Josefina Sevilla Celestino y Otros.
Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Josefina Sevilla Celestino y Otros.
- Josefina Sevilla Celestino
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de doce de enero de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, hágase la devolución de los documentos que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, previa razón de recibo se deje asentada en autos; en la inteligencia que la parte interesada deberá de comparecer con copia fotostática de una identificación oficial dentro del plazo de noventa días, pues de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados los documentos serán susceptibles de ser destruidos junto con el expediente, en términos de lo dispuesto por el citado Acuerdo General. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, doce de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Josefina Sevilla Celestino, por su propio derecho, contra actos del Comisariado de Bienes Comunales correspondiente al núcleo agrario de la localidad de Acatlán. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 21/2018 y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, de la lectura del mencionado escrito, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, sobre de la cual la suscrita considera procedente desechar la demanda de amparo presentada con base a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. En caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ".Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Así, el texto del precepto legal transcrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia agraria, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, en el caso, la improcedencia en estudio cobra vida jurídica en el sentido de que la parte quejosa destaca como acto reclamado a la autoridad responsable Comisariado de Bienes Comunales correspondiente al núcleo agrario de la localidad de Acatlán, lo siguiente: "De la autoridad señalada como responsable ejecutora reclamo el inminente despojo de bienes inmuebles que pretenden llevar a cabo, de la cual me entere el día veinticinco de diciembre del año dos mil diecisiete, ya que actualmente tengo posesión y cuyo datos precisos de identificación se detallan posteriormente en el apartado de antecedente, haciendo saber desde este momento que nunca fui notificada ni de forma verbal, mucho menos de forma escrita de alguna determinación de asamblea, por lo que considero que el mismo es completamente ilegal, por falta de consentimiento por escrito de los titulares." Ahora, se estima conveniente citar a continuación los artículos 163 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que en la parte que interesa establecen lo siguiente: LEY AGRARIA. "Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: I.- De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II.- De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares; III.- Del reconocimiento del régimen comunal; IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; VII.- De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales; VIII.- De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias; IX.- De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas; X.- De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y XI.- De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria; XII.- De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria; XIII.- De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y XIV.- De los demás asuntos que determinen las leyes". En el caso particular, cabe destacar que de la interpretación de los dispositivos jurídicos transcritos con antelación, se obtiene que en el juicio agrario se substancian, dirimen y resuelven las controversias suscitadas con la aplicación de la mencionada Ley Agraria. Los Tribunales Unitarios conocerán por razón de territorio de las controversias que se les planteen con relación a las tierras ubicada dentro de su jurisdicción, siendo competentes para conocer entre otros de las controversias por límites de terrenos, restitución de tierras, bosques y aguas de los núcleos de población o contra actos de particulares, entre otros, así como de los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales. De lo anterior se advierte que la parte solicitante del amparo tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario que puede atender el tribunal agrario, mismo que debió agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Sin embargo, la parte quejosa no hizo valer tal medio en contra el acto que reclama, razón por la cual su acto reclamado no puede considerarse como un acto definitivo dictado por autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Por lo anterior, se reitera que la parte quejosa tiene a su alcance el medio de defensa legal ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, mismo que debió agotar previo a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo; ya que basta con que en alguna ley formal y material, se prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, que en el caso, existe un juicio ante el Tribunal Agrario para que tenga que agotar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Dicho en otros términos, dado que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, de ahí que este principio, encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 193142, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Materia(s): Común, Administrativa, página: 448, que establece: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". Sin que en el caso el acto reclamado esté en los casos de excepción que prevé los incisos a), b) y c) del párrafo segundo de la fracción XVIII, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso la tesis 2a. LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de ubicación son Novena Época, Registro: 191539, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, Materia(s): Común, página 156, la cual es de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". En tales circunstancias y al haberse establecido que la promovente tiene un medio de defensa ordinario a su alcance, se actualiza en la especie la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, antes transcrita, lo que obliga a desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso artículo 113 de la propia ley. En otro aspecto, la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado de distrito, toda vez que en la legislación de amparo no se encuentra prevista tal circunstancia; téngase como tal, la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control, constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Vigente. Es aplicable al caso, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con datos de localización: Época: Novena Época, Registro: 195064, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, Materia(s): Común, página: 1067, con el siguiente rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Federico Nava Mundo, Manuel García Capilla y Socorro Carreto Flores, toda vez que de los datos de las cédulas profesionales que aporta en su escrito de demanda no aparecen registradas las misma en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación secretarial que antecede; por lo que no se pudo constatar que correspondan a dichas personas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Esther Alicia Nieto Luna, que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Josefina Morales Martínez145/2022
- Josefina Morales Martínez895/2018
- Josefina Morales Martínez y Otros.1563/2023
- Josefina Muñoz Castrejón1322/2023
- Josefina Santiago Marcial y Otros.1508/2022
- Josefina Santiago Marcial812/2014
- Josefina Vazquez Leyva1047/2014
- Joseline Aramara Palafox Miranda571/2017
- Joshua Nájera Nava356/2021
- Josias Linares Diaz447/2010
- Jossué Jahir Castro Hernández1000/2019
- Josue Albarran Vargas1544/2019