Josefina Arrastio Lazcano
Expediente 332/2021 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Josefina Arrastio Lazcano
- Fidencia Martínez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Amparo en revisión
Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del oficio del índice de este Tribunal Federal, por el que se le remitió testimonio de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto.agréguese a los autos el oficio de mérito para los efectos legales conducentes. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de revocar la resolución recurrida, y sobreseer en el juicio de amparo.archívese este juicio de garantías como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno.se concluye que este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE, pues no contiene relevancia documental, ni documentos originales.
- Amparo en revisión
I. SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA. II. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.
- Amparo en revisión
Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual la parte recurrente realiza diversas manifestaciones en relación a la causal de improcedencia manifestada por este tribunal.agréguese a los autos el escrito de mérito para los efectos legales a que haya lugar y ténganse por hechas las manifestaciones antes mencionadas, de lo que toma conocimiento este órgano colegiado para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, toda vez que el presente asunto fue turnado a la ponencia del Magistrado Fernando Sánchez Calderón, devuélvanse los autos a la misma.
- Amparo en revisión
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el presente asunto en sesión celebrada el seis de abril de dos mil veintidós, se dejó en lista por los integrantes del Pleno de este Tribunal Colegiado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el numeral referido en el párrafo que antecede, dese vista a la quejosa recurrente JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO, por conducto de su autorizado en términos amplios José Eduardo Téllez Espinoza, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista electrónica del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la causal de improcedencia que este Órgano Jurisdiccional advirtió actualizada de manera oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I,P./J.5/2015, (10ª.), página 8, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Así, se transcriben las consideraciones en que sustenta dicho criterio y que son del tenor siguiente: "CUARTO. Estudio del asunto. Es innecesario el examen de los agravios propuestos, en virtud de que este órgano revisor, advierte de oficio la actualización de una causa de improcedencia que da lugar a sobreseer en el juicio de amparo sujeto a revisión. Ciertamente, en el caso concreto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, del invocado ordenamiento legal, interpretado a contrario sensu; ello, porque la quejosa es causahabiente de la moral demandada en el juicio natural reclamado, y los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Para mejor comprensión del presente asunto, es menester puntualizar algunos antecedentes del juicio de origen, con base en las constancias que integran el juicio de amparo impugnado remitidas por el juzgador de amparo recurrido, a saber: 1) El seis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, BANCA SERFIN, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO demandó en la vía especial hipotecaria de ASAEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el pago de diversas cantidades por concepto de pago de veinticuatro créditos hipotecarios, sus ampliaciones e intereses, entre otras prestaciones. Uno de los inmuebles hipotecados que se dieron en garantía para el pago de los créditos reclamados por la parte actora fue el ubicado "Avenida Adolfo Ruiz Cortines, Sección 5, número 8, casa 4, del Conjunto Habitacional San José II, Atizapán de Zaragoza, Estado de México". 2) El Juzgado Trigésimo Cuarto Civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, radicó la demanda bajo el expediente número 2642/1993, y ordenó la expedición y registro de la cédula hipotecaria correspondiente. 3) Seguidos los trámites correspondientes se dictó sentencia definitiva el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en la que se condenó a la parte demandada a pagar determinadas cantidades, así como los intereses ordinarios y moratorios vencidos y generados hasta la ejecución de la sentencia. En esa sentencia se concedió a la parte demandada un plazo de cinco días hábiles para cumplir con la sentencia y se dispuso, que en caso de no cumplirla se procediera al trance y remate de los bienes garantes, para con su producto pagar a la parte actora. 4) Seguidos diversos trámites procesales, incluidas diversas sentencias interlocutorias de liquidación de intereses, así como varias cesiones de derechos litigiosos, el uno de septiembre de dos mil dieciséis, el entonces juez natural previno a la parte actora para que iniciara el procedimiento de remate de los bienes dados en garantía hipotecaria, en atención a que en sentencia interlocutora de esa misma fecha se había aprobado de manera definitiva la liquidación de la condena impuesta. 