Josefina Mondragon Aguirre
Expediente 670/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Josefina Mondragon Aguirre
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veinte de septiembre dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de treinta de agosto dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, proveído que no fue recurrido dentro del término legal Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente allegó documentos al presente asunto de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido y 21, inciso d), del Acuerdo en cita. No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. En el entendido que, para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes, así como que el sistema sólo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al auto de prevención formulado en auto diecisiete de agosto del año en curso, precisa los actos reclamados en esta instancia constitucional; ante ello, se provee: ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Control en materia Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Salamanca y Base Pénjamo, la resolución dictada dentro del cuadernillo ********************, por la que dejó sin efecto el archivo de la carpeta de investigación ******************** y ordenó al Agente del Fuero común de Salamanca, continuar con el ejercicio de la acción penal para la vinculación a proceso, por la posible configuración del delito de despojo, en contra de ********************-aquí quejosa-, y en consecuencia, la desposesión que se pretenda realizar sobre el bien inmueble que aduce ser de su propiedad. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que respecto al acto reclamado en análisis, deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV, párrafo primero, y V, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, como actos de imposible reparación deben entenderse aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo. Además, estableció que dichos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, con independencia de la etapa en que se emitan, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente. En el caso, como se adelantó, el acto reclamado consiste en la resolución dictada dentro del cuadernillo ********************, por el Juez de Control en materia Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Salamanca y Base Pénjamo, por la que dejó sin efecto el archivo de la carpeta de investigación ******************** y ordenó al Agente del Fuero común de Salamanca, continuar con el ejercicio de la acción penal para la vinculación a proceso, por la posible configuración del delito de despojo, en contra de ********************-aquí quejosa-, y en consecuencia, la desposesión que se pretenda realizar sobre el bien inmueble que aduce ser de su propiedad; se considera que no tiene sobre el gobernado, sus bienes o derechos, una ejecución que sea de imposible reparación, porque aun cuando el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación emita diversas actuaciones y ordene la práctica de diligencias tendentes a la investigación de los hechos, que considere necesarias para su integración en la que se ve involucrado a la quejosa, lo cierto es que tales actos no causan daño o perjuicio al gobernado contra el cual se siga la investigación correspondiente, a menos que en la indagatoria se ordene que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos. Circunstancia que podría acontecer cuando se dicte alguna medida de protección o providencia precautoria, o bien, de tener el gobernado la calidad de inculpado, en el momento en que se determina la judicialización de la carpeta de investigación y se ejercita acción penal, entre otros, pues será el Ministerio Público o el Juez del proceso, de acuerdo a sus atribuciones, a quienes corresponderá resolver sobre dichas actuaciones, lo cual, en su caso, sería lo que causaría una afectación a la esfera jurídica de la quejosa. Se afirma lo anterior, dado que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la carpeta de investigación correspondiente; por tanto, considerando que el acto en estudio corresponde a la determinación dictada por el juez responsable de ordenar al Agente del Fuero común de Salamanca, continuar con la integración de la carpeta de investigación ********************, por la posible configuración del delito de despojo, se estima que no tiene sobre las personas, sus bienes o derechos, una ejecución de imposible reparación, para el efecto de hacer procedente el presente juicio de amparo indirecto. Sobre esa base, en el supuesto de que se le considere inculpada, al encontrarse la carpeta de investigación en estado de integración, en principio, no se tiene certeza de que el agente del ministerio público correspondiente determinará ejercitar acción penal en su contra, o bien, que dicte el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal; y, aún en la hipótesis de que determinara ejercer acción penal, como se dijo, sería el Juez de proceso a quien le compete resolver sobre el pedimento del representante social, cuya decisión, en todo caso, sería la que podría causar una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa; lo que incluso, se trata de un acto futuro de realización incierta puesto que el juez correspondiente pudiera llegar a negar la medida cautelar solicitada, o bien, la vinculación a proceso de la promovente, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relacionados con la integración de la carpeta de investigación, como en el caso acontece, toda vez que los actos en estudio no son de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte; aunado a que, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social. Ello es así, pues se considera que dichos actos sólo pueden afectar derechos adjetivos o procesales en la integración de una indagatoria, por la emisión de actuaciones tendentes a la investigación de los hechos, de los cuales se duele la parte quejosa. Sin embargo, los actos reclamados que se analizan no trascienden a la esfera jurídica de la quejosa, pues aun cuando tenga el carácter de inculpada, existe la posibilidad de que pueda obtener resolución favorable como lo es el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la agraviada, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Al respecto, se cita la tesis con datos de identificación, del rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015983 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: I.6o.P.94 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2287 Tipo: Aislada "REVOCACIÓN DEL ACUERDO QUE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ORDENADAS POR EL JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LAS FRACCIONES III, INCISO B) Y V, AMBAS DEL DIVERSO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el Juez de control determina revocar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal ordenando la reapertura de la carpeta de investigación, con la finalidad de que el Ministerio Público practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no se causa perjuicio al quejoso en su calidad de imputado, ya que no son actos que puedan causar un daño irreparable dentro de la carpeta de investigación, pues no se refieren a actos de imposible reparación que trasciendan la afectación a un derecho sustantivo, al ser meros actos intraprocesales que no afectan su esfera jurídica. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto sólo procede contra actos intraprocesales, cuyos efectos sean de imposible reparación y que afecten materialmente un derecho sustantivo, entendidos éstos como los derechos humanos a que alude el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprenden tanto los reconocidos en la propia legislación federal como aquellos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, constituyendo -junto con sus garantías- un parámetro de control de regularidad constitucional. Consecuentemente, aun cuando en el caso se refieran a actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), mencionado, si no trasciende a una afectación material de derechos sustantivos, el juicio de amparo es improcedente, conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley. De igual manera, dicha causa de improcedencia se relaciona con las siguientes jurisprudencias: Época: Décima Época Registro: 160612 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 138/2011 (9a.) Página: 2056 "AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. Para determinar si la categoría de "violaciones procesales" contenida en el artículo 160 de la Ley de Amparo es aplicable a las cometidas durante la averiguación previa, es necesario interpretar tal disposición a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996; de las que se colige que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa. Ello es así, toda vez que dicho órgano hizo alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, señalando que éste prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el juez) como la previa (ante el Ministerio Público). Por lo anterior, algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional ahora deben observarse en la averiguación previa, criterio que se refuerza si se toma en cuenta que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar, en el amparo directo, la violación a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de violaciones se traduce en la vulneración de aquéllas. Además, no debe pasarse por alto la intención garantista del legislador federal, al establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del citado artículo 160, los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito, supuesto en el que pueden ubicarse las violaciones a las garantías individuales observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o la de la prueba recabada ilegalmente, en tanto que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales". En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio; por tanto, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia. Notifíquese por lista a la promovente.
