Josefina de la Paz Astudillo Alcaraz
Expediente 71/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Josefina de la Paz Astudillo Alcaraz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese oficio del Juez Cuadragésimo Séptimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual rinde informe justificado y exhibe un anexo certificado...Sin que haya lugar a pronunciarse al respecto, toda vez que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero aceptó la competencia planteada; por tanto, remítase el ocurso de cuenta con su anexo...
- Principal
Visto el oficio que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, por el que acusa recibo del juicio de amparo 71/2019, que se le remitió por incompetencia, asimismo, hace saber que ese órgano jurisdiccional asume la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, el cual registró con el número 127/2019. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obren como corresponda los escritos de Titular de la Notaría Pública setenta y cinco de la Ciudad de México... Sin que haya lugar a pronunciarse al respecto, toda vez que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero aceptó la competencia planteada...
- Incidental
En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las nueve horas con cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en audiencia pública José Artemio Navarrete Sánchez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lisette Ivan Tello Miranda, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental decretada en este asunto sin la asistencia de las partes. La Secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentra el acuerdo en el que se concedió la suspensión provisional, informe previo de las autoridades responsables, y demás constancias de notificación realizadas a las partes. Asimismo, se hace constar la constancia obtenida de la página http://rastreo3.estafeta.com/RastreowebInternet/consultaEnvio.do en la que se advierte que el oficio 2321/2019, de treinta y uno de enero de la presente anualidad dirigido al Notario Público número setenta y cinco de la Ciudad de México, se recibió el uno de febrero siguiente. Además se da cuenta al Juez, con el escrito del apoderado legal de la parte quejosa y el oficio número 2269, registrados con los folios 2265 y 2263 El juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, agréguese a los autos para que obren como corresponda la constancia obtenida de la página http://rastreo3.estafeta.com/RastreowebInternet/consultaEnvio.do en la que se advierte que el oficio 2321/2019, de treinta y uno de enero de la presente anualidad dirigido al Notario Público número setenta y cinco de la Ciudad de México, se recibió el uno de febrero siguiente. Además, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, el escrito del apoderado legal de la parte quejosa, y al respecto, téngase realizando diversas manifestaciones en relación al monto de la garantía por concepto de los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la concesión de la suspensión de los actos reclamados, mismas que serán tomadas en consideración al resolver la presente incidencia. De igual manera, agréguese a los para que obre como corresponda el oficio de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 67/2019 número de orden 91/2019 de este órgano jurisdiccional; acúsese el recibo correspondiente por así solicitarlo la Juez oficiante, no obstante que éste se genera automáticamente al momento de su envío. Atento a su contenido, téngase por notificada a la parte tercera interesada del acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se concedió la suspensión provisional a la quejosa. Abierto el periodo probatorio, la secretaria hace constar que la parte quejosa exhibió con su escrito inicial de demanda, copia simple de los folios registrales electrónicos 244733, 190481, 62976 y 11820 asentados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Delegación Acapulco, residente en esta ciudad (fojas 10 a 20). El juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, las documentales de referencia; como no existen probanzas de las demás partes por desahogar, se cierra este período. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la parte quejosa no formuló alegatos y el Fiscal Federal de la adscripción no presentó pedimento. Luego, como no existe diligencia alguna pendiente de desahogo, se declara cerrada la presente audiencia y se procede a dictar la resolución siguiente: Vistos; para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 71/2019, promovido por Josefina de la Paz Astudillo Alcaraz, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. La parte quejosa solicitó la suspensión respecto de los actos y autoridades siguientes: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES.- ORDENADORA: a).- El C. Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Doctor Claudio Bernard Numero 60, 4° Piso, . Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720. b).- El C. Notario Público Número 75 de la Ciudad de México, Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara. e).- El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. d).- El C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. e).- El C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. f).- El C. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. g).- El C. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. h).- El C. Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. EJECUTORAS: a).- El C. Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con domicilio ubicado en Avenida Costera Miguel Alemán Numero 63, Fraccionamiento Club Deportivo, Interior del Centro de Convenciones Copacabana, Planta Baja, de la Ciudad de Acapulco, Guerrero. b).- El C. Actuario Adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. d).- El C. Actuario Adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. e).- El C. Actuario Adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. f).- El C. Actuario Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. g).- El C. Actuario Adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. h).- El C. Actuario Adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio ubicado en el Palacio de Justicia en Avenida Gran Vía Tropical s/n, del Fraccionamiento Las Playas, la Ciudad de Acapulco, Guerrero. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: Del C. Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reclamo la falta de emplazamiento a juicio, así como todas las actuaciones practicadas en el Juicio Ejecutivo Mercantil, que se tramita bajo el expediente número 0959/2013 del índice del Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con residencia en la Ciudad de México; el embargo trabado sobre los inmuebles de mi propiedad inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad en los folios registrales electrónicos 244733, 190481 y 62976, todos del Distrito de Tabares; así también el embargo y la adjudicación del inmueble registrado bajo el folio registral electrónico número 11820 también del Distrito de Tabares, así como la orden de lanzamiento derivada de esta última, en virtud de que la suscrita no ha sido emplazada a dicho procedimiento para tener oportunidad de ser oída y vencida en juicio, violentándose en su contra la garantía de audiencia consagrada por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, al tenor de las consideraciones que más adelante se expresan. Del C. Notario Público Número 75 de la Ciudad de México, Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara, reclamo la ilegal escritura de adjudicación directa realizada a favor de FÁRMACOS NACIONALES, SA DE C.V., respecto del inmueble de mi propiedad registrado bajo el folio registral electrónico número 11820 del Distrito de Tabares consistente en el inmueble ubicado en el LOTE DE TERRENO NUMERO 10 SEGREGADO DE LOS LOTES 7, 8, 9, 10 y 11 DE LA MANZANA 39 DEL FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL DE ESTA CIUDAD consignada en la escritura pública número 58841 de fecha 06 de diciembre del 2017. De los titulares de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, y actuarios adscritos a los mismos, reclamo la posible orden de lanzamiento deducida del Juicio Ejecutivo Mercantil, que se tramita bajo el expediente número 0959/2013 del índice del Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con residencia en la Ciudad de México; respecto del inmueble de mi propiedad ubicado en el LOTE DE TERRENO NÚMERO 10 SEGREGADO DE LOS LOTES 7, 8, 9,10 Y 11 DE LA MANZANA 39 DEL FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL DE ESTA CIUDAD. Del C. Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, reclamo la inscripción de los embargos y adjudicación en los inmuebles de mi propiedad registrados bajo los Del C. Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, reclamo la inscripción de los embargos y adjudicación en los inmuebles de mi propiedad registrados bajo los folios registrales electrónicos número 244733, 190481, 62976 y 11820 todos del Distrito de Tabares." Actos que considera vulneran los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso (fojas 22 a 33) se ordenó tramitar esta incidencia, se pidió informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado y se fijó fecha de audiencia, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Previamente a determinar sobre la procedencia o no de la suspensión solicitada en la demanda de amparo, se transcribirá el artículo 128 de la Ley de la materia, que establece los requisitos que el juzgador debe observar para conceder una medida de esa naturaleza y se precisarán los actos que se tildan de inconstitucionales: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En ese orden, de acuerdo con la finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de derechos fundamentales relativos y, eventualmente, la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, en conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En esos términos, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues ésta no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitaran los agraviados (fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II); esto es, sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a quien no fueran los agraviados, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse a la quejosa no fueran de difícil reparación, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondrían en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora sólo puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho y peligro en la demora, los requisitos mínimos establecidos en el citado artículo 128. Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión definitiva solicitada, es menester precisar los actos que en la especie se reclaman y, una vez realizado un cabal estudio del libelo actio de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de las siguientes conductas: Del Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, residente en la Ciudad de México, todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 959/2013 de su índice; incluyendo el embargo sobre los bienes inmuebles inscritos con los folios registrales electrónicos 244733, 190481 y 62976 asentados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Delegación Acapulco, residente en esta ciudad, así como el embargo, adjudicación y orden de lanzamiento del inmueble con el folio registral 11820; Del Notario Público número setenta y cinco de la Ciudad de México, la protocolización de la escritura de adjudicación realizada a favor de Fármacos Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistente en el inmueble ubicado en el lote de terreno número diez, segregado de los lotes, siete, ocho, nueve, diez y once de la manzana treinta y nueve del fraccionamiento Costa Azul, en esta ciudad, con folio registral 11820. De los titulares de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares y actuarios adscritos a dichos órganos jurisdiccionales, la orden de lanzamiento de los inmuebles antes descritos, deducida del juicio ejecutivo mercantil 959/2013 del índice del Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, residente en la Ciudad de México, así como la ejecución de dicho mandamiento. Del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la inscripción de los embargos y adjudicación de los inmuebles con folios registrales electrónicos 244733, 190481, 62976 y 11820. SEGUNDO. Los Jueces Primero, Tercero y Sexto, de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, así como la Secretaria Actuaria y Actuarios adscritos a dichos juzgados, negaron la existencia del acto que se les reclamó, tal como se advierte de sus informes previos (fojas 76, 87 y 89). Ante tal circunstancia, la parte quejosa fue omisa en allegar medios de prueba idóneos para desvirtuar la negativa propuesta, no obstante