Josefina Alicia Ruiz Flores
Expediente 1682/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1682/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Josefina Alicia Ruiz Flores
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del oficio 15942/2022 girado al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación en el Estado, en el que se requiere el cumplimiento al fallo protector, otorgándole tres días para cumplir, apercibiéndole con aplicar la medida de apremio que consiste en la presentación de la persona con el uso de la fuerza pública en caso de incumplimiento. Ahora bien, del oficio que se provee se advierte que la autoridad responsable no justifica haber enviado el oficio 15942/2022 al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, justifique a este órgano de control constitucional, haber enviado el oficio antes mencionado. Bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada. Notifíquese.
- Principal
...téngase a Josefina Alicia Ruiz Flores, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Tercera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 1682/2022. Ahora, del análisis de la demanda se desprende que la quejosa manifiesta que el acto reclamado consiste en la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 1654/22-06-03-2-OT relativo al Juicio de Nulidad dictado por la autoridad responsable. Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que promovió juicio de nulidad, mismo que fue radicado bajo el número 654/22-06-03-2, contra la resolución de negativa ficta recaída a la demanda presentada el diez de agosto de dos mil veintiuno ante la Subdelegación de Prestaciones Económicas en la Delegación Tamaulipas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Que mediante dicha demanda solicitó la inaplicación de la Unidad de Medida y Actualización para efectos del cálculo del tope máximo de la pensión por jubilación 431534. Que admitida la demanda, se ordenó el emplazamiento de las partes, declarándose precluído el derecho procesal de la autoridad demandada para formular contestación de demanda, por lo que se otorgó término para que formularan sus alegatos por escrito. Que seguido el trámite correspondiente, se dictó cierre de instrucción y se emitió una resolución de negativa ficta. Así, inconforme con dicha determinación, la aquí quejosa promovió juicio de nulidad, y el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se ha configurado la resolución negativa ficta impugnada, en atención a los razonamientos expuestos en el Considerando Primero del presente fallo. SEGUNDO.- La parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su acción, en consecuencia; TERCERO.- Se reconoce la validez de la resolución precisada en el Resultando Primero, por las consideraciones desarrolladas en el Considerando Primero, por las consideraciones desarrolladas en el Considerando Segundo del presente fallo." Dicha determinación, constituye el acto reclamado. Al respecto, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de la vía, para conocer de la presente demanda, por las razones siguientes: En efecto, la resolución reclamada, es la que resolvió en definitiva el juicio de nulidad de referencia, promovido por Josefina Alicia Ruiz Flores. Se estima lo anterior por los siguientes razonamientos: El artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso administrativo, dispone que los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por dicho ordenamiento. Asimismo, que cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que impugna la resolución recurrida; por lo que, cuando la resolución de un recurso administrativo lo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional Competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso. Dispositivo que se trae a la vista para una mejor comprensión: "ARTÍCULO 1o.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso." Como se dijo, la parte quejosa reclama en su demanda la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 1654/22-06-03-2-OT relativo al Juicio de Nulidad dictado por la Tercera Sala Regional del Noreste. Al respecto, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su artículo 3°, fracción VI determina que contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes, conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así, el Tribunal se integrará por una Sala Superior, la Junta de Gobierno y Administración, y las Salas Regionales (artículo 6° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa). A su vez, las Salas Regionales tendrán el carácter de ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas. Por su parte, el artículo 35 del citado ordenamiento faculta a las Salas Regionales Ordinarias para conocer de los juicios a que se refiere el artículo 3° de dicho dispositivo, por lo que, en lo que aquí interesa, y atendiendo a la fracción VI de dicho numeral, es competencia de las Salas Regionales Ordinarias conocer de las resoluciones que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes. Ahora, en el presente asunto, la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 1654/22-06-03-2-OT relativo al Juicio de Nulidad se emitió por la Tercera Sala Regional del Noreste, confirmó la figura jurídica de negativa ficta, no obstante, esta última se emitió con motivo de la solicitud de revalorización de la pensión otorgada, en lo referente a la inaplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pues la aquí quejosa estimó ilegal la determinación de cuotas diarias en Unidades de Medida y Actualización, al estimar que lo correcto sería determinarlo en Salarios Mínimos, atendiendo a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es decir, la parte quejosa al acudir a la presente instancia constitucional, agotó las instancias correspondientes, pues como se destacó, primeramente ante la resolución relativa a la figura jurídica de negativa ficta, acudió a un procedimiento contencioso administrativo, y dicha determinación fue impugnada mediante un juicio de nulidad, contra el que no procede recurso alguno ordinario de defensa. De ahí que se estime que el juicio biinstancial no resulta la vía idónea para conocer del juicio que nos ocupa, pues contra las sentencias emitidas por las Salas Regionales, procede el Amparo Directo. Apoya la determinación adoptada, la tesis de registro digital 2003501 de la Segunda Sala, Décima Época, en materia Común de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS SALAS AUXILIARES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EMITIDAS EN AUXILIO DE LAS SALAS REGIONALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO CON JURISDICCIÓN EN EL TERRITORIO EN QUE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DICTÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA IMPUGNADA." Lo que además, se corrobora con la jurisprudencia de registro digital 2014063 de la Segunda Sala, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, tomo I, página 949, de título: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA.", que tuvo su origen en la contradicción de tesis 342/2016, cuyos criterios contendientes se sustentaron en Amparos Directos. Así como con la contradicción de tesis número 310/2021 que originó la jurisprudencia de registro digital 2025232 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la úndecima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.", se sustentó entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal 16/2021 (mismo que tiene origen dentro de un procedimiento contencioso administrativo). Cuyos precedentes que dieron origen a la contradicción destacada es un Amparo Directo y un recurso de revisión fiscal, lo que revela que el tema que plantea la parte quejosa es materia de amparo directo y no indirecto. Además, robustece lo anterior lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone: "ARTÍCULO 64.- Si el particular interpuso amparo directo contra la misma resolución o sentencia impugnada mediante el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo resolverá el citado recurso, lo cual tendrá lugar en la misma sesión en que decida el amparo." Del que se aduce que, contra las resoluciones de las Salas Regionales tramitadas dentro de los procedimientos contenciosos administrativos, procede el Amparo Directo. Entonces, si dichos precedentes tienen su origen en amparos directos y procedimientos contenciosos administrativos, es dable decir que el juicio biinstancial no resulta la vía idónea para conocer del juicio que nos ocupa, pues los asuntos cuya Litis se constriña a impugnar aquellas determinaciones administrativas que versen sobre cuantificaciones de pensiones con base en el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no Salarios Mínimos, y ponerse fin al juicio, se estima se está ante la presencia del supuesto hipotético a que se refiere el artículo 170 de la Ley de Amparo al tenor del cual: "El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." En esa virtud, en contra de la sentencia combatida, es procedente el juicio de amparo directo de conformidad con lo preceptuado por los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I de la Ley de Amparo y 37 fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE POR RAZÓN DE LA VÍA PARA CONOCER DE LA DEMANDA promovida por la referida quejosa, por lo que se remite al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil en turno del Decimonoveno Circuito con residencia en esta ciudad, de conformidad con lo establecido por el artículo 47 de la Ley de la materia, para que sea, el Tribunal de Alzada, quien decida lo que considere menester. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Se le tiene señalando el correo electrónico isai_almaguerp@hotmail.com, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, como lo solicita el quejoso, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Isai Almaguer Perez, toda vez que su cedula profesional se encuentra registradas ante el Registro único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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