5) Posteriormente, por escrito de trece de enero de dos mil diecisiete, el cesionario de los derechos litigiosos ALBERTO LARA MORALES, en ese momento actor en el expediente de origen, exhibió diversos certificados de libertad de gravámenes de los inmuebles hipotecados respecto de los cuales se pretendía realizar el trance y remate en el juicio hipotecario. 6) Los derechos litigiosos respecto de la vivienda materia de la litis fueron cedidos a los aquí terceros interesados ALEJANDRO GALLAGA ALAMILLO (finado y sucedido en el juicio por LUZ AUREA CISNEROS CABALLERO, en su carácter de albacea) y JOSÉ LUIS ILDEFONSO PRIETO. 7) Por otro lado, el trece de julio de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el diverso juicio 319/2015, del índice de Juzgado Octavo de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; en la cual se declaró que JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO justificó los extremos de la acción de usucapión que ejercitó contra ASAEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por lo que declaró que la figura de usucapión se consumó en favor de la aquí quejosa y, por ende, adquirió la propiedad del inmueble materia de la litis. Realizada la anterior relación esencial de constancias, procede retomar el estudio del presente asunto. Al respecto, conviene señalar que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y su estudio debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la resolución del recurso de revisión, se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la o las analizadas por el Juez de Distrito al emitir la sentencia impugnada o incluso no advertidas por el A quo, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por la recurrente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito."1 Jurisprudencia que resulta aplicable al presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, al no oponerse a la legislación vigente. En el particular, como se adelantó, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, del invocado ordenamiento legal, interpretado este último a contrario sensu, debido a que la quejosa es causahabiente de la moral demandada en el juicio natural reclamado, y los actos combatidos no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Efectivamente, los actos reclamados por la accionante constitucional en la demanda principal en el juicio de amparo que se impugna, son los siguientes. IV. ACTO RECLAMADO. 1 Publicada en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo IX, Enero de 1999. Registro 194697. 1. El auto u orden de desposeimiento del inmueble de mi propiedad. 2. El auto u orden de lanzamiento del inmueble de mi propiedad. 3. El auto u orden de desahucio del inmueble de mi propiedad. Dicho inmueble, se encuentra sito en Avenida Adolfo Ruíz Cortines, Sección 5, número 8, Casa 4, del Conjunto habitacional San José II, Atizapán de Zaragoza, Estado de México; todo ello, dentro del expediente 2642/1993, del índice del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México. 4. La falta de emplazamiento al Juicio relativo al expediente 2642/1993 del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México. 5. Las consecuencias derivadas del llamamiento a juicio dentro del expediente 2642/1993 del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México.". Por otro lado, en la ampliación de la demanda de amparo, la impetrante del amparo, señaló como acto reclamado, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. Lo es la omisión de decretar la prescripción de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio relativo al expediente 2642/1993 de su índice." De los actos reclamados por la quejosa, se advierte que combate la orden de desposesión (se alude a una desposesión, un lanzamiento, o desahucio), con motivo del juicio especial hipotecario seguido bajo el expediente número 2642/1993, del índice del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México), la falta de emplazamiento a dicho juicio y las consecuencias de ello, como la omisión de la responsable de declarar la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en ese contradictorio. Ahora bien, como se precisó párrafos precedentes, la quejosa es causahabiente de la moral demandada en el juicio natural reclamado, con motivo de lo cual, en el juicio de amparo impugnada respecto de dicha accionante constitucional, rigen las reglas de las partes, sin que los actos combatidos ya precisados y extraídos de la demanda de amparo y su ampliación, constituyan la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. La doctrina define al causahabiente como la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras; es decir, existen sujetos que, por un acontecimiento posterior a la realización de determinado acto jurídico, adquieren los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores, llamándose a estos últimos causantes y a los primeros causahabientes. El término de causahabiente, es aquél que define a la persona que después de celebrado un acto jurídico, adquiere del autor, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron dentro de ese acto; y como consecuencia, es quién con posterioridad al origen de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado, en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición del autor del causante. Orienta sobre el particular, al compartirse su contenido, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Registro digital: 162686, Novena Época, Materias(s): Común, Civil, Tesis: IX.2o.59 C, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2411, de texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE CARÁCTER, SINO DE CAUSAHABIENTE AQUEL QUE OBTIENE EL DOMINIO DE UN INMUEBLE, OBJETO DE UN JUICIO REIVINDICATORIO, Y TIENE CONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DEL BIEN ANTES DE QUE CONCLUYA EL PROCEDIMIENTO CON SENTENCIA EJECUTORIADA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la persona extraña al juicio es aquella que no ha figurado en el juicio como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente. Por su parte, el causahabiente es la persona que ha sustituido o se ha subrogado, por cualquier título, en el derecho de otra u otras, puesto que en determinados actos jurídicos concurren personas que por un acontecimiento posterior adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. Es decir, el causahabiente es la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de éste, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. Por lo que, en el caso, no tiene el carácter de tercero extraño, sino de causahabiente aquel que adquiere el dominio de un inmueble, objeto de un juicio reivindicatorio, y tiene conocimiento de la calidad del bien antes de que concluya el procedimiento con sentencia ejecutoriada. No es obstáculo a lo anterior que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 128, de rubro: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", haya sostenido que para efectos de la causahabiencia procesal es necesario que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad se acredite que el adquirente tuvo noticia de que el bien estaba sujeto a una controversia judicial porque, de lo contrario, debe considerársele como tercero adquirente de buena fe, puesto que esa jurisprudencia se refiere al supuesto en que el adquirente se entera del juicio después de haber concluido con sentencia ejecutoria." De igual manera es de invocarse el criterio sustentado por la Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 360472, Quinta Época, Materias(s): Civil, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLII, página 722, de texto siguiente: "CAUSAHABIENTE, DERECHOS QUE ADQUIERE. Si el dueño de un predio contrae una obligación hipotecaria, esa obligación, por su naturaleza y carácter real, es válida contra cualquier propietario y poseedor del inmueble, y la persona que adquiere éste, con posterioridad, lo recibe en las condiciones jurídicas en que se encontraba, y no puede gozar de mayores derechos ni eximirse de la obligación contraída por su causante." Asimismo, orienta sobre el particular, solo en lo conducente el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Registro digital: 197161, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: VIII.2o.35 C, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 1070, de texto siguiente: "CAUSAHABIENTE. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. Del concepto de causahabiencia y de la interpretación del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se colige que al denotar aquélla una relación jurídica entre dos personas por medio de la cual una denominada causante transmite a otra llamada causahabiente, un título universal o particular, un derecho, un bien mueble o inmueble, que se adquiere en las condiciones en que se encuentra, es incontrovertible que la segunda persona debe estar y pasar por las consecuencias del juicio en que es parte su causante; en tales condiciones y en términos del precepto legal en cita, al ser el causante actor en el juicio de origen, tiene calidad de parte tercero perjudicado en el juicio constitucional y su causahabiente queda sujeto a las consecuencias del mismo; por tanto, no existe razón jurídica para que éste sea citado al juicio de garantías por no tener carácter de tercero perjudicado." En el caso concreto, como se adelantó, la quejosa JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO, no es tercera extraña típica al juicio de origen, sino causahabiente de la parte demandada en el juicio especial hipotecario reclamado. Se considera así, pues conforme a los antecedentes esenciales ya precisados del juicio de amparo sujeto a revisión, BANCA SERFIN, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO demandó en la vía especial hipotecaria de ASAEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el pago de diversas cantidades por concepto de pago de veinticuatro créditos hipotecarios, sus ampliaciones e intereses, entre otras prestaciones. Uno de los inmuebles hipotecados que se dieron en garantía para el pago de los créditos reclamados por la parte actora fue el ubicado "Avenida Adolfo Ruiz Cortines, Sección 5, número 8, casa 4, del Conjunto Habitacional San José II, Atizapán de Zaragoza, Estado de México", que corresponde al bien que defiende la impetrante del amparo en el juicio constitucional sujeto a revisión. Dicho juicio se radicó en el Juzgado Trigésimo Cuarto Civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, bajo el número 2642/1993, y ordenó la expedición y registro de la cédula hipotecaria correspondiente. En la sentencia definitiva de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el juicio especial hipotecario reclamado, en la parte considerativa, se sostuvo, entre otras consideraciones, la siguiente: "IV.