que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, le correspondía la carga de la prueba para acreditar la injerencia de esa autoridad en la emisión del mandamiento del acto reclamado; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 124 de la invocada ley, interpretado contrario sensu, se estima procedente negar la suspensión definitiva, pues no existe materia sobre qué decretarla. De conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento treinta y tres, del tomo segundo, julio de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que establece: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. El Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, negó el acto que se le reclamó; sin embargo, esa negativa se desvirtúa con las propias manifestaciones realizadas por la responsable, al reconocer la existencia del juicio ejecutivo mercantil 959/2013 de su índice, en el que se embargaron bienes inmuebles pertenecientes a la aquí quejosa inscritos en los folios electrónicos 62976, 190481, 244733 y 11820, así como la adjudicación directa del inmueble inscrito con el folio 11820, consecuentemente, se tiene por cierto el acto que se le reclamó (foja 97) Asimismo, los Jueces Segundo y Quinto, así como el Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto, todos en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, y Secretarios Actuarios adscritos a dichos Juzgados, reconocieron la existencia del acto reclamado, como se advierte de sus informes previos (fojas 74, 78, 80 y 101) Por su parte, el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad reconoció parcialmente el acto reclamado (foja 82). Finalmente, el Notario Público número setenta y cinco de la Ciudad de México, omitió rendir su informe previo, no obstante, se presume cierto el acto que se le reclamó, toda vez que de la constancia obtenida de la página http://rastreo3.estafeta.com/RastreowebInternet/consultaEnvio.do se advierte que se notificó a dicha autoridad el uno de febrero de dos mil diecinueve. Expuesto lo anterior, a continuación se aborda al análisis de la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la suspensión definitiva solicitada por la quejosa. CUARTO. A efecto de proveer sobre la suspensión definitiva, debe precisarse que la parte quejosa expresamente señala que solicita dicha suspensión para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se lleve a cabo la ejecución de la orden de adjudicación, escrituración y/o lanzamiento de los inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, mencionados en el considerando anterior, en razón de que ello le causaría un daño irreparable. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Al respecto, el juzgador considera lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para obtenerla y para acreditar su interés jurídico suspensional; así el precitado numeral dispone: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Requisitos para los cuales es necesario acreditar que de no concederse la suspensión solicitada, se causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado; lo que indica que de manera indiciaria, se tome como base un hecho, circunstancia o documento cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados causarán daños y perjuicios de difícil reparación. Tiene aplicación, por la información que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 4/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 515, Tomo XXIX, abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Asimismo, por identidad de razón, es aplicable la jurisprudencia P./J. 96/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintitrés, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." Bajo esos parámetros, por lo que respecta al caso que nos ocupa, atendiendo a los lineamientos que el referido precepto 128 de la legislación de la materia nos imponen, a efecto de proveer la medida cautelar solicitada, el juzgador toma en cuenta que la aquí quejosa tiene el carácter de tercera extraña al juicio de origen, al aducir que no se le emplazó como parte demandada a la controversia mercantil 959/2013, promovida por Fármacos Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice del Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, residente en la Ciudad de México. En este contexto, se estima que se actualiza el primero de los supuestos marcados por los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa exhibió los folios registrales electrónicos 244733, 190481, 62976 y 11820 asentados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Delegación Acapulco, residente en esta ciudad, con los cuales, adminiculados con las manifestaciones de la citada autoridad responsable, se acredita fehacientemente su interés suspensional, para gestionar esa medida cautelar. Es así, porque de las aludidas impresiones se aprecia que la incidentista Josefina De la Paz Astudillo Alcaráz figura como propietaria de los inmuebles registrados bajo los referidos folios electrónicos; asimismo, en el apartado correspondiente a anotaciones preventivas de tales documentales, se aprecia que los inmuebles inscritos reportan embargo deducido del juicio ejecutivo mercantil 959/2013 promovido por Fármacos Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, e inclusive, los inmuebles con el folio registral 11820, reporta la adjudicación directa a la persona moral antes mencionada, con lo cual, como se dijo, justifica que la probable orden de lanzamiento reclamada puede ser ejecutada. En ese orden de ideas, procede conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se lleve a cabo la adjudicación, escrituración y desalojo o lanzamiento de la quejosa de los inmuebles precisados en los folios registrales electrónicos 244733, 190481 y 62976 asentados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Delegación Acapulco, residente en esta ciudad, ni el lanzamiento del inmueble descrito en el folio registral 11820 del mencionado registro público, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución de fondo que se emita en el juicio del que deriva esta incidencia. En el entendido de que la medida cautelar no implica la paralización de procedimiento alguno, por ser de orden público y de naturaleza insuspendible; de suerte que, el procedimiento de que se trate, podrá continuar, pero, no deberán ejecutarse sus consecuencias, como el desposeimiento o desocupación hasta que se decida sobre la suspensión