Josefina Leoba Gómez Hernández
Expediente 620/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Josefina Leoba Gómez Hernández
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo (ocho de julio de dos mil veintidós) ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. No existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa junto con su demanda de amparo. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlo correrá la suerte del expediente. En el entendido que deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 9/2022), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo (ocho de julio de dos mil veintidós) ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. No existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa junto con su demanda de amparo. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlo correrá la suerte del expediente. En el entendido que deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 9/2022), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de julio de dos mil veintidós. Fórmese expediente con el escrito de demanda promovida por **********, contra actos del 1. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese con el número 620/2022-II, en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos, se desprende la quejosa se duele medularmente de la omisión que atribuye al pagador y/o Jefe de Recursos Humanos del 1. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad, de acatar lo ordenado en el oficio 3860/2022 de doce de mayo de la presente anualidad, emitido por el Juez Décimo de Primera Instancia en los autos del expediente 248/2014-III de su estadística, con sello de recepción de trece de mayo siguiente. Determinación que deriva de la pensión alimenticia fijada en el aludido expediente 284/2014-III del índice del Juez mencionado. Pensión alimenticia que aduce la quejosa es del veinticinco por ciento (25%) del salario y demás prestaciones que percibe el demandado Procopio López Domínguez. Quien goza de una pensión por invalidez temporal o permanente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De los antecedentes y anexos se aprecia: - El cuatro de septiembre de dos mil catorce, presentó demanda en la que reclamó de Procopio López Domínguez el pago de una pensión alimenticia. Se radicó con el número de expediente 284/2014-II del índice del Juez de origen. - Fijó inicialmente en el treinta y cinco por ciento (35%) del salario y demás prestaciones que percibía el demandado, como trabajador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo anterior le fue comunicado a la fuente pagadora en oficio 176/2014. - El seis de marzo de dos mil quince, las partes contendientes celebraron un convenio. Fijaron como nuevo porcentaje de pensión alimenticia el veinticinco por ciento (25%). Cantidad que era entregada mediante cheque los días diez de cada mes. - El diez de mayo de dos mil veintidós, se presentó la inconforme ante el Instituto Nacional de Antropología en cuestión para cobrar la referida pensión alimenticia. Sin embargo, fue informada ya no podían darle la pensión. Dado que su esposo Procopio López Domínguez se encontraba gozando de pensión por invalidez. - Como anexos de su demanda exhibe los oficios 3859/2022 y 3860/2022 de doce de mayo pasado. Se aprecia el Juez primigenio solicitó diversa información, respectivamente, al Instituto Nacional de Antropología y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En relación con la pensión por invalidez que dice cuenta el demandado y descuentos periódicos por concepto de pensión alimenticia. Última comunicación oficial de cuya inatención se duele la quejosa. Congruente con ello, en el caso se surte la causa de improcedencia que resulta de relacionar el numeral 61, fracción XXIII, con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Dado que el reclamo consiste en la omisión de ejecutar por parte del pagador (Institución de Seguridad Social citado -y sus diferentes departamentos-) las instrucciones contenidas, en el oficio 3860/2022 de doce de mayo de dos mil veintidós, signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Relativo a la orden de realizar el descuento del veinticinco por ciento (25%) sobre el ingreso y demás prestaciones por concepto de alimentos, que percibe Procopio López Domínguez como pensionado. Lo anterior no lleva a tener con el carácter de autoridad responsable al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tampoco lo tiene el Instituto Nacional de Antropología en cuestión, ni el Jefe de Recursos Humanos o el Encargado de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas, al ser en todo caso la fuente ingresos del demandado en el juicio natural. En virtud de que el descuento periódico del porcentaje fijado como pensión alimenticia que realizaban o que deben hacer, en cumplimiento al mandato judicial girado dentro de un juicio de alimentos, en estricto sentido, no constituye un acto de autoridad. Sólo se trata de un trámite administrativo que efectúan como patrones o encargados del entero de sus prestaciones de seguridad social (ISSSTE) del deudor alimentario. Y no como responsables para efectos de amparo. Siendo tales acciones la de un particular en acatamiento a una orden judicial como auxiliares en la administración de justicia. Por lo que dicho acto no es equivalente a los de autoridad. Es aplicable al caso la Jurisprudencia VII.2o.C. J/28, visible en la página 2360, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época (registro 168203), Materia Civil, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." Sin que la anterior determinación deje sin defensa a la parte quejosa. Como se dijo, es parte actora en el juicio natural. Incluso, ante la negativa de otorgar el cheque del monto asignado como pensión alimenticia ante la fuente pagadora y enterarse de que el demandado contaba con una pensión por invalidez, solicitó al juez del orden común (el cual no fue señalado como autoridad responsable) realizara las gestiones necesarias para el cobro de la misma. Lo que se aprecia de los documentos adjuntos al ocurso de cuenta. De doce de mayo del año en curso. Por lo que tiene expeditos sus derechos de comparecer ante este y promover lo a que su derecho convenga. Y, con ello, lograr que la orden judicial en comento se haga efectiva. Sin dejar de mencionar la referencia que en el apartado de acto reclamado se hace al citado juez natural es por la omisión de las señaladas como responsables en acatar su orden. Más no con la intención de que fuera ésta llamada como tal al juicio constitucional. Considerando además que para ese efecto tendría además que agotar los recursos idóneos dentro del juicio, si se tratara de combatir una actitud omisa del órgano jurisdiccional. Lo que se insiste, no es motivo aquí de dolencia. Bajo ese tenor, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo y por la causal descrita en la presente determinación, se desecha la demanda de amparo promovida por **********. DOMICILIO. Con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda. AUTORIZADO. Con las restricciones que impone la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a Aldo José Quijano Gómez, pues no tiene su cédula profesional capturada en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Como se desprende de la certificación secretarial de cuenta. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 9/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23, fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 9/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de julio de dos mil veintidós. Fórmese expediente con el escrito de demanda promovida por **********, contra actos del 1. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese con el número 620/2022-II, en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano... Bajo ese tenor, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo y por la causal descrita en la presente determinación, se desecha la demanda de amparo promovida por **********. Notifíquese personalmente.
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