Josefina Gutiérrez Deceano

Expediente 719/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 34 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
719/2020
Año
2020
Actuaciones
34
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Josefina Gutiérrez Deceano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, remitido por la vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y dado que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele devolviendo SIN DILIGENCIAR el exhorto 232/2021-E/IV/AP (número de orden 727/2021) de veinte de mayo de dos mil veintiuno, que se libró a efecto de emplazar a la parte tercero interesada en el presente asunto. Dese de baja el exhorto de mérito, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva para tal efecto en este Juzgado. Sin necesidad de acusar recibo, en virtud de que la autoridad oficiante toma nota de la recepción de la comunicación de que se trata con la constancia que le arroja el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en autos. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes, mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la que desahogó la parte quejosa a través de su autorizado, por escrito presentado ante este juzgado el veintiséis de octubre de la presente anualidad.En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, en los siguientes términos: ".se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el juez responsable:a). Deje insubsistente la resolución de plazo constitucional reclamada.b). Reponga el procedimiento a fin de que durante la totalidad del término constitucional ampliado que deberá otorgar nuevamente a la quejosa (sin recabar de nueva cuenta su declaración preparatoria) asuma las medidas necesarias para desahogar las testimoniales en vía de interrogatorio de Petra Gregorio Hernández y del perito Miguel Palacios Díaz. c). Una vez desahogados esos medios de convicción o hecha la certificación de imposibilidad material o temporal para su desahogo durante ese periodo, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica de la aquí quejosa.Lo anterior, en el entendido que, el plazo constitucional para realizar el desahogo de los referidos medios de prueba, incluso diversos medios probatorios a los aquí indicados que se llegaren a desahogar en cumplimiento a este fallo, iniciará a partir de que el juez responsable reciba la notificación de que este fallo cause ejecutoria y se le requiera su cumplimiento. Se precisa que es innecesario el análisis de los conceptos de violación planteados, en tanto que los vicios alegados podrían quedar superados una vez que esta sentencia cause ejecutoria y se subsane la irregularidad procesal detectada."En esas condiciones, mediante auto de veintinueve de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que mediante telegrama remitido por el Juez Primero de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz, informó que por auto de seis de octubre del actual, dejó insubsistente el auto de formal prisión de siete de diciembre de dos mil veinte y ordenó la reposición del procedimiento del término constitucional, citó a la aquí quejosa a comparecer ante ese juzgado a fin de notificarle el aludido auto, así como requerirle designara defensor que le asista o en caso contrario nombrarle un defensor de oficio. Asimismo, mediante oficio 4213, el juez responsable remitió copias certificadas de la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, así como de las constancias relativas a la causa penal 2338/2017-III, de su índice, en las que consta agregada la comparecencia de la quejosa ante ese tribunal, en fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, acto por el cual le notificaron el auto de seis de octubre que dejó insubsistente el auto de formal prisión de siete de diciembre de dos mil veinte y ordenó la reposición del procedimiento, empezándole a correr el respectivo término constitucional ampliado partir de las diez horas del siete de octubre y feneciendo a la misma hora del trece del mes y año en curso, para desahogar las testimoniales en vía de interrogatorio de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ y del perito MIGUEL PALACIOS DÍAZ, o las pruebas que esta aporte; asimismo, designó como su defensor a ÁNGEL COBIX ANTELE, quien aceptó y protestó el cargo conferido.Así pues, de la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno se advierte que el juez responsable al resolver de nueva cuenta la situación jurídica de la quejosa, al vencimiento de la ampliación del plazo constitucional, por un lado dictó auto de formal prisión en contra de JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, como probable responsable del delito de DAÑOS DOLOSOS, cometido en agravio de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, y por el otro dictó auto de sobreseimiento por prescripción por haberse extinguido la acción penal, a favor de JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, como probable responsable del delito de LESIONES DOLOSAS, cometido en agravio de la salud de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, la cual fue pronunciada al tenor de las consideraciones que se describen a continuación:En un principio, atendiendo a la obligatoriedad a la que el Juez responsable está sometido para emitir el acto reclamado, procedió a señalar los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda, y de manera inmediata invocó el artículo 19 de la Carta Magna, a saber: ".Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresaran: el delito que se le impute al acusado, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberá ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.", entonces así, tenemos que, los requisitos que deben reunirse para para emitir y justificar la detención con un auto de formal prisión son, expresar: -El delito que se le imputa al inculpado.El lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de aquél.-Los datos que arroje la averiguación y estos últimos deben ser bastantes para:Comprobar el cuerpo del delito; yHacer probable la responsabilidad del indiciadoPor su parte, el artículo 171, del Código 590, de Procedimientos Penales en abrogación paulatina en el Estado de Veracruz, aplicable en el presente caso, en términos del artículo cuarto transitorio, del decreto de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, además de los anteriores requisitos, precisa, -Que se le haya tomado la declaración preparatoria;-Que el delito tenga señalada pena corporal y finalmente; Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna circunstancia eximente de responsabilidad o que extinga la acción penal.Ahora a efecto de tener o no por cumplidos los anteriores requisitos, el juez responsable estableció que en cuanto hace a la declaración preparatoria rendida por la inculpada el dos de diciembre de dos mil veinte, quedó firme, esto en acatamiento al fallo amparador.De igual manera, señaló que el delito que se le imputa a la inculpada, es el de LESIONES Y DAÑOS DOLOSOS, previsto por los artículos 136, 137 ,fracción I y 226 del Código Penal para el Estado, conforme a la consignación y orden de aprehensión.Así entonces, al haber advertido dato del cual se pudiese deducir una causa de extinción de la acción penal, únicamente por cuanto hace al DELITO DE LESIONES, el juez responsable procedió a su análisis, invocando a los artículos 136, 137, fracción I del Código Penal para el Estado de Veracruz, los cuales establecen que comete el delito de lesiones quien cause a otro una alteración en su salud, y las lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido se sancionarán con prisión de quince días a seis meses o multa hasta de cincuenta días de salario, cuando tarden en sanar hasta quince días.Acto seguido, el juez señaló que el delito de lesiones por el cual se libró orden de aprehensión en oficio 1906 de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, y recibida para su ejecución material el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, teniendo una penalidad de quince a seis meses o multa de hasta cincuenta días de salario; por lo que al momento de la ejecución de dicho mandato de captura, que lo fue el uno de diciembre de dos mil veinte, habían transcurrido dos años, ocho meses y ochos días; por tanto ha prescito la acción persecutoria, ello atendiendo a lo previsto por los numerales 109, 110, 111, 113 y relativos del Código Penal vigente al momento de los hechos, por lo que de oficio procedió a decretar auto de sobreseimiento por haberse extinguido la acción penal en atención al tiempo transcurrido, en términos de los establecido por los artículos 305 fracción III, 306. 307. 308, 309 y 310 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Veracruz. Dicho lo anterior, y en base al artículo antes enunciado, el Juez responsable expuso los elementos objetivos que integran el cuerpo del delito de daños, siendo los siguientes:A quien, en perjuicio de tercero; Por cualquier medio;Destruya o deteriore una cosa. Total o parcialmente ajena o propia.Establecido lo anterior, el juez estimó que el delito de DAÑOS se comprueba en el expediente penal al justificarse la existencia de los elementos materiales que constituyen el hecho delictuoso, según la regla genérica consignada por el artículo 178, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales del Estado; ya que el primer y segundo de los elementos quedó acreditado con la querella formulada por PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ en su declaración de trece de abril de dos mil dieciséis, ante el Fiscal Investigador de Cosamaloapan, Veracruz, a la cual se le otorga valor en términos de los artículos 122, 123, 124 y 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado en vigor, pues fue realizada ante la autoridad investigadora y persecutora de los delitos, en ejercicio de sus funciones previstas en el artículo 21 constitucional, por la persona quien resintió un perjuicio en su patrimonio por la comisión del hecho delictivo; instando a la Representación Social, la investigación sobre los hechos ocurridos, y de la cual se desprende: ".el día doce de abril del año de dos mil dieciséis, aproximadamente a las diez de la noche, en el parque de Gabino Barreda de Cosamaloapan, Veracruz, una sujeto