Josefina Calles Carmen
Expediente 458/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Josefina Calles Carmen
Actuaciones
- Principal
DEVUELVASE LAS COPIAS CERTIFICADAS QUE ADJUNTARON A SU ESCRITO ACLARATORIO.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que tuvieron los promoventes para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído dictado el veintisiete de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales exhibidos por los quejosos.
- Principal
Por recibido el escrito de **********, por el cual da cumplimiento a la prevención formulada el veinticinco de los actuales; por tanto, se tiene por desahogada, a lo que se provee: Vista la demanda de amparo presentada por **********, ésta última a su vez ostentándose como quien ejerce la patria potestad de la menor *********, así como su escrito aclaratorio, contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Acámbaro, Guanajuato. De los antecedentes narrados en la demanda, se desprende que los quejosos promovieron un procedimiento sobre adopción de una menor de edad, el cual se encuentra contemplado en el Libro Cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, correspondiente a la jurisdicción voluntaria, concretamente, los artículos 728 a 730; que de la demanda conoció el juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, quien dictó un acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil quince, en el que, en lo conducente, dijo: ".ahora bien, previo a dar entrada a su demanda se requiere a los ocursantes para el efecto de que exhiban el certificado de idoneidad a que hace referencia la fracción segunda del artículo 451 del Código Civil Sustantivo del estado sin que haya lugar a atender su pretensión en torno a que se estime inconvencional la exhibición de dicho certificado, como requisito para consumar la adopción pretendida." "así las cosas, toda vez que el documento que aquí se exige resulta ser un elemento de prueba, es por lo que se concede el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 304 fracción I del código de Procedimientos Civiles del Estado, a efecto de que los ciudadanos José Alfredo Jiménez Campos, y Gisela Gutiérrez Calles, exhiban o por lo menos, en su caso acrediten, haber solicitado la documental descrita a párrafos precedentes, en el entendido que de no observar lo anterior se les tendrá por no interpuesta su solicitud". (Éste es el acto reclamado). Ahora bien, esa legislación prevé dos medios de impugnación, a saber, la apelación, que procede contra sentencias en primera instancia, así como autos que decidan un incidente o lo disponga el Código (artículos 243 y 245); asimismo, prevé el recurso de revocación que, por exclusión, procede contra "los autos que no fueren apelables" (artículo 232). En esa medida, no se advierte impedimento para aplicar tales dispositivos a todos los procedimientos que prevé ese Código, entre los que se encuentra la jurisdicción voluntaria, por no existir disposición en contrario. Luego, si el auto tildado de inconstitucional emana de un procedimiento de esa naturaleza, por lo que es recurrible; y al no encuadrar en ninguno de los supuestos de apelación entonces, por exclusión, es REVOCABLE según lo dispone el artículo 232. No es óbice que se encuentren involucrados intereses de un menor de edad, lo que, en principio, podría llevar a considerarse que se está ante una excepción al principio de definitividad, acorde con la jurisprudencia 1ª./J. 77/2013, registro 2004677, visible en el Libro XXV, tomo 2, página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de dos mil tres, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Se considera que el criterio es inaplicable al caso concreto, pues de su contenido, se advierten dos condiciones para su aplicación, a saber: a) Que el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión; y b) Cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. En el caso, es cierto que el recurso de revocación no prevé la paralización del acto controvertido; sin embargo, el acto reclamado es una mera prevención que, por si, no contiene ejecución; además, su consecuencia en caso de incumplimiento por parte de los quejosos, no se traduce en un riesgo para el menor que lo coloque en un estado de vulnerabilidad pues, como ellos mismos lo mencionan, éste se encuentra bajo el resguardo de uno de los promoventes, quien ejerce la patria potestad por decisión judicial que exhiben en copia certificada, hasta en tanto no se concretice la adopción que pretenden. Razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el diverso 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por José Alfredo Jiménez Campos, Gisela Gutiérrez Calles y Josefina Calles Carmen. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por José Alfredo Jiménez Campos, Gisela Gutiérrez Calles y Josefina Calles Carmen, ésta última a su vez ostentándose como quien ejerce la patria potestad de la menor María del Carmen Gutiérrez Calles; contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Acámbaro, Guanajuato. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 458/2015. Ahora bien, dentro de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso se desprende lo siguiente: El catorce de mayo de dos mil quince, los promoventes presentaron la solicitud de adopción ante el juez responsable, respecto de la menor María del Carmen Gutiérrez Calles. El quince de mayo de dos mil quince, recayó el acuerdo en el que se requirió a la parte quejosa, para que exhibiera en términos del artículo 451 del Código Civil del Estado de Guanajuato, un "certificado de idoneidad" en torno a los beneficios de la adopción para la menor, en el término de quince días, o en su caso, acreditar haberlo solicitado; que de no hacerlo, se tendría por no interpuesta su solicitud. (éste es el acto reclamado.) En ese sentido, previamente a proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días: Manifiesten si en contra del acuerdo dictado el quince de mayo de dos mil quince, interpusieron algún medio de defensa, en su caso, digan el sentido en que fue resuelto. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por los propios quejosos, no así por los profesionistas que autorizan en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página trescientos cuarenta y ocho, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Deberán exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, esto es, una para la autoridad responsable (1); dos para los cuadernos incidentales (2) y una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (1); apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo previsto en el numeral 114 de la ley en cita. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa, a Josefina Calles Carmen, según lo señalaron en su escrito. Se les tiene señalando domicilio para recibir notificaciones en la calle Galeana número 369, zona centro, de esta ciudad; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Porfirio Camacho Tovar, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; las personas restantes en términos de la última parte del segundo párrafo de dicho precepto, toda vez que no se encuentra en ese supuesto.
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