Joseline Vanessa Torres López
Expediente 2391/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2391/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Joseline Vanessa Torres López
Actuaciones
- Principal
:::::Audiencia constitucional::::::
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que las autoridades responsables Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, todas con asiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, han sido omisas en dar cumplimiento o bien informar las gestiones que se encuentran realizando para dar cumplimiento al fallo protector concedido para el siguiente efecto: 1. Dejen de aplicar al régimen pensionario del inconforme Hipólito Hernández Hernández, el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, a través del que se reformó el artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional, en materia de desindexación; y, 2. Hecho lo anterior, se cubra al quejoso Hipólito Hernández Hernández, la pensión que se le venía cubriendo, cuantificada en salarios mínimos; además, se les reintegre las diferencias que no les fueron pagadas por el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en adelante. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informen a este órgano de control constitucional la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite, apercibidas que de no acatar lo ordenado, se les impondrá una multa de manera individual por el equivalente a cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto el numeral 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la responsable de que se trata, que en caso de no cumplir con lo anterior, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, por la posible comisión del delito previsto por el precepto 267 en su fracción I, de la ley de trato que señala: "[.] Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo. [.]". En ese tenor, deberá tomar en cuenta el contenido del numeral 193 de la Ley de Amparo, que entre otros supuestos, se establece lo siguiente: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. [...]". Finalmente, hágase de su conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo si es injustificado, no los exime de responsabilidad, ello con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Humberto Arturo Muñiz García, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1292/2022 signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al proveído veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, remite copia certificada de las notificaciones realizadas a las partes relativas al proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral de origen 30/4/2015, en relación a las pruebas ofrecidas por las partes, (acto que en esta vía se reclama). Por otra parte, es pertinente destacar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, es la omisión de emitir el auto de ofrecimiento y admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del procedimiento laboral número 30/4/2015, sin embargo, del análisis de las constancias que anexó la responsable al oficio de cuenta, como en el diverso 1244/2022, recibido el veintiuno de septiembre del año en curso, se observa que el ocho de agosto de dos mil veintidós, proveyó de manera procedente su solicitud. En mérito de lo anterior, por ser inexistente tal acto reclamado, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, toda vez que el problema de la existencia de los actos reclamados es prioritario, por ser de orden público el estudio de las causas de improcedencia y las de sobreseimiento del juicio de amparo, resulta necesario analizar el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 1, fracción I y 75, de la propia ley, los cuales establecen: "1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..." "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. ..." El artículo 1, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, es decir, se refiere a actos existentes, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la ley de la materia, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en armonía con los diversos 1, fracción I y 75, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos que por esta vía reclama el quejoso deben analizarse atendiendo a la fecha en que presentó la demanda de amparo. Ahora bien, como se dijo en párrafos anteriores, de las documentales públicas que allegó la responsable, se advierte que la autoridad responsable, anexo al oficio de cuenta, copia certificada de las notificaciones realizadas a las partes, de ese proveído (regularización del procedimiento) del acuerdo ocho de agosto de dos mil veintidós, en el cual llevó a cabo la regularización de procedimiento, mediante el cual señalo fecha y hora para llevar a cabo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, esto es, que dicho acuerdo de calificación de pruebas se dictó con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el diez de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común., no existía tal acto reclamado, surge la hipótesis contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la ley reglamentaria del juicio constitucional, por consiguiente, se reitera, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 12, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Octava Época, Tomo VI, parte SCJN, Materia Común, visible en la página 10, cuyo rubro es el siguiente. "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en el auto admisorio de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario quien autoriza y da fe.
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