Joseline Osiris Martínez Ventura
Expediente 534/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Joseline Osiris Martínez Ventura
Actuaciones
- Principal
se advierte que transcurrieron los diez días establecidos en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, sin que ninguna de las partes lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo previsto en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha quedado firme; lo anterior, comuníquese a las partes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Diez de Texcoco, Estado de México, mediante el cual rinde su correspondiente informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe de mérito, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el dispositivo 119 de la Ley de la materia, se tiene como prueba a favor de las responsables de mérito, las constancias en copia certificada remite, la cual será tomada en consideración al momento procesal oportuno. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y, específicamente el contenido de la demanda de amparo, promovida por ++++++++, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad responsable, consistente en la omisión de proveer sobre las pruebas ofertadas por las partes dentro del expediente J10/1076/2020. En ese sentido, de las copias certificadas que se remiten en el oficio de cuenta, se advierte que el once de mayo de dos mil veintidós dicho Presidente emitió proveyó lo correspondiente dentro del procedimiento arbitral J10/1076/2020, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. De lo anterior cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien, al nueve de mayo de dos mil veintidós, fecha de presentación en el buzón judicial de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable persistía en la omisión de dictar lo relativo a las pruebas ofertadas por las partes dentro del expediente laboral de origen, lo cierto es que el once de mayo de dos mil veintidós, emitió la resolución correspondiente a dicho juicio, por lo que, han cesado totalmente los efectos del acto reclamado, actualizándose así la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.".
- Principal
Agréguense los oficios del Titular de la Unidad Jurídica de la Universidad Autónoma Chapingo, mediante los cuales comunica que por el momento no cuenta con algún profesionista que pueda fungir como perito en materia de topografía y agrimensura. Ahora, este órgano jurisdiccional después de tener a la vista la referida relación de peritos correspondiente al año dos mil veintidós, considera oportuno designar a **********, como perito oficial en materia de topografía y agrimensura. En ese sentido, se requiere a dicho experto para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito en el que deberá manifestar que está en aptitud de prestar el auxilio y su conformidad con el arancel correspondiente en la materia de su dictamen. Apercibido que de no atender lo anterior, será removido, nombrando el suscrito juez otro perito en su sustitución. Una vez que el citado especialista manifieste su disposición con la designación y su conformidad el pago de sus honorarios en razón al arancel aprobado, provéase lo relativo a la aceptación y protesta del cargo que se le confiere. Finalmente, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a fin de que lleve a cabo la notificación correspondiente vía correo electrónico al perito **********, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.
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