Josefina Gutiérrez Serratos
Expediente 983/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Josefina Gutiérrez Serratos
- Juez Séptimo Civil de Partido En León, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Superioridad acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual confirmó la resolución de veintisiete de septiembre del presente año, en el que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Tribunal Colegiado acusa recibo e informa. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, a través del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, e informa que previo a realizar pronunciamiento relativo a la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, realizó requerimiento a la autoridad responsable en los términos que ahí indica. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada, de la que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "ncompetencia legal. Visto el contenido de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito procede a analizar su legal competencia para conocer del presente asunto. De la lectura de la demanda de cuenta, se desprende que constituyen los actos reclamados, los siguientes: Del Juez Séptimo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitida en el proceso ordinario civil 167/2022-C. Del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 485/2022, mediante la cual determinó confirmar la mencionada sentencia definitiva del juez civil. Por su parte, el artículo 16 constitucional prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de los cuales consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previo a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. En el caso, la promovente reclama la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitida en el proceso ordinario civil 167/2022-C, por el juez Séptimo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, así como la diversa resolución de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 485/2022, por el magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, mediante la cual determinó confirmar la mencionada sentencia definitiva del juez civil; de lo que se colige que este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente para conocer del asunto planteado, por lo siguiente: En el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prevista la competencia constitucional en materia civil de los Tribunales Colegiados de Circuito: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y (.)." Por su parte, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales en lo conducente señalan: De la Ley de Amparo: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. (.)." De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.)." [Énfasis añadido] Del análisis de los artículos transcritos, se colige que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo planteada, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que la impetrante acude a reclamar la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitida en el proceso ordinario civil 167/2022-C, por el juez Séptimo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, así como la diversa resolución de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 485/2022, por el magistrado de la tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, mediante la cual determinó confirmar la mencionada sentencia definitiva del juez civil. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto y, en consecuencia, se ordena remitir el mismo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en la capital, dejándose en su lugar el cuaderno de antecedentes correspondiente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 6/2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, materia Común, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo y remítase el presente expediente, con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en la capital, quien se estima competente para conocer y resolver el mismo, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea quien determine la procedencia de la demanda de amparo. Asimismo, solicítese el acuse de recibo de estilo correspondiente. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda, así como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José de Jesús González Villa, en virtud de contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a las partes. Por otro lado, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la Secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Es menester precisar que, si bien es cierto la demanda de amparo fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintitrés de septiembre del año en curso, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento."
- Principal
Incompetencia legal. Visto el contenido de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito procede a analizar su legal competencia para conocer del presente asunto. De la lectura de la demanda de cuenta, se desprende que constituyen los actos reclamados, los siguientes: Del Juez Séptimo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitida en el proceso ordinario civil 167/2022-C. Del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 485/2022, mediante la cual determinó confirmar la mencionada sentencia definitiva del juez civil. Por su parte, el artículo 16 constitucional prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de los cuales consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previo a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. En el caso, la promovente reclama la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitida en el proceso ordinario civil 167/2022-C, por el juez Séptimo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, así como la diversa resolución de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 485/2022, por el magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, mediante la cual determinó confirmar la mencionada sentencia definitiva del juez civil; de lo que se colige que este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente para conocer del asunto planteado, por lo siguiente: En el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prevista la competencia constitucional en materia civil de los Tribunales Colegiados de Circuito: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y (.)." Por su parte, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales en lo conducente señalan: De la Ley de Amparo: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. (.)." De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.)." [Énfasis añadido] Del análisis de los artículos transcritos, se colige que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo planteada, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que la impetrante acude a reclamar la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitida en el proceso ordinario civil 167/2022-C, por el juez Séptimo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, así como la diversa resolución de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 485/2022, por el magistrado de la tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, mediante la cual determinó confirmar la mencionada sentencia definitiva del juez civil. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto y, en consecuencia, se ordena remitir el mismo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en la capital, dejándose en su lugar el cuaderno de antecedentes correspondiente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 6/2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, materia Común, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo y remítase el presente expediente, con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en la capital, quien se estima competente para conocer y resolver el mismo, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea quien determine la procedencia de la demanda de amparo. Asimismo, solicítese el acuse de recibo de estilo correspondiente. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda, así como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José de Jesús González Villa, en virtud de contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a las partes. Por otro lado, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la Secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Es menester precisar que, si bien es cierto la demanda de amparo fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintitrés de septiembre del año en curso, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.
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