Josefina Ricaño Bandala
Expediente 1603/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1603/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Josefina Ricaño Bandala
Actuaciones
- Principal
Causa estado el auto que desechó la demanda, se ordena el archivo
- Principal
SE DESECHA LA DEMANDA
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, y como está ordenado en proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, se notifica a la parte quejosa el acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, por lista de acuerdos con efectos de notificación personal, cuyo acuerdo esencialmente dice: Vista la demanda de amparo promovida por *** Regístrese en el libro de gobierno con el número 1603/2022. II. DESECHAMIENTO. Es necesario establecer que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al examina el escrito de demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, la suscrita advierte que en el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos: Del primer artículo 61, fracción XXIII en cita, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando tal causa derive de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. En relación con lo anterior, de los artículos 5 y 6 de la ley de la materia, se aprecia, en lo que interesa, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley. 1Este principio es requisito básico para que el juicio de derechos fundamentales pueda iniciarse, ya que, sin la promoción del agraviado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, para que proceda el amparo y protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que ocasione una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Concatenado a ello, conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Por tanto, si el acto o ley reclamada, no afecta los derechos contenidos en la esfera jurídica de la parte quejosa, debe declararse la improcedencia del juicio. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señalan lo siguiente: "PARTE AGRAVIADA, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Las palabras "parte agraviada" se contraen a las personas que han sufrido un agravio y se refieren, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses."3. "PERJUICIO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La Suprema Corte, en diversas ejecutorias, ha sostenido que al establecer el artículo 3o. de la Ley de Amparo, que el juicio constitucional sólo puede promoverse y seguirse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclama, no significa que sea un requisito indispensable la existencia del perjuicio en el patrimonio de quien solicita la protección de la Justicia Federal; porque conforme al artículo 107 constitucional, la controversia a que se refiere el artículo 103, seguirá a instancia de parte agraviada, y por tal debe entenderse todo aquél que haya sufrido un agravio, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos e intereses, tomando la palabra perjuicio, no en los términos de la ley civil, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera obtenerse, sino como sinónimo de ofensa hecha a los derechos o intereses de una persona.". En el asunto que se analiza, la demanda de amparo fue presentada a través del Portal de Servicios del Línea del Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información. El acceso a ese medio electrónico es a través de una firma electrónica, cuya regulación se encuentra en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 35, 36, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. La firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mencionado. En relación a las bases y términos en que las partes dentro de un juicio de amparo pueden acceder electrónicamente mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada a las Oficinas de Correspondencia común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones que se emitan en éstos, en el Acuerdo General 12/2020 en cita, se dispuso que debe ser a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, siendo estrictamente necesario e indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la unidad correspondiente y se registren en el sistema conforme a los requisitos establecidos en citado acuerdo, cuyo registro que es de carácter personal -en ningún caso puede hacerlo a nombre de otra persona- y no implica la consulta de los expedientes electrónicos en los que no se tenga interés, pues para ello es necesario que así lo soliciten ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio o los recurso respectivos. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo remitida vía electrónica, se advierte que la misma fue promovida por ***, sin embargo, se aprecia que el referido escrito de demanda carece de forma y además no contiene firma electrónica de los citados quejosos, lo que se puede corroborar con la impresión de la demanda, al no contener el certificado digital expedido por la Unidad de Certificación. Por lo tanto, si la demanda de amparo no fue firmada electrónicamente por la parte quejosa debe estimarse no existe instancia de parte agraviada, pues no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza la de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía medios electrónicos, ante la falta de firma electrónica de quien la promueve; irregularidades que no pueden subsanarse a través de la prevención que prevé el artículo 114 de la Ley de Amparo, por tratarse del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención. Además, no se está en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, en cuyo caso, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." III. DOMICILIO PROCESAL. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado, toda vez que fue omisa al respecto. IV. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA, EL EXPEDIENTE Y TRANSPARENCIA. Hágase del conocimiento a las partes, el presente expediente queda supeditado a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este asunto, se sujetarán a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y VII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación antes indicada; por ello, se les informa el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Así, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en este asunto, estará a disposición del público para conocimiento cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así como que en acatamiento al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", se publicará con supresión de los datos catalogados por dicho protocolo como reservados, confidencial o datos personales. Así lo acuerda y firma electrónicamente Norma Argüello Figueroa, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, designada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio CCJ/ST/4656/2022, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante Pedro Enrique Carlín Galindo, Secretario que autoriza y da fe, mediante firma electrónica, con fundamento en los artículos 3, fracción I y V, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy Fe
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