Josefina Estela Gómez Ballestreros

Expediente 861/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
861/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Josefina Estela Gómez Ballestreros

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se colige que ha transcurrido el plazo para que el accionante interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda que promovió; en consecuencia, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, así como de los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...M-III

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Josefina Estela Gómez Ballesteros, contra un acto de la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 861/2021-IIIA. DESECHAMIENTO. Ahora bien, analizado en su integridad el escrito que se provee, se advierte que, en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de 2 amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Una vez precisado lo anterior, conviene precisar que, la causal de improcedencia que en la especie se actualiza es la prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente que dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). Del precepto transcrito se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; con la condición de que causen un agravio irreparable a través de algún medio de defensa legal. Interpretada en sentido contrario esta primera parte del referido precepto, se puede inferir válidamente que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto administrativo cause un agravio reparable mediante algún medio de defensa legal; lo cual lleva implícito el principio de definitividad que lo rige, 4 consistente en agotar los recursos ordinarios de defensa previo a la promoción de la instancia constitucional. Esto es, el amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades administrativas revisables de oficio, atento a las normas rectoras, o proceda contra ellos algún recurso, incidente o juicio por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a tales ordenamientos se suspendan sus efectos a través de la interposición del medio de defensa legal hecho valer por el agraviado, con iguales alcances a los previstos en la norma reglamentaria y sin exigir más requisitos que los que en ella consigna para conceder la medida cautelar definitiva ni plazo mayor al establecido para el otorgamiento de la provisional, con independencia de si la actuación u omisión sea susceptible de ser interrumpida de acuerdo con dicha ley. Ahora bien, los numerales 1 y 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de los diversos 2, 3 y 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen: Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General correspondiente y en el presente ordenamiento. Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, racionalidad y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes. Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal se sujetará a las siguientes reglas: I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; II. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara de Diputados; III. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y IV. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería. Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII.Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.). Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 6 Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Artículo 3. Son partes en el juicio contencioso administrativo: I. El demandante. II. Los demandados. Tendrán ese carácter: a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante". Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea. Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional. La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican: I. De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto aplicativa. II. De treinta días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación de la resolución de la Sala o Sección que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello, deberá prevenirse al promovente para que, dentro de dicho plazo, presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo. III. De cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala. Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se suspenderá hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para interponer la demanda si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución 8 de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación, incluyendo en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo federal se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. En ese contexto, de los numerales señalados se advierte que procede el juicio de nulidad contra las resoluciones administrativas definitivas establecidas en la legislación orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que establece que dicho órgano conocerá de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas o actos administrativos dictados en materia de pensiones a cargo del erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por tanto, se estima que en las resoluciones en materia de pensiones quedan comprendidas, entre otras, el oficio emitido en cumplimiento a la queja por defecto, deducida de la ejecución de la sentencia definitiva de un juicio de nulidad. Pues las referidas disposiciones, al prever la procedencia del juicio de nulidad contra resoluciones o actos en materia de pensiones, se refiere a todas aquellas que versen sobre ese tema. En el caso particular, se estima que la quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debido a que el quejoso combate el oficio SP/DPSH/1332/2021, mediante el cual la responsable pretendió dar cumplimiento a la resolución de queja por defecto, dictada en el expediente 189/20-27-01-6. En tal sentido, es evidente que en el oficio reclamado está vinculado el tema de pensiones, por lo que se estima que el juicio de nulidad resulta idóneo para que se combata el nuevo acto impugnado, emitido por la autoridad responsable en cumplimiento de la queja por defecto que declaró fundada la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 838, que dice: QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA CON POSTERIORIDAD A UNA DECLARADA NULA LISA Y LLANAMENTE POR FALTA O INEXACTA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EMISORA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 52/2001, 2a./J. 99/2007 y 2a./J. 240/2007, de rubros: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", "NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA." y "NULIDAD. LA DECRETADA POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITE EL CRÉDITO FISCAL O UNO DE LOS ACTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN, NO PUEDE SER PARA EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNAN SIMULTÁNEAMENTE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y LA DICTADA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN.", sostuvo que la nulidad decretada por indebida fundamentación de la competencia de la autoridad emisora de la resolución administrativa tiene como consecuencia que se declare su nulidad lisa y llana, salvo cuando la resolución impugnada recaiga a 10 una petición, instancia