- Principal
... Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****; contra actos que reclama del Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región Estado de Guanajuato con sede en la ciudad de Salamanca, Guanajuato y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos es 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 670/2020; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PREVENCIÓN Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, II y V, en relación con el diverso numeral 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y, consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, realice lo siguiente: a) Precise concretamente el acto reclamado en esta instancia constitucional. Lo anterior es así, toda vez que del análisis del escrito de demanda, del apartado concreto del acto reclamado, se advierte que la quejosa por una parte refiere controvertir la resolución del juez de dejar sin efectos el archivo temporal y, por otra, señala una eventual desposesión de un bien inmueble. Situación que impide a este órgano jurisdiccional determinar con certeza qué acto reclama en esta instancia constitucional. Y en atención a la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado debe señalarse con claridad y precisión, pues es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud. Aunado a lo anterior, de la demanda de amparo también se advierte que en el penúltimo párrafo del apartado relativo a los antecedentes, se aprecia que la parte quejosa manifestó lo siguiente: "Posteriormente en dicha audiencia al exponer sus agravios mediante el asesor jurídico que representa a la C. ****** y al realizar las manifestaciones el Agente del Ministerio Público y mi defensor la Juez determina que si hay datos de prueba suficientes para que ejercitara la acción penal y solicitar la vinculación a proceso refiriendo que la suscrita tenía conocimiento el día de la audiencia de posesión material que le otorgaron a la C. ***** y que ha sabiendas de dicha posesión material la suscrita había cometido el delito que si bien fuera despojo podría reclasificar el delito el Agente del Ministerio Público por así considerarlo conducente la Juez de Control, considerando que le asistió la razón al promovente y deja sin efecto el archivo y que continué con la secuela procesal con los datos de prueba que existen" . Por los motivos antes expuestos, se itera, la parte quejosa debe precisar si se duele de la resolución del juez que determinó dejar sin efecto el archivo temporal de la carpeta de investigación o, bien, de la desposesión del inmueble, o en su caso, si esto último lo señala como una consecuencia de tal determinación. b) Precise qué actos le reclama al Ministerio Público del fuero común de Salamanca, Guanajuato (que señaló en el punto 2 de su demanda). Lo anterior es así, porque en el apartado de acto reclamado únicamente refiere lo siguiente: "De la autoridad señalada como responsables ordenadoras reclamo la inconstitucionalidad y (sic) inconvencionalidad DE DEJAR SIN EFECTO EL ARCHIVO Y ORDENAR LA CONTINUIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PARA LA VINCULACIÓN A PROCESO, con el propósito de privarle la posesión de la PROPIEDAD de la suscrita de forma indebida conforme a lo establecido por el artículo 14, 16 en relación al artículo 1° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, violando con ello además derechos humanos con acceso a la justicia, principio de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica.." Sin embargo, no se tiene la certeza de que ese acto también lo atribuya al Agente del Ministerio Público que señala como responsable, dado lo determinado en el punto que antecede, esto es, se aprecia que pretende imputárselo al juez de control. Por tanto, resultan necesarios los datos anteriores a fin proveer lo conducente sobre la demanda, por constituir requisitos formales. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente, que, de no cumplir con lo indicado en párrafos que anteceden, dentro del término legal concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que, de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. En consecuencia, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la Administración del edifico, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A la persona que indica, se les tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado de manera expresa. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. El quejoso proporcionó un correo electrónico en la demanda asociados *****, el cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. No obstante, lo anterior, se invita a la parte quejosa y al resto de las partes para que propongan diversos medios de contacto, tales como otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que puedan tener intervención en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la promovente.
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- Josefina Perez Arizmendi554/2019
- Josefina Ramirez Alonso621/2016
- Josefina Ramos López56/2012
- Josefina Rionda Arreguin1050/2019
- Josefina Rocha Granados932/2023
- Josefina Salas Parra654/2023