Josefina Perez Vallejo
Expediente 281/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Josefina Perez Vallejo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se advierte que no se interpuso el recurso de QUEJA previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo solicitada, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Único de Partido Civil de Yuriria, Guanajuato; por estimarlos violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en el artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 281/2017-I.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En atención a su contenido se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice:"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, del ordenamiento legal invocado son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la demanda de amparo, se desprende que el promovente señaló como autoridad responsable al Juez Único de Partido Civil de Yuriria, Guanajuato; de quien reclama el acto siguiente: - La resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, que resuelve el Recurso de Revocación interpuesto contra el auto a través del cual se desechó la comparecencia por escrito del perito de la parte actora en el Incidente de liquidación de costas interpuesto en su contra, en los autos del Juicio Mercantil M-**/2014. En este orden, del análisis integral de la demanda de amparo, como de la lectura de los antecedentes del acto reclamado, se desprende, en lo que aquí interesa, que ante el Juez Único de Partido Civil de Yuriria, Guanajuato; ***, a través de su Endosatario en Procuración, promovió el Juicio Mercantil M-0*/2014, en contra de ***. La ahora quejosa ***, instauró Tercería Excluyente de Dominio en dicho procedimiento mercantil, resolviéndose en el sentido de declarar improcedente dicha tercería y se le condenó al pago de gastos y costas procesales. Se instauró el incidente de liquidación de gastos y costas, en el que, en el periodo probatorio, se tuvo al perito de la parte actora incidentista por no compareciendo a aceptar el cargo conferido; auto contra el que se interpuso Recurso de Revocación, medio ordinario de defensa que concluyó con la resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete; resolución esta última que constituye el reclamo Constitucional en el presente asunto. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la resolución que se reclama, no es de aquellos actos que la ley considera como de imposible reparación. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que emanan, aunque se obtenga resolución favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, ya sea durante el trámite; o bien, al momento de resolverse el expediente de origen. Empero, cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, después de concluido éste o en el trámite de un incidente, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable en el juicio; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado que no pueden ser convalidados o reparados a través de la obtención de una resolución favorable; por consecuencia, si los actos que se reclaman no atentan contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, puesto que se emitieron en el trámite del incidente de liquidación de costas interpuesto contra el ahora promovente, los cuales sí pueden ser reparados o convalidados en caso de que se obtenga una resolución interlocutoria favorable, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por ***, resulta improcedente porque como se expuso ya, el acto que reclama consistente en la resolución dictada en el Recurso de Revocación interpuesto contra el auto que tuvo al perito designado por una de las partes por NO aceptando el cargo que le fue conferido, se emitieron en el trámite de ese incidente de liquidación de costas interpuesto ante el Juez Único de Partido en Materia Civil con residencia en Yuriria, Guanajuato, en los autos del Juicio Mercantil M-**/2014; por lo que no son de aquellos actos que la Ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales del peticionario de amparo, por no encontrarse en el supuesto de que pudiera violarse en su contra algún derecho como pudiera ser un derecho personal, real o del estado civil. Así, en la especie, los actos reclamados no implican una violación de imposible reparación porque no afectan por sí solos y en forma inmediata los derechos fundamentales del solicitante del amparo. Por su puntual aplicación, es de invocarse la Jurisprudencia por contradicción de tesis 3ª. 43, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, Página 291, del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución reclamada de trece de febrero de dos mil diecisiete, no es un acto de imposible reparación, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, de conformidad con el diverso numeral 113 de la invocada Ley. Es aplicable al caso en concreto, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/302 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, página 2594, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental." En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Ahora bien, en razón de que el promovente señaló los estrados para recibir notificaciones de carácter personal, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense a la promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la invocada Ley. En otro orden, señala como autorizados de su parte al licenciado ***, en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional si se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autorice a ejercer la profesión de abogado y únicamente en términos restringidos del precitado numeral al diverso profesionista ***, por incumplir con dicho requisito y para estos últimos efectos a la pasante jurista , por así señalarlo expresamente la promovente del amparo. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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