Josefina Pérez Flores

Expediente 237/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
237/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Josefina Pérez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley en comento, contra el proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación de esta fecha, obran documentos aportados por la parte quejosa, los cuales se ponen a su disposición si así lo solicita, en el entendido que de no hacerlo en el plazo de noventa días hábiles, se procederá a su destrucción, como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa Josefina Pérez Flores, mediante el cual, desahoga la prevención efectuada el tres de marzo de dos mil veintitrés. En tales condiciones, provéase lo conducente respecto a la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, para los efectos legales procedentes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la demanda de amparo y escrito de prevención, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, se deba desechar de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En este sentido, a fin de robustecer el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto a la letra establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, de su lectura integral de la demanda de amparo y del escrito de prevención, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 533/2021, del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se tuvo por no admitido el recurso de apelación en contra de la sentencia de quince de quince de diciembre de dos mil veintidós. Al respecto, se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad al no haber interpuesto el recurso de revocación en contra del acto que ahora reclama, previsto por el artículo 1334 del Código de Comercio. En efecto, la porción normativa mencionada establece que, conforme al principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente el acto reclamado debe ser impugnado previamente a través de los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto; de tal suerte que el amparo resulta improcedente si la quejosa no agotó algún medio ordinario de defensa. Esta limitante responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales; por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Además, este principio atiende a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pues se pretende que la activación del control constitucional solo acontezca cuando el acto autoritario sea definitivo. No obstante, ello no opera de manera absoluta, en tanto que admite algunas excepciones. A saber, que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que afecten la libertad personal del quejoso, o que el quejoso sea persona extraña al procedimiento o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Ahora, en relación con el acto reclamado, importa señalar que el artículo 1345 bis 8, último párrafo, del Código de Comercio, establece lo siguiente: "Artículo 1345 bis 8. En el caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, procede el recurso de revocación en los términos previstos en el Capítulo XXIV de este Código." Así, conforme al precepto legal ante invocado, se llega a la conclusión de que el acuerdo aquí reclamado, en tanto que se trata de un auto que negó la admisión del recurso de apelación, es impugnable a través del recurso de revocación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VIII.1o.29 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dice: "Registro digital: 192259 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VIII.1o.29 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Marzo de 2000, página 967 Tipo: Aislada APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE LA DESECHA PROCEDE RECURSO DE REVOCACIÓN DE ACUERDO A LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO. El artículo 1334 del Código de Comercio, reformado, vigente a partir del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, alude en su segundo párrafo a que en contra de los decretos y autos que dicten los tribunales superiores, procede el recurso de reposición. Ahora bien, siguiendo el principio de que donde existe la misma razón debe regir la misma disposición, resulta entonces que, si en segunda instancia procede la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en ella, esa misma disposición debe seguirse en los autos y decretos dictados en primera instancia; es decir, en contra de ellos procede la revocación, a excepción de los que fueren apelables. En esa tesitura, se concluye que en contra del auto del Juez de primera instancia que deseche el recurso de apelación, tratándose de juicios mercantiles, procede la revocación." Aunado a lo expuesto, en la especie tampoco cobra actualidad alguno de los supuestos de excepción de la causa de improcedencia en estudio. En primer término, porque el acto reclamado no afecta la libertad personal del justiciable y menos importa peligro de privación de la vida o un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento; fundamentalmente por que se trata de una actuación jurisdiccional que se hizo del conocimiento de la quejosa y sus efectos solo inciden sobre sus derechos. En segundo término, porque la quejosa es parte del procedimiento de origen y no puede considerársele como tercero extraño, por tal circunstancia, estuvo en aptitud de acudir oportuna y directamente ante el juez del conocimiento a hacer valer sus derechos. Además, porque la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a una interpretación adicional ni el fundamento legal es insuficiente; pues como se señaló, la intelección del numeral 1334 del Código de Comercio, permite advertir claramente la procedencia del recurso de revocación en mención. Luego, a través del mencionado medio ordinario de defensa la parte aquí inconforme estuvo en condiciones de lograr se nulificara, revocara o se modificara el acuerdo recurrido. Al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional. En consecuencia deviene improcedente el juicio de amparo que se pretende instaurar. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que, con apoyo en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda en estudio. INVITACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA. Asimismo, se EXHORTA a las partes, para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales. De igual modo, como a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General en comento, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal: http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx). Quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa Josefina Pérez Flores, mediante el cual, desahoga la prevención efectuada el tres de marzo de dos mil veintitrés. En tales condiciones, provéase lo conducente respecto a la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, para los efectos legales procedentes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la demanda de amparo y escrito de prevención, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, se deba desechar de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En este sentido, a fin de robustecer el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto a la letra establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, de su lectura integral de la demanda de amparo y del escrito de prevención, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 533/2021, del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se tuvo por no admitido el recurso de apelación en contra de la sentencia de quince de quince de diciembre de dos mil veintidós. Al respecto, se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad al no haber interpuesto el recurso de revocación en contra del acto que ahora reclama, previsto por el artículo 1334 del Código de Comercio. En efecto, la porción normativa mencionada establece que, conforme al principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente el acto reclamado debe ser impugnado previamente a través de los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto; de tal suerte que el amparo resulta improcedente si la quejosa no agotó algún medio ordinario de defensa. Esta limitante responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales; por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Además, este principio atiende a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pues se pretende que la activación del control constitucional solo acontezca cuando el acto autoritario sea definitivo. No obstante, ello no opera de manera absoluta, en tanto que admite algunas excepciones. A saber, que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que afecten la libertad personal del quejoso, o que el quejoso sea persona extraña al procedimiento o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Ahora, en relación con el acto reclamado, importa señalar que el artículo 1345 bis 8, último párrafo, del Código de Comercio, establece lo siguiente: "Artículo 1345 bis 8. En el caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, procede el recurso de revocación en los términos previstos en el Capítulo XXIV de este Código." Así, conforme al precepto legal ante invocado, se llega a la conclusión de que el acuerdo aquí reclamado, en tanto que se trata de un auto que negó la admisión del recurso de apelación, es impugnable a través del recurso de revocación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VIII.1o.29 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dice: "Registro digital: 192259 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VIII.1o.29 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Marzo de 2000, página 967 Tipo: Aislada APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE LA DESECHA PROCEDE RECURSO DE REVOCACIÓN DE ACUERDO A LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO. El artículo 1334 del Código de Comercio, reformado, vigente a partir del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, alude en su segundo párrafo a que en contra de los decretos y autos que dicten los tribunales superiores, procede el recurso de reposición. Ahora bien, siguiendo el principio de que donde existe la misma razón debe regir la misma disposición, resulta entonces que, si en segunda instancia procede la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en ella, esa misma disposición debe seguirse en los autos y decretos dictados en primera instancia; es decir, en contra de ellos procede la revocación, a excepción de los que fueren apelables. En esa tesitura, se concluye que en contra del auto del Juez de primera instancia que deseche el recurso de apelación, tratándose de juicios mercantiles, procede la revocación." Aunado a lo expuesto, en la especie tampoco cobra actualidad alguno de los supuestos de excepción de la causa de improcedencia en estudio. En primer término, porque el acto reclamado no afecta la libertad personal del justiciable y menos importa peligro de privación de la vida o un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento; fundamentalmente por que se trata de una actuación jurisdiccional que se hizo del conocimiento de la quejosa y sus efectos solo inciden sobre sus derechos. En segundo término, porque la quejosa es parte del procedimiento de origen y no puede considerársele como tercero extraño, por tal circunstancia, estuvo en aptitud de acudir oportuna y directamente ante el juez del conocimiento a hacer valer sus derechos. Además, porque la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a una interpretación adicional ni el fundamento legal es insuficiente; pues como se señaló, la intelección del numeral 1334 del Código de Comercio, permite advertir claramente la procedencia del recurso de revocación en mención. Luego, a través del mencionado medio ordinario de defensa la parte aquí inconforme estuvo en condiciones de lograr se nulificara, revocara o se modificara el acuerdo recurrido. Al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional. En consecuencia deviene improcedente el juicio de amparo que se pretende instaurar. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que, con apoyo en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda en estudio. INVITACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA. Asimismo, se EXHORTA a las partes, para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales. De igual modo, como a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General en comento, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal: http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx). Quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.***

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Juez Séptimo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; del informe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Ahora bien, se ordena reservar la notificación personal a los quejosos del informe justificado. Esto es así, pues si bien la notificación a los peticionarios tiene que ser en forma personal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que se encuentran privados de su libertad en la penitenciaria ubicada en la Ciudad de México, no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta jurisdicción, ni personas autorizadas para tal efecto; también lo es que en el presente juicio fueron señaladas varias autoridades responsables, que implica el envío de diversos exhortos a la Ciudad de México. Por ende, una vez que se tenga la totalidad de los informes justificados, se ordenará su notificación personal a los quejosos, vía exhorto, a fin de que se impongan de su contenido. Por el motivo anterior, se difiere la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

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