Josefina Rodríguez Quirino
Expediente 1/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Josefina Rodríguez Quirino
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO el auto por el que se desechó la demanda de garantías. Por tanto, se ordena el archivo del expediente.
- Principal
Colima, Colima, cinco de enero de dos mil diecisiete. Agréguese la copia certificada de cuenta, de la que se advierte que en proveído de tres de enero del año en curso, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, repuso procedimiento en el juicio de amparo indirecto 1919/2015-III-L del índice de este órgano jurisdiccional de amparo. Ahora bien, toda vez que en la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en mención, se ordenó tomar en cuenta todo lo actuado en el presente juicio de amparo 870/2013 así como los anexos del mismo, los cuales fueron ofrecidos por la parte quejosa como prueba a efecto de resolver el amparo 1919/2015, y visto el estado que guardan los autos, de los que se aprecia que el veinte de noviembre de dos mil quince se ordenó el archivo del expediente 870/2013, consecuentemente se devolvieron los cuadernos de prueba a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, requiérase al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Dos de Averiguaciones Previas Derivadas de Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita copias certificadas de la averiguación previa SC/60/2011/NAV-II a la que se encuentra acumulada la diversa SC/173/2011/NAV-I, o en su caso informe si existe algún impedimento legal al respecto, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Cruz Orozco Llamas, quien da fe.
- Principal
1/2017 En dos de enero de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, el (la) secretario(a) José Alberto Saucedo Alcaraz da cuenta al encargado del despacho, con el escrito de demanda, con folio 01, signado por JOSEFINA RODRÍGUEZ QUIRINO, sin anexos ni copia de traslado. Conste.- Colima, Colima, dos de enero de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo que promueve JOSEFINA RODRÍGUEZ QUIRINO, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado y otras autoridades, por considerarlos conculcatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1/2017-II-NL, y fórmese el expediente de amparo. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En acatamiento al invocado precepto legal, debe decirse que en la especie se surte una causa notoria que hace improcedente el juicio de garantías de que se trata. En esa medida, se considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º fracción I y 6º de la propia Legislación, y que por su orden señalan: "61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Así, de conformidad con los preceptos legales de referencia, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. Por tanto, atendiendo a que del escrito que se presenta como original de demanda, en virtud de que tiene los sellos de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, y el diverso sello de la Oficialía de Parte de este Juzgado Federal, se advierte que no obra la firma autógrafa de la quejosa JOSEFINA RODRÍGUEZ QUIRINO, sino únicamente su huella dactilar, y ninguna firma a su ruego de persona diversa, por ende, se colige, no se patentiza la voluntad de la quejosa de instar la instancia federal. En esa medida, cabe resaltar que ambos requisitos en tratándose de la carencia de la firma autógrafa, esto es, la impresión de la huella dactilar y la firma a ruego de la agraviada, no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; por lo que ante la ausencia de la firma a ruego, no hay forma de saber si es voluntad de la persona, cuyo nombre encabeza el escrito, promover el juicio constitucional. Al respecto, importa señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 79/2011, entre las sustentadas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, actual Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, señaló a propósito de la validez de la huella dactilar, en conjunción con la firma a ruego, lo siguiente: "QUINTO. Para resolver la contradicción de criterios, es conveniente señalar: El maestro Cipriano Gómez Lara define a la demanda como "el primer acto de ejercicio de la acción, mediante el cual, el pretensor acude ante los tribunales persiguiendo que se satisfaga su pretensión."(6) De esta definición, se debe resaltar que la demanda es el primer acto dentro de un proceso; situación que coincide con el artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual se señala que: "La demanda expresará: ... III. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa; ...", de lo que se colige que la demanda no sólo es el primer acto dentro del juicio, sino que es el acto esencial que marca el inicio de un proceso. En consecuencia, se aprecia que con la demanda se ejerce una acción ante una autoridad judicial, pues en caso de no ejercer una acción, se estaría frente a una jurisdicción voluntaria o acto prejudicial; o bien, si se efectuara ante cualquier otra instancia que no fuera judicial, se estaría ante una interpelación extrajudicial. Además, del artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se aprecia otro elemento de la relación jurídica procesal, iniciada con la demanda, el cual es el demandado; por tanto, no basta que una reclamación se formule ante una autoridad jurisdiccional con la intención de ejercer una acción, ya que ésta debe estar dirigida a una persona física o jurídica. De lo anterior, podemos concluir que la demanda es el acto procesal en virtud del cual, una persona física o jurídica, que se constituye como actora, inicia el ejercicio de una acción contra otra, la cual se constituye como parte demandada y a quien se le exige, ante una autoridad judicial, el cumplimiento de ciertas prestaciones. Ahora bien, el juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano, cuyo objeto es hacer reales, eficaces y prácticas las garantías establecidas en la Constitución, con lo que se busca proteger a los individuos de los actos de las