Josefina Martínez Guzmán

Expediente 934/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
934/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Josefina Martínez Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia emitida el veintiséis de septiembre de este año, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a Ernesto Ramírez Pérez, en su carácter de apoderado legal de Josefina Martínez Guzmán, en el presente juicio; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa del precepto 2° de esta última legislación, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. En consecuencia, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se negó la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, el resto de las actuaciones se destruirán por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ernesto Ramírez Pérez, en su carácter de apoderado legal de Josefina Martínez Guzmán, respecto del acto que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, conforme a los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, con sede en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, visto el estado actual que guardan los autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para esta fecha; sin embargo, con el propósito de que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido del informe recibido con antelación, se difiere la citada audiencia y se fijan las once horas con treinta y tres minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Ernesto Ramírez Pérez, en su carácter de apoderado legal de Josefina Martínez Guzmán, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad; regístrese en el libro respectivo con el número 934/2022-III. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al no advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de derechos fundamentales. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. No se tramita incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a las autoridades responsables, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con cincuenta y ocho minutos del uno de septiembre de dos mil veintidós. Por otro lado, no pasa inadvertido para este juzgado el hecho de que el promovente del amparo no exhibe documento idóneo que lo acredite como apoderado legal de la quejosa Josefina Martínez Guzmán, pues tal circunstancia no es un obstáculo para admitir la demanda de trato, habida cuenta que, en la especie, se reclama un acto derivado de un procedimiento laboral y quien aquí comparece lo hace en nombre de la posible beneficiaria del trabajador finado. No obstante lo anterior, requiérase a Ernesto Ramírez Pérez, para que exhiba el documento original en el cual se aprecie el otorgamiento del poder que dice le confirió la citada amparista, en el entendido de que del informe justificado o, en su caso, de las constancias que se acompañen al mismo se podrá colmar tal circunstancia. En otro aspecto, téngase al solicitante del amparo señalando como autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a los profesionistas que menciona en el mismo por tratarse de un procedimiento relacionado con la declaración de beneficiarios del trabajador fallecido en materia laboral. Asimismo, respecto a la solicitud del promovente de que se le permita acceso al expediente electrónico con clave de usuario "E.RAMIREZ.10", registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le autoriza para los efectos precisados únicamente por lo que hace a este asunto; igualmente, para que se le realicen vía electrónica las notificaciones que ameriten el carácter de personal, con sustento en el numeral 26, facción IV, de la legislación que rige este juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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