Josefina Azpeitia Cruz

Expediente 124/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 23 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
124/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Lidia Rangel Uribe
  • Josefina Azpeitia Cruz
  • César Pineda Zarate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 202, en relación con el numeral 214, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra de la resolución de once de abril de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, mediante ejecutoria dictada en el presente asunto el nueve de febrero de dos mil veintitrés; y, al no existir documento original que devolver, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 del ordenamiento legal antes invocado, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, 18, fracción tercera, inciso a) y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citados; en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, once de abril de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable, Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, mediante oficio 383/2023-AP, de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés [foja 104], informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo directo penal 124/2022. En la ejecutoria emitida por este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, en sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el nueve de febrero de dos mil veintitrés, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Josefina Azpeitia Cruz, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, para el efecto de que dicha autoridad responsable: "a).- Deje insubsistente la sentencia reclamada de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca penal 275/2021; b).- Dicte una nueva sentencia en la que tome en cuenta la versión de los hechos manifestada por el ofendido en la querella respectiva, a fin de analizar el encuadre de dichos hechos al tipo penal de despojo porque el que se siguió la causa penal. c).- De acuerdo a los lineamientos de esta ejecutoria, analice la totalidad de los medios de convicción allegados al juicio, ello, con el propósito de analizar si quedó comprobado, de forma plena, si el ofendido no ejerció actos posteriores a la fecha en que adquirió los derechos sobre el local afecto, que implicaran la cesión de la posesión del fundo en favor de la inculpada; así como, en congruencia con ello, si la víctima tuvo la posesión del inmueble con anterioridad o concomitantemente a la fecha en que el ofendido dijo haberse percatado de los hechos por los que presentó querella, y, con libertad de jurisdicción resuelva conforme a derecho corresponda." Lineamientos de la sentencia de amparo. "En la sentencia reclamada, la responsable consideró que el ofendido tuvo la posesión del local 99, ubicado dentro del mercado "Jamaiquitas" ubicado en circuito solidaridad, número dos. Colonia Parque Urbano, Efrén Rebolledo, en Actopan, Hidalgo, el cual adquirió en mayo de dos mil siete, por parte de gobierno del Estado de Hidalgo, y gobierno municipal de Actopan, con giro comercial de venta de verduras. Sin embargo, a nivel probatorio, no explicó de forma motivada y consistente, si, como se dijo, dicha posesión del ofendido no la cedió posteriormente mediante un acto contractual, ni si la estaba ejerciendo, en caso contrario, en abril de dos mil trece, cuando ocurrieron los hechos de los que se percató. Sobre el particular, es visible que, por una parte, son contradictorias las consideraciones que sostuvo la alzada al valorar la declaración del ofendido, de los testigos que éste ofreció, y lo expuesto por la sentenciada, hoy quejosa; por otro lado, omitió valorar la totalidad de los medios de convicción, principalmente, los testimonios, así como el resultado probatorio de los careos procesales que fueron desahogados; todos ellos, en relación con la posesión previa del ofendido. En la sentencia reclamada, la responsable expuso que los actos de posesión realizados por la víctima, previo a los hechos, se demostró en los siguientes términos: "(.) Ahora bien, superada la existencia del inmueble litigioso, este tribunal de alzada considera que también quedaron acreditados los actos de posesión desplegados en él por parte de la víctima, previo a los hechos. Sobre este tema, el recurrente sostiene como agravio que lo que el delito de despojo tutela es la posesión actual del inmueble, por lo que al no tenerse certeza de cuando ocurrieron los hechos, no se puede establecer en qué momento tenía posesión la víctima del inmueble, aunado a que las documentales que ofrece la victima son de fecha anterior al mes de abril de dos mil trece, por lo que esas documentales no acreditan que éste se encontraba en posesión de dicho local. Agravio que deviene infundado, porque, además del dicho del agraviado en el sentido de que venía realizando actos posesorios sobre el local litigioso desde años atrás, se contó también con los testimonios de Isidro Villa Santiago y Verónica Vixtha Pérez, quienes apoyaron la versión sostenida por el agraviado, en el sentido de que durante varios años este era el propietario y poseedor del local 99 del mercado Jamaiquitas, quien vendía verdura, lo que les constaba porque ellos también eran comerciantes de dicho mercado. Estos testimonios mantuvieron congruencia, a su vez, con lo expuesto por Esteban Martínez Tapia, quien sostuvo que, aproximadamente en el año dos mil nueve, él hizo la repartición de locales en el mercado Jamaiquitas en presencia de Gobierno del Estado y presidencia municipal, entregándole el local 99 a la víctima, quien había sido el único dueño desde entonces. Línea testimonial que encontró apoyo documental en la licencia de funcionamiento del local litigioso y el recibo de pago por concepto de pago parcial de adquisición del mismo, ambos documentos expedidos a nombre de la víctima y con fechas anteriores a los hechos delictivos (expedidos en los años dos mil siete y dos mil ocho, respectivamente). Lo anterior, revela la existencia de actos de posesión desplegados por la víctima desde que adquirió el local litigioso, en el año dos mil siete, al advertirse que era en ese local en donde el agraviado vendía verduras. De ahí que devenga infundado el agravio expuesto por el recurrente. En este punto, es importante destacar que los actos de posesión desplegados por la víctima, previo a los hechos, fueron convalidados por la inculpada, -cuyo ateste y postura defensiva se analizará integralmente más adelante quien sostuvo que le constaba que la víctima era la persona que ejercía posesión sobre el local número 99 del mercado Jamaiquitas en Actopan, Hidalgo, desde antes del año dos mil diez, pues, incluso, señaló la sujeto activo, fue la propia víctima quien se lo rentó en el mes de octubre del dos mil diez y posteriormente, entre el mes de enero y abril de dos mil doce, se lo vendió. De ahí que deba tenerse por acreditada la ocupación realizada por la sujeto activo sobre el local litigioso, puesto, además de la postura sostenida por la víctima y los referidos testigos de cargo, se advierte que la inculpada reconoció que, a la fecha de los hechos por los que se querelló la víctima, (abril de dos mil trece), ella ya se encontraba ocupando el local número 99 del mercado Jamaquititas, en Actopan, Hidalgo, vendiendo antojitos mexicanos. En ese sentido, como ya se ha visto, en el presente asunto quedó probada la identidad del local litigioso (existencia y características), los actos posesorios desplegados sobre el mismo por parte de la víctima y la ocupación del local realizada por la sujeto activo, debiendo puntualizar que el objeto de controversia se centra en dilucidar si la sujeto activo realizó la ocupación del local con el consentimiento de quien tenía derecho a otorgarlo y, por ende, no le era ajeno, o si, por el contrario, realizó la ocupación bajo la hipótesis típica descrita por el delito que se le imputó. Al respecto, conviene retomar las versiones encontradas entre la víctima y la sujeto activo, las cuales se sinterizan al tenor siguiente: a) Por un lado, la víctima sostuvo que en el mes de abril de dos mil trece, fue despojado del local litigioso por parte de la sujeto activo, quien ya se encontraba vendiendo comida en el mismo, sin su consentimiento, dado que él era el facultado para ejercerlo por ser el propietario de dicho local. b) Mientras que, contrario a esa versión la sujeto activo señalo que ella poseía el local litigioso en el mes de abril de dos mil trece, derivado de un acto traslativo de dominio, puesto