autoridades, sin distinción de rango, cuando violenten sus derechos fundamentales. El juicio de amparo o de garantías está regulado por la Carta Magna y la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución. Es así que el juicio de garantías es un medio de control constitucional jurisdiccional del sistema jurídico mexicano, en adición a la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional; pero a diferencia de estas dos, el juicio de amparo es promovido por cualquier particular que considere que sus garantías individuales han sido violadas por alguna autoridad. Por tanto, el juicio de amparo es un procedimiento judicial propiamente dicho y entraña una verdadera contienda entre la persona agraviada que lo promueve y la autoridad que ha afectado los derechos del promovente, garantizados en la Constitución. De lo anterior, se infiere que el agraviado o quejoso asume el papel de actor en la controversia y la autoridad designada como responsable interviene como demandada; la materia de la controversia es el acto concreto u omisión de la autoridad, que el interesado considera lesivo de sus garantías individuales. Así, se puede concluir que el juicio de amparo, en concreto, el indirecto, por su forma y contenido, es propiamente un juicio. En lo formal, se inicia ante un Juez de Distrito con una demanda, que debe plantear una verdadera controversia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de que se trate, por lo que se debe precisar el nombre del particular que impugna el acto, a quien se le denominará quejoso, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado, las garantías que se consideran violadas y los argumentos que demuestren dicha violación, lo que se conoce como conceptos de violación. Con la presentación de la demanda, se entiende que quien la promovió tiene interés en que el órgano jurisdiccional dicte una resolución favorable a su pretensión; por tanto, acorde a lo señalado en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, lo que significa que no opera de manera oficiosa, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales lo permita. En estas condiciones, se colige que sólo por voluntad del agraviado se puede instaurar el juicio de garantías, y la firma o huella digital es lo que da expresión a la voluntad del interesado para realizar cualquier promoción o acto y es lo que constituye la base para tenerla por cierta; es decir, que existe una manifestación de voluntad de parte del promovente, que viene a provocar la obligación de la autoridad de dictar la resolución que en derecho corresponda. Por tanto, un escrito sin firma o huella digital es un papel en el que no se incorpora la voluntad del promovente, por lo que, en consecuencia, no se cumple con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al órgano judicial para que conozca del fondo o contienda. Al respecto, se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre la voluntad de la persona que suscribe el documento, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda o documento y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. De lo precisado deriva, en primer término, la exigencia de firma de toda promoción por quien la formule, así como la sanción respectiva, que sería tenerla por no presentada. Ahora bien, el requisito indispensable de la firma de quien formula una promoción o demanda, tiene dos excepciones: una, cuando el promovente no sabe firmar y otra, cuando no puede firmar. Un camino para solventar tal solución es la impresión de la huella digital y la firma a ruego de otra persona. Para mejor comprensión, debe señalarse que la firma cumple dos funciones diferenciables: a) Individualización. La firma es un medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento, distinguiéndola de cualquier otra. Es afirmación de individualidad, significando que ha sido la persona firmante y no otra, quien ha suscrito el documento. b) Expresión de voluntad. La firma cumple la función de exteriorizar el propósito del sujeto de hacer suya la declaración contenida en el documento que suscribe. Es afirmación de voluntariedad, esto es, que se acepta lo que se manifiesta en el documento. En consecuencia, al realizar la suscripción de un documento, no sólo queda determinado el sujeto, sino también el suscriptor o signante que quiere efectuar una declaración de voluntad. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su respectivo rubro dicen lo siguiente: "FIRMA, PROMOCIONES SIN."(7) y "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE."(8) Por otra parte, nos debemos cuestionar lo siguiente: ¿puede la impresión de la huella digital cumplir la doble función que se asigna a la firma? a) Función individualizadora. En este aspecto, se puede sostener que la impresión de la huella digital es más idónea para individualizar al sujeto, pues las técnicas dactiloscópicas desarrolladas permiten afirmar que no hay dos personas que posean idénticas huellas dactilares; en cambio, los caracteres de la letra pueden ser imitados y, en algunos casos, podrá resultar difícil al perito, decidir sobre la autenticidad de una firma. Por lo anterior, se podría afirmar que la impresión de la huella digital puede cumplir, mejor que la firma, la función individualizadora; sin embargo, eso no es suficiente para reemplazarla, pues para ello sería menester que también sirviera para expresar la voluntad del sujeto. Efectivamente, la impresión de la huella digital no puede suplir la falta de firma del interesado, pues si bien es señal insuperable de identificación e implica absoluta seguridad respecto a la persona de quien emana, no sirve como prueba de voluntad, que es la misión fundamental de la firma, puesto que quien pone su impresión digital es persona que -por regla general- no sabe firmar y, por tanto, no sabe leer. Ahora bien, ¿cómo se podría asegurar que la persona ha querido realmente expresar o aceptar las declaraciones que contiene un documento? b) Expresión de voluntad. Como se dijo en el inciso anterior, respecto de la exteriorización de la voluntad, es