Josefina Romero Álvarez

Expediente 447/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
447/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Josefina Romero Álvarez
  • Josefina Romero Álvarez y Otros.
  • Procuraduría de Barrios y Colonias del Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de los autos, de los que se advierte que por acuerdo de ocho de julio del dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Procuradora de Barrios y Colonias del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, rindiendo su informe y designando delegados, sin que se haya pronunciado nada respecto de los autorizados; por tanto, se tiene designados como delegados a los profesionista que señala en su escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el seis de julio de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto por el artículo 9, de la Ley de la materia. Por otra parte, visto el oficio de cuenta signado por Luis Gabriel Alvarado Avilés, delegado de la autoridad responsable; en atención a su contenido y por los motivos que expone, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se concede una prórroga de diez días hábiles, que contarán a partir del siguiente de aquél en que reciba el oficio por el que se le notifique este auto, a efecto de que envíe copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento dado al fallo protector. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de quince de mayo del año en curso.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presente autos, de los cuales se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARÓ ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Procuraduría de Barrios y Colonias del Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo, por conducto de su titular, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre las medidas que está tomando para dar cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, respecto de los efectos siguientes: "A) La autoridad responsable emita respuesta en relación al escrito que le fue presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, por la parte quejosa; la cual deberá formularse de manera congruente con lo solicitado. B) Dicha respuesta sea notificada a la parte quejosa en el domicilio ubicado en "Calle Mario Ruiz Valencia sin número, código postal 39017, colonia "Norberto Flores Baños" de esta ciudad" (Sic). C) Remita las constancias con las que acredite el cumplimiento a lo ordenado en el presente fallo." Para lo cual, deberá informar los actos que haya realizado para ese efecto y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o bien informe gestiones ineficaces o evasivas de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta Municipal de Chilpancingo, Guerrero, por conducto de su titular, en su carácter de superior jerárquico de la Procuraduría de Barrios y Colonias del Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acredite a este órgano jurisdiccional que conminó a la autoridad responsable mencionada, para que cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos precisados en los párrafos que anteceden, apercibidos que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; aunado a que la indicada superior jerárquico incurre en las mismas responsabilidades de la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia de amparo. Remítase a la autoridad responsable copia autorizada de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Finalmente, visto los escritos presentados por Fildelmar Flores Méndez, autorizado de la parte quejosa Josefina Romero Álvarez y otra, mediante los cuales solicita que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo sea declarada ejecutoriada y se requiera el cumplimiento de la misma a la autoridad señalada como responsable; atento a lo anterior, dígase al promovente de cuenta, que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden, en los que, precisamente, se acordó lo aquí solicitado.

  3. Principal

    En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Fidelmar Flores Méndez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, relativa al informe justificado rendido por la autoridad responsable Procuraduría de Barrios y Colonias del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento; toda vez que el tres de agosto del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siendo las nueve horas con cincuenta y un minutos del tres de agosto de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 447/2022, promovido por Josefina Romero Álvarez y Cirenia Romero Álvarez, estando en audiencia pública el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de la licenciada María del Cielo Mata Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. Asimismo, se hace patente que el desahogo de la presente audiencia se lleva a cabo en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud del personal judicial; así como en armonía al Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Escrito inicial de demanda y acuerdo en que se ordenó admitir a trámite; constancia de notificación a la autoridad responsable; informe justificado rendido por la autoridad responsable y auto en que se tuvo recibido. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, así como con la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones que refiere; igualmente con la constancia que anexó la responsable a su informe justificado. EL JUEZ ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción antes referidos, mismos que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; asimismo, se tiene perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas con posterioridad; en consecuencia se cierra la presente etapa. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ ACUERDA: Se tiene a las partes precluido el derecho para formular alegatos con posterioridad, por lo que se cierra la presente etapa. Al no existir diligencias pendientes que desahogar, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose a dictar la siguiente sentencia. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 447/2022, promovido por Josefina Romero Álvarez y Cirenia Romero Álvarez, por propio derecho; contra actos de la Procuraduría de Barrios y Colonias del Ayuntamiento Constitucional de esta urbe. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado al día siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito, Josefina Romero Álvarez y Cirenia Romero Álvarez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifica: AUTORIDAD RESPONSABLE: Procuraduría de Barrios y Colonias del Ayuntamiento Constitucional de esta urbe. ACTO RECLAMADO: "IV. ACTO RECLAMADO. La falta de respuesta fundada, motivada y congruente del escrito que se formuló el pasado 3 de marzo del 2022, y que fue recibido el día 7 de marzo de 2022 por la hoy Autoridad Responsable "Procuraduría de Barrios y Colonias del del H. Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero", vulnerando en mi perjuicio el Derecho de Respuesta consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal. Acto que la impetrante de amparo estimó violatorio de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. SEGUNDO. Admisión y Trámite. El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, quien no formuló alegatos; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, toda vez que se reclaman actos de autoridades con residencia en la jurisdicción que tiene este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables es el siguiente: La omisión de dar respuesta a la petición de tres de marzo de dos mil veintidós, presentada el siete de marzo siguiente ante la autoridad responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio análisis de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Del análisis del informe justificado que rindió la autoridad responsable Procuraduría de Barrios y Colonias del Ayuntamiento Constitucional de esta urbe dice que es inexistente el acto reclamado; empero, ello se desvirtúa toda vez que la responsable hace manifestaciones respecto a que el doce de febrero de este año mediante el oficio PBC-042/2022 dio respuesta a la solicitud realizada a través de la misiva de treinta y uno de enero pasado; además hace mención que el recordatorio que presentaron las impetrantes se satisface con la respuesta aludida de treinta y uno de enero de este año. No obstante, que de las constancias exhibidas por la parte quejosa se evidencia que la petición realizada se presentó ante la responsable el siete de marzo de este año; incluso que presentaron diversos recordatorios el quince de marzo, siete de abril y veintidós de abril del año en curso, con la finalidad de que la responsable diera respuesta al libelo de tres de marzo de este año y presentado el siete siguiente. Además, también se obtiene que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ante este juzgado federal, la autoridad responsable no dio respuesta a la petición presentada por la parte quejosa, toda vez que no allegó las documentales con las cuales así lo acreditara menos aún que le haya notificado a la parte quejosa o contrario sensu. Sin soslayar, que la autoridad responsable puede dar respuesta a las peticiones presentadas por la impetrante, en el domicilio que a continuación se precisa: "Calle Mario Ruiz Valencia sin número, código postal 39017, colonia "Norberto Flores Baños" de esta ciudad" (Sic) -por así advertirse del escrito de cuatro de febrero de la presente anualidad, de que se origina el diverso de tres de marzo del año de mérito-. Al respecto es aplicable, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, únicamente la autoridad responsable hace valer causal de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. Ahora bien, la Procuraduría de Barrios y Colonias del Ayuntamiento Constitucional en mención, mediante escrito presentado el seis de julio pasado refiere la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61, y motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, porque según a su parecer no afectan el interés jurídico del quejoso, derivado de que es inexistente el acto que se le atribuye. Son infundadas las alegaciones precedentes, dado que la autoridad responsable Procuraduría de Barrios y Colonias del Ayuntamiento Constitucional de esta urbe ha sido omisa en dar respuesta al escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós; además de su informe justificado se advierte tal omisión. Sin embargo, expuesta así su manifestación no constituye razón estructurada jurídicamente para poner de manifiesto la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, o resulte de una disposición de la Constitución Federal o de la jurisprudencia; luego, se determina inatendible su afirmación acerca de sobreseer en el juicio, pues por sí sola no representa una causal de improcedencia de obvia y objetiva constatación. QUINTO. Conceptos de violación. En ese tenor, se procede al examen de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa los que se tienen aquí reproducidos para todo efecto legal, sin que sea necesaria su transcripción, debido a que no existe en la Ley de Amparo precepto legal alguno que así lo exija. Sustentado lo anterior, en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Luego, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que las quejosas aducen toralmente que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental reconocido por el artículo 8 constitucional, al omitir dar contestación al escrito que le presentado el siete de marzo del año actual. Tal disenso es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, por los motivos que se exponen a continuación. En principio es indispensable tener en cuenta que el artículo 8 constitucional es del tenor siguiente: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del numeral transcrito se obtiene que los funcionarios públicos están obligados a respetar el derecho de petición de los gobernados, siempre y cuando la solicitud respectiva se formule de manera respetuosa, pacífica y por escrito; además, parte esencial de la garantía contenida en la máxima constitucional aludida es que a cada una de las peticiones formuladas debe recaerle una respuesta la cual necesariamente debe ser congruente con la solicitud formulada y debe hacerse del conocimiento del peticionario. Así, cuando un gobernado estime que alguna autoridad ha vulnerado en su perjuicio el contenido del artículo 8 constitucional, porque no ha dado respuesta a una solicitud formulada en los términos antes apuntados o haciéndolo ésta resulte incongruente, deficiente o contraria a derecho, puede acudir al juicio de amparo para solicitar que se obligue a la autoridad a responder