Josefina Enriquez Cuevas
Expediente 1431/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1431/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Josefina Enriquez Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN DICTADA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO DE AMPARO. SIN MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. SE DETERMINA DESTRUIR LA PIEZA DE ACTUACIONES. NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. DEVUÉLVANSE LOS LEGAJOS DE PRUEBAS. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 02 DE FEBRERO DE 2018, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE; I. Autoridad da cumplimiento y se actualiza causal de improcedencia. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de enero del año en curso (foja 84), para lo cual remite copia certificada de la sentencia de once de enero pasado, dictada en la causa penal 860/2015-P "D" de su índice; de las cuales se advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por la que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por los siguientes motivos: Cabe precisar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consiste en: la orden de captura girada contra el quejoso y su ejecución. En ese tenor, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;.". El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando es promovido en contra de un acto que emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y con posterioridad se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el acto que atacó el impetrante en primer término y, que por ello, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de este último, sin afectar la nueva situación jurídica. De ahí que para la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. 2. Que con posterioridad se pronuncie una resolución procesal que cambie la situación jurídica en que se encontraba el acto que se reclamó en el juicio de amparo. 3. Que debido a esa nueva determinación, se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado, a nada práctico conduzca en virtud de la nueva situación creada. 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo al caso, la tesis aislada 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, tomo VI, diciembre de 1996, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En el caso particular, el quejoso reclama la orden de reaprehensión emitida en la causa penal 860/2015-P "D", por el delito de fraude, cometido en agravio de Salvador Campos Saínez Sin embargo, al oficio de cuenta la Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, acompañó copia certificada de la sentencia condenatoria emitida el once de enero de dos mil dieciocho en la causa penal 860/2015-P "D", la que valorada como documental pública en los términos precisados en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pone de manifiesto que se dictó sentencia condenatoria en contra de la impetrante, por encontrarla penalmente responsable en la comisión del delito de fraude, en términos del artículo 13 y 20 del Código Penal del Estado de Guanajuato. De lo expuesto, se desprende que se han colmado todos los requisitos para que opere la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque la orden de reaprehensión impugnada es un acto reclamado emanado de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el caso, de la causa penal 860/2015-P "D", del índice del juzgado responsable. Además, porque el once de enero pasado, la autoridad dictó sentencia condenatoria en contra de la peticionaria del amparo, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda constitucional con que se formó el presente juicio de amparo, la cual ocurrió el trece de noviembre de dos mil diecisiete. Circunstancia con la que se considera cambió la situación jurídica en que se encontraba la quejosa con motivo de la orden de reaprehensión reclamada, ya que las posibles violaciones acaecidas en la indicada determinación, quedaron consumadas de manera irreparable con la resolución definitiva del proceso penas instruido en su contra. De igual forma, porque la nueva situación jurídica en que se encuentra la agraviada, con motivo del dictado de sentencia condenatoria, impide decidir sobre la constitucionalidad de la orden de reaprehensión tildada de inconstitucional, sin afectar la determinación de la sentencia ya emitida, la cual es independiente y no es motivo de análisis en este juicio de amparo. Máxime que en caso de una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la orden de reaprehensión reclamada, a nada práctico conduciría en virtud de la nueva situación creada con la determinación de la sentencia de once de enero pasado en contra de la impetrante de amparo. En ese contexto, es dable concluir que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que impone sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, en términos del numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las nueve horas con veinticuatro minutos del nueve de febrero del año en curso (foja 74), comuníquese lo anterior a las autoridades responsables; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice para lo anterior, el hecho de que a la fecha en la que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo aún no hubiera tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno al quejoso, debido a que no es privada del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia que en este momento es notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece por el cambio de situación jurídica, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
SE REQUIERE A AUTORIDAD RESPONSABLE NUEVAMENTE. PARA QUE TÉRMINO DE TRES DÍAS, REMITA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN QUE REFIERE EN SU COMUNICADO. PERMANECE VIGENTE APERCIBIMIENTO EFECTUADO EN AUTO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
- Principal
SE REQUIERE A AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ PRIMERO PENAL DE PARTIDO, INFORME SI TIENE CONOCIMIENTO SI YA LE FUE COMUNICADO QUIÉN FUNGE COMO NUEVO ALBACEA A BIENES DEL OFENDIDO A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE EMPLAZARLO A JUICIO.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- Josefina Alvarez Gomez1184/2012
- Josefina Ávila López196/2018
- Josefina Barrera Jasso550/2021
- Josefina Barrera Jasso551/2021
- Josefina Concepcion Cuellar Serrano970/2015
- Josefina de Lourdes Liceaga Rodriguez1449/2013
- Josefina Enriquez Cuevas1341/2017
- Josefina Enriquez Cuevas645/2016
- Josefina Enriquez Cuevas1244/2017
- Josefina Enríquez Cuevas1383/2016
- Josefina Enriquez Cuevas1833/2016
- Josefina Enriquez Cuevas1044/2017