Josefina Muñoz Vázquez
Expediente 874/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Josefina Muñoz Vázquez
- Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca
- I. del Á. C. M. y Otros.
- Josefina Muñoz Vázquez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que de autos, se advierte que en proveído de veinte de febrero del año en curso, se ordenó el archivo de este asunto y, al efectuarse la valoración correspondiente, se determinó que era susceptible de depuración. Sin embargo, se aprecia que, si bien, como se determinó en dicho acuerdo, por una parte se negó y, por otra, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y, se negó la medida cautelar definitiva, es por ello que resulta evidente que la valoración correspondiente de este expediente es que es destruible y no depurable. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, para el único efecto de subsanar dicha omisión. Con apoyo en el artículo 35 (orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación "CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL", por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y c) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada, por la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Devolución de Constancias. Devuélvase los dos tomos de pruebas, que contienen copias certificadas deducidas del expediente familiar ******************** que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. Integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Archivo incidente. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó y concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y se negó la definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación "CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL", por lo tanto: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse emitido el acuerdo de archivo [artículo 20, fracción II, inciso a)]. b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservándose la demanda, las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 874/2022; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Josefina Muñoz Vázquez, por propio derecho y en representación de sus menores hijas con iniciales J.C.M e I. del A.C.M. (menores de edad de quienes se omiten su nombres y apellido completo, en atención al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), mediante escrito de demanda presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, los cuales estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 4º, 8º y 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en el considerando segundo se precisarán. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró en el libro de gobierno con el número de juicio 874/2022; y en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, previo cumplimiento al requerimiento formulado el veintiséis de julio del referido año (fojas 32 - 35 y 19 - 21), el titular de este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó emplazar al tercero interesado Miguel Ángel Cuevas Fernández, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado se atribuye una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: La negativa de acordar el escrito de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. La negativa de realizar las diligencias necesarias a efecto de que el demandado Miguel Ángel Cuevas Fernández, haga entrega de la pensión para sus menores hijas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez Segundo de lo Familiar del Distrito del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa de realizar las diligencias necesarias a efecto de que el demandado Miguel Ángel Cuevas Fernández (tercero interesado), haga entrega de la pensión para sus menores hijas (foja 39). Lo que se corrobora con las actuaciones obtenidas del juicio de divorcio voluntario 578/2014, a las que se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de las que se advierte que la responsable no se ha negado a dictar las providencias necesarias con la finalidad que sea descontado del sueldo que percibe el deudor alimentista, el cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe, por concepto de pensión alimenticia provisional, como se puede apreciar de los antecedentes que a continuación se narran. 1. Mediante sentencia dictada el nueve de enero de dos mil quince, la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a Miguel Ángel Cuevas Fernández y Josefina Muñoz Vazquez, además aprobó definitivamente el convenio a que llegaron, condenándolos a estar y pasar por su contenido como autoridad de sentencia (fojas 22 - 24 del juicio de divorcio voluntario, tomo I de pruebas), que en su cláusula décima primera, acordaron lo siguiente: ".DÉCIMA PRIMERA. Respecto de los alimentos de las menores JOSELYN Y ISABELLA DEL ÁNGEL ambas de apellidos CUEVAS MUÑOZ y de la cónyuge mujer JOSEFINA MUÑOZ VAZQUEZ, ambos cónyuges acuerdan que el C. MIGUEL ÁNGEL CUEVAS FERNÁNDEZ, aportará como concepto de alimentos a sus menores hijas la cantidad de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS M/N.) mensuales, ya que en estos momentos se encuentra pagando los abonos cada mes de la casa en que se queda a habitar la cónyuge mujer con sus menores hijas y a las cuales ha renunciado a su parte alícuota, por lo que, se le tendrá como aportación proporcional por concepto de alimentos, mismos que serán depositados a la cuenta bancaria de la cónyuge mujer aperturada en la Institución de Banzo de Azteca, los días 15 o 16 de cada mes. Ambos cónyuges reconocen y manifiestan que los abonos mensuales que realiza el cónyuge varón son la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS M.N.), así mismo después de la liquidación del precio total de dicho inmueble, se aumentará la pensión a $3,0000.00 (TRES MIL PEOSOS M/N) y dicha cantidad será entregada igualmente en los mismos términos señalados en el párrafo anterior, mismo que se aumentará de común acuerdo por ambos cónyuges de conformidad a las necesidades alimentarias de los acreedores y situación económica del cónyuge varón." 2. Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, la actora Josefina Muñoz Vazquez, promovió incidente de aumento de pensión alimenticia, en contra de Miguel Ángel Cuevas Fernández, a favor de sus menores hijas (fojas 2- 5 del incidente de modificación de convenio y variación de la forma de pago, tomo II de pruebas). 3. Mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, tuvo a la actora en representación de sus menores hijas, promoviendo incidente de modificación de convenio adjunto a su solicitud de divorcio voluntario y variación de la forma de pago a través de la fuente de trabajo del deudor alimentario, para fijar una pensión alimenticia en porcentaje descontado éste de manera directa de la fuente de trabajo del deudor (fojas 1 y 6 - 9 del incidente de modificación de convenio y variación de la forma de pago, tomo II de pruebas). En dicho auto fijó una pensión provisional sin audiencia del deudor respecto a los alimentos futuros, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 314, 315 y 320 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en relación con los artículos 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad federativa, fijó por concepto de pensión alimenticia provisional el cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado Miguel Ángel Cuevas Fernández, como empleado de la Procuraduría Agraria de Ocosingo, Chiapas; además ordenó girar oficio al Departamento de Recursos Humanos de la Procuraduría Agraria en Ocosingo, Chiapas, para que de manera inmediata realizara el descuento ordenado. 4. El veintisiete de enero de dos mil diecisiete, la responsable nuevamente ordenó girar oficio al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Procuraduría Agraria en Ocosingo, Chiapas, a efecto de que se hiciera el descuento correspondiente del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones, que obtiene el deudor alimentista, por concepto de pensión alimenticia provisional, y fuera puesta a disposición de la actora en una dependencia de la Procuraduría Agraria en Oaxaca (foja 30 del incidente de modificación de convenio y variación de la forma de pago, tomo II de pruebas). 5. Por auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, la jueza de origen, ordenó librar oficio al Delegado de la Procuraduría Agraria de Chiapas para que, en caso de que al obligado alimentario se le otorgara algún pago por concepto de liquidación o convenio, se le retuviera el cuarenta por ciento de dicho numerario, y la cantidad líquida resultante fuera puesta a disposición de la promovente; además, ordenó librar oficio al Presidente Municipal Constitucional de Ocosingo, Chiapas, para que informara si existe una relación laboral entre el deudor y ese municipio (fojas 44 y 73 del juicio de divorcio voluntario, tomo I de pruebas). 6. Mediante acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, el juez responsable tuvo al representante de la Procuraduría Agraria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y a la Directora de Personal de dicha Procuraduría, informando que se encuentra pendiente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en los juicios 681/2021 y 682/2021 del índice del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que una vez que cause estado la mencionada resolución darían cumplimiento a lo ordenado por esa autoridad, esto es, efectuar el descuento de pensión alimenticia provisional ordenado en el incidente de modificación de convenio (fojas 77 y 96 - 98 del juicio de divorcio voluntario, tomo I de pruebas). Además, ante la negativa de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas, de realizar el descuento del cuarenta por ciento ordenado, le requirió acatar lo ordenado, ordenando girar oficio a la citada tesorera para que dentro del plazo de tres días efectuara el descuento ordenado en el juicio de divorcio mediante oficio 1479/2022, de siete de julio de dos mil veintidós, a partir de la fecha en que fue recibido en dicho Ayuntamiento, por tratarse de un mandato de autoridad que no se encuentra sujeto a discusión al controvertirse derechos alimentarios de menores de edad, apercibiéndola con la imposición de un medio de apremio por el equivalente a veinticinco unidades de medida y actualización. Cantidad que le indicó debería ser depositada en la cuenta bancaria proporcionada por la representante legítima de las acreedoras alimentarias. Como puede advertirse, la responsable ha dictado diversos proveídos con la finalidad de que se realice el descuento del sueldo que percibe el deudor alimentista, del cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe, por concepto de pensión alimenticia provisional, que fue fijado en auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; inclusive mediante proveído de quince de agosto del año pasado, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, requirió y apercibió a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, fuente de trabajo del deudor alimentista, para que realizara el descuento ordenado del cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, le sería impuesto un medio de apremio. En consecuencia, dado que la negativa informada por la responsable no fue desvirtuada por la quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia del acto reclamado antes indicado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, por lo que hace al acto que quedó precisado al inicio de este considerando, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por otra parte, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del diverso acto reclamado en este juicio, consistente en la negativa de acordar el escrito de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Sin embargo, su negativa se desvirtúa, pues si bien la responsable dio respuesta a las peticiones formuladas por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, mediante auto de quince de agosto del año pasado, ello aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintidós de julio de dos mil veintidós). Lo que se acredita con las copias certificadas de las actuaciones que obran en el juicio de divorcio voluntario 578/2014, documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo. QUINTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de la copia certificada obtenida de actuaciones que obran en el juicio de divorcio voluntario 578/2014, a las que se les otorgó previamente valor probatorio en el considerando segundo de esta sentencia, se advierte que: 1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil veintidós, en cumplimiento al requerimiento formulado el treinta de mayo del referido año, la actora Josefina Muñoz Vázquez manifestó que era su voluntad continuar con el trámite del diverso incidente (de liquidación del monto de pensión no pagada y aseguramiento por medio de hipoteca), refiriendo que la temporalidad se concretaría hasta en tanto el demandado cumpliera con otorgar a sus hijas el porcentaje del sesenta por ciento de su sueldo retenido de sus nuevas fuentes de empleo o un mayor porcentaje que ordenara el juez; finalmente solicitó se giraran los oficios correspondientes a efecto de que al demandado se le subiera al buró de crédito como deudor alimentario (fojas 83 - 84 del juicio de divorcio voluntario, tomo I de pruebas). 2. A tal petición recayó el auto de quince de agosto de dos mil veintidós (fojas 77 y 96 - 98 del juicio de divorcio voluntario, tomo I de pruebas), en que la responsable atendió a las peticiones formuladas en dicho ocurso, de la siguiente forma: "[.] Toda vez que la promovente insiste en continuar con el trámite del incidente planteado en su escrito de veinticuatro de junio de dos mil veintidós y para ello acompaña una planilla de liquidación del monto que dice le adeuda el obligado alimentario y que corresponde a la cantidad que refiere; sin embargo, debe decirse que las pensiones alimenticias que reclama derivan de la pensión alimenticia fijada en el incidente tramitado por cuerda separado al juicio principal, mismo que atiende a la modificación de convenio y variación en la forma de pago, específicamente respecto a la cláusula quinta del convenio aprobado en el juicio natural, para efecto de que la pensión alimenticia definitiva de ser procedente se modifique a porcentaje y éste a su vez sea descontado de manera directa a la fuente laboral del obligado alimentario Miguel Ángel Cuevas Fernández. Cabe precisar que la pensión alimenticia fijada en el cuaderno incidental de modificación de convenio se estableció de manera provisional, a fin de que durante la tramitación del mismo la situación de las acreedoras alimentarias no quedara a la deriva hasta en tanto se resolviera el fondo del asunto, ya que tratándose de asuntos en los que se vean involucrados derechos de la infancia, obliga a esta autoridad pronunciar las determinaciones adecuadas a fin de privilegiar su interés superior. En ese sentido, no es posible tenerlo promoviendo el incidente de liquidación sobre las prensiones alimenticias que dice le adeuda Miguel Ángel Cuevas Fernández, tomando en consideración que la pensión alimenticia fijada en el referido incidente fue establecida en porcentaje y no en una cantidad líquida, lo que se contrapone a lo establecido en el numeral 501 del código procesal civil, el (sic) establece lo siguiente: [.] Situación que en el particular no acontece, al no tratarse de una sentencia; sin embargo, se encuentra en aptitud de promover mediante el trámite respectivo la liquidación de las pensiones alimenticias derivadas del convenio aprobado en sentencia de nueve de enero de dos mil quince dictada en el juicio principal al haberse establecido el pago de la pensión alimenticia mediante una cantidad líquida. Tocante a la inscripción del obligado alimentario en el registro de deudores alimentarios morosos, con fundamento en los artículos 173, 174, 176 y demás relativos y aplicables del código familiar para el Estado de Oaxaca, dígase a la promovente que atento al estado procesal que guardan los autos, hasta este momento no existe determinación judicial o mandato que haya condenado al obligado alimentario haber incurrido en mora, pues de la lectura del convenio aprobado en sentencia de nueve de enero de dos mil quince, el obligado alimentario se comprometió a otorgar la pensión alimenticia a través de una cuenta bancaria de la ahora cónyuge divorciada." 3. Dicho auto fue notificado a la actora el dos de septiembre de dos mil veintidós, por conducto de Ramiro Guadalupe Hernández Jarquín, autorizado para oír y recibir notificaciones (foja 129 del juicio de divorcio voluntario, tomo I de pruebas). Lo que permite advertir que en el caso, en cuanto al acto reclamado consistente en la negativa de acordar el escrito de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo anterior, ya que al haberse dado respuesta a las peticiones de la quejosa formuladas por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, mediante proveído de quince de agosto del citado año, y notificado a la parte actora, por conducto de su autorizado, el dos de septiembre siguiente; lo que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda constitucional (veintidós de junio de dos mil veintidós); por ende, cesaron los efectos del acto reclamado, y en esas condiciones, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, con número de registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al actualizarse la citada causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en la presente contienda constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. SEXTO. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica FIREL. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 874/2022, promovido por Josefina Muñoz Vázquez, por propio derecho y en representación de sus menores hijas con iniciales J.C.M e I. del A.C.M., en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
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