- Procediéndose al estudio de la acción de pago indicada por la parte demandante, se consideran fundados y procedentes los pagos que se indicada (sic) por la demandante, se consideran fundados y procedentes los pagos que se indican en los incisos A), B), C) y (sic) D) y E), del capitulo de prestaciones del libelo inicial, en virtud que del análisis del testimonio de la escritura pública número 33,891 de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y tres la enjuiciada reconoció el adeudo por el monto total de DOS MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO NUEVOS PESOS MONEDA NACIONAL, como resultado de los créditos que se pusieron a su disposición en la propia escritura, así como en las diversas identificadas con los números 33,610 de diecisiete de abril de mil novecientos noventa 31,832 de fecha tres de marzo de mil novecientos noventa y dos, y 28,800 fechado el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y uno; adeudo global que debería ser liquidado el día último de agosto de mil novecientos noventa y tres, como se desprende de la cláusula primera de la escritura mencionada en primer orden." Por otro lado, del certificado de inscripción de gravámenes (foja 939 tomo 2/3), que consta en las actuaciones judiciales remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, respecto del inmueble defendido por la quejosa, se advierte, en lo que aquí interesa, como gravamen lo siguiente: HIPOTECA POR APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, CUENTA CORRIENTE, REFACCIONARIO, HABILITACIÓN O AVIO, FIGURANDO COMO ACREEDOR BANCA SERFIN, S.N.C. CON FECHA DE INSCRIPCIÓN: "FECHA DE REGISTRO 1990-11-21 00:00" ASIMISMO, CONSTA LA INSCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA, A FAVOR DE BANCA SERFIN, S.N.C., CON FECHA DE INSCRIPCIÓN: "FECHA DE INSCRIPCIÓN: 1991-06-03 00 00" Por otro lado, de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil expediente 319/2015, del índice del Juzgado Octavo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, seguido por la accionante de amparo JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO, como actora en contra de ASAEL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, relativa a la acción de prescripción positiva (usucapión), exhibida por la impetrante del amparo en el sumario constitucional sujeto a revisión, a fin de demostrar su derecho de propiedad que defiende, se obtiene, en la parte conducente: "SENTENCIA DEFINITIVA.- ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. VISTOS para resolver el expediente número 319/2015, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL que sobre PRESCRIPCÍÓN POSITIVA "USUCAPIÓN" instauró JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO en contra de ASAEL, S.A. DE C.V., y R E S U L T A N D O: El trece de mayo de dos mil catorce (sic), se admitió la demanda presentada por JOSEFINA ARRASTIÓ LAZCANO, a través de la cual reclamó en la vía ordinaria civil de ASAEL S.A. DE C.V., la declaración judicial de haber operado a su favor la usucapión del inmueble sito en AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, SECCIÓN 5, NÚMERO 8, CASA NÚMERO 4 DEL CONJUNTO HABITACIONAL SAN JOSÉ II, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, así como se declare que la poseedora se ha convertido en propietaria de ese bien, la cancelación de la inscripción que obra a favor de la demandada en el instituto de la Función Registral y la inscripción a favor de la actora.[.] C O N S I D E R A N D O [.] "Así, la suscrita estima que el requisito relativo a acreditar la causa generadora de la posesión de la accionante, y que por tanto, dicha posesión la haya ejercido a título de propietario, se encuentra debidamente acreditada en autos. Ello porque para acreditar tal circunstancia, la accionante exhibió la documental privada consistente en copia certificada de un contrato de compraventa en cinco fojas, que aparece fechado el día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y uno, en donde aparece señalada ASAEL S.A. DE C.V. como "LA VENDEDORA" y "JOSEFINA ARRASTIO LAZACANO como "LA COMPRADORA", respecto del inmueble que en la CLAÚSULA primera uno (sic) de dicho documento, se describe como sigue: ".PRIMERA.CADA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 4 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL NUM. 5 Y EL PRO-INDIVISO QUE LES CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DEL CONJUNTO HABITACIONAL BAJO EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO UBICADO EN AVENIDA RUIZ CORTÍNEZ #8 EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EDO DE MÉXICO." De ese documento, se aprecia en primer término que, lo que en él aparece estipulado, fue convenido únicamente entre las partes de este juicio, esto es, entre la demandada ASAEL, S.A. DE C.V. como VENDEDOR, y la accionante JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO como COMPRADORA, respecto del inmueble que en su escrito de demanda, ésta pretende usucapir, señalándose además en la cláusula cuarta que como precio de la operación, las partes fijaron la cantidad de $108,000.00 (CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) que, según se aprecia del recibo de fecha catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro, quedó pagado totalmente el inmueble de la litis; documento que, por tanto reúne los elementos esenciales que en términos del artículo 2103 del Código Civil aplicable, corresponde a un contrato de compraventa, esto es, un convenio entre las partes sobre la cosa y sus precio. [.] R E S U E L V E PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ORDINARIA CIVIL en la que se tramitó este juicio, en donde JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO justificó los extremos de la acción de usucapión que ejercitó en contra de ASAEL, S.A. DE C.V., quien no contestó la demanda, ni compareció al juicio. En consecuencia: SEGUNDO.