Josefina Carranza Leyva

Expediente 1094/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1094/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Josefina Carranza Leyva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. El original del incidente de suspensión es destruible, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; glósense los cuadernos incidentales y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1094/2022-IV, promovido por ***********, por derecho propio, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las documentales ofrecidas por la parte quejosa. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguno los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes de formularlos. Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1094/2022-IV; y, R E S U L T A N D O: I. ***********, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. II. En proveído del catorce de octubre de dos mil veintidós, previa prevención y su desahogo, este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo, la registró con el número 1094/2022-IV, solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. III. En determinación del siete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvieron como inexistentes a las autoridades ahí señaladas, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado es de carácter penal y tiene su ejecución en territorio en el que este órgano constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: El aseguramiento del inmueble ubicado en carretera Ánimas Coyotepec, sin número, Ejidos San José de Teoloyucan, Estado de México, su falta de notificación y su ejecución. Tercero. Por otra parte, se advierte que transcurrió el plazo concedido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Transporte de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para que rindiera su informe justificado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio y se tienen por presuntivamente ciertos los actos a él atribuidos. En ese sentido, se tienen por presuntivamente ciertas las actuaciones atribuidas a la autoridad ejecutora Comandante adscrito al Grupo de la Policía de Investigación de Atizapán de Zaragoza. Cuarto. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia o sobreseimiento que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, de oficio se advierte que se actualiza la causa de inejercitabilidad de la acción contenida en la fracción XII del numeral 61 de la Ley Amparo, toda vez que la quejosa no acreditó su interés jurídico para instar el juicio de amparo. Ahora, del contenido de dicha norma constitucional 107, fracción I, se aprecia como requisito de procedencia de los juicios de amparo: a) Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que se continúa exigiendo contar con el primero; y b) Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Ahora, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual, empero, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo como estaba antes de la reforma, en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo. El legislador en el texto actual del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció y amplió las personas que tienen el carácter de parte agraviada en el juicio de amparo (bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo antes de la reforma constitucional en materia de amparo), introduciendo como nueva posibilidad de impugnación la figura del interés legítimo individual o colectivo para promover la acción contra actos no emanados de autoridades jurisdiccionales cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos en la Constitución Federal y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, es decir, una lesión objetiva a la persona derivada de la aplicación de la ley. Es así que con meridiana claridad se advierte que no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo- pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la ley en estudio así lo han estimado, al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Orienta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 141/2002, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Así, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas para su procedencia, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En el caso, la parte quejosa en su carácter de quien aduce es propietaria, reclama el aseguramiento dictado contra el inmueble ubicado en carretera Ánimas Coyotepec, sin número, Ejidos San José de Teoloyucan, Estado de México; de ahí que se estima que el estándar a considerar en este juicio de amparo es el relativo al interés jurídico. Por tal motivo, como se anticipó, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que objetiva y técnicamente significa, que uno de los presupuestos jurídico procesales para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración de la afectación del interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico a favor del titular, lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva. En el caso concreto, la parte solicitante del amparo aportó esencialmente como pruebas de su parte, las siguientes: Copia simple de una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Copia simple de un contrato de arrendamiento del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Copia el simple de un título de propiedad del diez de abril de dos mil seis. Sin embargo, dichos medios de prueba no resultan idóneos y conducentes para acreditar su interés jurídico sobre el inmueble y el acto reclamado que aduce le recayó. Ello es así, dado que las constancias exhibidas tienen la calidad de copias simples, lo que al generar incertidumbre al no ser de fecha cierta, las vuelve insuficientes para acreditar el interés jurídico de la quejosa y la afectación recaída al inmueble que defiende. Ello es así, ya que de dichos medios de prueba, de manera alguna no se tiene certeza ni del perjuicio deparado, ni de su calidad