Josefina Rufina Perez Sosa

Expediente 269/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
269/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Josefina Rufina Perez Sosa

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de Yazmin Vásquez Cruz, autorizada legal de la parte quejosa, atento a su contenido, como lo solicita previo folio de sustitución devuélvasele las documentales que refiere, por conducto de las personas que menciona, previa razón que se deje en autos y en cuanto las labores del juzgado lo permita. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VI B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien se advierte que mediante escrito de diecinueve del mes actual la quejosa solicito la devolución de las copias certificadas del poder general para pleitos y cobranzas y la resolución de catorce de febrero de dos mil dieciocho, exhibidos en su escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa copia certificada se glose al expediente, devuélvase las documentales que refiere, por conducto de las personas que autoriza; previa identificación y toma de razón que se deje en autos. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA VI B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el escrito firmado por Yazmín Vásquez Cruz apoderada legal de la parte quejosa, atento a su contenido, dígasele que, una vez que cause estado el presente asunto, se proveerá lo conducente a la devolución de las documentales que solicita. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA VIB San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por Josefina Rufina Pérez Sosa, por conducto de su apoderada legal, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 269/2018. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento legal. Así, respecto del acto reclamado del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, consistente en la resolución de no ejercicio de la acción penal decretada el día catorce de febrero de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación 603/FETLA/2016, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De dicho numeral se obtiene que deberá observarse el principio de definitividad, esto es, que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Así, el amparo es improcedente en términos de la aludida fracción del precepto reglamentario cuando se dan los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; y, 2. Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal, dentro del procedimiento, con el cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa tenía la obligación de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios establecido por la ley, con los cuales pudieran conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado y no lo hizo. Lo anterior es así, pues la víctima u ofendido deberá impugnar las determinaciones, entre otras, del no ejercicio de la acción penal, ante el Juez facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y contra la resolución que se emita al respecto, procederá el juicio de amparo, de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional. Brinda sustento jurídico a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.118/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete del tomo XXXIII, marzo de dos mil once, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 162669, que enseguida se cita: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental". Así, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del transcrito precepto legal, se advierten los siguientes aspectos: a) Que las decisiones del Agente del Ministerio Público, entre ellas, la determinación del no ejercicio de la acción penal, es susceptible de ser impugnada ante el Juez de Control. b) Que el Juez de Control convocará a una audiencia al imputado y su defensor, en la que se podrá confirmar la determinación del no ejercicio de la acción penal. Entonces, es de concluirse que para que el amparo biinstancial resulte procedente resulta indispensable que previo a su promoción, el juez de control correspondiente haya decidido en definitiva sobre la determinación del Agente del Ministerio Público, de no ejercer la acción penal; lo que es así, porque será el pronunciamiento del juez de control, la resolución respecto de la cual procederá el juicio de amparo indirecto. Apoya lo anterior por las razones que integran la jurisprudencia del entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicado en la página treinta y siete, volumen doce, sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Séptima Época, registro 257209, que enseguida se cita: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al recurrente de la interposición del medio de impugnación contemplado para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por artículo 22 Constitucional. Por lo tanto, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Téngase a la parte promovente señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados para tal efecto a las personas que refiere. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada ADRIANA ALEJANDRA RAMOS LEÓN, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado José Ernesto Salinas Pérez, Secretario que autoriza y da fe. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCION i, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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