activo, la golpeó, lastimándola del brazo derecho, la golpeó del pecho y le arañó del brazo y en el pecho y le causó daños a su blusa, que traía puesta, que casi la manda encuerada, daños que fueron en perjuicio del patrimonio de la pasivo, que se le ocasionaron por medio de las lesiones que se le causaron a la pasivo. Sin que sea óbice a lo anterior, que pese a las gestiones realizadas para lograr la comparecencia de la denunciante para declarar en ampliación, no fue factible localizar su domicilio, pero ello en nada demerita su deposición ministerial, al no estar contradicha con otros medios de prueba y por lo cual se le otorga valor de indicio."De la misma manera, el juez responsable, aclaró que el nombre correcto de la pasivo del delito es PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, para todos los efectos legales procedentes, que aun cuando el órgano investigador al presentar su pliego de consignación 104/2017 de siete de agosto de dos mil diecisiete, por error indicó que el delito a estudio se ejecutó en agravio de PETRA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, sin embargo al formular su determinación de ejercicio de la acción penal que el compete, estableció que los delitos cometidos eran en agravio de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, como se desprende de actuaciones de la investigación ministerial que dio inicio al proceso de que se trata, lo cual se corrobora con la credencial de elector que obra en autos, con la cual se identificó la pasivo al formular su querella.En lo tocante al último de los elementos, esto es, que "Destruya o deteriore una cosa, total o parcialmente ajena o propia", se cuenta con la DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN MINISTERIAL Y FE DE LESIONES, de trece de abril de dos mil dieciséis, realizado por personal ministerial actuante donde se hace constar que una blusa de manta bordado en rojo, está dañada desde el cuello y hombro de la misma, a la cual le otorgó eficacia probatoria en términos del artículo 277 fracción IV, del Código de Procedimientos Penales del Estado, al ser realizado por la Representación Social en el ejercicio de sus atribuciones.Asimismo, con el dictamen de avalúo, número 909 de unos de agosto de dos mil diecisiete, signado por el doctor MIGUEL PALACIOS DÍAZ, en donde en el apartado de observaciones asentó "Con vista al oficio (.) una blusa de color blanco, con estampado en color rojo: la cual manifiesta que la prenda presenta desgarre que daña desde el cuello y hombro", concluyendo:"PRIMERA: Se asigna un monto total estimativo por la cantidad de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.)"Dictamen que fue debidamente ratificado por su signante en sede judicial, y al ser cuestionado por la defensa, contestó: 1. Que diga el perito si posteriormente a su avalúo realizado en el dictamen 909/2017, la señora PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, le presentó la factura o le puso a vista la factura de la blusa de manta de color rojo. R.-No.En consecuencia a lo anterior, a fin de dar cumplimiento al fallo amparador, como consta en autos la diligencia de quince de abril del año cursante, por la cual el perito MIGUEL PALACIOS DÍAZ, compareció y ratificó el dictamen emitido, en donde el defensor voluntario ÁNGEL COBIX ANTELE, hizo uso de su derecho de contradicción e interrogó al perito, mientras la Fiscal se reservó para hacerlo, por lo que a fin de no duplicar actuaciones, el juez responsable tuvo por reproducida dicha diligencia dentro del término constitucional duplicado, al ser experticia realizada por un perito oficial en la materia, cumpliendo con lo establecido en el numeral 239 del Código Adjetivo Penal, y otorgándole valor probatorio de conformidad con la fracción IV, del artículo 277, del Código antes citado, al ser realizados por persona que cuenta con los conocimientos especiales para emitir este tipo de opiniones, señalando los métodos y técnicas que empleó para llegar a las conclusiones que expuso en su dictamen.Lo que además concatenado a la declaración de la pasivo PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, de donde se tuvo que la blusa de manta color blanco, con estampados en color rojo, que se deterioró es totalmente ajena al sujeto activo y de la cual, solo podía disponer la citada agraviada, resultó concluyente para que el juez responsable tuviera por acreditado el último de los elementos del delito penal, al considerar que las pruebas antes citadas, de forma conjunta y en lo individual, evidencian la destrucción de la blusa de manta de color blanco con estampados en color rojo, causando con ello daños al patrimonio de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ.De lo anterior, el juez responsable concluyó, que valoradas en su conjunto las pruebas que obran en la causa penal a estudio, de conformidad con el numeral 277 del Código de Procedimientos Penales, son aptas y suficientes para tener por demostrado que el doce de abril de dos mil dieciséis, a las diez de la noche (circunstancia de tiempo) en la esquina de la carretera de la Comunidad de Gabino Barreda de Cosamaloapan; Veracruz (circunstancia de lugar) luego que la pasivo estuvo en el parque de dicho lugar; donde se encontraba por una reunión para un préstamo, fue a dejar a una amiga que traía a sus dos bebés, cuando venía de regreso, la estaba esperando su hija menor de edad, de doce años, en la esquina de la carretera, cuando de repente la inculpada se le fue encima, diciéndole que era "una puta, una zorra", comenzando a agredirla físicamente y causándole con esa agresión deterioros a la blusa de manta color blanco con estampados en color rojo que en ese mneto vestía, siendo estos menoscabos de tal magnitud, que asegura "casi me mandó encuerada", detrimentos que fueron constatados a través de la diligencia de inspección ocular que practicó el personal de la fiscalía y fueron valuados por el perito oficial MIGUEL PALACIOS DÍAZ, en la suma de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) con la conducta desplegada por la sujeto activo causó daños a un bien que le era ajeno, lesionando el patrimonio de la agraviada PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, violentando de esa forma el bien jurídico tutelado por la norma, por lo tanto con los medios de convicción antes señalados, tuvo por acreditado el cuerpo del delito de DAÑOS DOLOSOS, previsto y sancionado por el 226 del Código Penal para el Estado de Veracruz. Por cuanto hace a la probable responsabilidad penal en que incurrió la aquí quejosa JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, como probable responsable del delito de DAÑOS DOLOSOS, ilícito previsto y sancionado por el artículo 226 del Código Penal en vigor, cometido en agravio del patrimonio de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, tomó en consideración todos y cada uno de los medios de prueba que sirvieron de base para tener por acreditados los elementos constitutivos del cuerpo del delito de que se trata, dado que se deduce la probable autoría material de la indiciada en el delito que se le imputa conforme al numeral 37 del Código Penal y no existe acreditada a su favor causa alguna de licitud o excluyente del delito; teniendo así: -El señalamiento firme, directo y categórico que en contra de la inculpada, que realizó la pasivo PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, en su declaración de trece de abril de dos mil dieciséis, ante el Fiscal Investigador de Cosamaloapan; Veracruz, QUERELLA a la cual le otorgó valor en términos de los artículos 122, 123, 124 y 127 el Código de Procedimientos Penales del Estado en vigor. Al haber sido realizada ante la autoridad investigadora y persecutora de los delitos, en ejercicio de sus funciones prevista por el artículo 21 constitucional. - DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN MINISTERIAL Y FE DE LESIONES, de trece de abril de dos mil dieciséis, realizado por Personal Ministerial actuante, en donde se hizo constar las lesiones que presenta PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, en su persona, así como los daños a una blusa de manta con bordado en rojo, diligencia a la cual se le otorgó eficacia probatoria plena en términos del numeral 227 fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, y que fue debidamente ratificada por su signante en sede judicial, en donde el defensor voluntario ÄNGEL COBIX ANTELE, hizo uso del derecho de contradicción e interrogó al perito, mientras que la Fiscal se reservó su derecho para hacerlo, teniéndose por reproducida dentro del término duplicado, a fin de no duplicar actuaciones.- El oficio 1006/2015, de los elementos de la Policía Ministerial de Cosamaloapan, Veracruz, en el que señalan que en cumplimiento a la investigación de los hechos encomendada, mediante entrevista con PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, con domicilio en Avenida Miguel Alemán número treinta y ocho de Gabino Barreda, esta manifestó que la persona que la agredió física y verbalmente responde al nombre de JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, agregando desconocer los motivos de la agresión sufrida.Pruebas que se valoraron en términos del artículo 277 fracción II del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, al estar emitidas por personal actuante en ejercicio de sus funciones, cumpliendo con la investigación de los hechos encomendada por el Fiscal InvestigadorAsí también, el juez responsable hizo notar que se tiene que mediante comparecencia de la inculpada ante el órgano investigador de nueve de junio de dos mil dieciséis, esta se apegó al beneficio que le concede el 20 constitucional y si bien, en la etapa de investigación ministerial se glosó un escrito de declaración de la inculpada JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, en el que de forma medular negó los hechos que se le imputan, así como también, que dicha declaración no fue ratificada en etapa de investigación ministerial, ni en la etapa de pre-instrucción, ya que, al declarar en FORMAL PREPARATORIA ante ese juzgado el dos de diciembre de dos mil veinte, asistida de su defensor voluntario ÁNGEL COBIX ANTELE, se reservó su derecho a declarar y a no contestar ningún interrogatorio formulado