Josefina Guadalupe Herrera Rodríguez
Expediente 943/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Josefina Guadalupe Herrera Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto de 16/12/2019 1. Recepción. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ...a través del cual promueve demanda de amparo contra actos del Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 943/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. Al efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo . De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4 . Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, así como artículo 103 constitucional. Ahora bien, el artículo 103 constitucional establece la competencia de los Tribunales de la Federación para resolver toda controversia que se suscite por: i) normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ii) normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y iii) por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Por su parte, el artículo 1° de la Ley de Amparo, además de reiterar lo establecido en el artículo 103 constitucional, en su último párrafo, establece que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. En tanto, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, define que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y su segundo párrafo establece los términos y casos en que los particulares serán parte en el juicio de amparo en calidad de autoridad responsable, previendo que será cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción I, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. De tal guisa, si bien la Ley de Amparo vigente prevé la posibilidad de señalar como responsable a un particular, ello únicamente se justifica en tanto éste realice actos equivalentes a los de autoridad, en ejercicio de funciones determinadas en una norma general, y no puede hacerse extensivo a aquellos otros actos entre particulares susceptibles de ventilarse en una instancia común, pues no debe perderse de vista que la propia Constitución establece la procedencia del amparo contra "actos de autoridad". Por tanto, la ley secundaria debe leerse a la luz de la fuerza normativa de la Carta Magna, en el sentido de que existen algunos actos de los particulares que, por las características y en razón de las funciones determinadas en una norma general, podrán ser equiparables a actos de autoridad. En esa línea de pensamiento, si el artículo 103 de la Constitución Federal que establece los principios constitucionales en el juicio de amparo, consistentes en mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas que disponen estrictamente que el juicio de amparo procede contra "actos de las autoridades", y las normas previstas en la nueva Ley de Amparo constituyen reglas de carácter secundario relativas a determinaciones en el ámbito de lo fáctico y jurídicamente posible, sujetas a los principios que estatuye el sistema constitucional vigente al que pertenecen. Es de concluirse que la nueva Ley de Amparo, aun cuando en su artículo 5°, fracción II, estatuye como actos combatibles en amparo los de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, se refiere a "actos de autoridad" alejado de su ámbito privado o particular y, por ende, su actuar debe realizarse en una condición de supra a subordinación, esto es, en la realización de funciones o potestades determinadas en una norma general, lo que, se reitera, resulta acorde con una interpretación conforme a la Constitución Federal. Por tanto, se concluye que aun cuando la Ley de Amparo vigente prevé como sujetos responsables del juicio de amparo a los particulares, ello sólo encuentra razón de ser en la medida en que dicho particular realice un acto de autoridad susceptible de ser analizado por este medio de control constitucional, esto es, lleve a cabo un acto equivalente al de una autoridad responsable, en ejercicio de funciones determinadas en una norma general que no puedan ser combatidas en jurisdicción ordinaria. En ese tenor, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que por autoridad responsable debe entenderse "... la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ..."; mantiene vigente el concepto jurídico que de "autoridad responsable" establecía la Ley de Amparo derogada que disponía en su artículo 11 como tal "... la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado." Sobre las características que distinguen a la autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo estableció en la jurisprudencia número 164/2011 . De donde se observa que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: i) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; ii) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; iii) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, iv) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así pues, emerge la necesidad de contextualizar la génesis de lo que ahora pretende reclamarse en sede constitucional. En principio debe resaltarse que la relación contractual entre la parte quejosa con el Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México es de naturaleza privada pues nace de un acto de comercio, a través de la adquisición de un producto de prestación de servicios financieros múltiples. Ahora, derivado del uso indebido de compras, retiros y supuestamente créditos solicitados, así como los retiros en efectivo y préstamos efectuados con su tarjeta **5922, ello generó los reclamos correspondientes de su parte a la institución bancaria en comentario. Hecho tal, debe apuntarse que el estudio de constitucionalidad que pone a consideración la parte quejosa, respecto de los actos que atribuyen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al Banco Santander, Sociedad Anónima, por la realización indebida de operaciones y movimientos no autorizados por la promovente, no es susceptible de ser realizado de forma desvinculada al pago que la parte quejosa persigue con los reclamos que al respecto presentó en la institución bancaria en cita. Tal premisa lleva a considerar que lo impugnado por la parte quejosa no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como se vio de la exposición realizada en párrafos precedentes, uno de los requisitos fundamentales para que se estime que reviste el carácter de autoridad responsable, consiste en que se ubique en un plano de supra a subordinación en relación con la peticionaria de amparo, en ejercicio de funciones determinadas en una norma general, condición que no se actualiza en el caso, pues los actos que reclama no participan del ejercicio del imperio de las entidades señaladas como responsables, en relación con la parte quejosa. Pues no debe perderse de vista que los reclamos hechos ver por la solicitante del amparo, se centran en obligaciones bancarias, no en una relación de supra a subordinación respecto de la quejosa. En ese sentido, las pretensiones de la parte quejosa plasmadas en la presente demanda, encuentran regulación en el ámbito mercantil, pues se destaca un aspecto toral que es el que constituye el reclamo del pago total de las cantidades dispuestas en su nombre y que dicha institución bancaria autorizó; pretensión relacionada invariablemente con el contrato de prestación de servicios financieros múltiples que signó la parte quejosa con el Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Por ende, en su caso, será el juzgado mercantil a quien el ejercicio de sus funciones corresponda, el que deberá resolver la afectación a los derechos patrimoniales de la amparista. Lo que corrobora que las entidades señaladas como autoridades responsables, no tienen tal carácter para los efectos del presente juicio de amparo, acorde con el artículo 61, fracción XXIII; 1, y 5, fracción II; y, lo dispuesto en el artículo 103 constitucional; estos tres últimos preceptos, interpretados contrario sensu. Sirve de apoyo a lo señalado, en lo conducente, la tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Consecuentemente, en la especie, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación a los numerales 1°, y 5°, fracción II, de la ley de amparo y 103 constitucional; estos tres últimos artículos, interpretados contrario sensu, por lo tanto, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Victoria, número 207 Poniente, Zona Centro Ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza, así como calle Centinela, número 630, colonia Villas del Carmen Poniente, entre calles Mar de Cortes y Mar del Norte de esta ciudad. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ... 5. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. 6. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. 7. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. 8. Recuperación de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. 9. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 10. Transparencia. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 11. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaria hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a la promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 12. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.
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