definitiva. Esta suspensión surte sus efectos desde luego, pero para mantener vigente la medida suspensional, deberá el quejoso otorgar ante este órgano de control constitucional, dentro del término de cinco días, garantía por la cantidad de $25,325.00 (veinticinco mil trescientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, cantidad que se fija determinando los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los posibles terceros interesados, mismos que se cuantifican de la manera siguiente. Para determinar los daños que se pudieran ocasionar por la medida cautelar provisional, en relación con la cantidad de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que es la cantidad de la condena. Por su parte, se acude al índice Nacional de Precios al Consumidor, para considerar la inflación histórica del último periodo de un mes, se toman los índices del mes de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero del año en curso, correspondiente a 103.108, y el de diciembre de dos mil dieciocho, correspondiente a 103.020, para así proceder a determinar la inflación por ese intervalo de tiempo. Par tanto, la tasa de inflación por dicho periodo se obtiene con el valor del índice de precios en la fecha final (enero de dos mil diecinueve), restándole el de diciembre (mes anterior), por lo que la inflación en el último mes fue a detrimento, ya que el resultado nos da -0.088, que proyectada a los tres y medio meses, que se considera como término prudente para resolver el presente juicio (tal promedio resulta de la operación aritmética consistente en dividir el tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en este circuito (107 días), según se advierte de la gráfica denominada "Tiempos de duración", remitida a este órgano jurisdiccional por parte del Director General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CJF/SEC/JYCNO/DGEJ/E/2445/2017, de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, a través de correo electrónico oficial, entre 30 días, que es el tiempo promedio que tienen los meses del año, dando un total calculado en meses de 3.56); esto es, da como inflación -0.088%, que se multiplica (-0.0088), por el monto del valor del inmueble materia de Litis $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), dando como resultado la cantidad de $6,600.00 (seis mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional). Así, respecto de los daños conforme a los elementos objetivos antes descritos, se fija la cantidad de $6,600.00 (seis mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional). Ahora bien, por lo que respecta a los perjuicios se utiliza la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), por la depreciación de la moneda, la inflación, así como el rendimiento que dicha suma puede generar, y en razón de los terceros interesados que resulten del juicio de origen, podrían dejará de recibir una suma de dinero, tal como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J.95/2011 (9a). Para determinar lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte que la referida Tasa de Interés Interbancario (TIIE), al día de hoy dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación, a veintiocho días, es por el valor de 8.5600, luego si en la especie la cantidad de la condena es de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual se multiplica por la referida formula TIIE (0.085600), da un resultado de $5,350.00 (cinco mil trescientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), que dividido entre doce meses que tiene el año, conforme al criterio aludido con antelación, da un resultado de $18,725.00 (dieciocho mil setecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), de interés mensual, que multiplicado por tres y medio meses para obtener el periodo aproximado en el que tarda en emitirse o quedar firme la resolución que se dicte dentro del juicio principal, resulta en la cantidad de $18,725.00 (dieciocho mil setecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). Así, se fija por concepto de perjuicios la cantidad de $ 18,725.00 (dieciocho mil setecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). En resumen, como garantía se deberán de exhibir por daños y perjuicios un total de $25,325.00 (veinticinco mil trescientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), ello en razón de sumar las cantidades por los conceptos de daños y perjuicios. Ahora, de conformidad con la jurisprudencia P.J. 71/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, consultable a página 5, del Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." Se hace la precisión, que si a la data en que se emita esta resolución ya se ejecutaron algunos de los actos reclamados, no procede esta medida cautelar, ya que de ser así, se estaría en presencia de actos consumados. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia II.3o.J/37, visible en la página 51, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 60, diciembre de 1992, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." De conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo establecido en los numerales 125, 128, 140 y 144 de la ley de mérito; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a Josefina de la Paz Astudillo Alcaraz, la suspensión definitiva que solicitó contra los actos que impugnó de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a Josefina de la Paz Astudillo Alcaraz, la suspensión definitiva para los efectos precisados en el considerando cuarto. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de trece de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo y se remitieron los autos originales a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, para que a su vez se turnaran al Juzgado Sexto de Distrito con sede en esta ciudad, por estimar que es a quien le compete conocer de este asunto... agréguense a los autos únicamente para que obren como corresponda los oficios del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, que hace suyo la Secretaria Actuaria adscrita a dicho Juzgado, así como del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Acapulco, residentes en esta ciudad, mediante los cuales rinden informe justificado, hasta en tanto el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, informe sobre la aceptación o no de la competencia declinada, para que en su caso, se provea lo conducente...
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