por las partes. Declaración que al no haber sido ratificada por la inculpada ante el órgano investigador, ni en sede judicial, no se le puede conceder eficacia jurídica, en términos del artículo 215 fracción IV, 245 y 246, del Código 590 Procesal de la materia vigente en el Estado, por lo que su negativa a declarar ante autoridad, es solo un derecho que tiene la inculpada a no auto incriminarse, sin embargo, aun cuando a su favor tiene el principio de presunción de inocencia, este está desvirtuado con el cúmulo de pruebas que obran en autos y que conforme a la prueba circunstancial, se desprenden datos que acreditan la probable participación en los hechos de la inculpada JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO.Aunado a que hasta el momento procesal en que se provee, la inculpada no aportó algún medio de prueba eficaz que controvierta el material probatorio de cargo, mismo que opera en su contra, desvirtuando la presunción de inocencia que de inicio operaba a su favor, aportando medios de convicción para probar su ajenidad a los hechos que ahora se le imputan, lo que en la especie no aconteció, resulta evidente que su sola negativa no acreditada con algún medio de prueba fehaciente, resulta insuficiente para excluirla de responsabilidad.Fue así que el juez estimó que los datos existentes en el sumario penal, concatenados y entrelazados unos con otros, considerados de manera individual y conjuntamente, por la naturaleza de los hechos y circunstancias probadas, ante su valor incriminatorio y su enlace lógico y natural entre la verdad conocida, la que se busca y el estricto apego a las leyes de la lógica y la razón, hasta la etapa procesal que se analiza, son aptos y suficientes para integrar la prueba circunstancial establecida en el artículo 276 del Código Penal para el Estado, basada sobre el conjunto de hechos o circunstancias desahogadas y probadas en el proceso, y de la cual se deduce la participación de la inculpada JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO. Como autora material del ilícito que se reprocha.En esa tesitura, dado las pruebas valoadas en su conjunto y en lo individual y en términos de los numerales 276 y 277 del Código Procesal Penal en vigor, el juez responsable consideró que quedó debidamente acreditado que probablemente la inculpada JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, fue la persona que el doce de abril de dos mil dieciséis, a las diez de la noche (circunstancia de tiempo) en la esquina de la carretera de la Comunidad de Gabino Barreda de Cosamaloapan; Veracruz (circunstancia de lugar) luego que la pasivo estuvo en el parque de dicho lugar, donde se encontraba por una reunión para un préstamo, fue a dejar a una amiga que traía a sus dos bebés, cuando ésta venia de regreso, la estaba esperando su hija menor de edad, de doce años, en la esquina de la carretera, cuando de repente la inculpada se le fue encima, diciéndole que era "una puta, una zorra", comenzando a agredirla físicamente y causándole con esa agresión deterioros a la blusa de manta color blanco con estampados en color rojo que en ese mneto vestía, siendo estos menoscabos de tal magnitud, que asegura "casi me mandó encuerada", detrimentos que fueron constatados a través de la diligencia de inspección ocular que practicó el personal de la fiscalía y fueron valuados por el perito oficial MIGUEL PALACIOS DÍAZ, en la suma de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) con la conducta desplegada por la sujeto activo causó daños a un bien que le era ajeno, lesionando el patrimonio de la agraviada, violentando de esa forma el bien jurídico tutelado por la norma, causando el daño al patrimonio de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ. Actualizando con su actuar, la hipótesis contendida en el artículo 37, del Código Penal para el Estado de Veracruz.Asimismo, el juez responsable, señaló que hasta ese momento procesal, no existía evidencia de que al momento de cometer el ilícito, la inculpada, se hubiera encontrado bajo el amparo de una causa de licitud o excluyente del delito, a que eluden los numerales 23, 25 y 26 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, ni circunstancia que propicie la extinción de la acción penal; esto en virtud de que las pruebas desahogadas hasta ese momento procesal y valoradas al emitir su resolución, demuestran que el actuar de la indiciada fue doloso, con conocimiento de que la conducta que llevó a cabo era delictuosa. Satisfechos los requisitos que contrae el artículo 19 Constitucional, en relación con el 171 y 175 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, el juez responsable, consideró procedente dictar en contra de la inculpada, aquí quejosa JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, el correspondiente AUTO DE FORMAL PRISIÓN con todas las consecuencias legales, como probable responsable del delito de DAÑOS DOLOSOS, ilícito previsto y sancionado por el numeral 226 del Código Penal en vigor, cometido en agravio del patrimonio de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ.En consecuencia, el Juez Primero de Primera Instancia resolvió: PRIMERO: En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 719/2020 promovido por JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, mediante auto de seis de octubre de dos mil veintiuno dejó insubsistente el AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, dictado en la causa penal 2338/2017 de su índice (antes 151/2017 del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en Cosamaloapan, Veracruz).SEGUNDO: Al resolver de nueva cuenta la situación jurídica de la quejosa, y estando en vencimiento de la ampliación del plazo constitucional de las setenta y dos horas, dictó AUTO DE FORMAL PRISIÓN, en contra de la aquí quejosa JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, como probable responsable del delito de DAÑOS DOLOSOS, ilícito previsto y sancionado en el numeral 226 del Código Penal en vigor, cometido en agravio del patrimonio de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, hechos ocurridos en el lugar, día y hora y demás circunstancias registradas en autos.TERCERO: En esta fecha y estando al vencimiento de la plazo constitucional, dictó el correspondiente AUTO DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN POR HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN PENAL, a favor de JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, como probable responsable del delito de LESIONES DOLOSAS, ilícito previsto y sancionado por los numerales 136, 137 fracción I, del Código Penal en vigor, que se dijo cometido en agravio de la salud de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZPor lo tanto, el Juez responsable, en acatamiento al fallo amparador, dejó insubsistente la resolución de plazo constitucional reclamada, para en su lugar reponer el procedimiento, otorgando a la quejosa nuevo plazo constitucional ampliado (sin recabar de nueva cuenta su declaración preparatoria), y asumió las medidas necesarias para el desahogo de las testimoniales ofrecidas por la defensa de la aquí quejosa, esto dentro de la totalidad del plazo constitucional duplicado, como se advierte de las copias certificadas de las constancias relativas a la causa penal 2338/2017-III remitidas por el juez responsable mediante oficio 4213 de trece de octubre de la presente anualidad, de las cuales se desprenden las gestiones siguientes: En auto dictado el siete octubre de la presente anualidad, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, y a efecto de proveer lo conducente en cuanto a la preparación y desahogo de la prueba ofrecida por la inculpada consistente en las testimoniales a cargo de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ y del perito MIGUEL PALACIOS DÍAZ, en términos del 214, 215, 245 y 246 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, el juez responsable ordenó citar a PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, en el domicilio ubicado en Avenida Plutarco Elías Calles número 200, Poblado 5, Uxpanapa, Veracruz, para que compareciera ante ese juzgado el nueve de octubre de dos mil veintiuno a las diez horas, para lo cual giró requisitoria al Juez Municipal de Uxpanapa, Veracruz, para que en el auxilio de las labores de ese juzgado, llevase a cabo dicha notificación. Ahora bien, por cuanto hace a la citación del perito Miguel Palacios Díaz, como quedó asentado en párrafos que anteceden, en virtud de que mediante auto de quince de abril del presente año, el perito antes citado compareció ante ese juzgado a ratificar su dictamen, el juez responsable consideró que a fin de no duplicar las actuaciones, se tomaría en consideración dicha diligencia al resolver el término constitucional.De la misma manera, se advierte certificación del Secretario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por la cual hizo constar que de actuaciones realizadas por el Juez del Juzgado Civil Menor de Cosamaloapan, Veracruz, se desprendió la imposibilidad de notificar a PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, quien contaba con domicilio en la localidad de Gabino Barreda perteneciente al Municipio de Cosamaloapan, Veracruz; y en tanto del oficio 10181 signado por el Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en el cual se advierte localizó dos registros relativos al domicilio donde pudiera ser emplazada la tercero interesada PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, correspondiendo a los ubicados en Avenida Plutarco Elías Calles número 200, Poblado 5, Uxpanapa, Veracruz y el diverso Nicolás Bravo número 200, Poblado 5, Uxpanapa, Veracruz, es por ello que ese juzgado citó a la agraviada PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, quien contaba con domicilio en la localidad de Gabino Barreda perteneciente al municipio de Cosamaloapan, Veracruz, en los domicilios antes citados. De igual manera, por auto de ocho de octubre de la presente anualidad, el juez responsable, ante la imposibilidad de notificar a PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, citada en párrafo que antecede, y en términos del artículo 55, en relación con el 98, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Estado, ordenó girar oficio al Director General de