de manera correcta; ello sin necesidad de agotar recurso alguno. Cabe precisar que la concesión del amparo no puede obligar a la autoridad a dar respuesta en determinado sentido, sino únicamente a que responda de manera clara, congruente y completa. En ese sentido, para la procedencia de la instancia aludida la quejosa tiene la carga de demostrar que la petición correspondiente fue presentada ante la autoridad encargada de solventar los aspectos contenidos en la solicitud; de tal suerte que para desvirtuar la omisión que se le atribuya, será necesario que la responsable demuestre que ha emitido la respuesta correspondiente y que se la dio a conocer al peticionario del amparo, pero además, que dicha respuesta solventa cada una de las expresiones contenidas en los oficios o escritos de solicitud. Sobre el particular, resulta aplicable la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 189914 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 42/2001 Página: 126 PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHOCOMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.." Ahora, en el caso particular, la quejosa exhibió conjuntamente con su demanda de amparo, los escritos presentados, como lo son el de siete de marzo y los recordatorios que ha realizado a la responsable con la finalidad de que se dé respuesta; misivas en las cuales, aparecen los sellos de recepción de la autoridad responsable. Además, hasta el momento en que las impetrantes presentaron su demanda de amparo ante este juzgado federal, la autoridad responsable no había dado respuesta a dichas peticiones. Y, si bien, la autoridad responsable, negó la omisión atribuida de dar respuesta a los oficios presentados, lo cierto es que no existe constancia de que hayan emitido una respuesta y menos aún que se lo haya notificado a la parte quejosa. Por otra parte, en relación al escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, si bien negó la omisión atribuida, lo cierto es que la responsable manifestó que se da por respondida con lo que respondió el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, pero en ningún momento refirió ya haber proveído y notificado a las quejosas lo peticionado con posterioridad a la fecha que aduce la responsable. De ahí, que válidamente pueda afirmarse que la responsable ha conculcado los derechos fundamentales de la peticionaria del amparo; porque no dio algún tipo de repuesta, en breve término, a la solicitud de la parte quejosa, es decir no formuló una contestación en sentido positivo y tampoco negativo; y, por ende no obra constancia de que se la hayan notificado a la quejosa. Al respecto, el Máximo Tribunal del país, ha determinado que para considerar vulnerado el derecho de petición de los gobernados, entendido como la obligación de las autoridades de otorgar respuestas a las solicitudes formuladas por aquellos, en breve término; deberá atenderse a la complejidad de la requisitoria que se efectúe. Cimienta lo anterior, los criterios que se insertan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2019190 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 6/2019 (10a.) Página: 7 PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación". Ante lo anteriormente expuesto, lo conducente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Por tanto, en atención a la garantía de audiencia a que se refiere el numeral 8 constitucional, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la promovente del amparo, lo que procede es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a la quejosas Josefina Romero Álvarez y Cirenia Romero Álvarez, para el efecto de que: A) La autoridad responsable emita respuesta en relación al escrito que le fue presentado el siete de marzo de dos mil veintidós, por la parte quejosa; la cual deberá formularse de manera congruente con lo solicitado. B) Dicha respuesta sea notificada a la parte quejosa en el domicilio ubicado en "Calle Mario Ruiz Valencia sin número, código postal 39017, colonia "Norberto Flores Baños" de esta ciudad" (Sic). C) Remita las constancias con las que acredite el cumplimiento a lo ordenado en el presente fallo. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 126, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802744 Segunda Sala Volumen CXXXII, Tercera Parte Página 138 Jurisprudencia (Administrativa) PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación". De igual forma orienta el anterior criterio la tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802384 Segunda Sala Volumen XXIV, Tercera Parte Página 27 Tesis Aislada (Constitucional) PETICION. PRUEBA DE LA NOTIFICACION. El artículo 8o. constitucional establece que las autoridades están obligadas a dictar acuerdo escrito a toda petición que se les hubiera dirigido en términos pacíficos y respetuosos y que, además, están obligadas a hacer conocer en breve término al peticionario, el acuerdo citado, así que, es necesario que las autoridades demuestren en autos que el acuerdo que hubieren dictado se hizo del conocimiento del solicitante. Si en el juicio de garantías las responsables afirman que ya se hizo una notificación, deben probarlo, atento el principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar la certeza de su aseveración". Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa, pueda acudir personalmente a la oficina de la autoridad responsable, a fin de que se les notifique la respuesta a sus solicitudes. Cabe señalar, que la anterior concesión no implica que la autoridad responsable deba emitir una respuesta en determinado sentido, sino únicamente que proporcione la respuesta que estime conducente, de manera congruente, fundada, motivada y por escrito. SÉPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación personal de veintitrés de mayo siguiente, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74 y 124 de la Ley de Amparo; se; R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Josefina Romero Álvarez y Cirenia Romero Álvarez, contra los actos reclamados, autoridades precisadas en el considerando QUINTO y SEXTO, de la presente resolución. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando SÉPTIMO de esta sentencia. Notifíquese a todas las partes, por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.

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