que en el mes de octubre de dos mil diez, la propia víctima se lo rentó y posteriormente, en el mes de enero de dos mil doce, se lo ofreció en venta, terminando de pagárselo en abril de dos mil doce. No obstante, fue jurídicamente correcto que el juzgador de origen tuviera por acreditada la versión sustentada por la víctima, en cuanto a que esta no otorgó su consentimiento legal para que la sujeto activo ocupara el local litigioso, pues esta circunstancia quedó probada por parte del Ministerio Público, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, con la propia querella presentada por la víctima de fecha seis de julio de dos mil trece, en relación a los hechos que hoy se analizan, puesto que ante el ejercicio de ese derecho es evidente que no autorizó tal ocupación. Sin que pase inadvertido que al sostener la sujeto activo una versión de los hechos fincada en la atipicidad de la conducta, al aducir haber actuado con derecho y sobre un bien que no le era ajeno, esto constituía una causa de exclusión del delito que debió haber sido acreditada fehacientemente por la inculpada y su defensa, lo cual no ocurrió, tal y como se desarrollará en el apartado relativo a la responsabilidad penal. Por lo anterior, resultó acertado que la autoridad de origen constatara la tipicidad de la conducta (.)" De lo transcrito, se advierte que la responsable expuso que el ofendido manifestó "que era propietario del local número 99" que se encuentra dentro del mercado "Jamaiquitas" ubicado en circuito solidaridad, número dos, Colonia Parque Urbano, Efrén Rebolledo, en Actopan, Hidalgo, el cual adquirió mayo de dos mil siete, por parte de gobierno del Estado de Hidalgo, y gobierno municipal, que desde esa fecha le dieron la posesión con giro comercial de venta de verduras. Que en abril de dos mil trece, salió de la ciudad aproximadamente quince días, porque un familiar enfermó, y cuando regresó, se percató que Josefina Azpeitia Cruz , ocupaba el local, por lo que al cuestionarle dicha conducta, ella le contestó que ya no tenía nada que tratar con el declarante, porque ya se había arreglado con el administrador del mercado Miguel Godinez Hernández, quien lo otorgó en renta, y que cualquier problema lo arreglara con dicho administrador. Sin embargo, las consideraciones de la sala responsable se orientan a que el ofendido dijo que era propietario del local, lo cual no implica que posteriormente a la data en que le fue asignado, no hubiere ejecutado actos mediante los que cediera la posesión (o la propiedad) de dicho fundo, y si bien expuso que en mayo de dos mil siete, le dieron la posesión con giro comercial de venta de verduras, lo expuesto por la sala ad quem constituye una inferencia que, sin prueba plena, abarca esa posesión de dos mil doce, hasta abril de dos mil trece. Por cuanto a los testimonios de Isidro Villa Santiago y Verónica Vixtha Pérez, el ad quem expuso que apoyaron la versión del agraviado en el sentido de que "desde años atrás" o "durante varios años", "era" el propietario y poseedor del local, quien vendía verdura, lo que les constaba porque ellos también eran comerciantes de dicho mercado. Y, tocante al testimonio de Esteban Martínez Tapia, se limitó en decir que en dos mil nueve, entregó el local al ofendido, quien había sido el único dueño desde entonces. Estas consideraciones son imprecisas, porque no dan cuenta sobre si el pasivo cedió o no la posesión a la ahora quejosa, pero sobre todo, tales deposados no fijaron el periodo correspondiente a la posesión del fundo; lo cual resulta indispensable debido a que la sentenciada afirmó que de dos mil diez, poseía el local como arrendataria, pero que a partir de enero el año dos mil doce, lo hace como propietaria, circunstancia sobre la que los testigos de cargo no declararon. En efecto, los testigos de cargo depusieron sobre haberse percatado de que la posesión del local la ejercía la víctima desde y durante varios años, pero esas declaraciones no tienen el alcance de dar constancia testimonial sobre algún acto jurídico por el que la hoy quejosa hubiere entrado en posesión del fundo comercial, de modo que no sólo es la posesión sino la razón por la que la imputada entró a ejercerla el punto de análisis que, a nivel probatorio, dejó de ser acometido exhaustivamente por la sala responsable de manera fundada y motivada al valorar los deposados de cargo. Paralelamente, constituye una conclusión errónea de la responsable que la querella demuestre, por sí sola, que el ofendido no dio su consentimiento para que la hoy quejosa entrara en posesión del local afecto, puesto que ello equivale a otorgar valor probatorio pleno a una prueba auto confeccionada que es la versión unilateral de la víctima plasmada en la noticia criminosa, más aún, porque existe la posibilidad de que el ofendido hubiere previamente cedido la posesión del inmueble a la inculpada y que posteriormente se arrepintiera de haberlo hecho, por cualquier causa. Además, contrario a lo que expuso la responsable, la declaración de la inculpada no confirma los actos de posesión de la víctima, pues la hoy quejosa, en lo medular, afirmó que posee el local desde dos mil diez, como arrendataria, pero que en enero de dos mil doce, lo compró al ofendido y desde esa fecha sigue en posesión ahora como propietaria, siendo que los hechos sucedieron en abril de dos mil trece, de modo que esa versión contradice la posesión del ofendido, por ello, la responsable pasó por alto que antes de analizar el elemento de la "ocupación" del inmueble, debe corroborar de forma plena que el querellante tenía la posesión antes y durante en que se percató de los hechos por los que se querelló; y que las pruebas de descargo no son aptas para acreditar que la posesión de la inculpada derivó de un acuerdo de voluntades, primeramente, mediante un arrendamiento y posteriormente, de un contrato verbal de compraventa. En otra vertiente, como se anunció, respecto a que la posesión del ofendido la realizaba con anterioridad a la comisión del delito de despojo, la responsable omitió valorar la totalidad de los testimonios a cargo de María Leonor y Karla Mariela de apellidos Jesús Azpeitia, Carlos Alfredo Jiménez Mendoza, Apolinar Esparza Sánchez, José Lugo García, Miguel Godínez Hernández y Trinidad Cruz Percastegui, Apolinar Esparza Sánchez, José Lugo García, Efraín Zamora Hernández, pues se limitó al examen del contrato verbal de compraventa y la forma de pago, referidos por la sentenciada (sobre los que concluyó que no fueron probados), sin exponer de manera fundada y motivada si el ofendido demostró que estaba en posesión del local por lo menos desde dos mil doce, a la luz de las declaraciones de los citados testigos. En este orden de ideas, dicha omisión valorativa transgrede las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hace cita la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, resultado de la Contradicción de tesis 133/2004-PS, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, Novena Época, Materias(s): Común, Registro digital: 176546, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." (Transcribe texto) También, la autoridad responsable dejó a un lado el análisis razonado, fundado y motivado de los careos procesales que fueron desahogados en la causa penal de origen, respecto de:  Josefina Azpeitia con Macario Hernández  Josefina Azpeitia con Isidro Vila Santiago  Josefina Azpeitia con Esteban Martínez Tapia  Josefina Azpeitia con Verónica Vixtha Pérez  María Leonor de Jesús Azpeitia con Isidro Villa Santiago  María Leonor de Jesús Azpeitia con Esteban Martínez Tapia  María Leonor de Jesús Azpeitia con Verónica Vixtha  Karla Mariela de Jesús Azpeitia con Isidro Villa Santiago  Karla Mariela de Jesús Azpeitia con Esteban Martínez Tapia  Karla Mariela de Jesús Azpeitia con Verónica Vixtha  Carlos Alfredo Jiménez con Isidro Villa Santiago  Carlos Alfredo Jiménez con Esteban Martínez Tapia  Carlos Alfredo Jiménez con Verónica Vixtha  María Leonor Jesús Azpeitia con Macario Hernández Pérez  Karla Mariela de Jesús Azpeitia con Macario Hernández Pérez  Carlos Alfredo Jiménez con Macario Hernández Pérez  Macario Hernández con Miguel Godínez  Miguel Godínez Hernández con Isidro Villa Santiago  Miguel Godínez Hernández con Verónica Vixtha  Macario Hernández con Trinidad Cruz Percastegui  Trinidad Cruz con Esteban Martínez  Trinidad Cruz con Verónica Vixtha  Trinidad Cruz con Isidro Villa Santiago  Esteban Martínez Tapia y el testigo ausente Miguel Godínez Hernández (careo supletorio). En efecto, no