Josefina Cano Fernández

Expediente 607/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
607/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
27/05/2016

Partes del expediente

  • Josefina Cano Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé en artículo 86, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de tres de mayo del año en curso, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Christian Bonilla Loranca, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, téngase como delegados de su parte a los licenciados que designa en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo y como domicilio para recibir sus notificaciones el que indica. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil dieciséis, Josefina Cano Fernández promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de quien reclamó la "omisión de darle impulso procesal al juicio que se sigue en contra de la tercera perjudicada". Al respecto, la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, manifestando que el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, señaló las diez horas del treinta de junio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia de ley dentro del expediente D-384/2015, mismo que le fue notificado el veintiocho de abril de la presente anualidad. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Josefina Cano Fernández acude a esta instancia constitucional a inconformarse con "la omisión de darle impuso procesal al juicio laboral D-384/2015". Así, de las constancias remitidas por la responsable, a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, señaló las diez horas del treinta de junio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia de ley dentro del expediente D-384/2015, mismo que le fue notificado el veintiocho de abril de la presente anualidad. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber señalado día y hora para que tenga verificativo la audiencia de ley, la omisión reclamada cesó en sus efectos, en razón de que dicha omisión desapareció o se destruyó de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto del acto que Josefina Cao Fernández reclamó del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado. En el entendido que este órgano de control constitucional no se encuentra facultado para analizar la legalidad del proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio natural, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, la litis constitucional únicamente puede constreñirse a la omisión reclamada, sin que pueda comprender diversas resoluciones que no fueron impugnadas; sobre todo si se toma en consideración que estudiar una violación distinta rompería con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo; de ahí que el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, debe limitarse a lo reclamado primigeniamente en relación con la etapa procesal en que se encuentre el juicio laboral. En efecto, el criterio de que las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral debe estudiarse aun tratándose de las subsecuentes a las reclamadas, fue abandonado conforme a la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página: 732, de rubro y texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Lo anterior no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues de considerar que en una etapa distinta a la estudiada en este asunto existe una dilación procesal o violación por parte del tribunal responsable, está en aptitud de hacer valer los recursos o medios de defensa que estime pertinentes. Por lo anterior, se dejan sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Christian Bonilla Loranca, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Leoncio González Olaya, por el que promueve incidente innominado de liquidación de sentencia. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 66 y 67 de la misma legislación, se ordena tramitar el incidente de liquidación de sentencia para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y en términos del ordinal 359 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que en la sentencia pronunciada en el cuaderno auxiliar 539/2014, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, indicó que debía indemnizarse al quejoso por la expropiación de la parte que de la parcela marcada con el número 760 Z-1 P/6 del Ejido de San Francisco Totimihuacan, perteneciente al Estado de Puebla, con certificado con número 000000365638, que se afectó con la obra pública consistente en la modernización de la 24 sur entre Boulevard Valsequillo Carlos Camacho Espíritu y Periférico Ecológico, conocido como La Fragua, en Puebla; en consecuencia resulta evidente la necesidad de verificar su monto. En mérito de lo anterior, en razón de que esta incidencia obstaculiza la continuación del procedimiento de ejecución, se tramitará en este expediente principal, por lo que se suspende el cumplimiento de la ejecutoria, hasta que quede firme la determinación en la que se cuantifique su monto. Por otra parte, atendiendo a que de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que no podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, y el diverso 192 de la Ley de Amparo, que prevé que las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas, y a que es necesario especificar el monto exacto que la autoridad responsable deberá pagar al demandante constitucional para cumplir con la ejecutoria, con fundamento en el artículo 67 de la última legislación citada, se requiere a las partes a efecto de que en el término de tres días, manifiesten lo que a su interés convenga y de considerarlo ofrezcan las pruebas de las que se desprendan los elementos necesarios a fin de que el suscrito designe un especialista que lo auxilie para cuantificar la indemnización a que se constriñó a la autoridad en la sentencia ejecutoria. Finalmente, una vez que transcurra el término de tres días concedido a las partes en el presente auto, se acordará lo procedente en relación a las pruebas ofrecidas por el ocursante, relacionadas con la incidencia que promueve. Notifíquese, y personalmente a las partes.

  4. Principal

    UNico .- La justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Morales Ortiz, contra actos del Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla

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