donde falla la pretendida asimilación de la impresión de la huella digital. La causa más frecuente de que una persona se encuentre impedida de colocar su firma en un documento, como ya se precisó, es que no sabe leer ni escribir y, por lógica consecuencia, ignora el contenido de un documento. Si el sujeto desconoce la declaración de voluntad del documento, haría mal en hacerla suya por el solo hecho de colocar una de sus huellas dactilares en el documento, ya que eso sólo servirá para demostrar que ha tenido contacto físico inmediato con la hoja en que se encuentra la manifestación de voluntad, pero de ninguna manera probará que ese contenido es expresión de la propia. De lo señalado, se infiere que la impresión de la huella digital es de suyo inútil como modo de expresión de la voluntad; por tanto, en ningún caso puede suplir a la firma. Hecho referencia a lo anterior, ¿qué opción tiene el sujeto analfabeto o impedido de firmar, para documentar una declaración de voluntad? Diversas disposiciones han previsto una solución, ya que admiten que si una persona no sabe o no puede firmar, debe imprimir su huella digital y solicitar a otra que lo haga en su lugar; esto es lo que se conoce como firma a ruego, que consiste en la posibilidad de que otra persona, distinta de la interesada, suscriba el documento a petición o instancia de aquel que no sabe o no puede firmar un documento. En específico, la fracción I del artículo 1055, así como la IX del diverso 1390 Bis 11, ambos del Código de Comercio, refieren: "Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial, los cuales se sujetarán a las siguientes reglas: "I. Todos los ocursos de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse en idioma español; fácilmente legibles a simple vista, y deberán estar firmados por los que intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando éstas circunstancias; ..." "Artículo 1390 Bis 11. La demanda deberá presentarse por escrito y reunirá los requisitos siguientes:... "IX. La firma del actor o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias." Por otra parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su numeral 114, señala: "Artículo 114. Las declaraciones serán asentadas literalmente, a medida que se vayan produciendo, y serán firmadas al pie de la última hoja y al margen de las demás en que se contengan, así como el pliego de posiciones, por los absolventes, después de leerlas por sí mismos, si quisieren hacerlo, o de que les sean leídas por la Secretaría, en caso contrario. "Si no supieren firmar, pondrán su huella digital, y, si no quisieren hacer lo uno ni lo otro, firmará sólo el tribunal y hará constar esta circunstancia." También, en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se destaca: "Artículo 15. La administración pública federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley. "Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital. "El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos." Circunstancia similar se precisa en el numeral 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: "Artículo 4o. Toda promoción deberá contener la firma autógrafa o la firma electrónica avanzada de quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada. Cuando el promovente en un juicio en la vía tradicional, no sepa o no pueda estampar su firma autógrafa, estampará en el documento su huella digital y en el mismo documento otra persona firmará a su ruego. "Cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda deberá ir firmada por cada una de ellas, y designar a un representante común que elegirán de entre ellas mismas, si no lo hicieren, el Magistrado instructor nombrará con tal carácter a cualquiera de los interesados, al admitir la demanda." Como se puede ver, estas disposiciones han incorporado la firma a ruego de las promociones de quien no sabe o no puede firmar, añadida al imperativo de colocar su impresión dactilar en el documento, lo que permite su individualización. Como se puede ver, estas disposiciones han incorporado la firma a ruego de las promociones de quien no sabe o no puede firmar, añadida al imperativo de colocar su impresión dactilar en el documento, lo que permite su individualización. Además, debe precisarse que de la misma manera, diversas legislaciones del fuero común, también contemplan la impresión de la huella digital, en caso de que alguna de las partes no sepa o no pueda firmar. Tal exigencia tiende a cumplir las dos funciones que tiene la firma expresa del interesado, esto es, la individualización y la expresión de voluntad, con lo cual se establece la identificación de quien imprime su huella digital y la prueba de su voluntad que, como se precisó, es la misión fundamental de la firma. En los dispositivos señalados en los párrafos anteriores, el legislador equiparó el supuesto relativo a la exigencia de la firma con los requisitos de huella digital y firma a ruego para quien no sabe o no puede firmar. En esos casos, no cabe la prevención ni la cita o requerimiento a quien formule la promoción, por tratarse la firma de un requisito o condición esencial para la existencia de la demanda; por tanto, también debe concluirse que cuando se imprime la huella digital y alguien firma a ruego de quien no sabe o no puede hacerlo, se está cumpliendo con el requisito esencial de existencia de la demanda. Efectivamente, cuando se cumple el requisito de la huella digital, queda acreditada la presencia de la persona interesada y, con la firma a ruego, se demuestra que quiso hacer suyo el contenido del documento respectivo. En tal supuesto, no cabe la prevención o requerimiento al interesado "a reconocer la firma", que no ha otorgado, ni tampoco "a reconocer la impresión de la huella digital", pues normalmente ninguna persona está capacitada para determinar si las huellas dactilares le pertenecen o no. En este sentido, es de concluir que la firma a ruego es un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del quejoso o promovente que no sabe o no puede firmar. En abundancia, debe precisarse