basta que la responsable exponga que cada uno de los enfrentados se mantuvo en su dicho, y que por ello debe prevalecer "la postura testimonial que cada uno de ellos", porque claramente, ese proceder no entraña el examen minucioso de las declaraciones de los testigos, aunado a que la Sala penal no precisó de manera fundada y motivada, qué posturas deben prevaler después de analizar el contenido de sus dichos, para corroborar o desvirtuar, en su caso, que la posesión del ofendido la realizaba con anterioridad o concomitantemente a la comisión del delito de despojo. Máxime que el argumento defensivo de la sentencia fue en el sentido de que el ofendido, al día de los hechos, ya no ejecutaba actos de posesión del local. (.)" En cumplimiento a la ejecutoria, la responsable: a). Mediante oficio 383/2023-AP de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la sentencia de esa misma fecha (fojas 105 a 121), en cumplimiento a ejecutoria de amparo en la cual expuso lo siguiente: "SEGUNDO. Declaratoria de insubsistencia. En cumplimiento a la ejecutoria emitida en sesión ordinaria virtual de nueve de febrero de dos mil veintitrés, engrosada el veinte del mismo mes y año, por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, dentro del juicio de amparo directo penal 124/2022 de su índice, a fin de restituir en sus derechos a la peticionaria de amparo, se deja insubsistente y sin efectos, la sentencia de segunda instancia pronunciada por esta autoridad el tres de diciembre de dos mil veintiuno en el presente toca penal, la cual constituyó el acto reclamado en el citado juicio constitucional, y en su lugar, se dicta una nueva siguiendo los siguientes lineamientos: (.)." b). En la nueva sentencia tomó en cuenta la versión de los hechos manifestada por el ofendido en la querella respectiva, a fin de analizar el encuadre de estos al tipo penal de despojo por el que se siguió la causa penal, al considerar lo siguiente: "La sentencia condenatoria que se revisa fue emitida en virtud de la acreditación del delito de despojo, bajo la hipótesis normativa prevista por el artículo 218, fracción I del Código Penal para el Estado de Hidalgo, el cual es del tenor siguiente: "218.- Se aplicará prisión de tres meses a seis años y de 10 a 200 días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste: 1.- Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de ello de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro; (...)". De dicha redacción se desprende que para tener por acreditada la descripción típica ahí contenida, era necesario que se colmaran los siguientes elementos: a) Que la sujeto activo ocupe un inmueble ajeno; y, b) Que dicha ocupación se realice sin consentimiento de quien tiene derecho a otorgarlo. Elementos típicos que, junto con la antijuridicidad y la culpabilidad, se tuvieron por acreditados en la sentencia que se impugna, no obstante, tal determinación se estima jurídicamente incorrecta. En efecto, este tribunal de alzada considera que en el presente asunto quedó acreditada la identidad del inmueble litigioso, siendo este el local número 99 que se encuentra dentro del mercado "Jamaiquitas" ubicado en circuito solidaridad, número dos, Colonia Parque Urbano, Efrén Rebolledo, en Actopan, Hidalgo, así como también que dicho local fue adquirido por Macario Hernández Pérez en el mes de mayo de dos mil siete, sin embargo, no quedó plenamente acreditado que la víctima hubiere realizado actos de posesión antes o concomitante al momento en el que se dijo despojado (abril de dos mil trece), pues si bien inicialmente el ofendido obtuvo la posesión del local litigioso con giro comercial de venta de verduras, ello no implica que posteriormente a la fecha en la que le fue asignado, no hubiere ejecutado actos mediante los cuales cediera la posesión (o la propiedad) de dicho fundo, máxime cuando en el caso se concretó una duda razonable sobre este último aspecto (acto traslativo de dominio de la víctima a la inculpada). En autos obra la declaración a cargo de la víctima Macario Hernández Pérez, de fecha seis de julio de dos mil trece (folios 3 y 5 de la causa penal), su ratificación y ampliaciones de nueve de enero de dos mil catorce (folio 17 y 18), veinticuatro de marzo, veintinueve de mayo, y treinta de octubre del dos mil diecisiete (folios 185 vuelta, 186, y 545), en donde, en esencia, manifestó que era propietario del local número 99 que se encuentra dentro del mercado "Jamaiquitas" ubicado en circuito solidaridad, número dos, Colonia Parque Urbano, Efrén Rebolledo, en Actopan Hidalgo, el cual adquirió en el mes de mayo de dos mil siete por parte de gobierno del estado, y gobierno municipal, siendo, desde entonces, que se le dio posesión del mismo, con giro comercial de venta de verduras. Asimismo, declaró que en el mes de abril de dos mil trece, se ausentó de su local unos días y cuando regresó, entre las doce y las dos de la tarde, se percató de que este ya estaba siendo ocupado por la sujeto activo, quien le dijo que ella ya no tenía nada que tratar con él, porque ya se había arreglado con el administrador del mercado, Miguel Godínez Hernández, quien le comentó a la activo que se lo iba a rentar y que cualquier problema lo fuera a arreglar la víctima con dicho administrador. Señaló que en el mes de mayo o principios de junio de dos mil trece, acudió en compañía de su nuera Verónica Vixtha Pérez a la administración del mercado, solicitando explicación de por qué su local estaba siendo ocupado por otra persona, a lo que el administrador Miguel Godínez Hernández le contestó: "sabes que, la neta lo dejaste varios días sin ocupar y yo decidí rentarlo y ganarme una lana", refiriéndole el administrador a la víctima que no se metiera o de lo contrario se iba a meter en un pedo (sic), ya que él (el administrador) estaba bien parado en gobierno y le podía dar una calentada si seguía chingando, que si no quería que se lo cargara la chingada mejor no hiciera pedo (sic), que no se le ocurriera ir al Ministerio Público porque se lo iba a cargar la chingada (sic). Derivado de este suceso, la víctima declaró que acudió a gobierno municipal pero no obtuvo respuesta alguna, y al haber agotado los medios para tratar de arreglar la situación de forma pacífica, es por lo que comparecía al Ministerio Público a querellarse por estos hechos. (.) Sobre la existencia de actos de posesión ejercidos por la víctima Previo a analizar si la sujeto activo ocupó de forma ilegítima el local número 99 que se encuentra dentro del mercado "Jamaiquitas" ubicado en circuito solidaridad, número dos, Colonia Parque Urbano, Efrén Rebolledo, en Actopan, Hidalgo, es necesario constatar si el sujeto pasivo ejercía actos de posesión sobre el mismo, antes o concomitante a aquel momento en el que se dijo despojado (abril de dos mil trece). Ello porque, como lo ha señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXXVI, Segunda Parte, página 114, con número de registro digital 801435, el delito de despojo, más que una figura que proteja la propiedad, tutela la posesión de un inmueble. De ahí que, al ser la posesión el bien tutelado por el delito de mérito, es precisamente la posesión ejercida por el sujeto pasivo un elemento indispensable para que el evento en cuestión se materialice en la realidad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 10.P. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Sexto Circuito, de rubro: "DESPOJO. LA EXISTENCIA DEL DELITO, REQUIERE LA NECESARIA COMPROBACIÓN DE LA POSESIÓN PREVIA DEL OFENDIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)". Precisado lo anterior, tenemos que el presente asunto, fueron sostenidas esencialmente las posturas que a continuación se sintetizan: a) Por un lado, la víctima Macario Hernández Pérez, sostuvo que en el mes de abril de dos mil trece fue despojado del local litigioso por parte de la sujeto activo, quien ya se encontraba vendiendo comida en el mismo, sin su consentimiento, dado que él era el facultado para ejercerlo por ser el propietario de dicho local, el cual obtuvo desde el mes de mayo de dos mil siete. b) Mientras que, contrario a esa versión, la inculpada Josefina Azpeitia Cruz señaló que ella poseía el local litigioso en el mes de abril de dos mil trece, derivado de un acto traslativo de dominio, puesto que en el mes de octubre de dos mil diez, la propia víctima se lo rentó y, posteriormente, en el mes de enero de dos mil doce, se lo ofreció en venta, liquidándolo en abril de dos mil doce, sin que se firmara ningún documento al respecto porque, según le indicó la víctima, la venta de locales del mercado estaba prohibida por gobierno. Ahora bien, aunque se considera un hecho probado que la víctima Macario Hernández Pérez adquirió el local número 99 que se encuentra dentro del mercado "Jamaiquitas" ubicado en circuito solidaridad, número dos, Colonia Parque Urbano, Efrén Rebolledo, en Actopan, Hidalgo, desde el mes de mayo de dos mil siete, ello no implica que, de forma automática, se presuma su posesión hasta el mes de abril de dos mil trece (fecha de los hechos imputados) puesto que en ese lapso pudo: a) no haber realizado actos materiales de posesión, o en su caso, b) haber cedido la posesión o propiedad del mismo. A lo largo del proceso penal, la defensa pretendió evidenciar ambas hipótesis de forma complementaria entre sí, es decir, que la Victima no ejercía actos de posesión material antes ni durante el mes abril de dos mil trece porque, previo a esa fecha, Macario Hernández Pérez celebró con la inculpada un contrato verbal de arrendamiento que posteriormente mutó a uno de compraventa, respecto del local litigioso. Sentado lo anterior, y con base en el análisis de todas y cada una de las constancias que integran los autos del proceso número de origen, se llega a la certeza en el sentido de que el ofendido no acreditó la posesión que dijo tener sobre el bien inmueble objeto de la causa, como incorrectamente lo estimó el tribunal de primera instancia, puesto que, incluso, existen indicios para advertir que, previo a los hechos imputados, Macario Hernández Pérez celebró un contrato de compraventa con la inculpada, por medio del cual se le trasladó la posesión del mismo. Para evidenciarlo, es necesario retomar que, sobre este tema, la víctima Macario Hernández Pérez refirió que desde que obtuvo el local litigioso lo utilizó ejerciendo actos de posesión consistentes en la venta de verduras, y que fue a principios del mes de abril de dos mil trece cuando se ausentó unos días del mismo por falta de dinero para invertir, pero que en ese lapso iba diario a limpiarlo." Primera parte del inciso c. De acuerdo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, analizó la totalidad de los medios de convicción allegados al juicio, ello, con el propósito de analizar si quedó comprobado, de forma plena, si el ofendido no ejerció actos posteriores a la fecha en que adquirió los derechos sobre el local afecto, que implicaran la cesión de la posesión del fundo en favor de la inculpada; así como, en congruencia con ello, si la víctima tuvo la posesión del inmueble con anterioridad o concomitantemente a la fecha en que el ofendido dijo haberse percatado de los hechos por los que presentó querella, al considerar lo siguiente: "Bajo ese escenario, lo que debía ser corroborado plenamente a nivel probatorio es si la víctima realizaba cotidianamente la venta de verduras en el local litigioso a la que hace alusión, y particularmente, si durante el mes de abril de dos mil trece (previo a la ocupación atribuida a la sentenciada) acudía diario a limpiar su local. Para acreditarlo, la Fiscalía ofertó los testimonios de tres testigos Isidro Villa Santiago, Verónica Vixtha Pérez y Esteban Martínez Tapia. Concretamente, sobre los actos de posesión ejercidos por la víctima, Isidro Villa Santiago señaló que le constaba que desde que le dieron el local al ofendido, esto en el año dos mil siete, éste lo había trabajado vendiendo verduras. Señaló que, en algún momento, sin señalar la fecha, Macario dejó de trabajar unos días, ya que: "descansó un ratito su negocio porque no tenía dinero", y cuando regresó ya lo ocupaba la inculpada. En cuanto a la razón de su dicho, el testigo refirió que todo esto lo sabía porque el local del declarante se encuentra enfrente del local de la víctima. Como puede apreciarse, este testigo pretende corroborar que el ofendido trabajó el local litigioso desde el año dos mil siete al dos mil trece, y aunque confirmó que, en algún momento, la víctima se ausentó unos días del mismo por falta de dinero, no hizo alusión alguna a que, en ese lapso, Macario Hernández Pérez hubiere acudido diario a limpiar su local, como fue manifestado por el propio agraviado De ahí que no pueda ser considerado un testigo funcional para acreditar actos de posesión, antes o concomitante, a los hechos materia de imputación ministerial (abril de dos mil trece), no solo porque no señaló fechas específicas o aproximadas sobre el período en el que se ausentó de laborar el pasivo, sino porque, aun considerando que la época a la que hace alusión como aquella donde se ausentó la víctima de su local, se remitiera a la señalada por el agraviado, el testigo no corroboró que Macario Hernández Pérez acudiera diario a limpiarlo. Incluso, dicho testigo genera dudas sobre si realmente. le consta que, previo al mes de abril de dos mil trece, la víctima vendiera verduras en el local litigioso, puesto que en la diligencia de careo que sostuvo Isidro Villa Santiago con la propia inculpada Josefina Azpeitia Cruz, esta última lo reconoció como el locatario de enfrente, exponiéndole la enjuiciada que al testigo le constaba que el ofendido nunca había ocupado ese lugar, que ella era quien lo trabajaba desde años atrás, sin que esta afirmación de la inculpada fuera contrariada por Villa Santiago, pues incluso admitió que si ese local no era ocupado por la víctima fue por falta de dinero. En esa misma diligencia, también es de interés destacar que, lejos de contrariar las afirmaciones de la inculpada, el testigo centró la base de su careo con la inculpada en referir que el dueño del local era la víctima Macario Hernández Pérez. Lo anterior se aprecia al tenor siguiente: (Transcribe texto) Similar postura asumió el testigo Isidro Villa Santiago en los careos que sostuvo con los testigos Miguel Godínez Hernández, J. Trinidad Cruz Percastegui, y las testigos de descargo María Leonor y Karla Mariela de apellidos Jesús Azpeitia, en donde ya continuó sin señalar los actos de posesión que, en concreto, fueron los que realizó la víctima sobre el local litigioso, limitándose a afirmar que el dueño del mismo era Macario Hernández Pérez. En ese sentido, aunque Isidro Villa Santiago es funcional para corroborar la existencia e identidad del local litigioso y la propia obtención originaria del mismo en favor de la víctima, no constata la versión de los hechos sustentada por Macario Hernández Pérez en cuanto a que este ejerció actos de posesión antes y concomitante a la época de los hechos (abril de dos mil trece). No pasa inadvertido que, el testigo Isidro Villa Santiago tampoco negó la existencia de un posible contrato de compraventa celebrado entre la inculpada y la víctima, puesto que, al momento en el que sostuvo formal careo con las testigos de descargo María Leonor y Karla Mariela de apellidos Jesús Azpeitia, estas últimas reiteraron la versión de la inculpada, en el sentido de que la víctima primeramente le rentó y después le vendió el local litigioso a Josefina Azpeitia Cruz; sin que Isidro Villa Santiago controvirtiera en ese momento la existencia de dicho contrato sino la forma en la que fue realizado, al afirmar que un contrato, verbal no es válido, que tenían que presentar el documento escrito, y que en su caso, las careantes María Leonor y Karla Mariela de apellidos Jesús Azpeitia, no podían ser testigos de dicho acto porque en ese tiempo, eran menores de edad. En mérito de lo antes señalado es que se afirma que Isidro Villa Santiago no corroboró la versión de los hechos de la víctima, específicamente en cuanto a los actos de posesión que dijo haber desplegado en el mes de marzo de dos mil trece sobre el local litigioso, máxime que, como ha quedado precisado, el testigo tampoco controvirtió la existencia de un posible contrato de compraventa celebrado entre el ofendido y la inculpada respecto de dicho local. Por otro lado, lo expuesto por la testigo Verónica Vixtha Pérez tampoco se considera funcional para corroborar los actos de posesión a los que hizo alusión la víctima sobre el local litigioso, ya que la testigo se limitó a afirmar que le constaba que Macario Hernández Pérez, siempre había vendido verdura en su local, hasta en tanto fue despojado por la inculpada en abril de dos mil trece, lo que en sí mismo entraña una versión contradictoria con la sostenida por la propia víctima y por Isidro Villa Santiago, quienes señalaron que existió un periodo de tiempo en el que el ofendido se ausentó de su local por falta de dinero para invertir. En similar sentido, el testimonio de la citada testigo