Josefina Sosa Ruiz
Expediente 1339/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 60 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1339/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 60
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Berta Jiménez Astudillo
- Josefina Sosa Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 60.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, Josefina Sosa Ruiz y Berta Jiménez Astudillo, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos. Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos. Lo constituye la omisión de la Autoridad Responsable de dar cabal cumplimiento a los decretos No. 1101 y 1102 publicado por la Quincuagésima segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos en el periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5149 de fecha 18 de diciembre de 2013, .incrementos porcentuales a la pensión." SEGUNDO. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, radicó la demanda con el expediente 1181/2021, declaró ser legalmente incompetente para conocer del asunto por conocimiento previo, y remitió el asunto a esta autoridad federal. TERCERO. El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, esta autoridad, recibió el oficio 20294/2021, al que se anexo el juicio de amparo 1181/2021, del índice de la autoridad declinante, y, por acuerdo de cinco de octubre de ese año, aceptó la competencia planteada, radicó el asunto con el número de expediente 1339/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. El doce de mayo de dos mil veintidós, esta autoridad celebró la audiencia constitucional, y el nueve de agosto siguiente, dictó sentencia definitiva donde determinó sobreseer el juicio. QUINTO. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, esta autoridad acordó el escrito relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, medio de impugnación que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que en sesión de trece de abril de dos mil veintitrés, resolvió revocar la sentencia definitiva y ordenar la reposición de autos. SEXTO. El veintiuno de abril del año en curso, esta autoridad, en cumplimiento a la ejecutoria de la superioridad, ordenó recabar la documentación ordenada, señaló fecha para la audiencia constitucional, una vez satisfecho lo pedido, la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: Lo constituye la omisión de las responsables en dar cumplimiento a los decretos No. 1101 y 1102 publicados por la Quincuagésima segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos en el periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5149 de dieciocho de diciembre de dos mil trece, específicamente en lo referente al artículo 3º de dichos decretos, que dice: "El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley", a partir de su publicación, esto es a partir del dieciocho de diciembre del año dos mil trece. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la responsable Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos, pues así lo reconoció en su informe con justificación, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. En consecuencia, acorde al informe afirmativo y a la plena eficacia de las documentales exhibidas, está demostrada fehacientemente la existencia del acto combatido según las jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Quinta Época, visibles en las páginas doscientos treinta y uno y ciento cincuenta y tres del Tomo VI, publicadas en los Apéndices de dos mil y mil novecientos noventa y cinco, con registros electrónicos números 917812 y 394182 de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Asimismo, por autos de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, esta autoridad recibió oficio remitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Morelos, al que anexó copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 01/410/2018, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Además, serán consideradas para resolver el asunto, no obstante su llegada posterior a la celebración de la audiencia constitucional, en razón de que opera en el caso una causa de sobreseimiento. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis: 2a./J. 25/2012 (10a.), Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia.". CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia fundada: Este órgano de control constitucional, no entrará al estudio de la constitucionalidad propuesta por la parte quejosa respecto a la omisión de actualizar su pensión por jubilación de conformidad al salario mínimo a partir del dieciocho de diciembre de dos mil trece y aguinaldo, a la fecha, toda vez que, para quien resuelve, se actualiza una causal de improcedencia. Ahora, es necesario destacar los antecedentes que conforman el acto reclamado, mismos que se advierten de las constancias remitidas por la responsable, las cuales ya fueron valoradas, siendo éstos los siguientes: Al rendir el informe justificado la autoridad responsable informó que, respecto al acto reclamado en el presente juicio de amparo, las quejosas interpusieron juicio laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los mismos actos reclamados que fue radicado bajo el expediente 01/410/2018. De las constancias remitidas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se desprende que las quejosas con fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, presentaron ante el tribunal burocrático demanda laboral contra las autoridades aquí responsables, reclamando los mismos actos reclamados en este juicio de amparo. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, radicó la demanda laboral bajo el expediente 01/410/2018-mesa7. Seguido el trámite del controvertido laboral, incluso con un incidente de competencia que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, resolvió que el tribunal burocrático es el competente para resolver el juicio laboral presentado por las quejosas, que el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, cerro instrucción. El diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, el Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio laboral 01/410/2018, dictó laudo, en sus resolutivos determinó: PRIMERO. La parte actora Josefina Sosa Ruiz y Berta Jiménez Astudillo, acreditó sus acciones autónomas, mientras que la parte demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, no acreditó las excepciones y defensas que opuso en contra de las acciones ejercidas por la parte actora. SEGUNDO. De conformidad con los considerandos que anteceden, se condena a la parte demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, a favor de la actora JOSEFINA SOSAS RUÍZ, al pago o cumplimiento de las prestaciones siguientes: I. AUMENTOS PORCENTUALES AL SALARIO MÍNIMO EN LA CUANTÍA PENSIONARIA. II. EXHIBIR CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN Y APORTACIONES A UN INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. TERCERO. La cantidad líquida que fue materia de condena en el presente laudo equivale, salvo error u omisión de carácter aritmético a $19,586.69. CUARTO. De conformidad con los considerandos que anteceden, se condena a la parte demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, a favor de la actora BERTA JIMENEZ ASTUDILLO, al pago o cumplimiento de las prestaciones siguientes: I. AUMENTOS PORCENTUALES AL SALARIO MÍNIMO EN LA CUANTÍA PENSIONARIA. II. EXHIBIR CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN Y APORTACIONES A UN INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. TERCERO. La cantidad líquida que fue materia de condena en el presente laudo equivale, salvo error u omisión de carácter aritmético a $101,661.33. En ese sentido, al advertirse de las constancias remitidas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, (no es autoridad responsable), se advierte que la parte quejosa interpuso juicio laboral 