Josefina Cacho Álvarez
Expediente 1389/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 31 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1389/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 31/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Josefina Cacho Álvarez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito signado por Cándido Torres Varo asesor jurídico particular de JOSEFINA CACHO ÁLVAREZ; subsanando la prevención que le fuera realizada por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo anterior, se provee: Visto el escrito de demanda presentado por Cándido Torres Varo quien se ostenta como asesor jurídico particular de JOSEFINA CACHO ÁLVAREZ, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Delitos Diversos, equipo B de la Fiscalía Regional, Zona Oriente, de quien reclama la omisión de pronunciarse con relación a la promoción de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, presentada en la carpeta de investigación CT-UIDD-B/984/2015. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: De un estudio integral de la demanda de garantías se advierte que la promovente controvierte en esta instancia constitucional, la omisión del agente del ministerio público señalado como responsable, de pronunciarse con relación a la petición efectuada el cinco de agosto del año en curso, por la cual solicitó que dicha fiscalía ejerciera cualquiera de sus facultades que las leyes le confieren, esto es, archivar temporal o definitivamente la investigación, aplicar un criterio de oportunidad o determinar el ejercicio de la acción penal, pues aduce que a la fecha la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis), no se había pronunciado en ningún sentido. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 258, establece lo siguiente: ".Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Ahora bien, debe resaltarse que de conformidad con el análisis de las consideraciones del artículo anteriormente mencionado, se advierte que fue espíritu del Legislador el establecer un medio sencillo y accesible para impugnar las decisiones u omisiones del Ministerio Público. También cabe destacar que no sólo se conceden a las víctimas u ofendidos, medios para inconformarse ante las citadas resoluciones del Ministerio Público sino para quejarse en contra de la inactividad injustificada del Ministerio Público o su negativa a tomar una determinación teniendo los elementos para ello. Con lo que se espera combatir la práctica de algunos agentes del Ministerio Público de no actuar en la averiguación previa sino 'a instancia' del denunciante o querellante o bien, la de no resolver la averiguación previa para evitar la impugnación de sus resoluciones. Como se puede observar, la legislación aplicable al caso concreto, establece un medio de impugnación, por las decisiones o abstenciones del Ministerio Público, lo que en la especie acontece, ya que, el acto reclamado es la omisión de acordar la promoción presentada el cinco de agosto de dos mil dieciséis en la carpeta de investigación CT-UIDD-B/984/2015; por tanto, lo que jurídicamente procede, es la queja establecida en el artículo 135 en relación al 258 de la Codificación Penal antes aludida, la cual no ha sido promovida por el peticionario a pesar de que está obligado a hacerlo previamente al juicio de amparo. En consecuencia, como en el caso no se cumple con el principio de definitividad que regula la procedencia del juicio de garantías, es indiscutible que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que a través de la queja, se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado en este Juzgado Federal. En lo conducente, apoya a lo anterior, la tesis XVII.1o.P.A.72 P, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EJERCICIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTA EL RECURSO DE QUEJA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Las decisiones del Ministerio Público en el Estado de Chihuahua sobre el archivo temporal, la abstención de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de su extinción por perdón u omisiones en la investigación, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Garantía, a través del recurso de queja en términos de los artículos 223 y 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Ahora bien, si a través del amparo se impugna la omisión de la representación social de pronunciarse sobre dicha pretensión punitiva sin agotar el citado recurso, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, sin que dicho acto pueda considerarse como una excepción a tal principio pues, de acuerdo con el último numeral, sólo se admiten dos excepciones: a) cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y b) cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, por lo que no puede atenderse una hipótesis ajena." De lo anterior, esta sede constitucional concluye que la interposición de la queja, satisface los requisitos establecidos para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, que el quejoso debió agotar antes de acudir al juicio de amparo, y de esa forma obtener el resarcimiento de los derechos que estima afectados. En efecto, este juzgado sostiene este aserto, con base en que el medio de impugnación en mención, tiene por objeto desaparecer la omisión que lesiona los intereses del quejoso, precisamente porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que a la letra establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por tanto SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por JOSEFINA CACHO ÁLVAREZ por conducto de su asesor jurídico particular Cándido Torres Varo, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, que es de la literalidad siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; asimismo, se indica que las promociones que dirija a este juicio de amparo, deben contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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