también disminuye su credibilidad por no haber sido reconocida como comerciante del mencionado mercado, puesto que, en el careo que esta sostuvo con la inculpada Josefina Azpeitia Cruz, y las testigos María Leonor y Karla Mariela de apellidos Jesús Azpeitia, éstas últimas afirmaron no conocerla, limitándose Verónica Vixtha Pérez a señalar que ella venda en el mercado y que le constaba que el dueño del local litigioso era Macario Hernández Pérez, quien tenía todos sus papeles en regla. Luego, en cuanto al careo sostenido por Verónica Vixtha Pérez con los testigos Miguel Godínez Hernández y J. Trinidad Cruz Percastegui, se destaca que estos últimos refirieron no conocer a la primera de las personas nombradas, siendo que Vixtha Pérez en ambas diligencias reiteró que lo único que pedian era un papel justificado donde dijera que la dueña del local era la inculpada, y que la víctima tenía derecho a vender sus verduras en su local porque era el dueño, sin que se abordara el tema relacionado con actos de posesión material ejercidos por la víctima. En ese sentido, toda vez que Verónica Vixtha Pérez no corrobora concretamente los actos de posesión ejercidos por la victima sobre el local Iitigitos (máxime que incluso la versión de los hechos sustentada por el ofendido), limitándose a señalar que el único dueño del local es Macario Hernández Pérez, tampoco puede considerarse idónea para sustentar la postura ministerial. Corre la misma suerte, lo expuesto por Esteban Martínez Tapia, quien se identificó como representante del local de la víctima, afirmando que tiene conocimiento que el local 99 se le otorgó a Macario Hernández Pérez y que, desde entonces, lo ha venido trabajando como vendedor de verduras. En ese sentido, es válido afirmar que el testigo es funcional para acreditar la adquisición por parte de la víctima del local litigioso, pero no así la afirmación que realiza en el sentido de que, durante todos esos años el ofendido ha vendido verdura en el citado local hasta en tanto fue despojado por la inculpada, ya que, al exponer la razón de su dicho, el testigo refirió que los hechos materia de imputación ministerial los conocía porque se los había comentado el ofendido. También es relevante la acotación que realiza este testigo en el sentido de que no pasa con frecuencia por el local 99, pues esta circunstancia evidentemente le imposibilita para afirmar que la víctima ocupó el local litigioso desde el momento en el que le fue otorgado y hasta el mes de abril de dos mil trece. Sin dejar de señalar que la afirmación en esos términos (que la víctima ha ocupado su local desde que le fue otorgado y hasta que fue despojado por la inculpada en abril de dos mil trece), también controvierte la versión sustentada por el ofendido quien, como ya se ha visto, refirió que dejó de laborar en su local un tiempo, precisamente, previo al mes de abril de dos mil trece. En esa guisa, al no haberlo podido constatar el testigo que la víctima ocupó su local durante esos años (del dos mil nueve al dos mil trece), ni los hechos de despojo que fueron denunciados (puesto que refirió que se enteró de ellos por dicho de la víctima), tampoco resulta funcional para acreditar plenamente actos de posesión en el presente asunto. Máxime cuando tampoco adujo información sobre la ausencia de la víctima por falta de dinero para invertir ni se pronunció sobre que, en esa ausencia, la victima acudiera a limpia su focal diario, esto en el mes de abril de dos mil trece, como lo refirió inicialmente el propio Macario Hernández Pérez. Por el contrario, lejos de robustecer los actos de posesión ejercidos por la víctima, el testigo Esteban Martínez Tapia hace verosímil la hipótesis sostenida por la inculpada y sus testigos de descargo, en el sentido de que si no se firmó ningún contrato al momento en el que se celebró el contrato de compraventa respecto del local litigioso entre el activo y la pasivo, ello fue porque la venta de esos locales se encontraba prohibida. Esta última información, resultó de los careos que Esteban Martínez Tapia tuvo con la inculpada Josefina Azpeitia Cruz, y las testigos María Leonor y Karla Mariela de apellidos Jesús Azpeitia, en donde Martínez Tapia sostuvo que esos locales no se pueden negociar sin autorización de gobierno del Estado. En cuanto al careo que sostuvo Esteban Martínez Tapia con J. Trinidad Cruz Percastegui, y supletoriamente con Miguel Godínez Hernández, también se desprende que el primero insistió en que los hechos materia de debate los supo por dicho de la víctima, y que a él le constaba que la víctima era el único dueño del local porque él estuvo presente cuando se repartieron los locales, sin que hiciera alusión alguna a actos de posesión material que ejerciera el ofendido sobre dicho local, máxime que, en el careo que sostuvo Martínez Tapia con Cruz Percastegui, este último le sostuvo que el primero de los mencionados, llevaba entre ocho o nueve años sin presentarse en el mercado, es decir, desde el dos mil diez y dos mil once, sin que en este careo tampoco se expusiera información sobre actos posesión de la víctima. No obstante, en aquellos careos en los que participó la víctima, en los que se hizo alusión al tema relacionado a actos de posesión, se introdujo al proceso información que apoya la versión de descargo. Esto es así, porque en el careo celebrado entre Macario Hernández Pérez y la testigo María Leonor Jesús Azpeitia, en donde la segunda sostuvo la versión de los hechos que asumió en su testimonial, y la víctima la suya, señalando el ofendido que no se podía corroborar la compraventa porque no firmaron ningún documento, mientras que, en información novedosa, la testigo María Leonor Jesús Azpeitia señaló que su madre (la inculpada) era la que aportaba cooperaciones relacionadas con el local litigioso, siendo a ella con quien se dirigía la administración del mercado para esos efectos. Careo que encuentra cierta armonía con el diverso practicado entre Macario Hernández Pérez con J. Trinidad Cruz Percastegui, el cual es relevante porque este último señaló que el ofendido nunca ocupó ese local, que inclusive se lo pidió en muchas ocasiones, teniendo que irlo a ver hasta su domicilio sin ninguna obligación para que lo ocupara, que era renuente y negativo para hacerse cargo del local, señalando la víctima que él sí lo ocupó, haciendo alusión a un recibo de pago del año dos mil diez. En estas dos diligencias es posible apreciar que, mientras la víctima se sostiene en su dicho, haciendo alusión a la forma en la que adquirió el local litigioso, los testigos con los que fue careado (María Leonor Jesús Azpeitia, y J. Trinidad Cruz Percastegui), hicieron alusión a aspectos relacionados con actos de posesión (tema relevante para esta resolución), puesto que la primera señaló que la administración del mercado se dirigía directamente con la inculpada para tratar aspectos vinculados al local litigioso, mientras que el segundo afirmó categóricamente que el ofendido nunca ocupó el local, aún y cuando en reiteradas ocasiones se le invitó a hacerlo. Atendiendo al material probatoria antes analizado, es que se concluye que, aunque fue probado que la víctima Macario Hernández Pérez adquirió el local número 99 que se encuentra dentro del mercado "Jamaiquitas" ubicado en circuito solidaridad, número dos, Colonia Parque Urbano, Efrén Rebolledo, en Actopan, Hidalgo, desde el mes de mayo de dos mil siete, el Ministerio Público no acreditó plenamente que el ofendido realizara actos materiales de posesión sobre el mismo antes o concomitante a la temporalidad delictiva. Los careos previamente reseñados mantienen valor probatorio indiciario en términos de lo dispuesto por el artículo 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, en la medida que se desahogaron con todas las formalidades requeridas por la propia legislación Finalmente, es preciso señalar que es cierto que en autos obra el oficio CEVI/0827/2013, fechado el veintitrés de agosto de dos mil trece (folio 689), suscrito por la misma Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Hidalgo, mediante el cual se informó que el beneficiario del local litigioso, en ese momento, según dicha dependencia era la víctima Mario Hernández Pérez, sin embargo, esta circunstancia no válida en sí mismo actos de posesión material ejercidos sobre el local litigioso, pues debemos recordar que, por su naturaleza, la prueba idónea requerida para acreditar la posesión en un conflicto jurisdiccional, lo es la prueba testimonial. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX. J/40, sustentada por Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL. ES IDONEA PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE LA POSESION". En efecto, la carga de la prueba para acreditar la culpabilidad corresponde al Ministerio Público, y como se ha visto, en el caso dicha institución no probó plenamente la existencia de actos posesorios ejercidos por la víctima sobre el local litigioso, antes o concomitante al mes de abril de dos mil trece, por lo que dicha circunstancia, en si misma, genera la atipicidad de la conducta que le es reprochada a Josefina Azpeitia Cruz. Máxime cuando, como se adelantó, existen indicios que revelan la celebración entre la víctima y la inculpada de un contrato verbal de arrendamiento, que posteriormente mutó a una compraventa, por medio del cual se le trasladó la posesión del mismo a la enjuiciada. Esto último se afirma, porque la postura de la inculpada Josefina Azpeitia Cruz, se encontró fincada en su propio testimonio, el cual rindió en fecha cuatro de julio de dos mil catorce (folio 95), y en su ampliación, rendida por escrito, en fecha quince de mayo de dos mil diedisiete (folio 246), de donde se desprendió lo siguiente: - ??Que la ocupación del local número 99 del mercado "Jamaiquitas" la realiza desde el mes de octubre de dos mil diez, con consentimiento de la víctima, quien primero se lo rentó y, en enero de dos mil doce, se lo ofreció en venta, llegando a un acuerdo con el agraviado, quien le dijo que solo le regresara lo que le había pedido gobierno, por lo que la inculpada le pago la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos en moneda nacional), el cual le fue dando en partes, terminando de pagarle el tres de abril de dos mil doce en presencia de sus hijas María Leonor y Karla Mariela de apellidos de Jesús Azpeitia y de Carlos Alfredo Jiménez Mendoza. ??- Que ese día, tres de abril de dos mil doce, la víctima la llevó con el administrador del mercado Miguel Godínez, estando presente el señor Trinidad y el señor Efraín, quienes son parte de la mesa directiva del mercado, siendo que en ese momento la víctima les manifestó que a partir de esa fecha la inculpada iba a quedar como titular del local litigioso, para que se hiciera el cambio correspondiente. Por lo que, desde esa fecha se hizo cargo la inculpada del pago de las cooperaciones y gastos que se llegaron a pedir en el mercado. - ??Que no se firmó ningún recibo ni documento por la citada compraventa porque la víctima le comentó que estaba prohibido por gobierno vender locales del mercado, que si se daban cuenta que se lo había vendido se lo quitarian, que para que ese contrato tuviera validez, fue por lo que fueron con el administrador del mercado. ??- Que en el mes de abril de dos mil trece, la víctima la fue a ver y le comentó que quería recuperar su local, porque se lo había vendido muy barato, diciéndole que no tenía como acreditar que se lo había vendido, y que si no se loe regresaba se iba a quedar sin local y sin dinero, porque él iba a negar que lo vendió. La declaración de la inculpada mantiene valor probatorio indiciario en términos de lo dispuesto por el artículo 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo y encontró cierta identidad con lo expuesto por Apolinar Esparza Sánchez y José Lugo García, en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho (a partir del folio 739). Esto es así, pues Apolinar Esparza Sánchez refirió que conocía a la inculpada desde el dos mil nueve, porque le rentó su local desde ese año, el cual, tiene como número de identificación 184, ubicado en el mercado "Jamaiquitas", hasta en tanto el declarante le pidió el local a finales del dos mil diez, teniendo conocimiento que la inculpada encontró un diverso local para vender sus productos, siendo este el número 99, señalando el declarante que en ambos locales vendía comida. A su vez, José Lugo García dijo que conocía a la inculpada porque le surtía mole derivado de la venta que esta realizaba de comida, señalando que primero le surtía en el local del Mercado "Jamaiquitas", número 184 y a partir del dos mil diez, en el local número 99. Por otro lado Miguel Godinez Hernández en su declaración de uno de junio de dos mil catorce (folio 83), refirió que tomó funciones como administrador del mercado "Jamaiquitas" el primero de enero de dos mil once, y que en esa fecha la inculpada ya se encontraba en posesión del local número 99. El declarante señaló que el tres de abril de dos mil doce, al encontrarse acompañado de J. Trinidad Cruz Percastegui y Efraín Zamora Hernández, en la oficina de la administración del mercado, entró la víctima en compañía de la inculpada, señalándoles que ya habían llegado a un arreglo sobre el local litigioso, exponiendo la victima que a él ya no le podía ser posible hacerse cargo del local, siendo que desde esa fecha quien se ha hecho cargo del mismo ha sido la sentenciada. Esta versión es esencialmente corroborada por J. Trinidad Cruz Percastegui en su declaración de diez de octubre de dos mil catorce (folio 100), y su ampliación de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (folio 708), quien señaló haberse encontrado presente el tres de abril de dos mil doce en las oficinas de la administración del mercado, junto con Miguel Godínez Hernández, corroborando la presencia de la víctima en compañía de la inculpada, y la exposición del ofendido en el sentido de que, a partir de esa fecha, la inculpada se haría cargo del local 99, ya que habían llegado a un acuerdo. A dicha línea testimonial se sumó lo expuesto por María Leonor y Karla Mariela de apellidos Jesús Azpeitia, así como lo dicho por Carlos Alfredo Jiménez Mendoza, todas ellas recabadas el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (a partir del folio 258), quienes esencialmente coincidieron en que Josefina Azpeitia Cruz, empezó a trabajar en el mercado Jamaiquitas en el año dos mil nueve, en el local 184, vendiendo antojitos mexicanos, en donde estuvieron aproximadamente un año, hasta que en octubre del dos mil diez la víctima Macario Hernández Pérez, le ofreció el local 99 para rentarlo, el cual dijo que era de su propiedad, pero que en ese entonces no ocupaba. Señalaron los testigos que la inculpada aceptó, pagando la cantidad de setecientos pesos al mes, precisándose que las rentas se entregaban a final de cada mes, sin que se firmara algún documento al respecto porque la víctima le decía que no se podía rentar ni vender locales, porque podía tener problemas con gobierno En sentido, los testigos refirieron también que a principios de enero de dos mil doce, la víctima le ofreció el local 99 en venta a la inculpada, a lo que esta última aceptó, y en el mes de abril de dos mil doce la inculpada le entregó la cantidad de doce mil pesos, precisándose que no se firmó ningún documento porque la víctima insistió que esos locales no se podían rentar ni vender porque podían tener problemas con gobierno. En similar sentido los testigos de descargo corroboraron también el escenario en donde la víctima y la inculpada acudieron a la administración del mercado para informar al administrador Miguel y al señor Trinidad, sobre ese acuerdo al que arribaron el pasivo y la activo sobre el local litigioso. De lo expuesto por María Leonor y Karla Mariela de apellidos Jesús Azpeitia, así como por Carlos Alfredo Jiménez Mendoza, también se indica que fue en ábril de dos mil trece, cuando la víctima llegó molesto con la inculpada y le dijo que sus familiares le habían comentado que había vendido el local muy barato, que le regresara su dinero y el local, a lo que la inculpada se negó, refiriéndole el agraviado, que a ver como lo iban a arreglar, que él no le había firmado nada. Como puede observarse, la línea testimonial de descargo, cuyo valor es indiciario en términos de lo dispuesto por el artículo 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, mantuvo cierta consistencia en cuanto a la versión de los hechos que expuso la inculpada, la cual, incluso, encontró fuerza probatoria en las documentales siguientes: a) Constancia de posesión, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, suscrita por J. Trinidad Cruz Percastegui, en su carácter de representante del grupo Unión de Comerciantes y Productores del Campo Jamaiquitas de Actopan, Hidalgo, en donde hace constar que la señora Josefina Azpeitia Cruz se encuentra en posesión pública y continua del local número 99 del mercado de interés, desde el mes de octubre de dos mil diez, vendiendo antojitos mexicanos (folio 273), la