Josefina Garcia Arroyo
Expediente 904/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Josefina Garcia Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA IV. Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, sin que lo hubiesen hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, tómese conocimiento de la certificación secretarial, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. Respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto OCTAVO, del citado Acuerdo General, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurra el plazo de tres años que se estipula, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales.
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MESA IV. Se sobresee fuera de audiencia.
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MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable que se detalla en propia comunicación, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución de treinta de septiembre del año en curso, emitida en la averiguación previa ***, con la que se determinó no procedente aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal. Dado el volumen de las referidas constancias, por separado fórmese el tomo I de pruebas, el cual se ordena devolver una vez que sea innecesaria su permanencia en este juzgado. Visto el estado de autos, se advierte que el tres de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda respecto del acto consistente en: ? La omisión de resolver la propuesta de no ejercicio de la acción penal, emitido en la averiguación previa ***. Ahora bien, de las constancias relativas a la indagatoria mencionada, se advierte que por resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós -posterior a la presentación de la demanda (veintiocho de septiembre de dos mil veintidós)-, se resolvió la propuesta de no ejercicio de la acción penal, emitido en la averiguación previa ***. Con base en ello, este juzgado considera que han cesado los efectos del acto reclamado. La improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Ahora, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la Ley de Amparo, consistente en "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, para que se actualice, se requiere de lo siguiente: a) Desde luego, de un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo; d) De una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, ha sustentado que para su configuración, no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En el particular, se tiene que el acto consistente en: ? La omisión de resolver la propuesta de no ejercicio de la acción penal, emitido en la averiguación previa ***. Conforme a lo expuesto, se considera que fue sustituida por la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que se resolvió como no procedente la propuesta de no ejercicio de la acción penal, emitida en la averiguación previa ***. Documental que merece valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia según su numeral 2°. Por tanto, resulta indudable que los efectos del acto reclamado por la parte quejosa desaparecieron, por lo cual se concluye que se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues se restituyó a la justiciable en el pleno goce del derecho fundamental que adujo violado. En el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad, al no surtir efectos. Es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Ahora, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la Ley de Amparo, consistente en "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ha sido interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, para que se actualice, se requiere de lo siguiente: a) Desde luego, de un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo; d) De una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, ha sustentado que para su configuración, no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En el particular, se tiene que el acto consistente en: ? La omisión de resolver la propuesta de no ejercicio de la acción penal, emitido en la averiguación previa ***. Conforme a lo expuesto, se considera que fue sustituida por la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que se resolvió como no procedente la propuesta de no ejercicio de la acción penal, emitida en la averiguación previa ***. Documental que merece valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia según su numeral 2°. Por tanto, resulta indudable que los efectos del acto reclamado por la parte quejosa desaparecieron, por lo cual se concluye que se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues se restituyó a la justiciable en el pleno goce del derecho fundamental que adujo violado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en concordancia con la fracción XXI del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
MESA IV. Agréguese a los autos, el oficio signado por la autoridad responsable que se detalla en su propia comunicación, mediante el cual rinde informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en el momento procesal oportuno.
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