frente al inmueble que, presuntamente sufre el daño del acto de autoridad. Aunado a lo anterior, el hecho de que se tenga por acreditada la existencia de los actos reclamados, no es suficiente para demostrar su interés jurídico, pues el informe rendido por las autoridades responsables, tampoco es idóneo para acreditar el interés jurídico de la quejosa, dado que si bien se tuvieron por presuntivamente ciertos los actos, no así no la existencia de un derecho en favor de la solicitante de la protección constitucional, de ahí que esa aceptación de los actos reclamados no subsane la falta de interés jurídico ni legítimo de la promovente del amparo. Es aplicable la tesis publicada en la página trescientos setenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". Entonces, se insiste que durante la secuela procesal no se acreditó el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. De forma que, si no se demostró tener un derecho legítimamente tutelado, no existe ningún elemento que haga presumir que el inmueble que nos ocupa, sea de su propiedad o tenga un derecho cualquiera que sea sobre éste; entonces, debe concluirse que tampoco se acreditó que lo actuado por la autoridad responsable en relación con el inmueble materia de la litis, jurídicamente le cause perjuicio. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Finalmente, se levanta la reserva ordenada en proveído del catorce de octubre pasado, y dada la decisión alcanzada en esta resolución, no se considera necesario el emplazamiento de un tercero interesado. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **************, por derecho propio, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    IV. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con treinta y un minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental derivada del juicio de amparo 1094/2022-IV, promovido por J********** por derecho propio, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente; asimismo, hace constar que el Agente del Ministerio Público adscrito a las Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Transporte de Atizapán de Zaragoza, no rindió su informe previo, no obstante de encontrarse debidamente notificada. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Respecto de la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe previo, tómese en consideración al resolver esta incidencia. Abierto el período probatorio: el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medio de convicción que deba ser relacionado. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no haber pruebas que desahogar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Al no haber escrito pendiente de acordar, se dicta la siguiente interlocutoria. V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1094/2022-IV; y, R E S U L T A N D O. I. ********** por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. II. En auto del catorce de octubre pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo y se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión, en el cual solicitó a las autoridades responsables sus informes previos, y fijó día y hora para la audiencia incidental. III. Por auto del siete de noviembre del año en curso, se tuvieron por inexistentes a las autoridades denominadas por la quejosa como: 1. Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 2. Agente del Ministerio Público de Cuautitlán, Estado de México; 3. Director de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; y, 4. Encargado de la Policía Investigadora de la Fiscalía de Justicia de Cuautitlán, Estado de México. C O N S I D E R A N D O. Único. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la Republica; así como 128, 129, 131y 138 de la legislación de la materia, se desprende que para conceder la suspensión en el juicio de amparo, se requiere lo siguiente: 1. Que expresamente la solicite el quejoso. 2. Que haya certidumbre de los actos cuya suspensión solicita. 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. 4. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Esto último en atención a lo previsto en el artículo 129 de la ley de la materia. 5. La realización de un análisis ponderado del caso concreto bajo la a apariencia del buen derecho. De los puntos señalados se obtiene que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de los actos reclamados y de violación alegada, así como a los daños y perjuicios que con la suspensión se origina al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de orden público. Con relación al primer punto, se encuentra acreditado ya que **********, solicitó la suspensión de los actos reclamados. El segundo punto se actualiza dado que el Agente del Ministerio Público adscrito a las Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Transporte de Atizapán de Zaragoza, fue omisa en rendir su informe previo, por tanto, se le tiene presuntivamente ciertos los actos reclamados. Por su parte, el Comandante adscrito al Grupo de la Policía de Investigación de Atizapán de Zaragoza, al rendir su informe previo negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dada la presunción de certeza del acto reclamado atribuida al representante social responsable, se le hace extensiva a aquella autoridad. Sin embargo, con fundamento en los artículos 128, 136 y 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, en virtud que constituyen actos declarativos; contra los cuales no procede conceder la medida cautelar solicitada, ya que de hacerlo se le daría efectos restitutorios y éstos son propios de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis con el rubro siguiente: "ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LOS". Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva a **********, por los motivos y razones expuestas en esta interlocutoria. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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