Josefina Monreal Contreras
Expediente 244/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Josefina Monreal Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el tres de noviembre del presente año, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de tres de noviembre del año que transcurre, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que la parte quejosa exhibió en el presente asunto un documento que por sus características debe ser devuelto, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado con copia simple del mismo a efecto de que se realice su cotejo y compulsa para que obre en autos, previo a su devolución, debiendo levantarse la razón de recibo correspondiente, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente. Para lo cual deberá presentarse en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora bien, toda vez que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo se concedió la suspensión provisional; archívense los cuadernos incidentales, en el entendido de que, el cuaderno original es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres años): conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; así como, de ser el caso, los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del aludido expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En el mismo orden de ideas, con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase a la Jefa de la División de Amparo Fiscales, del Instituto Mexicano del Seguro Social, dando cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado en proveído de ocho de octubre del presente año, y remite copia certificada de las que se advierte que a la aquí quejosa se le realizó el estudio de DHL, y asistió a su consulta el diecinueve de marzo del año en curso. Ahora bien, del contenido del oficio y anexo remitido por la autoridad oficiante se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Director General; Delegado en San Luis Potosí; Directora de la Unidad de Medicina Familiar número 47 y Encargado del Laboratorio de análisis químicos de la Unidad Médica Familiar número 47; todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la negativa de realizarle un estudio previamente ordenado por la doctora tratante llamado DHL, bajo el argumento de que dicho estudio no lo realiza la Institución de Seguridad Social señalada como responsable. Sin embargo, del citado anexo que acompañó la autoridad la autoridad oficiante, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1291, 1972 y 2023 del Código 1 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes". 2 "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones4, se colige que la negativa reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable acompañó copia certificada de la nota médica de diecinueve de marzo de dos mil veinte, a nombre de la aquí quejosa Josefina Monreal Contreras, de la que se advierte que en esa data se llevó a acabo su exploración física, en la que se interpretaron los paraclínicos de control (estudios médicos) entre los que se encuentra el denominado DHL, cuya negativa a realizar se le reclamó de las autoridades responsables en este juicio. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por las citadas responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo". 3 "Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal". 4 Resulta aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En consecuencia se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Por último, visto el segundo oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y punto 8, párrafo tercero, de la Circular SECNO/7/20202, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se deban realizar a la autoridad oficiante, se lleven a cabo a través del correo electrónico que refiere, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a la parte quejosa; así como mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: VISTOS LOS AUTOS, SE SOBRESEE EN EL PRESENTE ASUNTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicitan las autoridades oficiantes, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable que la ofrecio, la documental que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jefa de Laboratorio de la Unidad de Medicina Familiar número 47, del órgano de operación administrativa desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten que a la fecha en que se actúa ya le fue realizado a la parte quejosa el estudio denominado "DHL", o bien manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento en el término concedido o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. A efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el trece de octubre del presente año, y en su lugar se programan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, personalmente a la quejosa, y por oficio a la Jefa de Laboratorio de la Unidad de Medicina Familiar número 47, del órgano de operación administrativa desconcentrada, del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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