Josefina del Socorro Valle

Expediente 1212/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1212/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Josefina del Socorro Valle
  • Junta Especial número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vistos, para resolver el presente juicio de amparo 1212/2019-II, promovido por Josefina del Socorro Valle, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por estimarlos violatorios de los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, Josefina del Socorro Valle solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito, la cual se admitió en acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo en el acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo promovido contra omisiones atribuidas a un tribunal laboral con residencia dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el acto que en apariencia señaló como tal. En ese sentido, se precisa que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 66/2017. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir el informe justificado en representación de dicha Junta, admitió los actos reclamados; por lo que se tienen por ciertos los mismos. En ese sentido, no es posible tener por acreditada la causal de sobreseimiento invocada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, establecida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al haberse acreditado la existencia del acto reclamado. Cuarto. Estudio de fondo. La parte quejosa en esencia aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y, por ende, los principios de legalidad y justicia laboral pronta y expedita que tutela la Constitución, pues refiere que la Junta responsable se ha abstenido de desahogar en sus plazos y términos el juicio laboral, al no emitir el laudo, sin justificación legal alguna. El concepto de violación es fundado. Así es, porque el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes respectivas, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, esto es, garantiza a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de Justicia, entre ellos, se encuentran: a) El relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; debiendo precisarse que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. b) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; y, c) Los plazos y términos que se establezcan en las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Ante tales elementos, se concluye que en el artículo 17 constitucional se garantiza a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el del acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso en el cual, se cumplan los plazos y términos que fijen las leyes, para tal efecto, pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que el mismo no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes. Es aplicable a lo anterior la tesis de la novena época con registro IUS 921075, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintisiete, del Apéndice (actualización 2002), tomo I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C., Materia Constitucional, del siguiente texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en el capítulo XVIII, establece las disposiciones que regulan a los procedimientos especiales, así los numerales 892, 893, 894, 895, 896 y 899 de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 892. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5o. fracción III; 28, fracción III; 151; 153, fracción X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 389; 418; 425, fracción IV; 427 fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503 y 505 de esta ley y los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios. Artículo 893. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la Junta competente, la cual con diez días de anticipación, citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 de esta ley. Artículo 894. La Junta, al citar al demandado, lo apercibirá que de no concurrir a la audiencia a que se refiere el artículo siguiente, dará por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo que sean contrarias a lo dispuesto por la ley. Artículo 895. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes: I. La Junta procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 876 de esta ley; II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido admitidas; III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 931 de esta ley; y IV. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución. Artículo 896. Si no concurre el actor o promovente a la audiencia, se tendrá por reproducido su escrito o comparecencia inicial, y en su caso, por ofrecidas las pruebas que hubiere acompañado. Si se trata de la aplicación del artículo 503 de esta ley, la Junta, dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las personas que ejercitaron derechos derivados de las prestaciones que generó el trabajador fallecido. Cuando se controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios, se suspenderá la audiencia y se señalará su reanudación dentro de los quince días siguientes, a fin de que las partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos. Si no concurren las demás partes, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo 894 de esta ley. Artículo 899. En los procedimientos especiales se observarán las disposiciones de los capítulos XII y XVII de este título, en lo que sean aplicables." Según lo dispuesto en los citados preceptos normativos, de manera general, dichos procedimientos se sustanciarán del modo siguiente: Iniciarán con la presentación de la demanda, la que podrá allegarse con pruebas, la autoridad citará a las partes a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. El demandado será apercibido que en caso de no acudir a la audiencia de ley, se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a la ley. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se procurará avenir a las partes, de no ser posible, éstas expondrán lo que juzguen conveniente, podrán formular peticiones; ofrecer o rendir las pruebas que hayan sido admitidas; una vez hecho lo anterior, concluirá la etapa de pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución. Cuando el promovente no acuda a la audiencia, se le tendrá por reproducido su escrito de demanda y, en su caso, las pruebas aportadas. Por otro lado, si la contraparte tampoco concurre, se le hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo 894 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo que sean contrarias a la ley. Por último, es dable destacar que en el procedimiento especial se podrán observar las disposiciones de los capítulos XII "De las pruebas" y XVII "Del procedimiento ordinario" del código obrero, en lo que le sean aplicables. En ese sentido, si en el caso, el acto reclamado deriva de un procedimiento especial y en la audiencia celebrada el veintitrés de enero de dos mil diecinueve la Junta responsable turnó a proyecto de resolución el asunto en lugar de dictar el laudo en esa misma diligencia, con su actuar desatendió lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que no respetó el contenido