Joselyn Yessenia Manzo Sánchez

Expediente 922/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
922/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Joselyn Yessenia Manzo Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. Joselyn Yessenia Manzo Sánchez, por conducto de su apoderada legal Ma Dolores Sánchez Aranda, personalidad que se le reconoce en términos del documento adjunto a la demanda de amparo. Sin lugar a tener como procurador judicial a Humberto Martínez Peralta, virtud no adjuntó documento en el cual se advierta tenga la representación de la quejosa. II. Formación del expediente. Fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Desechamiento de la demanda. La parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de ocho de agosto del año en curso, dictada en el toca de apelación 50/2022 de la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en la cual se ordenó revocar el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós dictado por el Juez Primero de lo Familiar de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 2565/2013 y ordena admitir incidente de modificación de guarda y custodia del menor con iniciales B.V.A.M. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En principio, el numeral 61, fracción XXlll, en relación con el ordinal 107, fracción IV, primer párrafo y fracción V, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXlll.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan al archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De la interpretación conjunta de las anteriores normas legales (la fracción V en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de garantías es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable, aun tratándose de actos dictados después de concluido el juicio de origen. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues sólo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En este contexto, resulta dable sostener que la resolución interlocutoria de ocho de agosto del año en curso, dictada en el toca de apelación 50/2022 de la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en la cual se ordenó revocar el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós dictado por el Juez Primero de lo Familiar de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 2565/2013 y ordena admitir incidente de modificación de guarda y custodia del menor con iniciales B.V.A.M, no puede considerarse actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales, aún y cuando se haya dictado después de concluido el juicio, virtud la determinación que ordena admitir la modificación de guarda y custodia por sí sola no puede considerarse de imposible reparación. Por ello, la resolución reclamada únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio. Es así, toda vez que las pretensiones del promovente pueden quedar satisfechas si obtiene sentencia favorable a sus intereses, y en caso que la resolución que resuelva el incidente de modificación de guarda y custodia le fuera adversa, es factible de impugnarse a través de diverso medio de defensa, que en su caso pueda promover contra esa resolución; por tanto, se estima que el presente juicio resulta improcedente. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXlll, en relación con el ordinal 107, fracciones IV y V, interpretando en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos a las personas que menciona, por no haberlos facultado de forma expresa en términos amplios. De igual manera, se autoriza el uso de lector óptico, fotográfico y scanner, para imponerse de acuerdos y resoluciones que se pronuncien en el presente expediente, cuando proporcione a este tribunal los medios necesarios para la realización de la reproducción solicitada, en el entendido de que únicamente podrá realizarse bajo la supervisión del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. V. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa.

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