la Policía Ministerial de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para que se avocara a la búsqueda y localización del domicilio de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, toda vez que la agraviada dijo tener su domicilio en Avenida Miguel Alemán número 38, de la localidad de Gabino Barreda, perteneciente al municipio de Cosamaloapan, Veracruz, concediéndole un plazo de tres días a partir de la notificación del oficio que para el efecto se libre, para que informara de inmediato a ese juzgado el resultado de la investigación o manifestara el impedimento legal que tuviera para ello, toda vez que le estaba corriendo el término constitucional a la inculpada JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO. En ese sentido, de auto de nueve de octubre del actual, se advierte que el Jefe de la Oficina de Apoyo Legal, por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial en Xalapa; Veracruz, giró el oficio FGE/DGPM/OAL/7095/2021 al Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro de Cosamaloapan, Veracruz, para efectos de que se avocaran a la búsqueda y localización del domicilio de la agraviada. Posteriormente, de auto de diez de octubre del actual, se desprende oficio 119/2021 signado por la Juez del Juzgado Municipal de Uxpanapa, Veracruz, por el cual devolvió sin diligenciar la requisitoria de siete de octubre del actual, relativa a los autos de la Causa Penal 2338/20217, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, instruida en contra de JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, como probable responsable del delito de DAÑOS DOLOSOS, cometido en agravio del patrimonio de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, toda vez que al constituirse en el domicilio proporcionado para llevar a cabo la diligencia de notificación, salió a su llamado persona que dijo llamarse PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, identificándose con credencial para votar número 1595029644953 expedida a su favor el Instituto Nacional Electoral, y al hacerle saber el motivo de la visita, a lo que responde que ella no ha presentado denuncia alguna, que mucho menos conoce a JOSEFINA GUTIÉRREZ DECEANO, que es originaria de Laguna Escondida, perteneciente al Municipio de Ojitlán, Oaxaca, que lleva más de cuarenta años viviendo en el domicilio ubicado en Nicolás Bravo 200, Congregación Poblado 5 del Municipio de Uxpanapa, Veracruz, por lo que en razón de lo anterior y toda vez que de los autos se desprende que la víctima directa dijo llamarse PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, originaria de Gabino Barrera, perteneciente al Municipio de Cosamaloapan, Veracruz, con domicilio en Avenida Miguel Alemán número treinta y ocho, con fecha de nacimiento de diecisiete de junio de mil novecientos ochenta y tres, por lo cual en ese entonces contaba con treinta y dos años de edad, se deduce que la persona con la que se entendió la diligencia por la Juez Municipal de Uxpanapa, Veracruz, se trata de un homónimo, por cual no se realizó la citación solicitada, quedando a lo acordado en auto de ocho de octubre referente a la solicitud de búsqueda y localización de la agraviada realizada por el juzgado responsable al Director General de la Policía Ministerial de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.Asimismo, en fecha doce de octubre de dos mil veintiuno, el secretario del Juzgado Primero de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, certificó e hizo constar que hasta esa data, no se había recibido respuesta alguna al oficio de ocho de octubre del año en curso, en el cual se ordenó la búsqueda y localización de la agraviada PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, por lo que ese juzgado quedaba en espera de la respuesta del Director General de la Policía Ministerial de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. En mérito de lo anterior, este Juzgado considera que el juez responsable asumió las medidas necesarias en relación al desahogo de la prueba ofrecida por la inculpada consistente en la testimonial a cargo de PETRA GREGORIO HERNÁNDEZ, esto dentro de la totalidad del plazo constitucional duplicado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.Ahora, en relación a las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa en su ocurso de cuenta, dígasele que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados.Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este exediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Lo que se notifica por este conducto a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de Ángel Cobix Antele en su carácter de autorizado de la parte quejosa; dicho ocurso cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se le otorgó en auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los telegramas del Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se reserva dar vista a las partes hasta en tanto la autoridad responsable, remita las constancias correspondientes al total cumplimiento. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

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