Josefina Miranda Gatica

Expediente 275/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
275/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • Josefina Miranda Gatica
  • Josefina Miranda Gatica y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintidós de marzo del año en curso (fojas 19 a 22), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Josefina Miranda Gatica, por propio derecho, contra actos de la Secretaria de Educación Publica Federal y Secretaria de Educación Guerrero y otras autoridades. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica.

  2. Principal

    Visto el escrito firmado por Josefina Miranda Gatica, mediante el cual desahoga la prevención de catorce de marzo de dos mil diecisiete y para tal efecto exhibe seis copias de su escrito de demanda, hace del conocimiento que es maestra de secundarias técnicas adscrita a la escuela "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" C.C.T.12DST030IL,ZONA ESCOLAR 020, en la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, Guerrero; asimismo, manifiesta que el dos de febrero de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento de que el dieciocho de febrero siguiente se debería presentar a la evaluación de permanencia. Ahora, atento a las manifestaciones de la parte quejosa y en atención a los artículos 113, 61, fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo que en su orden disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme la ley del acto, la notificación al quejoso el acto reclamado o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del estudio integral del escrito de demanda de amparo y ampliación de los antecedentes de la misma, se observa su notoria improcedencia, dado que literalmente el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: ".la posible sanción que se me pretende imponer por no acudir al proceso de evaluación al desempeño docente sin ser notificado previamente de manera personal y legal." Asimismo, de la ampliación de los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad manifiesta que el dos de febrero de dos mil diecisiete, se enteró de la evaluación a la cual sería sometida. En ese tenor, cabe destacar que para la presentación de la demanda de amparo, el término legal que rige su situación es el de quince días previsto en el artículo 17, en relación con el diverso 18 de la Ley de la Materia. Entonces, los quince días que establece el artículo primeramente invocado, transcurrieron del tres al veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en virtud de que aduce haber tenido conocimiento el dos de febrero de dos mil diecisiete, por lo que el término para la promoción del juicio de amparo comenzó a transcurrir el tres de febrero del año en curso, descontados los días cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero del año en curso, por ser sábados y domingos, así como el seis de febrero del mismo año, toda vez que fue inhábil y no corrieron términos; en tales condiciones y considerando que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se presentó hasta el trece de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es evidente que entre la fecha de la presentación de la demanda y en la que parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad tuvo conocimiento del acto reclamado, ha transcurrido en exceso el citado término de quince días que establece el precitado numeral 17 de la ley en comento. Atento a las consideraciones que preceden, es inconcuso que el término para la promoción del juicio de amparo ha transcurrido en demasía para que la ahora parte quejosa haya agotado los posibles medios que la ley pone a su alcance para impugnar las violaciones que estimare se le han causado en su perjuicio, como lo es el medio extraordinario de defensa regulado por los artículos 103 y 107 Constitucionales, al que pudo ocurrir una vez que tuvo conocimiento del acto reclamado y al no haberlo hecho así, este tribunal de jurisdicción federal se encuentra impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, al tenerse por consentido de manera tácita. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.8o.C.15 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2380, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido." Asimismo, por no contraponerse con la Ley de Amparo, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo 193-198 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." No se desatiende, que la quejosa señala como acto reclamado la posible sanción que se le pudiera imponer por no acudir al proceso de evaluación al desempeño docente, pues en caso de emitirse dicha determinación sancionadora, esta podrá ser impugnada por la parte quejosa a través del recurso respectivo, ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Tiene aplicación la tesis 1a. XXXIII/2017 (10a.), con número de registro 2013956, viernes 17 de marzo de 2017, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que a la letra dice: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR NO ACREDITAR LAS EVALUACIONES RESPECTIVAS. De la interpretación de los artículos 3o., párrafo tercero, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 22, 53, 71, 74, 75, 80 y 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se advierte que existen dos regímenes normativos distintos que dan lugar a la terminación del nombramiento de quienes desempeñan una función pública dentro del Servicio Profesional Docente. En primer término, la separación del servicio como consecuencia de un procedimiento administrativo cuya finalidad sea la determinación de responsabilidad administrativa y la posible imposición de sanciones, tiene una naturaleza administrativa sancionadora, al partir de la existencia de un reproche surgido de una infracción administrativa, en cuyo trasfondo se encuentra la posible transgresión a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el desempeño de empleos, cargos o comisiones públicas; consecuentemente, el combate a este tipo de determinaciones -de naturaleza administrativa- se realizará mediante el recurso de revisión o el juicio de nulidad, y en los procedimientos respectivos deberá analizarse la aplicabilidad de las garantías mínimas del debido proceso que, atento a la naturaleza del caso, resulten necesarias de conformidad con la doctrina que sobre el derecho administrativo sancionador han desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del Servicio Profesional Docente, la cual, pese a constituir una sanción en sentido amplio, no conlleva el reproche a una infracción ni da origen a responsabilidad administrativa, sino que parte del entendimiento de los nombramientos como "actos condición", cuya subsistencia depende del respeto a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales debe prestarse el servicio público; consecuentemente, dichas determinaciones se impugnarán ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral. Esta dicotomía de regímenes normativos aplicables al servicio docente ha sido reconocida a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la "Recomendación relativa a la situación del personal docente", aprobada en París el 5 de octubre de 1966, por la Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente, cuyos apartados VI y VII regulan lo referente al ingreso, ascenso, promoción y seguridad en la profesión docente, de manera separada a los contenidos mínimos que deben regir los procedimientos disciplinarios dirigidos a la sanción