Josefino Gonzálo Dolores

Expediente 460/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 33 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
460/2015
Año
2015
Actuaciones
33
Última actuación
08/09/2016

Partes del expediente

  • Josefino Gonzálo Dolores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de veintidós de julio del año en curso, consecuentemente y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ******, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Agréguese el incidente de suspensión respectivo. Por lo que, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, es susceptible de depuración, al haberse otorgado la medida cautelar. Así también, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Por último, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental ni existen documentos originales ofrecidos por las partes. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el sobre devuelto por el Administrador de Correos de esta ciudad, mismo que contiene el oficio 15787/2016 dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito del Quinto Circuito, con sede en Nogales Sonora, toda vez que el domicilio al cual fue remitido no corresponde; en tal virtud, reexpídase dicho comunicado y remítase al ubicado en Avenida Tecnológico número 281 Granjas, Nogales, Sonora, código postal 84000, ya que en éste último ha sido notificada con anterioridad a dicha autoridad y para el efecto de que quede debidamente notificada del proveído de veintidós de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.

  3. Principal

    ......procedo a notificar a primera hora hábil, por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación al quejoso Josefino Gonzalo Dolores, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso C, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de veintidós de julio de dos mil dieciséis..........Visto el estado de autos se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa Josefino Gonzalo Dolores, mediante proveído de ocho de julio del año en curso, que fue notificado por lista que se fijó en los estrados de este juzgado, así como por lista que se publicó en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación el catorce siguiente, como lo revela la razón actuarial agregada en foja 576; por lo que el plazo empezó a contar a partir del día siguiente hábil en que surtió efectos dicha notificación, esto es, el dieciocho de julio de la presente anualidad y concluyó el día veinte del mismo mes y año, sin que haya hecho manifestación alguna, por lo que se hace efectivo el apercibimiento y se procede a resolver lo que en derecho procede. Ahora bien, mediante ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, se declaró fundado el recurso de queja penal 21/2016 interpuesto por el quejoso Josefino Gonzalo Dolores y se modificó el acuerdo dictado por este juzgado el veintiséis de agosto de dos mil quince, para precisar el acto reclamado, en los siguientes términos: "Ahora bien, vista la demanda de amparo y anexos de cuenta, presentados por Josefino Gonzalo Dolores, con fundamento en los artículos 103, fracción 1, 107 de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 107, 108, 112, 113, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda únicamente contra actos del Juez Cuarto de Distrito del Quinto Circuito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales y Director del Centro de Reinserción Social, con domicilio en esta ciudad; consistente en la omisión de observar lo dispuesto por el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no designarle un intérprete y defensor con conocimientos de su cultura y lengua, dada la cualidad de indígena que ostenta en su demanda, lo que solamente debe considerarse, a partir de la primera actuación por la cual tuvo por recibidas las constancias emitidas vía declinatoria, por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad." Por su parte la autoridad responsable allegó al sumario oficio 3763/P, con el cual informó que Florentino Francisco Pimentel Girón, fue designado como defensor público federal en la lengua indígena mixteca, adscrito a la Delegación del Instituto de Defensoría en el Estado de Oaxaca, para la representación del quejoso Josefino Gonzalo Dolores, en el proceso penal 1/2014 de su índice, para acreditar lo anterior remitió copia certificada del oficio UDP/19273/2014, proveído de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, diligencia de aceptación de cargo de diez de octubre de dos mil catorce, diligencia de notificación de autos e informativa al procesado Josefino Gonzalo Dolores, por el método alternativo de comunicación denominado "videoconferencia" de trece de octubre de dos mil quince, todos dictados en la causa penal 1/2014 del índice de la autoridad responsable. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO" . Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos de la omisión reclamada, por lo que se sobresee en el juicio fuera de audiencia por haber cesado el acto reclamado, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional.". En efecto en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" . De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que mediante ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que se declaró fundado el recurso de queja penal 21/2016 interpuesto por el quejoso Josefino Gonzalo Dolores y se modificó el acuerdo dictado por este juzgado el veintiséis de agosto de dos mil quince, precisando el acto reclamado, haciéndolo constar en la omisión de observar lo dispuesto por el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no designarle un intérprete y defensor con conocimientos de su cultura y lengua, dada la cualidad de indígena que ostenta el quejoso, lo que solamente debe considerarse, a partir de la primera actuación por la cual tuvo por recibidas las constancias emitidas vía declinatoria, por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. En ocho de julio del año en curso, este juzgado proveyó respecto del oficio 3763/P que remitió el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, con el cual informó que Florentino Francisco Pimentel Girón, fue designado como defensor público federal en la lengua indígena mixteca, adscrito a la Delegación del Instituto de Defensoría en el Estado de Oaxaca, para que representara en la causa penal 1/2014 al quejoso Josefino Gonzalo Dolores, para acreditar lo anterior remitió copia certificada del oficio UDP/19273/2014, proveído de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, diligencia de aceptación de cargo de diez de octubre de dos mil catorce, diligencia de notificación de autos e informativa al procesado Josefino Gonzalo Dolores, por el método alternativo de comunicación denominado "videoconferencia" de trece de octubre de dos mil quince, todos dictados en la causa penal 1/2014 del índice de la autoridad responsable. De las citadas documentales valoradas en párrafos supra, es dable desprender que cesaron los efectos del acto reclamado, en estas condiciones, al evidenciarse que los efectos de la omisión reclamada en este juicio constitucional ha desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintinueve de julio de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    .......procedo a notificar a primera hora hábil, por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación al quejoso Josefino Gonzalo Dolores, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso C, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de ocho de julio de dos mil dieciséis........Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta que remitió el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, con el cual se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado en proveído de diez de junio del año en curso, informando que fue designado como defensor del quejoso Josefino Gonzalo Dolores, a Florentino Francisco Pimentel Girón, como defensor público federal en la lengua indígena mixteca, adscrito a la Delegación del Instituto de Defensoría en el Estado de Oaxaca; asimismo, para acreditar lo anterior remite copia certificada del oficio UDP/19273/2014, proveído de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, diligencia de aceptación de cargo de diez de octubre de dos mil catorce, diligencia de notificación de autos e informativa al procesado Josefino Gonzalo Dolores, por el método alternativo de comunicación denominado "videoconferencia" de trece de octubre de dos mil quince, todos dictados en la causa penal 1/2014 del índice de la autoridad responsable. -Vista con causal de improcedencia- Ahora bien, la citada responsable informa que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce fue designado al quejoso Josefino Gonzalo Dolores, a Florentino Francisco Pimentel Girón, como defensor público federal en la lengua indígena mixteca, adscrito a la Delegación del Instituto de Defensoría en el Estado de Oaxaca, así también que en trece de octubre de dos mil quince, se desahogó la audiencia informativa, lo que constituye el acto reclamado; en tal virtud, se advierte que en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en consecuencia, en términos del segundo párrafo del numeral 64 de la legislación especial, dése vista al quejoso, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que en derecho convenga en relación con dicha causal de improcedencia, apercibiéndosele que de no hacer manifestación alguna, se resolverá lo que en derecho corresponda.

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