Josefina Villanueva Cabrera
Expediente 1035/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Josefina Villanueva Cabrera
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero Civil de Partido, con sede en Pénjamo, Guanajuato, a través del cual remite diligenciado el despacho 654/2015 (1771), mismo que se envió para efecto de notificar a la quejosa; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente. Asimismo, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, mediante auto de uno de diciembre de dos mil quince, para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído en cita y se ordena realizar las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal. Asimismo, se advierte que el proveído dictado el uno de diciembre de dos mil quince, en que se desechó la demanda de garantías promovida por *****, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías. Finalmente, remítase a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado Guanajuato, con sede en la capital, el toca con el que se formó un cuaderno de pruebas; asimismo, remítase a la Juez Segundo Civil de Partido, con sede en Pénjamo, Guanajuato, las constancias consistentes en copias certificadas de juicio especial hipotecario con las que se formó un cuaderno de pruebas; solicitando el acuse respectivo.
- Principal
Vistos el oficio y constancias de cuenta, mediante las cuales el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, hace del conocimiento de este Juzgado que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida contra actos que reclama del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre y el Juez Segundo Civil de Primera Instancia, con sede en Pénjamo, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, este tribunal federal se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con el artículo 45 de Ley de Amparo vigente; acúsese recibo. En esa tesitura, este Juzgado federal acepta la competencia declinada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, lo anterior de conformidad, con el artículo 45 de Ley de Amparo vigente, por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo; acúsese recibo. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar el expediente en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 1035/2015-V. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En la especie, la quejosa hace consistir el acto reclamado en: ".La RESOLUCIÓN DEL TOCA *** dictada en fecha 26 veintiséis de Agosto de la presente anualidad, la cual me causa conceptos de violación en todo su contenido, ya que se CONFIRMA LA AUDIENCIA DE REMATE EN SU PRIMERA ALMONEDA DE FECHA 1 PRIMERO DE JULIO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, audiencia la cual se encuentra sustentada medularmente en el fraudulento Avalúo emitido por ***, ello en violación a las Garantías Individuales, de Audiencia y violación al procedimiento." En acatamiento a tal precepto, en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor, en lo que interesa, siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y en el procedimiento de remate, es aquella en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En ese sentido, la quejosa señala que la Sala responsable confirmó la audiencia de remate en su primera almoneda, de fecha uno de julio de dos mil quince, en el juicio sumario hipotecario número ***; lo cual fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tal y como lo manifiesta la quejosa; por tanto, este juzgado federal estima que no se ha dictado el último acto en ese período de ejecución, como será la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes embargados. En el presente asunto, se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que la impetrante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, ya que tiene el carácter de demandada, y en el escrito de cuenta confiesa tener conocimiento del juicio del que emanan los actos reclamados, al haber sido parte en el juicio y haber sido condenada en el mismo, por lo que no puede equipararse a una tercera extraña. Por tanto, es dable concluir que la parte quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo. En efecto, sobre dicho particular, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Al respecto, es oportuno citar la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página 6, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En esta tesitura, tenemos que en la especie el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento para cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, de ahí lo improcedente de la demanda de cuenta. Robustece lo aquí deducido, la jurisprudencia número 734, publicada en la página 1204, del apéndice 1917-1988 al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." En efecto, el acto reclamado por sí solo no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, esto es, se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada, respecto del cual el juicio de amparo prospera sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que alude el hoy inconforme y cuando proceda el juicio de garantías, donde tendrá la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. Robustece lo anterior la jurisprudencia número PC.I.C. J/2 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, que establece: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." Consecuencia de lo anterior, debe estimarse actualizada la causal de improcedencia que deriva de la interpretación conjunta de los artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente; y, por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente. Por otra parte, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a quien se indica; y en términos restringidos a las diversas personas que refiere, toda vez que dichos profesionistas no tienen registradas sus cédulas profesionales en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, en virtud de que se advierte que la quejosa señaló como domicilio el que se indica, de la comunidad de Churipitzeo, en Pénjamo, Guanajuato, se ordena girar atento despacho al Juez Civil de Partido, en turno, con sede en esa ciudad, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional instruya a quien corresponda para que notifique el presente proveído al quejoso; asimismo, lo requiera para que en el término de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del acuerdo de mérito, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las personales se le harán mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en el numeral 27 fracción II de la Ley de Amparo vigente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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