cual fue ratificada en diligencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (folio 707). b) Solicitud de escrituración de locales y espacio del mercado "Jamaquitas" de Actopan, Hidalgo, de fecha ocho de abril de dos mil trece, en donde, respecto del local 99, se reconoce a Josefina Azpeitia Cruz como titular (folio 1027) esta autenticidad fue corroborada por la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Hidalgo, mediante el oficio CEVI/343/2019 de veintiséis de junio de dos mil diecinueve (folio 1142). Documentales que, por su propia naturales, en términos de lo dispuesto por los artículos 170, 223 y 224 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, poseen valor probatorio de indicio, respecto de la marcada con el inciso a, y valor probatorio pleno respecto de las enunciadas en el inciso b, no obstante que su eficacia demostrativa es de especial relevancia, puesto que suman a la línea testimonial previamente desarrollada, en el sentido de que la posesión que ejercía la inculpada sobre el local litigioso en abril de dos mil trece, la realizaba derivado de un contrato de arrendamiento celebrado con la víctima que, posteriormente, mutó a un contrato de compraventa. En el entendido de que la sola existencia de la querella no demuestra, por sí sola, que el ofendido no dio su consentimiento para que inculpada entrara en posesión del local afecto, puesto que ello equivale a otorgar valor probatorio pleno a una prueba auto confeccionada que es la versión unilateral de la víctima plasmada en la noticia criminosa, más aún, cuando existen indicios de que el ofendido previamente cedió la posesión del inmueble a la inculpada. Es por lo anterior que no solo el Ministerio Público dejó de acreditar la existencia de actos de posesión ejercidos por la víctima sobre el local litigioso, antes y concomitante la época de los hechos (abril de dos mil trece), sino que, además, la versión de descargo sustentada por la inculpada y sus testigos, encontró cierto sustento probatorio que la vuelve verosímil para generar una duda razonable sobre la hipótesis acusatoria de la Fiscalía. Sobre este tema (duda razonable), conviene retomar que como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3457/2013, el concepto de "duda", implícito en el principio in dubio pro reo, debe entenderse como la existencia de incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación. Sin embargo, esa incertidumbre no sólo está determinada por el grado de confirmación de la hipótesis acusatoria, sino eventualmente, por el grado de confirmación de la hipótesis de la defensa en el supuesto de que existan pruebas de descargo que la apoyen, siendo que, en ambos casos, la duda sólo puede surgir del análisis de las pruebas disponibles. Conforme a la doctrina jurisprudencial mencionada, la duda puede darse, al menos, bajo dos supuestos: 1) ???Cuando la hipótesis de inocencia esté corroborada por elementos exculpatorios, o en su caso, ???2) Cuando de las pruebas de descargo se logré cuestionar la fiabilidad de la materia de cargo que sustenta la imputación. Ahora bien, al coexistir pruebas de cargo y descargo, es necesario confrontar ambas posturas y analizar el material probatorio que las sustenta, a fin de estar en posibilidad de verificar su grado de corroboración, tal y como se ha expuesto en la presente resolución en la que, como se ha señalado, una vez que se han analizados, se advierte que debe prevalecer la asumida por la inculpada Josefina Azpeitia Cruz, debiendo subsistir la presunción de inocencia que le asiste ya que no solo la hipótesis acusatoria no se encontró plenamente probada, sino que la sustentada por la enjuiciada encontró grado de corroboración suficiente para generar una duda razonable sobre la certidumbre del material de cargo. Es decir, una vez ponderado el material probatorio desahogado en el presente asunto, no se aprecia el vencimiento del principio de presunción de inocencia que asiste a la inculpada, así como tampoco se llega a romper el umbral de duda sobre la veracidad total y probada de la versión tanto del ofendido como del órgano acusador, que permita, sólo entonces, cimentar un fallo condenatorio. Sirve de apoyo, lo interpretado por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 2/2017 (10a.), de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO" En este punto, es necesario apuntar que, si bien la víctima y los testigos de cargo señalaron que el dueño del local litigioso era Macario Hernández Pérez, no debe perderse de vista que lo que tutela el delito de despojo, como so ha visto, es esencialmente la posesión de los inmuebles, por lo que, con independencia de que la víctima o incluso la inculpada, se ostenten en el presente asunto como propietarios del inmueble litigioso, lo que aquí se analiza es si en la época de los hechos, el sujeto pasivo realizó antes o concomitantemente actos posesión sobre el mismo. Ello, en el entendido de que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 70/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)". Finalmente, en atención al principio de exhaustividad que debe regir en la emisión de toda sentencia judicial, debe hacerse mención de los medios de prueba que no son funcionales para ser tomados en cuenta, ya sea porque su contenido no desprende elementos que aporten a la acreditación de algún hecho en particular o, en su caso, porque éstas no cumplieron con las formalidades esenciales para su realización y ello no afecta a la decisión asumida en el resultado del fallo. Así, obra en autos la inspección judicial de CD, de once de junio de dos mil diecinueve (folio 1080), en donde se reveló Una conversación entre la procesada y un sujeto masculino), sin que de la misma se hubiere podido desprende información funcional para los hechos que se estudian. Lo mismo ocurre con la inspección ministerial y fe de lugar de veinticuatro de abril de dos mil catorce (folio 48), la cual no se realizó en virtud de no haberse permitido el acceso al mercado, lo cual se relaciona con la declaración de Efraín Zamora Hernández, de ocho de diciembre de dos mil catorce (folio 1139), en donde este manifiesta que en ningún momento negó darle acceso a las autoridades para llevar a cabo el dictamen en materia de topografía, sin que ambas se consideren funcionales, puesto que luego de diversos intentos, si fue posible contar con el dictamen mencionado. Debe sumarse a dicha lista de prueba el informe de investigación, de diecinueve de julio de dos mil trece, en donde se plasmó una entrevista realizada a Miguel Godínez Hernández (folio 15), sin embargo, el testimonio de dicho testigo, por sí mismo, fue recabado en el presente proceso. De igual forma, no son funcionales para acreditar hecho alguno las minutas de once de agosto de dos mil nueve (folio 84) y de diecisiete de agosto del dos mil nueve, en donde se señala a diversos representantes de los comerciantes en esa época, y el plazo que tenían para ocupar sus locales, el cual vencía el cuatro de octubre del año dos mil nueve, sin que esta información encuentre relevancia probatoria. También se suma a la lista anterior, el careo sostenido entre la inculpada Josefina Azpeitia Cruz y la víctima Macario Hernández Pérez, en donde cada uno se posicionó en su versión de los hechos, por un lado, la sentenciada afirmando que la víctima le rentó y posteriormente le vendió el local litigioso, y por su parte, el ofendido señalando que eso no había sido cierto, que no existía documento que acreditara esa compraventa, ya que él había sido despojado. Ocurriendo lo propio en la diligencia de careo practicada entre la víctima y Karla Mariela Jesús Azpeitia en donde el ofendido refirió que debían conducirse con verdad porque él nunca rentó ni vendió su local, que debía existir un documento donde se lo comprobaran, sosteniéndole Karla Mariela que dicho acuerdo sí había ocurrido. En esa misma tónica se encuentra el careo entre la víctima Macario Hernández Pérez y Miguel Godínez Hernández en donde cada uno se sostuvo en su dicho, el primero afirmando que no firmó ningún documento, y el segundo señalando que fue el ofendido quien llevó a la administración a la inculpada para informarle a la administración del mercado que habían llegado a un acuerdo respecto del local litigioso. Tampoco suman los careos celebrados entre Carlos Alfredo Jiménez, con la víctima Macario Hernández Pérez, Isidro Villa Santiago, Esteban Martinez Tapia, y Verónica Vixtha Pérez, en Virtud de que los testigos de cargo refirieron no conocer a Carlos Alfredo