Josefina Ávila Figueroa
Expediente 1220/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Juez Terecero de lo Mercantil de Villa de Álvarez, Colima
- Josefina Ávila Figueroa
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, el suscrito juzgador advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra el auto de veintisiete de julio del dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Asimismo, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido.
- Principal
Agréguese para que obre como constancia legal el escrito de cuenta signado por la quejosa Josefina Ávila Figueroa, toda vez que en proveído de veintisiete de julio del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo, por los motivos expuestos en el mismo.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO DEL AUTO DE VEINTISIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Colima, Colima, veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Por recibida la demanda de amparo que promueve JOSEFINA ÁVILA FIGUEROA, contra actos Juez Tercero de lo Mercantil de Villa de Álvarez, Colima, y otras autoridades, por considerarlos conculcatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1220/2016-III-EM, y fórmese el expediente de amparo. En ese tenor, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral del escrito de demanda, se tiene que el acto reclamado por el quejoso en su ocurso consiste en el contenido de los acuerdos de diez y catorce de junio del año en curso, así como la ilegalidad de la notificación del auto de diez de junio de dos mil dieciséis, dentro del expediente 15-1454-116M. En el caso, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". De inicio, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, tratándose de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Entonces, de la simple lectura al arábigo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: El acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto. De lo anterior se colige que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa, para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Es importante observar que la ley dispone que debe respetarse el principio de definitividad con independencia del órgano judicial que haya cometido la violación que alega el gobernado, por lo que esta fracción opera tratándose de tribunales judiciales (civiles, familiares, penales, etcétera), administrativos (Federal de Justicia fiscal y Administrativa, Agrario, etcétera) o laborales (sean Federales o locales, burocráticos o no). De igual forma, tampoco es obstáculo el hecho de que no se hubiere interpuesto en tiempo el recurso ordinario, y por tal motivo, ya hubiese fenecido el término para hacerlo valer. Soporta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia visible en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de 2006, página 1816, con el rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". En efecto, previo a acudir al juicio de garantías, debió cumplirse con lo requerido con los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios de impugnación que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al proceso constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Cierto, en lo atinente a la determinación que aquí se reclama, debió interponerse el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. El artículo 1334, del Código de Comercio en vigor, establecen textualmente lo siguiente: "Artículo. 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." De la interpretación del mencionado precepto se obtiene, en lo que aquí interesa, que el proveído de diez de junio de dos mil dieciséis que le fue notificado el diecisiete del mismo mes y año, según lo señala en su escrito de demanda, a partir del cual se impone de su contenido, (posterior a la fecha de la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, misma que se realizó el catorce de junio del año en curso), de suerte que resulta inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser impugnado mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de dicho recurso contra todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la cancelación de un embargo. Luego, es incuestionable que deviene improcedente el presente juicio de amparo, en razón de que al ser la aquí quejosa Josefina Ávila Figueroa, parte demandada en el procedimiento de origen, debió cumplir con el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de garantías, de acuerdo con el invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el proveído a través del que dice se percató de las violaciones de las que fue objeto, no se encuentra entre las excepciones que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no es necesario agotar el medio ordinario de defensa. Aunado a que, en el caso a estudio, no nos encontramos ante el supuesto de un tercero extraño al juicio de origen, en razón de que tal como se desprende de las constancias derivadas del procedimiento de origen, el quejoso es parte en éste. Es aplicable al caso, el criterio que contiene la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, publicada en la página 1816 del tomo XXIII, marzo de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". Asimismo, son aplicables al caso, los criterios contenidos en las jurisprudencias números 447 y 451, visible en la página 297 y 300 del tomo VI del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, materia civil de 1917 a 1995, que dicen: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los Tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo"; y, "RECURSOS. SOBRESEMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común". En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, respecto del acto reclamado al Juez Tercero de lo Mercantil de Villa de Álvarez, Colima, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe considerarse como notoriamente improcedente la demanda de garantías; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata respecto de los autos de diez y catorce de junio del año en curso. A mayor abundamiento, se estima, que por ser parte la quejosa en el juicio respectivo, debió hacer valer el incidente de nulidad contra tal acto, y no acudir al juicio de amparo como lo hizo, de ahí que también resulta improcedente el presente amparo, por no agotar el principio de definitividad que rige en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI.2o.C. J/243, publicada en la página número mil seiscientos cincuenta y uno, Tomo XX, Septiembre de 2004, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. Y la diversa número IV. 1o.C.52 C, publicada en la página número dos mil cuatrocientos treinta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA. Si el quejoso plantea como violación procesal la ilegalidad de una notificación practicada en el juicio mercantil instaurado en su contra y alega que tuvo conocimiento de la misma con posterioridad al dictado de la sentencia reclamada, empero, las constancias de autos patentizan su legal emplazamiento y además, que se le tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma, quedando indiscutiblemente incorporado al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión, mediante el incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, para considerar que sí se encuentra en posibilidad de combatir la alegada violación procesal, sin estar obligado a cumplir con los requisitos exigidos por el citado numeral 161, fracción I, de la ley de la materia." Así como la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en la página novecientos dos, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Se tiene como autorizados de la parte quejosa a las personas que menciona en la demanda de garantías, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe.NLRV/Emmm
- Principal
Por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 240/2016, así como su cuadernos incidentales, promovido por Ingenieros Agrónomos Flores y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable, del que se desprende que ese órgano se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, contra actos del Congreso de la Unión, y de otras autoridades. Con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y en atención a la Circular DGEJ/OCC/10/2016 emitida por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo. Hágase del conocimiento del Juez declinante la anterior determinación, para los efectos legales procedentes y acúsese de recibo. Audiencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 del ordenamiento en consulta, se señalan para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables los informes justificados de ley, en razón de que los mismos ya obran en autos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes y autoridad responsable, el deber de informar a este juzgado, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causal de improcedencia del juicio; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras a la multa prevista en el artículo 251 del cuerpo normativo en comento.
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