o recurso, en cuyo caso la nulidad será para el efecto de que se emita una nueva en la que se subsane la ilegalidad en que se haya incurrido, y que si la autoridad está efectivamente facultada para emitir el acto de que se trate, no existe impedimento alguno para que subsane su omisión. Por tanto, si la autoridad decide emitir una nueva resolución subsanando los vicios formales aludidos, es inconcuso que esa nueva resolución no es impugnable a través del recurso de queja a que se refiere el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, ya que no se presenta alguno de los supuestos establecidos en tal precepto, dado que la autoridad administrativa no está vinculada a realizar acto alguno derivado de tal declaratoria de nulidad, motivo por el cual al resultar improcedente la queja el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe proceder de conformidad con el citado artículo 239-B, es decir, debe ordenar el trámite del escrito respectivo como un nuevo juicio de nulidad. De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 143/2009, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 675, de los rubro y texto siguientes: QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE INSTRUIRSE COMO JUICIO CUANDO SE ADVIERTA QUE EL MEDIO DE DEFENSA PROCEDENTE CONTRA EL ACTO DICTADO EN CUMPLIMIENTO SEA UN DIVERSO JUICIO DE NULIDAD, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA DETERMINACIÓN SE HAGA AL PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE QUEJA O AL RESOLVER ÉSTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). En la reforma al Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en donde el artículo 239 TER pasó a ser 239-B, se implementó la obligación por parte de la Sala o Sección del entonces Tribunal Fiscal de la Federación (ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) de instaurar como juicio una queja improcedente, sin que en el proceso legislativo se hayan expuesto las razones específicas respecto de dicha modificación, sino únicamente se estableció que la finalidad de la reforma consistía en simplificar los medios de defensa que se interpongan en contra de los actos de la administración pública. Por tanto, atendiendo a dicha finalidad, debe entenderse que existe obligación de tramitar como juicio una queja improcedente cuando se advierta que ésta no es el medio de defensa para controvertir el nuevo acto dictado en cumplimiento, sino que lo es un nuevo juicio; sin que dicha decisión se circunscriba únicamente a la primera determinación que se pronuncia respecto de la queja, sino también cuando al estudiarla en el fondo de ésta se advierta que los agravios son inoperantes en la medida en que el medio de defensa para controvertir en esa parte el nuevo acto lo es un diverso juicio contencioso administrativo; ello en razón de que el hecho de que se haya declarado procedente la queja implica que la autoridad jurisdiccional al resolver en definitiva tiene que pronunciarse sobre todos los argumentos que se hacen valer, de ahí que si algunos son infundados, deberá declarar infundada la queja, pero si otros son inoperantes en razón de que lo que se controvierta sea materia de un diverso juicio de nulidad, entonces, existe la obligación de dicha autoridad jurisdiccional de tramitar el nuevo juicio. De la misma manera, la tesis aislada V.2o.P.A.21 A (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, difundida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2622, que establece: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. PARA PROMOVERLO POR CUESTIONES DE LEGALIDAD DEBE ATENDERSE AL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUN CUANDO AQUÉLLA SE HUBIERE CONTROVERTIDO MEDIANTE EL RECURSO DE QUEJA. La interposición del recurso de queja previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para controvertir una resolución emitida en cumplimiento de una sentencia de nulidad, el cual persigue el cumplimiento pleno de esos fallos, no impide que el actor la impugne mediante un nuevo juicio por cuestiones de legalidad, el cual debe promoverse dentro del plazo establecido en la fracción I del artículo 13 de la ley citada, aun cuando en su contra se hubiere interpuesto el recurso mencionado, ya que la materia de juzgamiento y decisión en la instancia de queja y en el juicio contencioso administrativo es autónoma y distinta, a pesar de que se cuestione 12 formalmente un mismo acto, pues la primera se ocupa de la juridicidad del cumplimiento de la sentencia previa y, el otro, de los nuevos vicios de legalidad que el interesado considere como motivos de anulación. Además, en el caso de ninguna manera se actualizan los diversos supuestos de excepción al principio de definitividad relativos a cuando sólo se alegan violaciones directas a la constitución y el acto carezca de fundamentación, pues se advierte que el reclamo del peticionario deriva de una cuestión de legalidad susceptible de ser estudiada por la autoridad ordinaria; esto es, la inconformidad de la parte quejosa está encaminada a revelar la transgresión de la forma de cuantificación del incremento de su pensión; por ende, es un acto nuevo susceptible de reclamarse en juicio de nulidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 111/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 326, del contenido siguiente: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. De igual forma, en modo alguno se trata del supuesto de omisión de agotar los recursos o medios de defensa si éstos están previstos en un reglamento sin que la legislación aplicable contemple su existencia; pues como se indicó, el juicio de nulidad está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y no en un reglamento. En los términos anotados, previo al amparo, el quejoso debió promover el juicio contencioso administrativo, pues de lo contrario se priva de definitividad al acto reclamado, con lo cual se impide que la afectada pueda ser oída con la amplitud perseguida por el derecho fundamental de audiencia, la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes; por tanto, contra el acto reclamado procede el juicio de nulidad, en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 14 Por todo lo anterior, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por Josefina Estela Gómez Ballesteros. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la promovente señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Porfirio Díaz número 107, colonia Adolfo López Mateos, en esta ciudad. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Raúl González Nochebuena, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Alexis Lehi Sánchez Muratalla, Jesús Tomás Moncada Mahuen y Avril Violeta Pérez del Castillo, por no encontrarse su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF), y para tales efectos a las demás personas que refiere. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL. Asimismo, se tiene al quejoso proporcionando la cuenta de correo electrónico despachoasesorjurid@outlook.com, y el número telefónico 771 47 39 153; para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dicho medio no sustituye el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo 16 contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo..III