de faltas profesionales." En consecuencia, es de concluirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda de amparo propuesta, con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley, por su notoria improcedencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el escrito firmado por Josefina Miranda Gatica, mediante el cual desahoga la prevención de catorce de marzo de dos mil diecisiete y para tal efecto exhibe seis copias de su escrito de demanda, hace del conocimiento que es maestra de secundarias técnicas adscrita a la escuela "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" C.C.T.12DST030IL,ZONA ESCOLAR 020, en la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, Guerrero; asimismo, manifiesta que el dos de febrero de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento de que el dieciocho de febrero siguiente se debería presentar a la evaluación de permanencia. Ahora, atento a las manifestaciones de la parte quejosa y en atención a los artículos 113, 61, fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo que en su orden disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme la ley del acto, la notificación al quejoso el acto reclamado o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del estudio integral del escrito de demanda de amparo y ampliación de los antecedentes de la misma, se observa su notoria improcedencia, dado que literalmente el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: ".la posible sanción que se me pretende imponer por no acudir al proceso de evaluación al desempeño docente sin ser notificado previamente de manera personal y legal." Asimismo, de la ampliación de los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad manifiesta que el dos de febrero de dos mil diecisiete, se enteró de la evaluación a la cual sería sometida. En ese tenor, cabe destacar que para la presentación de la demanda de amparo, el término legal que rige su situación es el de quince días previsto en el artículo 17, en relación con el diverso 18 de la Ley de la Materia. Entonces, los quince días que establece el artículo primeramente invocado, transcurrieron del tres al veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en virtud de que aduce haber tenido conocimiento el dos de febrero de dos mil diecisiete, por lo que el término para la promoción del juicio de amparo comenzó a transcurrir el tres de febrero del año en curso, descontados los días cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero del año en curso, por ser sábados y domingos, así como el seis de febrero del mismo año, toda vez que fue inhábil y no corrieron términos; en tales condiciones y considerando que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se presentó hasta el trece de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es evidente que entre la fecha de la presentación de la demanda y en la que parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad tuvo conocimiento del acto reclamado, ha transcurrido en exceso el citado término de quince días que establece el precitado numeral 17 de la ley en comento. Atento a las consideraciones que preceden, es inconcuso que el término para la promoción del juicio de amparo ha transcurrido en demasía para que la ahora parte quejosa haya agotado los posibles medios que la ley pone a su alcance para impugnar las violaciones que estimare se le han causado en su perjuicio, como lo es el medio extraordinario de defensa regulado por los artículos 103 y 107 Constitucionales, al que pudo ocurrir una vez que tuvo conocimiento del acto reclamado y al no haberlo hecho así, este tribunal de jurisdicción federal se encuentra impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, al tenerse por consentido de manera tácita. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.8o.C.15 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2380, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido." Asimismo, por no contraponerse con la Ley de Amparo, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo 193-198 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." No se desatiende, que la quejosa señala como acto reclamado la posible sanción que se le pudiera imponer por no acudir al proceso de evaluación al desempeño docente, pues en caso de emitirse dicha determinación sancionadora, esta podrá ser impugnada por la parte quejosa a través del recurso respectivo, ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Tiene aplicación la tesis 1a. XXXIII/2017 (10a.), con número de registro 2013956, viernes 17 de marzo de 2017, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que a la letra dice: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR NO ACREDITAR LAS EVALUACIONES RESPECTIVAS. De la interpretación de los artículos 3o., párrafo tercero, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 22, 53, 71, 74, 75, 80 y 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se advierte que existen dos regímenes normativos distintos que dan lugar a la terminación del nombramiento de quienes desempeñan una función pública dentro del Servicio Profesional Docente. En primer término, la separación del servicio como consecuencia de un procedimiento administrativo cuya finalidad sea la determinación de responsabilidad administrativa y la posible imposición de sanciones, tiene una naturaleza administrativa sancionadora, al partir de la existencia de un reproche surgido de una infracción administrativa, en cuyo trasfondo se encuentra la posible transgresión a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el desempeño de empleos, cargos o comisiones públicas; consecuentemente, el combate a este tipo de determinaciones -de naturaleza administrativa- se realizará mediante el recurso de revisión o el juicio de nulidad, y en los procedimientos respectivos deberá analizarse la aplicabilidad de las garantías mínimas del debido proceso que, atento a la naturaleza del caso, resulten necesarias de conformidad con la doctrina que sobre el derecho administrativo sancionador han desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del Servicio Profesional Docente, la cual, pese a constituir una sanción en sentido amplio, no conlleva el reproche a una infracción ni da origen a responsabilidad administrativa, sino que parte del entendimiento de los nombramientos como "actos condición", cuya subsistencia depende del respeto a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales debe prestarse el servicio público; consecuentemente, dichas determinaciones se impugnarán ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral. Esta dicotomía de regímenes normativos aplicables al servicio docente ha sido reconocida a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la "Recomendación relativa a la situación del personal docente", aprobada en París el 5 de octubre de 1966, por la Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente, cuyos apartados VI y VII regulan lo referente al ingreso, ascenso, promoción y seguridad en la profesión docente, de manera separada a los contenidos mínimos que deben regir los procedimientos disciplinarios dirigidos a la sanción de faltas profesionales." En consecuencia, es de concluirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda de amparo propuesta, con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley, por su notoria improcedencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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