos o disposiciones 2, fracción XVI, 4 ter, 16 bis, 24 y 25 bis de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que fueron modificaciones y/o adiciones por virtud de la RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo del 2019. Cabe destacar que, si bien su publicación se dio en esa fecha, en el artículo tercero transitorio, en la fracción V, se estableció que el cumplimiento de dichas disposiciones iniciaría su vigencia a partir de veinticuatro meses, con lo cual, nos trasladamos precisamente al 21 de marzo del 2021 que es cuando el particular como autoridad responsable "c)" comenzó a aplicar dicha norma. Aunado a ello, debe destacarse que el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo, establece que, tratándose de una norma general autoaplicativa, el plazo para interponer la demanda será de quince días." Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos atribuidos al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues su Presidente, al rendir informe justificado en representación de la citada autoridad, así lo manifestó, ya que de conformidad con el artículo 43, fracción III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, compete a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A y B, a través de sus titulares, emitir opinión a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa con constancia fehaciente. Dicha negativa cobra relevancia jurídica sin necesidad de mayores elementos, pues, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su constitucionalidad, más no, cuando esa autoridad negó categóricamente los actos que se le imputan, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se tratan y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Al respecto, es aplicable la tesis VI.2o.32 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, página 763, que establece: Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el sumario, no se desprende con certeza algún medio de convicción que demuestre la existencia del acto reclamado a la precitada autoridad. V Por tanto, ante la omisión de demostrar el acto reclamado a la referida responsable, lo conducente es SOBRESEER en el juicio, respecto a la referida autoridad responsable Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Representante legal del Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("Santander"), reconocieron la existencia de los actos reclamados precisados en el considerando segundo. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo, vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia, como cuestión de orden público y estudio preferente, ya sea de oficio o a petición de parte, de conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia"1. En ese sentido, es fundada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, por no irrogan perjuicio a la esfera jurídica del quejoso, ya que las disposiciones combatidas tienen el carácter de heteroaplicativas, pues está condicionada a que se susciten una seria de acontecimientos para que se aprecie una probable afectación. Primeramente, es necesario precisar que este Juzgado de Distrito advierte que dicha causal de improcedencia se actualiza, por las siguientes razones. El citado numeral, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De la transcripción que antecede se desprende que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de acuerdo 1 Época: Octava Época. Registro: 394770. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte TCC. Materia(s): Común. Tesis: 814. Página: 553. con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho precepto constitucional dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Conforme al párrafo segundo de la fracción I del precepto constitucional citado, el juicio de amparo es un medio de control para proteger los derechos humanos y fundamentales reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquella a la que perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). En términos generales, el interés jurídico es el derecho subjetivo protegido por el ordenamiento legal que se ve afectado por el acto autoritario. La Segunda Sala del Alto Tribunal ha definido que cuando en un amparo promovido contra normas generales por su sola entrada en vigor se alegue que se afecta el interés legítimo -modalidad en la que acuden las quejosas al juicio de amparo- y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse, en primer lugar, si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso; sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues esta depende del contenido particular de cada una para saber si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien, surgen con la sola entrada en vigor de la norma. Para dilucidar la naturaleza de una norma de carácter general relacionada con la procedencia del juicio de amparo contra normas autoaplicativas, el Pleno del Máximo Tribunal ha desarrollado el concepto de individualización incondicionada respecto del cual indicó que la mera vigencia de las disposiciones trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, atento su estatus, sin exigirse ningún acto de implementación; en tanto que en normas heteroaplicativas, estimó que esta modalidad de disposiciones exige un acto de aplicación o concreción que cause agravio, lo que implica la individualización condicionada a ese acto en concreto. En el caso particular, el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar artículos o disposiciones 2, fracción XVI, 4 ter, 16 bis, 24 y 25 de la RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo del 2019, la que en términos el artículo tercero transitorio, en la fracción V, se estableció que el cumplimiento de dichas disposiciones iniciaría su vigencia a partir de veinticuatro meses, esto es, el 21 de marzo del 2021 que es cuando la Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("Santander"), comenzó a aplicar dicha norma; en su carácter autoaplicativos, cuyo contenido es el siguiente: .