Joselin Aidé Pérez
Expediente 706/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2021
Partes del expediente
- Joselin Aidé Pérez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de cinco días para que el quejoso hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de trece de noviembre de dos mil veinte, en que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no se ha integrado en autos la notificación encomendada en acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia, túrnese de nueva cuenta los autos. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifico a la parte promovente el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, que en lo conducente dice: "Visto el escrito de demanda que se provee de la cual se advierte que no contiene la firma electrónica de JMGM, quien promueve en favor de la directa quejosa JAP, en conformidad con lo que establece la Ley de Amparo y la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no se tiene la certeza de que la misma fue presentada por la parte quejosa y convierte la promoción realizada en un documento anónimo o privado de autenticidad. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo; lo que procede es desechar la demanda de garantías, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia."
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte agraviada el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, el cual en lo conducente dice: Registro. Vista la demanda de amparo que promueve ********, en favor de ********, en contra de actos reclamados al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación con Detenido Zona Tijuana, en esta ciudad, y otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 20 y 133, de la Constitución Federal; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 706/2020-I, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Desechamiento de la demanda de amparo. En términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, se debe analizar, ante todo, si del escrito de demanda deriva o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, desecharla. Por manifiesto se entiende que el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Orienta sobre lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Del análisis del escrito inicial de la demanda de amparo, como consta en la certificación de cuenta, se desprende que la misma no cuenta con firma electrónica de *******, quien promueve en favor de ********, incluso, de ello se deja constancia en la boleta de turno de demanda de amparo, con número de registro 004925/2020, expedida por la citada Oficina de Correspondencia Común, en el rubro "Firma" se inscribe la leyenda "NO" y en el diverso de "Observaciones" lo siguiente: "SE TURNA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO 21/2020 DEL PLENO DEL CJF. DEMANDA RECIBIDA EN LÍNEA CON NÚMERO DE FOLIO 1577489; MISMA QUE NO CUENTA CON FIRMA ELECTRÓNICA NI EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA". A juicio de este decisor, ello actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que establecen: (...) el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. (...) En efecto, en el caso la demanda de cuenta fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sitio electrónico a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo pueden acceder a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre tal forma de acceso a la justicia, los artículos 16, 17, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competenciales de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, establecen: (...) De esa forma, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15, de la Ley de Amparo, lo cual no acontece en el caso. Así, si la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. No es óbice a lo anterior, el hecho de que ******, promueve en favor de *******, y reclame la ilegal privación de la libertad y retención de la directa agraviada, toda vez que en la narración de los antecedentes de los actos reclamados, manifestó lo siguiente: "[.]. De lo anteriormente transcrito, se desprende claramente que el acto reclamado emana de un procedimiento del orden judicial, resultado de la posible comisión de un e ilícito, en el que se encuentra involucrada con el carácter de probable responsable la directa agraviada *********, de modo que, los actos señalados como reclamados, no son de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco versan sobre la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese contexto, el escrito de demanda que se provee no cumple con lo establecido en los artículos citados en párrafos precedentes, habida cuenta que no contiene la firma electrónica de *********, quien promueve en favor de la directa quejosa ***********, en conformidad con lo que establece la Ley de Amparo y la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no se tiene la certeza de que la misma fue presentada por la parte quejosa y convierte la promoción realizada en un documento anónimo o privado de autenticidad. Bajo ese marco legal, es evidente que la falta de firma del promovente del amparo, al no actualizarse la excepción prevista en el precepto 109, de la Ley de Amparo, se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, pues no puede decirse que exista certeza respecto de quién intentó la acción constitucional; es decir, la identidad y voluntad de la parte impetrante para promover la demanda de amparo. De ese modo, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En tales condiciones, la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica del que promueve en favor de la directa quejosa, misma de la cual derivase su nombre, si el certificado es reconocido por la Unidad y si el mismo se encuentra vigente, implica que la parte promovente fue omisa en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Así las cosas, respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos esgrimidos, se advierte que no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) de ********, quien promueve en favor de ********. Máxime, que en la especie se reclama como acto toral la privación de la libertad o retención; lo cual no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15, de la Ley de Amparo. De lo que se sigue, que en el caso no se está ante algún supuesto en el que no se requiera de firma electrónica; por tanto, es claro que si la demanda no fue firmada electrónicamente y no existe evidencia de la voluntad de quien comparece como promovente. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, ello implica el no ejercicio de la acción constitucional, como deriva de la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, en el tomo IX, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y dos, página cuatrocientos noventa y cuatro cuyo rubro y contenido son: No es impedimento para lo anterior, el hecho de que la demanda de amparo se encuentre con el nombre del que promueve en favor de la directa agraviada, ello, en virtud de que al elegir presentar su demanda de manera electrónica, ésta debe cumplir con el requisito sine qua non de que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL). Lo anterior, fue motivo de estudio por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, de la cual emanó el criterio jurisprudencial P./J. 8/2019 (10a.), de número 2019715, y de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo; lo que procede es desechar la demanda de garantías, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. En vista de que en la demanda que se atiende no se precisa domicilio procesal alguno, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele el citado acuerdo por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, sin perjuicio de que con posterioridad pueda señalar domicilio procesal.
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