Josefina Pérez León
Expediente 593/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/08/2019
Partes del expediente
- Josefina Pérez León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa Josefina Pérez León, a través del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto, y autoriza a Rafael Pérez Medina, Zuriel Arturo Zamano Vilchis y Francisco Gerardo Tejeda Pérez, para recibirlas. De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, expídase a costa de la promovente las copias certificadas solicitadas; teniéndose como autorizadas a las personas designadas para tal efecto, en el entendido que quien se presente a recogerlas deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal de su entrega. Notifíquese.08/08/2019
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón de cuenta a través de la cual el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito manifiesta la imposibilidad de notificar a la quejosa Josefina Pérez León, el proveído de veintisiete de junio pasado, por los motivos que expone. Al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior y a las consideraciones expuestas por el fedatario judicial, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícese la notificación del auto de referencia, y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este órgano jurisdiccional, hasta en tanto la parte quejosa proporcione nuevo domicilio. Notifíquese. Toluca, Estado de México; veintisiete de junio de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de diez de junio de dos mil diecinueve, a través de la cual se sobreseyó el presente juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa adjuntó documentos originales en su escrito inicial de demanda, se hace de su conocimiento que se dejan a su disposición, para comparecer a recogerlos si así lo estima conveniente. De igual forma, para los efectos legales conducentes hágase de su conocimiento que en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente si no comparece a recogerlos dentro del plazo de noventa días. En el entendido que deberá dejarse en su lugar copia simple de los mismos, por ser un asunto concluido; por lo que, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de ser certificada y glosada para debida constancia legal. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de junio de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de diez de junio de dos mil diecinueve, a través de la cual se sobreseyó el presente juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa adjuntó documentos originales en su escrito inicial de demanda, se hace de su conocimiento que se dejan a su disposición, para comparecer a recogerlos si así lo estima conveniente. De igual forma, para los efectos legales conducentes hágase de su conocimiento que en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente si no comparece a recogerlos dentro del plazo de noventa días. En el entendido que deberá dejarse en su lugar copia simple de los mismos, por ser un asunto concluido; por lo que, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de ser certificada y glosada para debida constancia legal. Notifíquese.
- Principal
I. Visto para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 593/2019-I; promovido por Josefina Pérez León, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales Mesa Uno; y R E S U L T A N D O Presentación de la demanda: El trece de mayo de dos mil diecinueve foja 1 a 5. Admisión: El catorce de mayo de dos mil diecinueve foja 9 a 11 vuelta. Intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito: El quince de mayo de dos mil diecinueve foja 12. Audiencia Constitucional: En esta fecha, que se desarrolló al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues el acto reclamado constituye una omisión reclamada a una autoridad que tiene su residencia en el ámbito territorial en el cual este juzgado ejerce jurisdicción, donde además se presentó la demanda de amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio es la omisión o falta de contestación al escrito presentado por la quejosa el trece de febrero de dos mil diecinueve ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales Mesa Uno. TERCERO. Inexistencia de la omisión reclamada. Al rendir su informe justificado, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, negó la existencia de la omisión reclamada. Lo cual se corrobora con las constancias que la responsable envió como complemento a su informe justificado, pues como ya se estableció, la quejosa se duele de la omisión o falta de contestación del escrito presentado por el trece de febrero de dos mil diecinueve; sin embargo, de dichas constancias se advierte que el catorce de febrero posterior día siguiente a la presentación del escrito, la responsable dio contestación a todas las peticiones realizadas por la quejosa, lo cual fue publicado en estrados de la oficina que ocupa esa unidad especializada, domicilio señalado para tales efectos por la ahora quejosa. A dichas constancias se les concede valor probatorio por haberse expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. De ahí que al momento de presentarse la demanda de amparo, la omisión reclamada era inexistente, pues el juicio de amparo indirecto, resulta procedente en contra de actos existentes al momento de promover el juicio de amparo, que infieran un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado asistiéndole un interés jurídico al reclamarlo. De esa manera, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo en primer término, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que, en su criterio, en el caso se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, porque de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio y análisis de cualquier causa de improcedencia o de las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, limita las defensas de las partes, además de que es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica. Ahora bien, es menester precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2ª/J.3/94, publicada en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, julio 1994, Materia Común, con número de registro 206346, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese contexto, es de insistirse, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (trece de mayo de dos mil diecinueve), la omisión que por esta vía se combate no existía. Aunado a lo anterior, la quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente sumario constitucional, al no demostrarse la existencia de dichos actos reclamados. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Josefina Pérez León, contra la omisión y por la autoridad que fue precisada en los considerandos segundo y tercero de la presente determinación. Notifíquese.
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