Josefina Alcantar Rodríguez
Expediente 46/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Josefina Alcantar Rodríguez
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, en la que este juzgado sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 46/2022, promovido por Josefina Alcantar Rodríguez, por propio derecho, contra una omisión atribuida al director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con residencia en esta ciudad y de otras autoridades; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante demanda recibida el quince de enero de dos mil veintidós, por el secretario de guardia adscrito a este órgano jurisdiccional Josefina Alcantar Rodríguez, por propio derecho, compareció a la presente instancia a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los términos precisados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, estimó que la omisión reclamada vulnera sus derechos contenidos en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de quince de enero de dos mil veintidós, este juzgado registró la demanda con el número 46/2022 y decretó la suspensión de plano en favor de la quejosa Josefina Alcantar Rodríguez, en los términos siguientes: "(.) En tal virtud, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a Josefina Alcantar Rodríguez, de inmediato la atención médica que requiere para los padecimientos que le aquejan actualmente, a efecto de garantizar la vida e integridad de su persona, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida. En la inteligencia que la medida cautelar que se concede, NO desconoce la autoridad de los médicos tratantes del quejoso para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; entendiendo a la primera (praxis médica) como la facultad que tiene el experto de la salud en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación, conservación, y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado, así como las pericias que practican. Y por la segunda (lex artis ad hoc) como el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; dicho concepto puede resumirse en el deber de ajustar la actuación a las reglas técnicas, normas legales y principios deontológicos, el deber de preparación adecuada para adaptar los conocimientos al progreso científico y a la experiencia profesional, y el deber de omitir acciones peligrosas, es decir, actos para los que no se está suficientemente capacitado, atendiendo a las circunstancias del estado de la ciencia, de tiempo y lugar; sobre todo porque en materia sanitaria, es el médico tratante quien responde por el acto médico que realice. (.).". Asimismo, en el referido auto este juzgado admitió a trámite la referida demanda; otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; requirió el informe justificado a las autoridades responsables. Por otra parte, en acuerdo de tres de junio del año en curso, este juzgado fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión reclamada no requiere ejecución material y la demanda que dio origen al juicio en que se actúa fue presentada en esta ciudad en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por Josefina Alcantar Rodríguez, consiste en: La omisión de proporcionarle atención médica, así como suministrarle los medicamentos, insumos e instrumentos necesarios para tratar los padecimientos que le aquejan, en específico "delirium mixto sobreimpuesto a demencia mixta (enfermedad de Alzheimer+vascular), diabetes mellitus tipo 2 con descontrol crónico agudizado, hipertensión arterial sistémica en control, lesión renal aguda AKIN 3 en tratamiento". Omisión que atribuyó a las siguientes autoridades: 1. Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva"; 2. Delegado Administrativo y/o director Administrativo y/o titular de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud Estatal; y, 3. Secretario de Salud en el Estado. Ambos con residencia en esta ciudad. 4. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud; y, 5. Secretaría de Salud Federal. Ambos con residencia en la Ciudad de México. Tercero. Inexistencia de la omisión reclamada. Las siguientes autoridades responsables: 1. Delegado Administrativo y/o director Administrativo y/o titular de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud Estatal; y, 2. Secretario de Salud en el Estado. Ambos con residencia en esta ciudad. 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud; y, 4. Secretaría de Salud Federal. Ambos con residencia en la Ciudad de México. Fueron omisas en rendir el informe justificado dentro de los quince días que se les concedió para tal efecto en acuerdo de quince de enero del presente año, tal y como se advierte de los acuses de recibo que obran dentro del controvertido en que se actúa -lo cual aconteció en el diecisiete siguiente y el seis de junio actual-; por lo que, de conformidad con el artículo 117, cuarto párrafo,2 de la ley de la materia, debe presumirse cierta la omisión reclamada por la parte quejosa. Ahora, constituye criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para determinar la certeza o la inexistencia de las omisiones que se atribuyan a las autoridades responsables, en principio se debe identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa alega. Sin embargo, en el asunto que ahora se resuelve aconteció que la parte peticionaria de tutela constitucional no otorgó al suscrito juzgador un parámetro bajo el cual estuviera en condiciones de verificar si efectivamente las obligaciones que atribuye a las responsables se encuentran dentro de su ámbito competencial; de ahí que, se imponga considerar inexistentes los actos reclamados a las autoridades precisadas en este considerando. Se considera así, ya que para que este juzgador estuviera en condiciones de verificar la certeza de dichos reclamos constitucionales, la parte quejosa debió señalar por lo menos, el ordenamiento legal que a su parecer, establece cada una de las obligaciones cuya omisión en su cumplimiento atribuye a las responsables; pues de no hacerlo así, se impondría al suscrito juzgador, la labor de realizar un estudio en negativo de cada uno de los ordenamientos legales existentes en el Sistema Jurídico Mexicano, a fin de verificar si esas obligaciones corresponden a las autoridades que señaló como responsables, en franca contravención al principio general del derecho que establece que nadie está obligado a lo imposible, que en el caso concreto de estudio, supondría revisar cada una de las leyes, códigos o reglamentos para verificar sí efectivamente, las obligaciones atribuidas son del ámbito competencial de la responsable. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.". Por otra parte, el director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con sede en esta ciudad, en su informe sobre la suspensión de plano de diecisiete de enero del presente año, negó la omisión reclamada por la parte quejosa, debido que en dicha data se le brindó atención médica multidisciplinaria lo cual acreditó con el resumen clínico de quince del mes y año en cita: Asimismo, del diverso informe de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, el director del nosocomio responsable comunicó que la parte quejosa recibió atención en el servicio de resonancia magnética, el diecisiete del mes y año en comento y al efecto adjuntó el resultado de dicho estudio: De igual forma, en dicho informe adjuntó el resumen clínico de veintiocho de enero de dos mil veintidós: Asimismo, en el justificado de tres de febrero del año en curso, el director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con sede en esta ciudad, manifestó que la quejosa Josefina Alcantar Rodríguez, se encontraba recibiendo atención médica multidisciplinaria en la cama 2066 del nosocomio a su cargo y al efecto anexó el resumen clínico de dos del referido mes y año: Aunado a lo anterior, el autorizado de la parte quejosa mediante escrito de veinticinco de marzo del presente año, allegó el resumen clínico de la misma data del que se observa la atención médica que le fue otorgada a la peticionaria de amparo: Además, a través del escrito de nueve de mayo del presente año, el apoderado de las autoridades responsables pertenecientes al sector salud con sede en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado, comunicó lo siguiente: "(.) mis representadas han venido cumplido (sic) con el otorgamiento de lo demandado por la quejosa, que es la atención médica en cuento a sus múltiples padecimientos, que la quejosa menciona de forma imprecisa y subjetiva que: ".que la autoridad ha sido omisa, ya que de manera regular le cambian las fechas de los estudios de laboratorio... que se limitan a decir que la falta de insumos y medicamentos es porque no han liberado el recurso." puesto que no precisa cuáles estudios son los que faltan por realizarse ya que, de forma continua se ha venido realizando diversos estudios como ultrasonido, que de la nota médica expedida por el Dr. Jesús Arellano Martínez, de fecha 27 de abril del año en curso, (NEFROLOGÌA), se puede observar que se describe resultados de estudios como de Leucos, glucosa, ac. Úrico, colesterol, albumano, proteínas en orina, y otros, los cuales se obtienen de resultados de estudios de sangre y de orina, así mismo se señala fecha en un mes con estudios de laboratorio, luego entonces con las constancias expedidas por el Hospital Civil mismas que se adjuntan y se menciona el estado real de la impetrante, se obtiene que SÍ, se le ha venido dando la atención médica en diversas áreas de la medicina, como atención oftalmológica. Así mismo, no omito mencionar su Señoría que la paciente tenía cita el día 2 de mayo del año en psicología con la Dra. Janet Ramírez, cita a la cual NO acudió, por lo que es importante que la paciente acuda al hospital para recibir la atención médica que le ha programado de acuerdo a sus tratamientos prescritos por los médicos tratantes. Luego entonces, sí, se está brindando la atención médica que la quejosa ha solicitado, ahora es preciso reiterar a ese H. Juzgado Federal que mis representadas no han sido omisas, mucho menos han emitido una negativa de brindar atención médica a la quejosa, no obstante a lo anterior, la parte que represento tienen el firma interés y propósito de brindar atención médica adecuada y necesaria para el tratamiento que requiere la peticionaria de amparo, sin embargo, a fin de estar en condiciones de cumplir con la atención médica en su mayor totalidad, resulta indispensable que el quejoso realice el protocolo hospitalario, esto es, que acuda a las instalaciones del Hospital Civil para su la (sic) atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables; lo anterior con estricto apego a al Ley General de Salud y a la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. (.) Así mismo, es de aclarar que si requiere de atención de EMERGENCIA, puede acudir cualquier día a cualquier hora al área de URGENCIAS del hospital señalado como autoridad responsable para que se atienda de forma inmediata. (.).". Igualmente, adjuntó la solicitud de interconsulta de nueve de marzo y el reporte clínico de veinticinco de abril del presente año: Ahora bien, de lo relatado con antelación y de las documentales que allegaron tanto las autoridades responsables como la parte quejosa, se advierte que desde la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa se le otorgó la atención médica que requería para cada uno de los padecimientos que le aquejan "delirium mixto sobreimpuesto a demencia mixta (enfermedad de Alzheimer+vascular), diabetes mellitus tipo 2 con descontrol crónico agudizado, hipertensión arterial sistémica en control, lesión renal aguda AKIN 3 en tratamiento". Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos se observa que la parte quejosa no ofreció medio de convicción alguno para probar la omisión reclamada a las autoridades responsables, ya que únicamente exhibió diversos resúmenes clínicos en los que se aprecia la atención que le fue otorgada y copias simples de su credencial para votar y de la de quien refirió ser su hija. Atento lo anterior, el suscrito concluye que a la fecha de presentación de la demanda -quince de enero de dos mil veintidós- la omisión reclamada a las autoridades responsables no existía. En consecuencia, ante la inexistencia de la referida omisión reclamada a las autoridades responsables precisadas en esta consideración, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se impone sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Josefina Alcantar Rodríguez, respecto de la omisión reclamada y de las autoridades referidas en el considerando segundo de la presente resolución, así como por los motivos expresados en el tercero. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de treinta de junio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de quince de junio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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