que el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, señala: "En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. ..." De lo anterior, se puede apreciar que para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que contra el mismo se interponga, se debe atender a la relación que guardan tales leyes con dicho acto. Es decir, las leyes que rigen al acto son aquellas que se encuentran estrechamente vinculadas con el mismo, ya sea porque establecen su instauración o determinan su creación, lo desarrollan, precisando sus efectos y terminación, así como también los medios o instrumentos que se tienen al alcance de los gobernados para impugnarlo, a fin de modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Por tanto, si existen leyes que señalan que cuando el interesado no sepa leer o escribir, bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, entonces, de acuerdo a lo precisado por el numeral 12 de la Ley de Amparo supra citado, también se deberá ser acorde con las leyes de las que emanó el acto reclamado. Esto es, si no se señalan mayores requisitos cuando una de las partes, al no saber leer ni escribir, imprime su huella digital y alguien firma a su ruego, entonces la propia Ley de Amparo no puede establecer exigencias mayores a las señaladas en las leyes de las que emana el acto reclamado, de lo que se sigue que se debe admitir la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales de los establecidos en éstas. Además, debe precisarse que del análisis sistemático del contenido del artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, claramente se desprende que las condiciones impuestas por el numeral para desechar la demanda de garantías, son: a) que haya una irregularidad en su contenido, b) omisión de alguno de los requisitos que se señalan en el artículo 116 de la Ley de Amparo, c) que no se indique con precisión el acto de autoridad reclamado y d) que no se exhiban las copias necesarias. Entonces, si no se encuentra previsto el requerimiento de ratificación de la huella digital, cuando viene acompañada de firma a ruego, en alguno de los supuestos supra indicados, resulta evidente que esto contraviene las disposiciones que regulan el procedimiento en el juicio constitucional. Cabe agregar que las exigencias establecidas en el artículo 146 son de carácter limitativo, no ejemplificativo y, por tanto, no es jurídicamente posible, en ninguna circunstancia, exigir a los peticionarios de garantías mayores requisitos para la admisión de su demanda, que aquéllos establecidos en la misma Ley de Amparo. En síntesis, de lo precisado en los párrafos precedentes se puede concluir lo que a continuación se señala: a) La firma es el medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento y cumple la función de exteriorizar su voluntad al aceptar la declaración que en él se contiene. b) La huella digital es más idónea para individualizar al sujeto, pero no es suficiente para reemplazar la firma, ya que no sirve como prueba de voluntad. c) La firma a ruego es un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar. d) Existen leyes que señalan que cuando el interesado no sepa leer o escribir, bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, por lo que si la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 12, señala que la personalidad se justificará en la misma forma que determine la Ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, entonces la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no puede establecer exigencias mayores a las señaladas en dichas leyes, por lo que se debe admitir la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales. e) Del análisis sistemático de las exigencias establecidas para la admisión de la demanda en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se desprende que no se encuentra previsto el requerimiento de ratificación de la huella digital, cuando viene acompañada de firma a ruego, por lo que resulta evidente que su exigencia contraviene las disposiciones que regulan el procedimiento en el juicio constitucional. Por lo expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio reflejado en la siguiente tesis: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial.". Por ende, si acorde a lo fallado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que se transcribió y que este órgano hace suya; si la firma es el medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento y cumple la función de exteriorizar su voluntad al aceptar la declaración que en él se contiene, y que la huella digital es más idónea para individualizar al sujeto, pero no es suficiente para reemplazar la firma, ya que no sirve como prueba de voluntad, siendo que la firma a ruego es un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar; cabe concluir que la falta de firma a ruego del promovente, permite considerar que en el caso, no existe prueba de voluntad del quejoso, para instar a este órgano de control constitucional. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de garantías en cuestión, únicamente contiene una huella dactilar y carece del signo autógrafo del testigo que firma a ruego, que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección, lo que es corroborado a simple vista; y dado que por disposición de artículo 5° fracción I y 6º de la Ley de la Materia, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º fracción I y 6º de la propia Legislación, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el invocado artículo 113 de la ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de garantías de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Se tiene como domicilio procesal el indicado en el libelo constitucional. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el periodo de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, de la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, en la misma fecha, que actúa con el secretario, José Alberto Saucedo Alcaraz, quien da fe. EJCG/JASA/ljrj
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