- XVI. Geolocalización, a las coordenadas geográficas de latitud longitud en que se encuentre el Dispositivo 4 Ter.- Las Entidades que abran una cuenta o celebren un contrato a través de Dispositivos de forma no presencial, conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión, además de los datos de identificación a que se refiere la 4ª de las presentes Disposiciones, según sea el caso, deberán requerir y obtener de sus Clientes, previo consentimiento de estos, la Geolocalización del Dispositivo desde el cual éstos abran la cuenta o celebren el contrato, así como: I. Tratándose de Clientes personas físicas que declaren a la Entidad ser de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera en condiciones de estancia de residente temporal o residente permanente en términos de la Ley de Migración: a) Clave de elector, en su caso. b) Consentimiento. c) Correo electrónico o teléfono celular. d) En su caso, número de cuenta y Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) en la Entidad, entidad financiera o Entidad Financiera Extranjera autorizadas para recibir depósitos, y que corresponda con el nombre a que se refiere la 4ª, fracción I de las presentes Disposiciones. e) La manifestación de la persona física en la que señale si actúa por cuenta propia o de un tercero, en caso de manifestar que actúa por cuenta de un tercero deberá estarse a lo que señala la 4ª, fracción VI de las presentes Disposiciones. Dicha manifestación, podrá establecerse en los Términos y Condiciones que al efecto establezca la Entidad. f) La versión digital del documento válido de identificación personal oficial vigente de donde provengan los datos referidos en la presente Disposición, la cual deberá conservarse de conformidad con la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de Mensajes de Datos aplicable. Las Entidades no deberán llevar a cabo la apertura de la cuenta o la celebración del contrato de forma no presencial con los Clientes, cuando no recaben el dato relativo a la Geolocalización. El consentimiento que en términos de la presente Disposición recaben las Entidades de sus Clientes, podrá obtenerse mediante la Firma Electrónica, Firma Electrónica Avanzada, o bien, conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión. Dicho consentimiento del Cliente hará prueba para acreditar legalmente la apertura de la cuenta, celebración del contrato o cualquier Operación que realice con la Entidad de forma no presencial. Se entenderá como documento válido de identificación personal oficial vigente para el cumplimiento de la presente Disposición, la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, el pasaporte o tarjeta pasaporte, el certificado de matrícula consular, la tarjeta de acreditación que expida la Secretaría de Relaciones Exteriores a cuerpos diplomáticos o consulares y las demás identificaciones nacionales que, en su caso, apruebe la Comisión. Las Entidades podrán recabar las versiones digitales de la documentación a que se refiere la presente Disposición de forma no presencial y a través de medios ópticos o de cualquier otra tecnología. Las versiones digitales que las Entidades recaben para efectos de identificación, deberán permitir su verificación. Asimismo, dichas versiones digitales deberán conservarse en sus Archivos o Registros conforme a las presentes Disposiciones. Las Entidades deberán establecer en su Manual de Cumplimiento, los criterios y mecanismos que habrán de adoptar para el cumplimiento a lo señalado en la presente Disposición." "16ª Bis.- Las Entidades podrán recabar los datos y la documentación de sus Usuarios en términos de la 16ª de las presentes Disposiciones de forma no presencial y a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión. Las Entidades que opten por integrar el expediente de identificación del Usuario en los términos previstos en el párrafo anterior, adicional a lo previsto en la 16ª de las presentes Disposiciones, deberán requerir y obtener de sus Usuarios, previo su consentimiento, la Geolocalización del Dispositivo desde el cual el Usuario celebre la Operación, así como su correo electrónico. Las Entidades no deberán celebrar Operaciones con Usuarios de forma no presencial, cuando no recaben el dato relativo a la Geolocalización. Para los efectos de la presente Disposición, se entenderá como documento válido de identificación personal oficial vigente a la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, el pasaporte o tarjeta pasaporte, el certificado de matrícula consular, la tarjeta de acreditación que expida la Secretaría de Relaciones Exteriores a cuerpos diplomáticos o consulares y las demás ?????????????? identificaciones nacionales que, en su caso, apruebe la Comisión. Las Entidades estarán obligadas a conservar los documentos en sus Archivos o Registros conforme a las presentes Disposiciones. Las versiones digitales de los documentos que, en su caso, las Entidades recaben para efectos de identificación, deberán permitir su verificación en términos de las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión. Las Entidades deberán establecer en el Manual de Cumplimiento, los criterios y mecanismos que habrán de adoptar para el cumplimiento a lo señalado en la presente Disposición. La información a que se refiere esta Disposición deberá estar a disposición de la Secretaría y de la Comisión, a requerimiento de esta última, dentro del plazo que la propia Comisión establezca." "24ª.