de la fracción IV del multicitado artículo 895 para dictar el laudo tratándose de procedimientos especiales. Precisado lo anterior, debe decirse que asiste la razón a la parte quejosa pues conforme a los dispositivos antes aludidos, es manifiesto que no se cumple con la finalidad de darle celeridad a las actuaciones de la Responsable, a fin de obtener una resolución en menor tiempo, por lo que es evidente que de la época en que se celebró la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución en el juicio laboral 66/2017 (trece de noviembre de dos mil diecisiete) a la fecha de presentación de la demanda (tres de septiembre de dos mil diecinueve), transcurrió el término de un año, nueve meses y veintiún días, lo que evidencia un exceso en el término establecido para emitir el laudo que en derecho proceda en el aludido juicio. De lo anteriormente apuntado, se advierte que la omisión que reclama la parte quejosa, consistente en la no emisión del laudo, viola el derecho consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que es obligación de la autoridad responsable cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ella se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar el laudo, por imperativo del precepto 771 de la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." No es obstáculo a lo antes determinado el que la autoridad responsable hubiese manifestado tener una excesiva carga de trabajo, pues con independencia de lo anterior lo cierto es que en el caso se advirtió una violación al derecho humano a la administración de justicia, el cual se encuentra protegido por el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente a esta determinación la jurisprudencia que es del rubro siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES." En las relatas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Josefina del Socorro Valle, a fin de restituirla en el goce de sus derechos que le fue violado. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación que la Presidenta de la Junta responsable, haya manifestado en el informe justificado que el presente juicio debe declarase improcedente en atención a la Jurisprudencia 2ª/J.48/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, pues de la demanda de amparo y de las constancias que obran en este expediente se advierte que en el juicio de origen 66/2017, del cual deriva el acto reclamado, existe una evidente dilación del procedimiento y paralización total, lo que deviene que en el juicio de amparo sea procedente, por tanto, no es aplicable al presente asunto la jurisprudencia referida. Quinto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la ley de la materia, establece que cuando el acto reclamado implique una omisión, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso, considerando que el acto reclamado deriva de un procedimiento especial, la autoridad responsable deberá realizar lo siguiente: Dictar de inmediato el laudo correspondiente en el juicio laboral número 66/2017; y notificar a la parte quejosa. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, SE RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Josefina del Socorro Valle, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede se tiene por recibido y se agrega a este expediente para que obre como corresponda, el escrito de Alejandra Natali Hevia Suárez, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, con el que atiende al requerimiento que se le hizo en auto de trece de noviembre del año en curso, esto es, proporciona un domicilio para emplazar a juicio al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado Federal, se constituya al domicilio ubicado en la calle cuarenta y uno, exterior quinientos treinta y uno, letra A, interior sin número, entre setenta y dos y setenta y cuatro de la colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y previo cercioramiento del mismo, emplace a juicio al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de quien legalmente lo represente, con entrega de copia autorizada de este acuerdo, del auto admisorio y de la demanda de amparo, previniéndole para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se le señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; sin necesidad de que medie posterior acuerdo y hasta en tanto subsane su omisión. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo aplicable, póngase el informe justificado que obra en autos a la vista del nombrado tercero interesado, para el ejercicio de sus derechos si así lo estimare pertinente, por el término continuo y genérico de ocho días. Asimismo, hágase de su conocimiento que la audiencia constitucional está señalada para las diez horas con diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CITA TERCERO ...Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede se tiene por recibido y se agrega a este expediente para que obre como corresponda, el escrito de Alejandra Natali Hevia Suárez, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, con el que atiende al requerimiento que se le hizo en auto de trece de noviembre del año en curso, esto es, proporciona un domicilio para emplazar a juicio al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado Federal, se constituya al domicilio ubicado en la calle cuarenta y uno, exterior quinientos treinta y uno, letra A, interior sin número, entre setenta y dos y setenta y cuatro de la colonia Centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y previo cercioramiento del mismo, emplace a juicio al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de quien legalmente lo represente, con entrega de copia autorizada de este acuerdo, del auto admisorio y de la demanda de amparo, previniéndole para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se le señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; sin necesidad de que medie posterior acuerdo y hasta en tanto subsane su omisión. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo aplicable, póngase el informe justificado que obra en autos a la vista del nombrado tercero interesado, para el ejercicio de sus derechos si así lo estimare pertinente, por el término continuo y genérico de ocho días. Asimismo, hágase de su conocimiento que la audiencia constitucional está señalada para las diez horas con diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, toda vez que de la constancia actuarial de once de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte que a la fedataria de este Juzgado, no le fue posible emplazar a juicio al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos de lo acordado en proveído de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, por los motivos que expone en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione por escrito a este Juzgado Federal el domicilio actual y correcto del citado tercero interesado a fin de estar en condiciones de emplazarlo a este juicio y continuar con el trámite respectivo; apercibiéndolo que de no hacer manifestación al respecto, se procederá en términos del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

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