Joselito Hernández Ramírez y otro y Otros.
Expediente 841/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 1 actuación registrada, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Joselito Hernández Ramírez y otro y Otros.
Actuaciones
- Principal
(AVISO DE NOTIFICACIÓN) Agréguese a los autos el oficio 4238, firmado electrónicamente por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y anexos, que contiene el auto de treinta de junio de dos mil veintidós, en la que determinó no ser competente para conocer del juicio de amparo directo 352/2022, de su estadística, por las razones ahí expuestas, al que adjunta la demanda de amparo, promovido por Juan Francisco Rodríguez de León, apoderado legal de Joselito Hernández Ramírez y/o Joselito Hernández Ramires, contra actos de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sito en esta ciudad. Acúsese recibo de estilo al tribunal oficiante. Con apoyo en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia declinada por el mencionado Tribunal Colegiado y se avoca al conocimiento del asunto. Por otra parte, vista la demanda de amparo que promueve Juan Francisco Rodríguez de León, apoderado legal de Joselito Hernández Ramírez y/o Joselito Hernández Ramires, contra actos de Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sito en esta ciudad, que hace consistir en:*** En esa tesitura, al advertirse que el peticionario de amparo se duele de la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintidós, emitido por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Tapachula de Córdoba y Ordoñez, Chiapas, en el toca civil número 92-B/2022, en declaró infundado los agravios expresados por la parte quejosa y confirmó el auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, en el expediente 335/2021, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad, por el cual tuvo por exhibido el dictamen pericial en materia de grafoscopía emitido por el perito tercero en discordia y del análisis de la demanda se desprende que los quejosos en el presente juicio de amparo, son parte actora en el juicio de origen citado. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no reviste el carácter de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dicha actuación tiene el carácter de procesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa. Lo anterior es así, porque el hecho de que se declare improcedente el recurso de apelación interpuesto contra un auto que tuvo por recibida la prueba pericial emitida por el perito tercero en discordia, no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, como lo es la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana. De ahí que, en el caso a estudio, la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós reclamado, no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos en el procedimiento de origen, en razón a que aún no se ha dictado la sentencia de primera instancia en el juicio de origen, y de resultar esta contraria a los intereses de la parte quejosa, estará en aptitud de recurrirla y posteriormente promover amparo directo, en el que podrá alegar la violación procesal correspondiente. Lo anterior es así, ya que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, pues se evita la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que la afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Francisco Rodríguez de León, apoderado legal de Joselito Hernández Ramírez y/o Joselito Hernández Ramires.
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