- Tratándose de aquellas Operaciones realizadas de forma no presencial, además de los elementos para determinar el perfil transaccional del Cliente señalados en el párrafo anterior, se deberá tomar en cuenta la Geolocalización del Dispositivo de donde se lleve a cabo dicha Operación." "25ª Bis.- En el caso de apertura de cuentas o celebración de contratos de forma no presencial a que se refiere la 4ª Ter de las presentes Disposiciones, las Entidades deberán considerar la información de la Geolocalización, previo consentimiento del Cliente, del Dispositivo desde el cual el Cliente realice la Operación, actividad o servicio con la respectiva Entidad. Las Entidades, en los términos que al efecto prevean en su Manual de Cumplimiento, aplicarán a sus Clientes que hayan sido catalogados como de Grado de Riesgo alto, así como a los Clientes nuevos que reúnan tal carácter, cuestionarios de identificación que permitan obtener mayor información sobre el origen y destino de los recursos y las actividades y Operaciones que realizan o que pretendan llevar a cabo. Los cuestionarios a que se refiere el párrafo anterior podrán realizarse vía no presencial, por medios digitales o electrónicos, con el fin de procurar la veracidad y seguridad en su elaboración, los cuales en todo caso deberán contener el consentimiento a que se refiere la 4ª Ter de las presentes Disposiciones, de quien los suscribe." Del artículo 2, fracción XVI, de la Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se desprende la definición de "Geolocalización", entendida como las coordenadas geográficas de latitud longitud en que se encuentre el Dispositivo. Así, cabe destacar que de conformidad con los criterios jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contravención a la Ley Fundamental se debe basar en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados, o bien, ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno, no por meras definiciones o su ausencia en la ley, por lo tanto la porción normativa reseñada no causa afectación alguna a la parte quejosa, pues como ya se señaló, sólo establece una definición que para tal efecto se debe entender en la ley en comento. Por tanto, es inconcuso que el precepto anterior no afecta el interés jurídico del quejoso, ya que no incide en su esfera jurídica. Por otra parte, los artículos 4 Ter, 16 Bis, 24 y 25 establecen, en general, la regulación para recabar la información de geolocalización de los dispositivos móviles mediante los cuales se realicen operaciones bancarias en línea, entiendo por aquélla a las coordenadas geográficas de latitud longitud en que se encuentre el dispositivo. Dicha regulación es la que las entidades financieras están obligadas a llevar a cabo a la apertura de una cuenta o la celebración del contrato a través de dispositivos de forma no presencial, tales como solicitar datos de identificación y requerir y obtener de sus clientes, previo consentimiento de éstos, la geolocalización del dispositivo desde el cual éstos abran la cuenta o celebren el contrato. Además, las disposiciones reclamadas prevén que, en caso de no recabar el dato relativo a la geolocalización, no será procedente la apertura de la cuenta o la celebración del contrato de forma no presencial. Asimismo, señalan que la entidad financiera podrá obtener los datos y documentación de sus usuarios de forma no presencial y a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la obtención de la geolocalización de los dispositivos de los usuarios previo consentimiento de éstos. Por otra parte, disponen que tratándose de aquellas operaciones realizadas de forma no presencial, además de los elementos para determinar el perfil transaccional del cliente señalados en el párrafo anterior de la misma disposición, se deberá tomar en cuenta la geolocalización del dispositivo de donde se lleve a cabo dicha operación. Igualmente, el conjunto de normas indicado refiere que las entidades aplicarán a todos sus clientes catalogados como de grado de riesgo alto, cuestionarios de identificación que permitan obtener mayor información sobre el origen y destino de los recursos y las actividades y operaciones que realizan o que pretendan llevar a cabo; pudiendo realizarse vía no presencial, por medios digitales o electrónicos, los cuales deberán contener el consentimiento para la geolocalización del dispositivo desde el cual aquéllos abran la cuenta o celebren el contrato. De lo anterior se advierte que para que la norma impugnada incida en la esfera jurídica del contribuyente, es necesario que i) solicite la apertura de una cuenta o la celebración de un contrato -incluso de manera no presencial; ii) ser cliente de una institución financiera; iii) que las entidades financieras requieran a los clientes sus datos de identificación y su consentimiento para la geolocalización del dispositivoen el que abra la cuenta o celebre un contrato; iv) que las entidades financieras hayan obtenido el consentimiento de los clientes para la geolocalización de sus dispositivos móviles; v) que el cliente de la institución