01/410/2018, contra la omisión de las responsables en cubrir su pensión por jubilación, obtenidas mediante decretos 1101 y 1102, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5149, de dieciocho de diciembre de dos mil trece, en particular respecto a los incrementos salariales que ha sufrido desde su concesión hasta la actualidad, mismo que el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictó laudo donde condenó a la demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, al pago de los incrementos salariales a la pensión por jubilación de las quejosos derivados de los decretos 1101 y 1102, de referencia. Establecido lo anterior, debe decirse que del estudio que de las constancias se realiza, se advierte que respecto al acto reclamado por la parte quejosa, consistente en dar cumplimiento a los decretos 1101 y 1102, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5149, de dieciocho de diciembre de dos mil trece, es especifico los incrementos salariales que han sufrido con motivo del aumentos porcentual al salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)". Con la finalidad de establecer el alcance del precepto transcrito, debe tenerse presente que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados. A efecto de cumplir dicho objetivo, se han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, a que se hace referencia, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando de manera formal subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, aun en el caso de concluirse que el referido acto resulta inconstitucional. También podría darse el caso de que la sentencia concesoria no produzca algún efecto en la esfera jurídica del quejoso, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, o bien, por cualquier otro motivo que, jurídicamente, impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera de derechos del quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, del mes de diciembre de dos mil seis, con registro 173858, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese orden de ideas, de las constancias requeridas al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (no es autoridad responsable), relativas al juicio laboral 01/410/2018, se desprende que las quejosas paralelamente al juicio de amparo, interpusieron juicio laboral contra la autoridad responsable haya demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, solicitando entre otros, el pago de los incrementos sufridos a su pensión por jubilación con motivo del aumento porcentual al salario mínimo, que resulta ser el acto reclamado en esta instancia constitucional, así como que, dictó laudo el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, donde condenó a la demandada a cubrir a las actoras aquí quejosas precisamente los incrementos a su pensión que ha sufrido el salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos. Detallado lo anterior, es claro que el acto que reclama la parte quejosa, consistente en el cabal cumplimiento a los decretos 1101 y 1102, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5149, de dieciocho de diciembre de dos mil trece, que conceden pensión por jubilación a las quejosas Josefina Sosa Ruiz y Berta Jiménez Astudillo, en específico los incrementos porcentuales que ha sufrido el salario mínimo y que deban reflejarse al monto de su pensión a la que tienen derecho, subsistió formalmente, dado que la autoridad responsable manifiesta que ha cumplido con su obligación de cubrir el monto de la pensión a que tienen derecho las quejosas, sin que se desprenda de las constancias remitidas el pago con motivo del incremento porcentual que ha tenido el salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, incurriendo de esta manera en violación al derecho fundamental de tutela judicial consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna. Sin embargo, como se ha indicado las quejosas promovieron juicio laboral que conoció el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Morelos, en el juicio laboral 01/410/2018, el que actualmente se encuentra resuelto al haber dictado laudo y condenado a la demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, a cubrir a las actoras aquí quejosas los incrementos porcentuales al salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, que ha sufrido su pensión por jubilación, por lo que los actos reclamados dejaron de tener efecto legal. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado consistente en la omisión de dar cabal cumplimiento a los decretos 1101 y 1102, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5149, de dieciocho de diciembre de dos mil trece, que conceden pensión por jubilación a las quejosas Josefina Sosa Ruiz y Berta Jiménez Astudillo, en específico los incrementos porcentuales que ha sufrido el salario, subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por lo que las repercusiones jurídicas de las omisiones aludidas ya cambiaron. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados en estudio, en términos de la fracción V, del numeral 63, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, visible en la página 435 del Tomo XII, Octubre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 214694, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ESTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." Así como la diversa tesis aislada, visible en la página 215 del Tomo XII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro electrónico 222944, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR NO EXISTIR EL OBJETO O MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si en virtud de haberse dictado ejecutoria de garantías, la autoridad responsable debe restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, acorde con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de la materia, nulificando el procedimiento subsecuente a aquella violación, el acto reclamado en ese nuevo amparo, posterior a esas actuaciones, no podrá surtir efecto legal o material, al quedar anulado el procedimiento que lo contiene, acorde con lo dispuesto por la Ley de Amparo en el sentido de que: "Art. 73.-El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.", y en esas condiciones, el nuevo juicio de garantías debe sobreseerse." Sin que resulte necesario analizar las diversas cuales de improcedencia propuesta por la autoridad responsable, pues en nada mejoraría en sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy trece de noviembre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio con anexo signado por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copias certificadas; al respecto, y, toda vez que el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional, únicamente agréguense a los autos para que obren como corresponda, toda vez que su llegada resulta extemporánea. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que en proveído de veinticuatro de agosto de esta año, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, por ende, a la fecha en la que se actúa, es evidente que no ha mediado el plazo de ocho días, establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que debe existir entre la vista concedida en dicho auto y la celebración de la audiencia constitucional, por ello se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Al respecto es aplicable la tesis 1.5º.C.2 K, Tomo II, Agosto de 1995, Materia Común, visible en la página 594, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de julio del año en curso, y remite copias certificadas del juicio laboral ********************, de su índice, con ellas dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. En consecuencia, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efectos el apercibimiento con el que se conminó a la autoridad oficiante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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