  3. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: LLEGADA DE AUTOS. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; acúsese recibo; visto su contenido, hágase del conocimiento de las partes la llegada de la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del recurso de revisión 324/2019, en la que se resuelve: "Primero. Se revoca la sentencia recurrida. Segundo. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto promovido por Marco Antonio Bautista Cruz, con residencia en Pachuca de Soto, para el efecto de que el juzgador prevenga al quejoso, en términos del artículo 114 de la Ley de la materia, con el objeto de que manifieste si señala o no como acto reclamado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa señalada por el juez de control responsable, hecho lo anterior, continúe con el trámite que legalmente corresponda en el juicio de amparo." La circunstancia anterior hágase del conocimiento de las partes procesales que actúan en el presente asunto. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. En esas condiciones, se dejan insubsistentes, tanto la audiencia constitucional de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, como la sentencia dictada en esa propia fecha, y se repone el procedimiento; por ello, se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de julio de dos mil veintiuno para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Luego, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, con relación al 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y lo razonado en la Jurisprudencia 1a./J. 76/2018 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se previene al quejoso para que, dentro del término improrrogable de tres días, contado a partir de aquél en que quede notificado del presente proveído, manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado destacado en el presente asunto, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta por el juez de control responsable. Se apercibe al quejoso que, en caso de no dar cumplimiento al requerimiento indicado con antelación dentro del término concedido para ello, no se admitirá la ampliación de demanda, y se resolverá el presente asunto en los términos inicialmente planteados. ANTECEDENTES DEL CITADO ACTO RECLAMADO. Este órgano jurisdiccional estima necesario precisar las siguientes consideraciones a la parte quejosa, con la finalidad de que esté en aptitud de cumplir la prevención que se le realiza: Al tener a la vista las constancias que conforman el presente expediente, se desprende que el juicio de amparo en que se actúa deriva de la separación de autos ordenada en auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dentro del diverso juicio de amparo 707/2019-V-B, del registro de este juzgado; en dicho expediente, se precisó que, como el quejoso Marco Antonio Bautista Cruz reclamaba la medida cautelar de prisión preventiva y el auto de vinculación a proceso, ambos emitidos en la causa penal 119/2018, del índice del Juzgado de Control del Tercer Circuito Judicial, con sede en Tula de Allende, Hidalgo, era procedente separar los juicios, a fin de que se analizaran de manera independiente. Por esa razón, el citado expediente (707/2019), siguió tramitándose respecto del acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva dictada contra el quejoso en la causa penal origen, y se ordenó dar de alta, como nueva demanda, la concerniente al auto de vinculación a proceso. De esta manera, en el juicio de amparo 707/2019-V-B, del registro de este juzgado, que tuvo como acto reclamado la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso de mérito en la causa penal 119/2018, del índice del Juzgado de Control del Tercer Circuito Judicial, con sede en Tula de Allende, Hidalgo, el diez de enero de dos mil veinte se dictó sentencia, en la cual se resolvió sobreseer en el juicio al haber consentido tácitamente la resolución reclamada; sentencia que causó ejecutoria el cuatro de febrero siguiente. Antecedentes que se hacen del conocimiento del quejoso, con la finalidad de que cuente con la información necesaria que le permita decidir si es su deseo o no, señalar como acto reclamado la medida cautelar dictada en su contra, pese a que la misma ya fue materia de un diverso juicio de amparo...M-VII

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