Josefina de Jesús González Villa
Expediente 125/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 06/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Josefina de Jesús González Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, seis de mayo de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 2686/2016, firmado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita acuse de recibo del diverso oficio P2-III-426/2015, de treinta de octubre de dos mil quince, por el cual remitió testimonio de la resolución de diecinueve de ese mismo mes y año, así como el presente juicio de amparo 125/2015. Atento a lo anterior, agréguense a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes; acúsese recibo de estilo del diverso oficio P2-III-426/2015. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia que se terminó de engrosar el veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que no amparó ni protegió a la quejosa en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo negado, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, once de noviembre de dos mil quince. Se tiene recibido el escrito firmado por el autorizado de la quejosa JOSEFINA DE JESÚS GONZÁLEZ VILLA, mediante el cual solicita copia simple del informe justificado rendido por la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. En atención a lo anterior, dígasele al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad copias simples de las constancias que indica; sin embargo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las mismas, previa razón que por su recibo se deje asentada en autos, autorizando para recibirlas a Zuni Areli Castillo López, Norme Angélica López González, María Inés González Torres y Yolanda María Osuna Bogarín. En el entendido, que los días y horarios para fotocopiado y recepción de constancias, son los lunes, martes y jueves, de las trece a las quince horas. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cuatro de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio P2-III-426/2015, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 323/2015, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, así como los autos originales del juicio de amparo 125/2015, promovido por JOSEFINA DE JESÚS GONZÁLEZ VILLA; glósense las constancias y actuaciones recibidas y tramitadas en el cuaderno de antecedentes relativo, con exclusión de las copias que se obtuvieron para formar el mismo; acúsese recibo de estilo. De la citada ejecutoria se desprende: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ordena la reposición del juicio de amparo 125/2015, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, promovido por Josefina de Jesús González Villa, contra el acto que reclama a la autoridad responsable, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Ahora bien, de la citada ejecutoria se advierte que el Tribunal de alzada determinó reponer el procedimiento en el presente juicio, por considerar que: "En consecuencia, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, para que el Juez de Distrito reponga el procedimiento a fin de que ordene correr traslado a la quejosa con el contenido del informe justificado y sus anexos exhibidos en el juicio de amparo del que deriva el presente recurso, para los fines previstos en el numeral 117, último párrafo, del propio ordenamiento; en el entendido de que, en caso de que la impetrante de garantías no amplíe su demanda respecto al complemento manifestado por la autoridad responsable en dicho informe, se le tendrán por consentidas tales manifestaciones." Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria, SE DEJA SIN EFECTO LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ESA MISMA FECHA, y se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo a partir del proveído de veintiséis de mayo de dos mil quince, donde se tuvo por recibido el informe justificado y anexos exhibidos por la autoridad responsable Superintendente Zona Mazatlán de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte quejosa, con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Superintendente Zona Mazatlán de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad y con las documentales que anexó al mismo, para los efectos legales a que se refiere el citado dispositivo legal. Lo anterior, en términos de la tesis IV.2o.A.74 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1986, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del mes de Agosto de 2014, que dice: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. SE ACTUALIZA POR LA OMISIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA RESPECTO DE LA COMPLEMENTACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO, REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. El último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo dispone que en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el cual, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Así, dicha excepción al principio de inmutabilidad del acto reclamado permite que, previo al dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, se anticipe la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación y, concomitantemente, en función de la complementación del acto reclamado, se dé al impetrante la oportunidad de perfeccionar su defensa, garantizando que en la sentencia se efectúe un análisis integral de éste, tanto en sus aspectos formales como en los sustantivos, con lo cual se logra, en principio, inmediatez en la reparación de las violaciones que, por ser fuente de inseguridad jurídica, impedían al quejoso ejercer una defensa adecuada; también se aseguran el estudio y restauración de las violaciones sustantivas que llegasen a existir, evitando el dictado de una resolución que atienda sólo a los vicios formales, pero que postergue el estudio de los sustantivos, en detrimento del deber de no repetición como subprincipio del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, corresponde a los tribunales evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto y, en todo caso, en la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz; de ahí que el precepto inicialmente citado anticipa al dictado de la sentencia la verificación del respeto al requisito constitucional de fundamentación y motivación, como garantía instrumental del derecho humano a la seguridad jurídica y, además, garantiza al gobernado la aptitud de defenderse y tiene, como primer alcance, el superar un estado de incertidumbre denunciado en su demanda, de suerte que si la autoridad complementa dichos aspectos, se adelanta un efecto restauratorio de la violación a un derecho humano y se logra que el impetrante conozca dentro del procedimiento de amparo, con mayor precisión, la naturaleza del acto, para perfeccionar su defensa, dado su conocimiento integral. Relacionado con lo anterior, el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo establece la obligación del Juez para que en los asuntos del orden administrativo se analice en la sentencia el acto reclamado, considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado y, ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en caso de concederse el amparo, se determine que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; este dispositivo adquiere sentido jurídico, pues en él se encuentra inmerso implícitamente el principio de efectividad del amparo, el cual orienta y obliga a los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio a resolver atendiendo a un sentido pragmático, que incida eficazmente en la esfera de derechos del gobernado, y no se utilice únicamente (por parte del quejoso) para entorpecer la actividad del Estado, o bien, tratándose de actos jurisdiccionales, para obstaculizar el goce de los derechos de la contraparte. Bajo ese contexto, de la interpretación sistemática de los dispositivos 117, último párrafo y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que cuando en la demanda de amparo se reclame un acto materialmente administrativo, el Juez de Distrito deberá actuar procedimentalmente de la siguiente forma: 1) Rendido el informe justificado, en caso de que la autoridad responsable complemente la fundamentación y motivación, correrá traslado de forma personal al quejoso para que, en el plazo de quince días, realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación; 2) Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen; 3) Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional; 4) Celebrada ésta, en la sentencia el Juez analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado; y, 5) Si considera que, superado lo anterior, aún existe falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. En consecuencia, la omisión de dar vista al quejoso con la complementación de la fundamentación y motivación expresada en el informe justificado, para que amplíe su demanda, en lo que respecta a esa complementación, que origina que el Juez de Distrito no se pronuncie en la sentencia en relación con la reiteración o no del acto reclamado, sin posibilidad de cercioramiento efectivo sobre la incidencia real de éste en la esfera jurídica del impetrante, es decir, únicamente desde una perspectiva meramente anulatoria y no reparadora, constituye una violación a las leyes del procedimiento de amparo, así como al principio de efectividad de las sentencias, que trasciende al resultado del fallo y obliga a reponer el procedimiento para subsanar dicha omisión." En tales condiciones, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DIECIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LAS PARTES.
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