Josefina Zamorano García

Expediente 548/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
548/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Josefina Zamorano García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d) del mismo ordenamiento legal, en contra del proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del referido Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos sin mayor proveído el oficio y anexos de cuenta que remite la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana, por conducto de su delegado, virtud de que su contenido fue materia del auto de tres de febrero pasado. Cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO Tijuana, Baja California, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que con motivo de las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, de veinte de diciembre de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020, a fin de dar trámite y seguimiento sólo a los asuntos calificados como "urgentes" así como a los casos de excepción ahí previstos; por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales en el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, en la Circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, se determinó que la actividad jurisdiccional se sujetaría a las reglas General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, y 37/2020, hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, SE ORDENA REANUDAR EL PROCEDIMIENTO. Comuníquese a la totalidad de las partes que se reanudan los términos y plazos suspendidos en el juicio de amparo en que se actúa, con motivo de dicha medida de contingencia, cuyo cómputo se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, el fedatario judicial de este Juzgado deberá dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. En ese sentido, agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexos que remite la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por conducto de su delegado, mediante los cuales remite copia certificada de la resolución dictada el once de enero de dos mil veintiuno, con motivo del recurso de inconformidad con folio 202011368 interpuesto por la aquí quejosa Josefina Zamorano García; por tanto, se le tiene anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. Ahora, tomando en consideración que del escrito inicial de demanda se advierte que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la dilación de admitir a trámite el recurso de inconformidad presentado el veintinueve de julio de dos mil veinte y dado que de las documentales que hoy se agregan, se advierte que el once de enero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, proveyó lo conducente en relación con la solicitud de mérito; por tanto, se estima que al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente asunto. Para avalar la anterior postura, es preciso citar el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuanto los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Ahora en el caso concreto, de las constancias que obran en autos se advierte que en atención a la solicitud de admitir a trámite el recurso de inconformidad, presentado por la hoy quejosa, mediante escrito de veintinueve de julio de dos mil veinte, la autoridad responsable Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, y de conformidad con lo establecido en el artículo 8 Constitucional, el once de enero de dos mil veintiuno, determinó admitir y resolver el recurso de inconformidad interpuesto. De lo anterior se obtiene que, después de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio (veintiuno de septiembre de dos mil veinte), la autoridad responsable Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, proveyó lo conducente en relación con la solicitud de admisión del recurso de inconformidad, presentado por la hoy quejosa; de manera, que cesó la omisión de que se duele la promovente. Consecuentemente al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto de la resolución de once de enero de dos mil veintiuno, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena a la Actuaria adscrita correr traslado a la quejosa con copia de dicha resolución. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Finalmente, comuníquese la presente determinación a las partes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

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