- Con independencia de los derechos diversos o de carácter personal que en su caso existan a favor de terceros, se declara que la usucapión se ha consumado en favor de JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO, quien por ende, ha adquirido la propiedad del inmueble descrito CASA IDENTIFICADA CON EL NÚMER. (SIC) 4 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL NUM. 5 Y EL PRO-INDIVISO QUE LE CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DEL CONJUNTO HABITACIONAL BAJO EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO, UBICADO EN AVENIDA RUIZ CORTINES #8 EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EDO DE MÉXICO, TAMBIÉN CONOCIDO COMO ADOLFO RUIZ CORTINES, SECCIÓN 5, NÚMERO 8, CASA NÚMERO 4, DEL CONJUNTO HABITACIONAL SAN JOSÉ II, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. Por tanto, una vez que esta resolución cause ejecutoria, procédase a ordena su inscripción en el Instituto de la Función Registral correspondiente de Tlalnepantla, México, así como la cancelación de la anterior inscripción a favor de la demandada ASAEL S.A. DE C.V. TERCERO.- No se condena al pago de costas por lo que a esta instancia se refiere. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." De lo anterior, se advierte que en el juicio especial hipotecaria 2642/1993 reclamado, radicado en el Juzgado Trigésimo Cuarto Civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, BANCA SERFIN, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO demandó a la moral ASAEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y uno de los inmuebles hipotecados dados en garantía para el pago de los créditos reclamados en dicho juicio, es el ubicado en: "Avenida Adolfo Ruiz Cortines, Sección 5, número 8, casa 4, del Conjunto Habitacional San José II, Atizapán de Zaragoza, Estado de México", que corresponde al bien que defiende la impetrante del amparo en el juicio constitucional sujeto a revisión. Que de la copia certificada de la sentencia de trece de julio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ordinario civil expediente 319/2015, del índice Juzgado Octavo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, seguido por la accionante de amparo JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO, como actora en contra de ASAEL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se declaró haberse consumado la usucapión en favor de dicha quejosa JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO, determinándose que había adquirido la propiedad del inmueble descrito consistente en "casa identificada con el número 4 del condominio horizontal número 5 y el pro- indiviso que le corresponde a la totalidad del conjunto habitacional bajo el régimen de condominio, ubicado en avenida Ruiz Cortines #8 en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Edo de México, también conocido como Adolfo Ruiz Cortines, sección 5, número 8, casa número 4, del conjunto habitacional San José II, Atizapán de Zaragoza, Estado de México." En el contexto jurídico puesto de patente, es inconcuso que la quejosa JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO, no es tercera extraña típica en juicio natural, sino causahabiente de la parte demandada en dicho juicio especial hipotecario. Ello, puesto que el inmueble objeto de la sentencia de usucapión de trece de julio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ordinario civil expediente 319/2015, del índice del Juzgado Octavo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, seguido por la accionante de amparo JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO, como actora en contra de ASAEL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el inmueble respecto del cual se le declaró propietaria por usucapión, fue objeto de garantía hipotecaria, la que se inscribió en el Registro público de la Propiedad, atento al certificado de gravámenes que consta en el juicio reclamado, el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa, esto es, por mucho antes de que la quejosa fuera declarada propietaria del inmueble que defiende por virtud de una sentencia de usucapión (trece de julio de dos mil dieciséis).Luego, si la moral ASAEL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, demandada en el juicio especial hipotecario reclamado, tiene la calidad de vendedora en el contrato de compraventa invocado como causa generadora de la posesión, en el diverso juicio ordinario civil de usucapión, en que se declaró propietaria a la quejosa (sentencia de trece de julio de dos mil dieciséis), es claro que se actualiza dicha causahabiencia, dado que la propia vendedora en el referido contrato de compraventa constituyó la garantía hipotecaria, sin que exista la liberación de ésta, a propósito de lo cual, en el juicio reclamado, se está en la etapa de ejecución de la garantía, estando inmersos en ese procedimiento, entre otros bienes, el inmueble defendido por la accionante de amparo en el juicio constitucional sujeto a revisión. En esa