Josefina Rodriguez Salas
Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Josefina Rodriguez Salas
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 281/2021-I Puebla, Puebla, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso no se inconformó contra el auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. La notificación a la quejosa del referido auto, se realizó el seis de abril del año que transcurre, por lo cual la notificación surtió efectos al día siguiente, de manera que el plazo para impugnarlo transcurrió del ocho al catorce de abril de esta anualidad. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1- publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó de plano la demanda. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se tuvo por no presentada la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARATULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES DEL LIBRO DE GOBIERNO. Se instruye a la Analista Jurídica SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.- Puebla, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1, signada por Josefina Rodríguez Salas, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público en funciones de la Titular de la Mesa de Trámite Seis adscrita a la Unidad de Investigación o Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delito de Género Mesa Seis de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 1132 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar el acto reclamado: ".La falta de acuerdo de mi petición hecha con carácter de urgente en la parte in fine de mi escrito de denuncia presentado el ocho de marzo dos mil veintiuno, en la parte conducente a las medidas de protección y providencias precautorias a las que tengo derecho en la fracción I y III contenidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". En consecuencia de ello, acude a esta instancia de control constitucional para reclamar dicha omisión por parte del Agente Ministerial responsable. Bajo ese orden de ideas, antes de acudir al juicio de amparo, debió interponer ante el Juez de Control correspondiente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En referido numeral es de la literalidad siguiente: Para demostrarlo, es necesario presentar el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad -o inactividad- que exista en la indagatoria a cargo del Ministerio Público. Más aún, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las víctimas u ofendidos pueden solicitar al juez de control -en esa ruta ordinaria de impugnación- que examine las actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tiendan a paralizar, suspender o terminar una investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, que el Ministerio Público reanude la investigación en forma activa hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Ello se desprende de la contradicción de tesis 233/2017, que tiene validez para regir el sentido de este acuerdo pese a que esté pendiente de engrose y publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Es importante destacar que el aludido recurso no sólo procede contra las omisiones enunciadas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales o que tengan como efecto paralizar la investigación, ya que no se trata de una serie de hipótesis limitativa sino que es procedente contra todas aquellos actos que se cometan en la carpeta de investigación, como en el caso, la omisión de responder un escrito; incluso, ese medio ordinario de defensa procede contra actos que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público. Es aplicable al caso, la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. Por consiguiente, es válido afirmar que el acto reclamado por la quejosa - la falta de acuerdo de mi petición hecha con carácter de urgente en la parte in fine de mi escrito de denuncia presentado el ocho de marzo dos mil veintiuno- debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad; incluso, si así lo decide, puede controvertir el acuerdo que recayó a su querella y el diverso escrito que presentó el diecisiete de marzo de este año, respecto a su ilegalidad, sustentándolo en que las medidas de protección que se decretaron no son las idóneas para proteger la integridad física, moral y emocional de la querellante, pues en ella convergen diversas circunstancias que la hacen una persona especialmente vulnerable (interseccionalidad de vulnerabilidades) En otras palabras, la quejosa debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación y, si la resolución que emitiera el juez de control fuera adversa a sus intereses o considerara que se emitió sin observar los derechos fundamentales previstos en la constitución federal, podrá promover el juicio de amparo indirecto -contra la resolución del juez de control-. Por tanto, es válido considerar en este acuerdo que el acto reclamado por la quejosa, actualiza una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo cual atiende a que la omisión reclamada en la demanda de protección constitucional, debe ser impugnada primero en la ruta ordinaria de impugnación, que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales -ello ante un juez de control-. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113, en relación con la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección constitucional, porque se encuentra en forma manifiesta e indudable, la causal antes indicada. Notifíquese; de forma personal a la quejosa; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 281/2021-I Puebla, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1, signada por Josefina Rodríguez Salas, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público en funciones de la Titular de la Mesa de Trámite Seis adscrita a la Unidad de Investigación o Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delito de Género Mesa Seis de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 1132 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar el acto reclamado: ".La falta de acuerdo de mi petición hecha con carácter de urgente en la parte in fine de mi escrito de denuncia presentado el ocho de marzo dos mil veintiuno, en la parte conducente a las medidas de protección y providencias precautorias a las que tengo derecho en la fracción I y III contenidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". En consecuencia de ello, acude a esta instancia de control constitucional para reclamar dicha omisión por parte del Agente Ministerial responsable. Bajo ese orden de ideas, antes de acudir al juicio de amparo, debió interponer ante el Juez de Control correspondiente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En referido numeral es de la literalidad siguiente: Para demostrarlo, es necesario presentar el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad -o inactividad- que exista en la indagatoria a cargo del Ministerio Público. Más aún, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las víctimas u ofendidos pueden solicitar al juez de control -en esa ruta ordinaria de impugnación- que examine las actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tiendan a paralizar, suspender o terminar una investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, que el Ministerio Público reanude la investigación en forma activa hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Ello se desprende de la contradicción de tesis 233/2017, que tiene validez para regir el sentido de este acuerdo pese a que esté pendiente de engrose y publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Es importante destacar que el aludido recurso no sólo procede contra las omisiones enunciadas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales o que tengan como efecto paralizar la investigación, ya que no se trata de una serie de hipótesis limitativa sino que es procedente contra todas aquellos actos que se cometan en la carpeta de investigación, como en el caso, la omisión de responder un escrito; incluso, ese medio ordinario de defensa procede contra actos que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público. Es aplicable al caso, la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. Por consiguiente, es válido afirmar que el acto reclamado por la quejosa - la falta de acuerdo de mi petición hecha con carácter de urgente en la parte in fine de mi escrito de denuncia presentado el ocho de marzo dos mil veintiuno- debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad; incluso, si así lo decide, puede controvertir el acuerdo que recayó a su querella y el diverso escrito que presentó el diecisiete de marzo de este año, respecto a su ilegalidad, sustentándolo en que las medidas de protección que se decretaron no son las idóneas para proteger la integridad física, moral y emocional de la querellante, pues en ella convergen diversas circunstancias que la hacen una persona especialmente vulnerable (interseccionalidad de vulnerabilidades) En otras palabras, la quejosa debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación y, si la resolución que emitiera el juez de control fuera adversa a sus intereses o considerara que se emitió sin observar los derechos fundamentales previstos en la constitución federal, podrá promover el juicio de amparo indirecto -contra la resolución del juez de control-. Por tanto, es válido considerar en este acuerdo que el acto reclamado por la quejosa, actualiza una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo cual atiende a que la omisión reclamada en la demanda de protección constitucional, debe ser impugnada primero en la ruta ordinaria de impugnación, que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales -ello ante un juez de control-. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113, en relación con la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección constitucional, porque se encuentra en forma manifiesta e indudable, la causal antes indicada. Notifíquese; de forma personal a la quejosa; y cúmplase.
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