financiera realice una operación de forma no presencial; vi) que la entidad financiera obtenga la geolocalización del dispositivo por la que el cliente realizó alguna operación; vi) que conforme a la geolocalización obtenida, la institución financiera determine el perfil del cliente; y, vii) que aquélla lo catalogue como cliente de riesgo alto y proceda a aplicar el cuestionario de identificación. Lo expuesto pone de manifiesto que el perjuicio que las disposiciones reclamadas pudieran ocasionar al quejoso, sólo es posible que acontezca en función de la actualización de las conductas referidas, es decir, que se actualicen los supuestos en los términos indicados en los que una entidad financiera obtenga los datos de sus clientes -a la apertura de una cuenta o a la celebración de un contrato a través de un dispositivo móvil-, así como que aquélla requiera y obtenga los datos, documentación y su consentimiento para la geolocalización de su dispositivo móvil para poder realizar operaciones de forma no presencial. En este contexto, acorde a los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para distinguir la naturaleza de las leyes, se sigue que las normativas impugnadas no tienen el carácter de autoaplicativos, pues no causan perjuicio alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa en tanto que no crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho por el sólo hecho de su entrada en vigor; ya que, por el contrario, establecen parámetros específicos a seguir, una vez que pretenda apertura una cuenta o celebrar un contrato de manera no presencial, o bien, que siendo cliente de una entidad financiera, esta última obtenga información correspondiente a la geolocalización de su dispositivo móvil por el que realice operaciones. Así, es inconcuso que las disposiciones normativas impugnadas son de naturaleza heteroaplicativa, puesto que, como se apuntó, requieren de un acto diverso condicionante de su aplicación para actualizar un perjuicio. Esta determinación cobra mayor identidad si se analiza el contenido del artículo Tercero Transitorio, fracción V, de la Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en el que se establece que las entidades financieras deberían dar cumplimiento a la obligación de recabar la geolocalización del dispositivo desde el cual el cliente o usuario celebre cada operación en los términos indicados, dentro del plazo de veinticuatro meses a partir de la entrada en vigor de dicha norma. El citado precepto dispone: "Tercera. Las Entidades deberán dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la presente Resolución, en los términos y de conformidad con los plazos que se señalan a continuación: V. Veinticuatro meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, para recabar la Geolocalización del Dispositivo desde el cual el Cliente o Usuario celebre cada Operación, a que se refiere las presentes Disposiciones." En tal virtud, contrario a lo que manifiesta el justiciable, la norma reclamada tiene el carácter de heteroaplicativa, y el hacer que impone consistente en otorgar su consentimiento para la geolocalización de su dispositivo móvil a la institución financiera en la que tenga contratado un servicio, sería obligatorio a partir del veintidós de abril de dos mil veintiuno, siempre y cuando la entidad financiera correspondiente requiera y obtenga sus datos correspondientes, así como el consentimiento mencionado, pues no es sino hasta ese momento, que de acontecer los supuestos mencionados, sería que se genere una afectación a su esfera jurídica. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa haya ofrecido ocho comprobantes de operaciones digitalizados, donde se advierten diversos retiros y últimos movimientos, respecto de la Tarjeta 557909 1577 que es propiedad del quejoso y está vinculada al número de usuario o cliente previamente referido 34962269, cuatro impresiones de pantalla de correos electrónicos y la página web de la Institución Bancaria, un comunicado de prensa de la Asociación de Bancos de México del 17 de marzo del 2021, documento de "Términos y Condiciones" de Servicios Digitales del Banco Santander, que presumiblemente parecen ser de la aplicación móvil de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("Santander"), en la que se pide el consentimiento de la geolocalización; no obstante, esos medios de convicción son insuficientes para demostrar el perjuicio que le producen las normas; pues, por una parte, las hipótesis analizadas no están contenidas en el contrato, pues no lo exhibe, mientras que las capturas de pantalla no están relacionadas con algún medio de convicción del que efectivamente se advierta que dichas imágenes corresponden al usuario del quejoso, contenido en su dispositivo móvil. Máxime que las capturas, por sí solas, no contienen datos que permitan inferir que se trata de la cuenta bancaria del quejoso, pues no se advierte nombre, usuario o información concerniente al promovente. En este orden de ideas, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede sobreseer en el juicio en relación con la norma impugnada, de conformidad con lo previsto en el precepto 65 de la ley de la materia. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 61 a 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 398/2021-V, promovido por Joseph Irwing Olid Aranda, por derecho propio, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y último de esta resolución

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