virtud, es claro que de lo que en realidad se duele la quejosa, es del procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario 2642/1999 reclamado, empero, los actos reclamados, no tienen la connotación de "última resolución" en la etapa de ejecución, ante lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, este último, interpretado a contrario sensu. Ello, porque en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede el amparo indirecto contra la última resolución dictada en esa etapa procesal, requisito cuya finalidad es evitar que se abuse del juicio de amparo, lo que se alcanza si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", la que se entiende como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en esa misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y que trasciendan al resultado de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 190035, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 32/2001, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, de texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Dicha regla de procedencia del juicio de amparo indirecto consistente en la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, rige en el caso concreto, respecto de la quejosa, en razón de la causahabiencia que existe con la moral demandada en el juicio natural, ante lo cual, no había ninguna necesidad jurídica de llamarla al juicio reclamado. Es esa virtud, si los actos reclamados, consistentes en la orden de desposesión (se alude a una desposesión, un lanzamiento, o desahucio), con motivo del juicio especial hipotecario seguido bajo el expediente número 2642/1993, del índice del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México), la falta de emplazamiento a dicho juicio y las consecuencias de ello, como la omisión de la responsable de declarar la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en ese contradictorio, en su caso, no se ubican dentro del concepto de "última resolución" en la medida que ninguno de ellos, es la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentencia definitiva o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, cuenta habida que en la demanda de amparo y su ampliación bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que el juicio reclamado se encuentra en la etapa de ejecución de la sentencia definitiva. Por tanto, si el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la quejosa y que trasciendan al resultado de la resolución, característica que no tienen los actos reclamados; luego, el juicio de amparo resulta improcedente y por ende, debe sobreseerse en el juicio. La razón de reservar el juicio de amparo en tratándose de actos de ejecución de sentencia a la última resolución, es evitar que se entorpezca o retarde la ejecución de la sentencia definitiva, dado que su cumplimiento es de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, sólo en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 181144, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 36/2004, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 75, de texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo - relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Consecuentemente, si en el juicio reclamado, no se ha dictado la "última resolución" a que alude el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, entonces los actos reclamados, no se sitúan dentro de la hipótesis de procedibilidad del juicio de amparo indirecto a que alude la disposición legal en comento. Cabe precisar que por virtud de la causahabiencia existente entre la demandada en el juicio especial hipotecario reclamado ASAEL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y la quejosa JOSEFINA ARRASTIO LAZCANO a ésta última no le reviste el carácter de persona extraña a dicho procedimiento, porque si bien no figuró como parte en sentido material en éste, también es verdad que, guarda una misma situación jurídica que su causante con respecto a los actos reclamados. Orienta sobre el particular, al compartirse su contenido, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Registro digital: 179380, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: XXI.4o.18 K, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1639, de texto siguiente:"CAUSAHABIENCIA. SI CON MOTIVO DE ELLA SE DESVIRTÚA EL CARÁCTER DEL QUEJOSO DE PERSONA EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO, RESULTA PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. En la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO.", publicada con el número 2a./J. 34/2003 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 189, se concluyó que si se acreditaba la causahabiencia, los efectos que por sí misma produjera no eran motivo para sobreseer en el juicio de amparo, bajo el argumento de que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, por carecer el causahabiente de interés jurídico. De ahí que si en el juicio de garantías se determina sobreseer, porque quien compareció a juicio lo hace bajo la calidad de tercero extraño al procedimiento, y en autos queda desvirtuado ese carácter por ser causahabiente de quien sí compareció al juicio natural, dicho criterio no se contrapone con el sustentado en la jurisprudencia de mérito, porque el sobreseimiento no se determina con motivo de la causahabiencia en sí misma considerada, sino en atención a que el quejoso