Jiménez, razón por la que ambas partes se mantuvieron sosteniendo las posturas que expusieron en sus respectivas declaraciones testimoniales. Sobre los mencionados conviene precisar que, como se ha señalado, de los mismos no se desprendió información novedosa respecto a los actos posesorios desplegados por la victima máxime que cada una de las partes se sostuvo en la versión que inicialmente sostuvieron vía testimonial, ya habiendo señalado que la postura que debe prevalecer en el presente asunto es la sustentada por la inculpada. En esos términos, si bien el material probatorio antes reseñados mantiene valor probatorio en términos legales, indiciario respecto a la documental, los testimonios y los medios complementarios de prueba, y pleno en relación a las inspecciones ministerial y judicial, en términos de lo dispuesto por los artículos 219, 223, 224 y 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, los mismos no resultan funcionales, por las razones ya asentadas. En tales condiciones, y al no haberse acreditado el rubro relativo a la tipicidad, tal y como lo exigen los numerales 221 y 438, fracción IV del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, es que resulta innecesario entrar al estudio de la responsabilidad penal de Josefina Azpeitia Cruz en la comisión del mismo delito, pues como se ha dicho, al no haberse acreditado uno de los elementos constitutivos del mismo (tipicidad) es imposible que éste pueda subsistir, siendo igualmente inadmisible hablar de que exista un culpable o responsable del mismo, por lo que no es procedente imponer alguna de las consecuencias jurídicas del delito en términos del numeral 27 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, ya que de hacerlo se estaría violentando lo expuesto por el diverso 221 de la ley/adjetiva penal en el Estado de Hidalgo." Segunda parte del inciso c. Finalmente, con libertad de jurisdicción resolvió conforme a derecho lo siguiente: "PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria emitida en sesión ordinaria virtual de nueve de febrero de dos mil veintitrés, engrosada el veinte del mismo mes y año, por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, dentro del juicio de amparo directo penal 124/2022 de su índice, a fin de restituir en sus derechos a la peticionaria de amparo Josefina Azpeitia Cruz, se deja insubsistente y sin efectos, la sentencia de segunda instancia pronunciada por esta autoridad el tres de diciembre de dos mil veintiuno en el presente toca penal, la cual constituyó el acto reclamado en el citado juicio constitucional. SEGUNDO. Se REVOCA la SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA, de fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la titular, por ministerio de ley, del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, dentro de la CAUSA PENAL 30/2017 en II tomos, instruida en contra de Josefina Azpeitia Cruz, por el delito de despojo, cometido en agravio de Macario Hernández Pérez, al existir una causa de atipicidad de la conducta reprochada a la enjuiciada, en los términos precisados en el considerando QUINTO de esta resolución, sin que proceda girar instrucciones para garantizar la libertad de la citada sentenciada, al encontrarse gozando de la libertad caucional concedida mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. TERCERO. Notifíquese a las partes en los términos de ley, informándoles sobre el derecho que tienen a otorgar su consentimiento respecto a la publicación de sus datos personales relacionados con la presente sentencia, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución; remítase testimonio certificado de la esta resolución, tanto a la autoridad federal (a fin de informar sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo que motivó la emisión de la presente), como al tribunal de origen, para su debido conocimiento, a quien también se le deberán devolver los autos que conformaron el acto impugnado; hecho lo cual, previas las anotaciones en el Libro de Gobierno, en su oportunidad, archívese el presente toca penal como asunto totalmente concluido." De lo expuesto con antelación se advierte que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dejó insubsistente la sentencia reclamada de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 275/2021, con lo cual cumplió con lo ordenado en el inciso a). Además, siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo tomando en cuenta la versión de los hechos manifestada por el ofendido en la querella respectiva, a fin de analizar el encuadre de dichos hechos al tipo penal de despojo por el que se siguió la causa penal y después de analizar la totalidad de los medios de convicción allegados a la causa penal de origen, consideró que no se acreditó el delito de despojo previsto en el artículo 218 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Finalmente, con libertad de jurisdicción, la autoridad responsable resolvió conforme a derecho, y revocó la sentencia definitiva condenatoria reclamada de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, al existir una causa de atipicidad de la conducta que le fue reprochada a la quejosa, pues consideró que no quedó plenamente demostrado que la víctima realizó actos de posesión antes o concomitantemente al momento en el que se dijo despojado (abril de dos mil trece), ya que si bien, obtuvo la posesión del local litigioso, lo cierto es que con posterioridad realizó actos mediante los que cedió la posesión a la parte acusada; esto, porque existen indicios para advertir que la víctima celebró un contrato de compraventa con la quejosa, por el que se le trasladó la posesión del bien inmueble en litigio; por tanto, al no haberse acreditado uno de los elementos constitutivos del delito, es irrelevante analizar la responsabilidad penal, por lo que fue procedente no imponer ninguna de las consecuencias jurídicas del delito en términos del artículo 27 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, razón por la cual con libertad de jurisdicción resolvió revocar la sentencia apelada y absolver a la hoy quejosa del delito de despojo, al haberse actualizado como se dijo, una causa de atipicidad de la conducta reprochada. Con lo anterior, cumplió con lo señalado en los incisos b) y c), de la ejecutoria de amparo. Así las cosas, al ajustar su resolución a los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida, se tiene a la responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dando total cumplimento a la misma, sin excesos ni defectos. Mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 196, párrafo primero y tercero transitorio de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes por el término de diez días, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de mérito, a fin de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, sin que desahogaran la misma. Por último, toda vez que el nuevo acto de autoridad de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se ajustó en su totalidad a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los párrafos primero y cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida, sin excesos ni defectos. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento que dice dar la autoridad responsable a la ejecutoria de nueve de febrero del año en curso, sin que las partes hayan realizado manifestación alguna; en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. A sus autos el oficio de la autoridad responsable Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; no obstante que aun y cuando la autoridad oficiante haya indicado como número de expediente el juicio de amparo directo 124/2021, de los autos que conforman el presente asunto, se advierte que lo correcto es 124/2022. Sustenta lo anterior jurisprudencia 3/2004, de la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientas sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décimo Noveno, marzo de dos mil cuatro, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden.". Así las cosas, téngase a la Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, informando sobre el cumplimiento que dice dar a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y que hace consistir en la nueva resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de diez días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; y una vez que transcurra el término legal díctese el acuerdo correspondiente. Notifíquese.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · 9,238 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano