Josefina González Zamudio
Expediente 653/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Josefina González Zamudio
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no recurrió el auto en que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en los términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-6 Matías Romero, Estado de Oaxaca. Sin que en el caso, se estime dar vista a la parte quejosa, con dicho informe justificado, toda vez que de las documentales que adjunta la aludida responsable, se advierte que se actualiza una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora, de la demanda que dio origen a este juicio de amparo así como de las constancias que obran en autos, se advierte que la quejosa Josefina González Zamudio, substancialmente reclamó del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-6 Matías Romero, Estado de Oaxaca, la negativa de la devolución del vehículo marca Nissan, tipo sedán, modelo Versa, color gris, con placas de circulación N29-AXR de la Ciudad de México, con número de identificación vehicular 3N1CN7ADXJL856924, año modelo 2018. En esa tesitura, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Por su parte, el artículo 63, fracción V de la legislación en consulta, en lo que interesa, señala: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; (.)." Ello es así, toda vez que de las constancias que adjuntó a su informe justificado el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-6 Matías Romero, Estado de Oaxaca, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, al revestirles el carácter de documentos públicos, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en diligencia de diecinueve de septiembre del año en curso, ordenó la devolución del vehículo de motor, marca Nissan, clase automóvil, modelo Versa, tipo Sedán, placas de circulación N29-AXR de la Ciudad de México, color gris, cuatro puertas, con número de identificación vehicular 3N1CN7ADXJL856924, de origen nacional y año modelo 2018, a la quejosa Josefina González Zamudio, al acreditar la propiedad del mismo, por lo que giró el oficio MR-EIL-E4C6-1847/2022, al encargado del Encierro de Vehículo "Grúas y Maniobras del Trópico", para que previos los trámites administrativos de dicho lugar, se le haga entrega del vehículo antes descrito. En consecuencia, toda vez que la responsable, a la fecha, posterior a la presentación de la demanda de amparo, resolvió lo procedente dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/MR/0000984/2022, relativa a la devolución de la unidad de motor con las características descritas en el párrafo que antecede a Josefina González Zamudio, cuya omisión se dolía la impetrante, lo que constituye la materia del reclamo; es de considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado y, por ende, se han extinguido las violaciones a los derechos de la quejosa que pudieron haberse cometido. Por tanto, se concluye que este juzgado de amparo se encuentra imposibilitado para analizar las violaciones reclamadas en este juicio por lo que hace al acto impugnado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página treinta y ocho, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, cuyo tenor literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que dicho sobreseimiento dictado fuera de audiencia en este juicio, implique agravio o deje sin defensa a la amparista, pues la hipótesis de improcedencia en que se sustenta es notoria, manifiesta e indudable, además, es en estricto cumplimiento al principio de celeridad procesal contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues a nada practico conduciría, esperar a celebrar la audiencia constitucional, si el sentido de este fallo en nada variaría. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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