no puede equipararse como tercero extraño en un juicio en el que ya fue oído a través de su causante, pues al darse solamente una sustitución procesal con relación al derecho que defiende, su situación en la instancia constitucional es idéntica a la parte que sí compareció al juicio, hizo valer sus derechos y resultó vencida. Lo cual quiere decir que si el causante no puede comparecer ante el Juez de Distrito equiparándose como una persona extraña a juicio, bajo el argumento de que no fue oída ni vencida, la misma suerte debe soportar el causahabiente." Precisándose que la causa de improcedencia analizada, deriva o encuentra sustentó jurídico en la acreditación de la causahabiencia de la quejosa con la demandada en el juicio especial hipotecario reclamado, más no por sí sola esa figura la materializa, pues sería inapropiado decretar dicha inejercitabilidad de la demanda de amparo considerando en sí misma la causahabiencia por no estar permitido jurídicamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 184528, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 34/2003, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003, página 189, de texto siguiente: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado." La razón de limitar la procedencia del juicio de amparo indirecto en el procedimiento de ejecución de sentencia a la última resolución, es impedir el retraso de la ejecución de la sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada, sin que la procedencia excepcional del juicio de amparo en la fase de ejecución de sentencia, signifique quedar exentos del estudio de constitucionalidad los actos intermedios emitidos en el procedimiento de ejecución previos a la última resolución, dado que al promoverse el juicio de amparo contra esta última, "en la misma demanda" es factible reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo a condición de que hubieran dejado sin defensa al accionante de amparo y trascendido al resultado de la resolución, excepción hecha cuando se trate de actos que sean de imposible reparación, siempre y cuando resulten "ajenos a la cosa juzgada", caso en el cual, procederá de inmediato el juicio de amparo, al resultar aplicable por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 163152, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 108/2010, Página:6, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Incluso se ha sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el amparo indirecto no procede en contra de autos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley aplicada, sino que en esos casos, el amparo procede contra la resolución con que culmine el procedimiento de ejecución, en donde habrán de hacerse valer las violaciones a la Constitución federal que se estimen cometidas en el procedimiento de ejecución de sentencia. Así lo informa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 196530, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 17/98, Página: 187, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVODE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Los anteriores criterios, se consideran aplicables al caso concreto, pese a interpretar la Ley de Amparo abrogada, al no oponerse a la Ley de la materia vigente, atento al contenido del artículo sexto transitorio de este último ordenamiento legal, pues la porción normativa que interpretan las citadas jurisprudencias, coincide, en esencia, al contenido de la fracción IV del artículo 107 de Ley de la materia en vigor. En el contexto puesto de patente, si bien, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al combatirse la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, es factible reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, empero ello está supeditado a que se reclame la última resolución, lo que, como se ha visto, no ocurre en el particular. Consecuentemente, si la quejosa no tiene la calidad de tercera extraña el juicio reclamado, y los actos reclamados no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo promovido resulta improcedente, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretada está norma a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.". En esas condiciones, resulta importante destacar que la fracción IV, del artículo 11, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID- 19, a la letra dice: "Artículo 11. Para la emisión y notificación de sentencias y resoluciones se observará lo siguiente: (.) IV. Si durante la discusión del asunto se advierte de oficio la posible actualización de una causal de sobreseimiento, el tribunal publicará en lista electrónica la vista prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo respectivo para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada.". En consecuencia, se ordena al actuario judicial adscrito a este Tribunal Colegiado que corresponda el trámite del presente asunto, que publique en lista electrónica la vista aquí decretada, prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada correspondiente; en ese sentido, se instruye al citado actuario judicial para que también inserte de manera literal el presente párrafo en la lista electrónica respectiva. Transcurrido dicho plazo, devuélvanse los autos la ponencia del Magistrado Fernando Sánchez Calderón, para los efectos que en derecho corresponda.
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