Josefina Paez Zatarain
Expediente 39/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Josefina Paez Zatarain
- Juez Noveno de Distrito En el Estado, Ciudad
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la quejosa recurrió el auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificado el diecinueve siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintiuno al veintisiete del presente mes y año.; en consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó de plano la demanda de garantías.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito de demanda signado por Josefina Páez Zatarain, contra los actos que reclama del titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 39/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia de que, por manifiesto, se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que en la especie se surten las prevista en el ordinal 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: La parte quejosa reclama de manera destacada de la autoridad que señaló como responsable, lo siguiente: "IV. EL ACTO RECLAMADO: La negativa de dar trámite al Recurso de Revisión en contra de la sentencia emitida dentro de los autos del expediente 579/2020, radicado ante el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, retardando sin justificante legal alguno el envió de los autos al Tribunal Colegiado correspondiente a efecto de dar trámite al mismo, esto a pesar de haber sido admitido dicho recurso desde fecha 22 de Octubre del año 2021." Al respecto, constituye un hecho notorio para este juzgador, que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto 579/2020, en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual, previa su aclaración, se tuvo presentado en auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, siendo esta la última actuación en dicho sumario. Todo lo anterior revela que la omisión reclamada al juez de distrito señalado como responsable deriva de los autos de un juicio de amparo, lo que no puede ser materia de análisis en un juicio constitucional, por así establecerlo expresamente la ley de la materia. Ilustra lo anterior, por identidad de razón, la Jurisprudencia XX. J/3 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Junio de 1995, página 251, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías, contra una resolución dictada en estricto apego y en cumplimiento de la ejecutoria que resolvió el juicio constitucional, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la razón de que los argumentos planteados en el nuevo juicio, ya fueron objeto de controversia y decisión en un juicio de garantías anterior, por tanto, debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, porque implicaría una cadena interminable de juicios constitucionales, que impediría la firmeza de la cosa juzgada." Asimismo, es aplicable, por las razones que la sustentan, la tesis III.1o.C.9 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Octubre de 1996, página 488, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Del contenido de los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se infiere que a los Jueces de Distrito en Materia Civil se les han atribuido dos funciones; una de control constitucional y otra contenciosa jurisdiccional. La primera coloca al juzgador en una relación política con los demás poderes federales o locales, en la que se erige como protector y conservador del régimen constitucional frente a los actos de éstos, que sean transgresores de las garantías individuales de los gobernados; en cambio, la segunda, o sea, la función jurisdiccional propiamente dicha, se despliega mediante el conocimiento y resolución de los asuntos contenciosos que se le planteen dentro del ámbito de su competencia, sin que tenga como objeto primordial la salvaguarda del orden constitucional. Ahora bien, por disposición expresa del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos que deriven del ejercicio de la función de control constitucional que ejerza el Juez de Distrito; evento en el cual, sólo podrán ser impugnados a través de los medios de defensa que prevé la ley de la materia. De tal suerte que la competencia que el artículo 42 de este último ordenamiento atribuye a un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, en que se reclamen actos de otro de similar categoría, obviamente presupone que éstos se suscitaron a virtud del ejercicio de la función meramente judicial, o sea, dentro de un procedimiento o controversia de carácter federal, no en el juicio de garantías; de ahí que sólo en esa clase de asuntos es factible que el Juez de Distrito pudiese incurrir en alguna transgresión de las garantías individuales y, por ende, únicamente en relación a ellos será procedente el amparo." Sin que ello implique, desde luego, que los jueces federales y magistrados de circuito como garantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos internacionales, en ejercicio de la impartición justicia, estén exentos de someter sus actuaciones al escrutinio que la norma establece. En efecto, contra las resoluciones o actuaciones dictadas por los juzgadores, su reserva o las diligencias encomendadas en los juicios de amparo, el legislador previó la necesidad de que existiera siempre un medio ordinario de defensa que pueda ser opuesto ante el propio juzgador constitucional o bien ante un tribunal revisor que con mayor acuciosidad examine la decisión procesal asumida por el inferior o integrante del tribunal. De manera que, los justiciables tienen a su alcance los mecanismos establecidos en la propia Ley de Amparo, contra las actuaciones que estimen irregulares, de manera que no queden en estado de indefensión. En las relatadas condiciones, como ya se dijo, si en la especie se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable prevista en el ordinal 61, fracción IX, de la Ley de Amparo en vigor; lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA que se atiende. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Revolución número 29-2, planta baja, colonia Adolfo López Mateos, de esta ciudad, y como sus autorizados para tales efectos, en términos del artículo 24 de la ley en cita, Oscar Javier Cristerna Paez e Idelfonso Cristerna Peraza. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.
- Principal
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